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Victoria: Corte Constitucional defiende el derecho a la consulta previa
El 23 de enero de 2008, la Corte Constitucional colombiana declaró inconstitucional la Ley Forestal, aprobada en 2006, por no haberse realizado la consulta previa que ordena el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), el cual fue adoptado por la normatividad nacional y en consecuencia obliga al Estado colombiano a su aplicación y cumplimiento.
Esta decisión es muy importante por varias razones: reitera la obligación del Estado de consultar con las comunidades indígenas, afrocolombianas y tribales las decisiones administrativas y legislativas que puedan afectarlas; brinda herramientas de análisis e interpretación del derecho fundamental a la consulta previa; y crea un precedente que puede ser usado en casos similares a nivel internacional.
Es ya evidente que muchos megaproyectos y decisiones administrativas y normativas (como la Ley Forestal), que son estratégicas para el desarrollo económico del país, son vistas por las comunidades afrodescendientes e indígenas y por los pueblos tribales como una amenaza a su arraigo territorial, a su identidad cultural y a la protección ambiental.
Según la Corte Constitucional, la consulta previa debió realizarse porque la ley en cuestión regula el tema forestal en su conjunto, y contiene normas “susceptibles de afectar las áreas en las que de manera general se encuentran asentadas las comunidades, lo cual a su vez puede repercutir en sus formas de vida y sobre la relación tan estrecha que mantienen con el bosque”.
Asimismo, la Corte reiteró que “No basta con adelantar procesos participativos en la elaboración de los proyectos de Ley sino que se debe realizar procesos de consulta que implican poner en conocimiento de las comunidades el proyecto de ley; ilustrarlas sobre su alcance y sobre la manera como podría afectarlas y darles oportunidades efectivas para que se pronunciaran sobre el mismo”.
A raíz de este pronunciamiento y del llamado por el respeto al derecho fundamental a la consulta previa, el Gobierno colombiano impulsó en 2009 un proyecto de Ley Estatutaria, que aún no se ha convertido en Ley de la República, para regular y garantizar este derecho. Paralelamente, el Ministerio de Agricultura inició la formulación de un nuevo proyecto de Ley Forestal que cumpla con el procedimiento de consulta previa.
Ambas acciones legales fueron presentadas por un grupo de estudiantes y profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, Bogotá, con el apoyo de AIDA y luego de un trabajo conjunto realizado entre 2006 y 2007. El grupo contó también con el apoyo de organizaciones sociales como el Proceso de Comunidades Negras, la Organización Nacional Indígena (ONIC) y CENSAT Agua Viva.
Este grupo presentó otra acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Forestal, por violar artículos de la Constitución que protegen el medio ambiente. Sin embargo, la Corte no se pronunció al respecto debido a que ya había determinado la declaración total de inconstitucionalidad (anulación) de la ley demandada por la falta de consulta a las comunidades indígenas y afro-colombianas.
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Sostenibilidad y cambio climático
Por Maria Eugenia Rinaudo Mannucci, analista ambiental, @Climateate La vida en la Tierra surgió hace unos 3.500 millones de años, cuando las primeras células dieron inicio a un sinfín de cadenas biológicas y ecológicas, dando origen luego al ser humano, ese “recién llegado” albergado por este increíble y majestuoso planeta de unos 4.600 millones de años de antigüedad. Pese al corto tiempo que llevamos habitando nuestro hogar, la involución del hombre ha alterado y modificado el sistema natural para satisfacer sus propias necesidades. Antes del inicio de la Revolución Industrial, la humanidad se desarrollaba a favor de su medio, tomando solo lo estrictamente necesario o, como prefiero plantearlo, junto con él y no en su contra. Actualmente somos testigos de cómo nuestra codicia por tener un “poco más” de lo que debemos ha ido desequilibrando el holismo del planeta (concepto epistemológico que se basa en la interacción de todo el sistema ambiental) y cambiando su homeóstasis (condición que busca la estabilidad en los organismos vivos). Pienso que los seres humanos nos hemos desarrollado como un caso especial en la naturaleza. Lo evidenciamos día a día con nuevos datos, publicaciones y estudios sobre la creciente degradación ambiental que producimos. Extraída de la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano, les comparto esta reflexión que sugiere especial atención: "…En la larga y tortuosa evolución de la raza humana en este planeta se ha llegado a una etapa en que, gracias a la rápida aceleración de la ciencia y la tecnología, el hombre ha adquirido el poder de transformar, de innumerables maneras y en una escala sin precedentes, cuanto lo rodea…". Las problemáticas ecológicas de los últimos decenios han sido originadas por nuestra incompetencia como sociedad de no ver más allá de nuestra naturaleza humana, conducta que nos ha llevado a evolucionar de forma distante al ambiente y, a veces, incluso a nuestros semejantes. La población mundial crece sin parar y su fuente de energía es altamente contaminante pues proviene principalmente de hidrocarburos que, al quemarse y trasladarse, liberan gases de efecto invernadero, responsables del cambio climático. La insostenibilidad es un parámetro que abunda en los actuales estilos de vida. Damos por sentado que el entorno, la energía, el agua y los alimentos deben estar allí para nosotros día a día, hora tras hora. Entonces somos nosotros el principal problema. El cambio climático está comenzando a destruir todo a su paso y no cesará. Este reto coloca a toda la humanidad en una encrucijada. Debemos hallar la forma de asegurar el desarrollo de todos los seres vivos cambiando todos los parámetros insostenibles, promoviendo la conservación de los recursos naturales y reconciliándonos con la naturaleza. Debido a lo anteriormente expuesto, es imperativo que como sociedad, recalquemos las prioridades ecológicas enmarcadas en el desarrollo mundial: protección ambiental, lucha contra la pobreza y la inseguridad alimentaria, mitigación/adaptación del cambio climático, movilidad eficiente, etc. Teniendo en cuenta que ningún país es inmune al cambio climático, muchas han sido las iniciativas locales para enfrentar las crisis ecológicas y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. El empoderamiento de las comunidades como parte de la solución se ha convertido en los últimos años en un soporte considerable para gobiernos y organizaciones internacionales que trabajan por la mejora ambiental y social de las naciones. La evolución en la percepción de los desafíos ambientales y sociales ha permitido —e influenciado— la búsqueda del camino más viable y seguro para sentar las bases de un desarrollo sostenible (encuentra aquí más información sobre ese concepto), apegado a la protección de los recursos naturales y la satisfacción de las necesidades de las sociedades. La sociedad del presente y las generaciones futuras juegan un papel clave en el establecimiento de políticas basadas en la preservación de los recursos naturales y su adecuado manejo a fin de asegurar su existencia. La creciente presión que la humanidad ejerce en el entorno podría derivar en cambios extensos, acelerados e irreversibles sobre el sistema social y ecológico del planeta: por ahora, nuestro único hogar. Las graves problemáticas ambientales que afectan directamente a las sociedades —déficit de agua, problemas energéticos, falta de alimentos y producción de los mismos, regeneración de enfermedades, entre otros— son solo la punta del iceberg de las amenazas que el aumento de las temperaturas implica. El sistema ambiental ha sido y será siempre esencial para la vida. Según el Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, las preocupaciones acerca del equilibrio entre la vida humana y el ambiente alcanzaron dimensiones internacionales recién en la década de 1950. Aún nos queda mucho camino por recorrer a pesar de los grandes avances mundiales. La humanidad es altamente vulnerable a las variaciones del entorno y dependemos totalmente de los recursos naturales para satisfacer nuestras necesidades. El cambio climático representa una grave amenaza a la sobrevivencia de la especie humana. Ninguna nación es inmune a esto. El cambio climático se traduce en la pérdida de vidas humanas. 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Transparencia del sector de hidrocarburos en Bolivia
La cualidad de “transparente” hace referencia al objeto o ser que permite ver a través de él/ella, ver con claridad lo que existe dentro. Lo que es un deber ético para las personas se constituye en una de las características definitorias de un Estado democrático. Se trata de la obligación legal de hacer visibles ante la ciudadanía los actos, procedimientos, y la gestión de los bienes y servicios públicos. La transparencia de la cosa pública no puede ser entendida como un desprendimiento gracioso del gobernante, sino como un auténtico deber inherente a la acción de gobernar. Ello cobra sentido si recordamos que el gobierno democrático y la administración pública reciben mandatos populares para gestionar temporalmente los bienes y recursos que pertenecen soberanamente al pueblo. En septiembre y octubre de 2003, se vivió en Bolivia la denominada “Guerra del Gas”, una cruenta y masiva movilización social que clamaba por la recuperación de la soberanía del pueblo sobre los hidrocarburos, y la no exportación de gas natural boliviano por un puerto de Chile. El hecho derivó en decenas de civiles muertos por la represión estatal, la renuncia y huida del país del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, y la convocatoria a un Referéndum popular sobre la política energética del país realizada por el nuevo presidente. Uno de los principales detonantes de la “Guerra del Gas” fue el régimen de secreto y los criterios contrarios al interés colectivo con los que el sector de hidrocarburos fue manejado por varios gobiernos de corte neoliberal desde mediados de los 80 hasta inicios de la década del 2000. La confidencialidad de las negociaciones sobre un proyecto de exportación de gas natural a EE.UU. vía Chile, hechas a espaldas de la población; y la suscripción de contratos petroleros (contratos de riesgo compartido) con cláusulas inconstitucionales y en desmedro de los intereses colectivos, entre otros factores, atizaron la indignación social y la movilización. En mayo de 2005, se aprobó una nueva Ley de Hidrocarburos (vigente hasta la fecha) que incorporó el principio de transparencia en la gestión pública del sector de hidrocarburos. En el marco de esa norma se firmaron en 2006 nuevos contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos (Contratos de operación) que reemplazaron a los antiguos y leoninos contratos de riesgo compartido. A diferencia de sus antecesores, los nuevos contratos fueron aprobados por el Congreso Nacional y divulgados en páginas web oficiales y de organizaciones de la sociedad civil. Pese a estos claros avances, de modo incongruente con el principio de transparencia contemplado por la nueva ley, los contratos de operación vigentes mantienen un resabio de los antiguos contratos: la incorporación de una cláusula de confidencialidad que debe cumplir el contratista petrolero en relación a la información que genere en el desarrollo de sus operaciones. Tal parece que los bolivianos no hemos aprendido las lecciones que dejó la “Guerra del Gas” sobre la insostenibilidad de la confidencialidad vinculada a bienes de naturaleza pública como son los hidrocarburos. La reserva o confidencialidad es admisible de modo excepcional, por ejemplo, en relación al secreto industrial sobre métodos o procesos de producción especiales, pero no puede convertirse en la regla, mucho menos cuando el bien objeto del contrato corresponde al dominio soberano del pueblo, ya que en virtud a este dominio, los ciudadanos tienen la facultad de conocer plenamente sobre la administración de este bien. En enero de 2009, los/as bolivianos aprobaron en Referéndum popular el texto de la nueva Constitución Política del Estado, la cual asume a la transparencia como un valor central del Estado boliviano y como un principio de la administración pública. Asimismo, reconoce el derecho de acceso a la información de la población boliviana sobre las cuestiones públicas. Previamente, en agosto de 2007, se aprobó la Ley de Desarrollo Sostenible del sector de Hidrocarburos, misma que obliga a la empresa estatal petrolera YPFB a publicar semestralmente información relacionada con los contratos de operación como las medidas de protección al medio ambiente y las inversiones realizadas para cada campo petrolero. Es de suma importancia que los actores estatales del sector petrolero, en cumplimiento de las normas constitucionales y legales del país, generen información clara, completa, actualizada y desagregada sobre el sector petrolero, que permita a la población ejercer sus derechos de acceso a la información, de participación en la gestión pública y control social sobre estos bienes públicos que son esenciales para el desarrollo social y económico del país. AIDA trabaja para fortalecer la gobernanza ambiental y promover la participación ciudadana en el continente americano. El acceso a la información pública sobre la gestión ambiental del sector de hidrocarburos es la llave que permite una participación ciudadana significativa en la prevención o mitigación de los impactos generados por las industrias extractivas.
Leer másOrganizaciones respaldan a defensores del arrecife veracruzano
Envían escrito con argumentos técnicos y jurídicos para apoyar la demanda contra la modificación de los límites del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV). El sitio sirve de barrera natural contra tormentas y huracanes; su protección está respaldada por obligaciones internacionales del Estado mexicano. Veracruz, México. Seis organizaciones de la sociedad civil presentaron ante un tribunal de justicia un escrito (amicus curiae) con argumentos jurídicos y técnicos para fortalecer la demanda de amparo interpuesta contra el decreto por el cual la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) modificó y redujo los límites del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV), decisión que pone en riesgo la conservación del sitio catalogado como humedal de importancia internacional. El escrito fue presentado al Juzgado Tercero de Distrito de Veracruz el pasado 25 de abril por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), la Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos (Litiga OLE), SENDAS, POBLADORES, y la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA). El Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV) fue declarado Área Natural Protegida (ANP) en 1992 para —entre otras cosas— salvaguardar la diversidad genética de las especies que alberga, asegurar el aprovechamiento racional de sus recursos y favorecer el estudio del ecosistema y su equilibrio. En 2004, fue inscrito como humedal de importancia internacional en la Lista Ramsar. En el escrito se resalta la importancia de proteger el SAV para la región y el país. “Los arrecifes de coral son barreras naturales contra grandes olas y tormentas, así ocurrió en Veracruz en 1992 con el paso del huracán Karl; proveen además abundante pesca e información valiosa para la investigación médica; permiten actividades recreativas; y ayudan a mantener la biodiversidad marina”, explicó Sandra Moguel, asesora legal de AIDA. Por otro lado, se argumenta que el decreto de modificación de los límites del PNSAV no sólo es una amenaza a la biodiversidad de la zona sino que además viola el derecho humano al ambiente sano e incumple las obligaciones internacionales que el Estado mexicano tiene de proteger ese ecosistema. “La población del lugar queda más expuesta a sufrir los impactos de huracanes y otros fenómenos climáticos pues el decreto deja por fuera del área protegida arrecifes (los de Punta Gorda y la Bahía de Vergara) que sirven de protección natural contra esos embates”, afirmó Xavier Martínez Esponda, director regional del CEMDA para el Golfo de México. Asimismo, las organizaciones sostienen en el escrito que el decreto vulnera normas nacionales y tratados internacionales. Entre ellos está la Convención para la Protección de la Flora, Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de América, según la cual los límites de los parques naturales sólo pueden ser modificados en los Estados Parte por autoridades legislativas y la CONANP no lo es. El decreto también infringe la Convención Ramsar porque la modificación del polígono del PNSAV, parte de los Sitios Ramsar, no siguió el procedimiento establecido por ese tratado intergubernamental para la protección de los humedales de importancia internacional. Finalmente, el escrito pone de manifiesto que el decreto de la CONANP es una medida regresiva porque va en contra de los beneficios de protección ambiental conseguidos tras la creación del área protegida en 1992. “Retrocesos como éste pueden ocasionar daños irreversibles”, sostuvo Moguel.
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