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Victoria: Corte Constitucional defiende el derecho a la consulta previa
El 23 de enero de 2008, la Corte Constitucional colombiana declaró inconstitucional la Ley Forestal, aprobada en 2006, por no haberse realizado la consulta previa que ordena el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), el cual fue adoptado por la normatividad nacional y en consecuencia obliga al Estado colombiano a su aplicación y cumplimiento.
Esta decisión es muy importante por varias razones: reitera la obligación del Estado de consultar con las comunidades indígenas, afrocolombianas y tribales las decisiones administrativas y legislativas que puedan afectarlas; brinda herramientas de análisis e interpretación del derecho fundamental a la consulta previa; y crea un precedente que puede ser usado en casos similares a nivel internacional.
Es ya evidente que muchos megaproyectos y decisiones administrativas y normativas (como la Ley Forestal), que son estratégicas para el desarrollo económico del país, son vistas por las comunidades afrodescendientes e indígenas y por los pueblos tribales como una amenaza a su arraigo territorial, a su identidad cultural y a la protección ambiental.
Según la Corte Constitucional, la consulta previa debió realizarse porque la ley en cuestión regula el tema forestal en su conjunto, y contiene normas “susceptibles de afectar las áreas en las que de manera general se encuentran asentadas las comunidades, lo cual a su vez puede repercutir en sus formas de vida y sobre la relación tan estrecha que mantienen con el bosque”.
Asimismo, la Corte reiteró que “No basta con adelantar procesos participativos en la elaboración de los proyectos de Ley sino que se debe realizar procesos de consulta que implican poner en conocimiento de las comunidades el proyecto de ley; ilustrarlas sobre su alcance y sobre la manera como podría afectarlas y darles oportunidades efectivas para que se pronunciaran sobre el mismo”.
A raíz de este pronunciamiento y del llamado por el respeto al derecho fundamental a la consulta previa, el Gobierno colombiano impulsó en 2009 un proyecto de Ley Estatutaria, que aún no se ha convertido en Ley de la República, para regular y garantizar este derecho. Paralelamente, el Ministerio de Agricultura inició la formulación de un nuevo proyecto de Ley Forestal que cumpla con el procedimiento de consulta previa.
Ambas acciones legales fueron presentadas por un grupo de estudiantes y profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, Bogotá, con el apoyo de AIDA y luego de un trabajo conjunto realizado entre 2006 y 2007. El grupo contó también con el apoyo de organizaciones sociales como el Proceso de Comunidades Negras, la Organización Nacional Indígena (ONIC) y CENSAT Agua Viva.
Este grupo presentó otra acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Forestal, por violar artículos de la Constitución que protegen el medio ambiente. Sin embargo, la Corte no se pronunció al respecto debido a que ya había determinado la declaración total de inconstitucionalidad (anulación) de la ley demandada por la falta de consulta a las comunidades indígenas y afro-colombianas.
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De la frustración a la esperanza: Viendo la luz en los rostros de las víctimas
Por María José Veramendi Villa, abogada sénior de AIDA, @MaJoVeramendi Tengo que confesar que a veces me frustro. Me ocurre cuando intento explicar que el trabajo que hacemos los abogados y abogadas que litigamos casos de violaciones de derechos humanos no siempre produce resultados inmediatos, que se trata de luchas a largo plazo en busca de justicia para las víctimas y cambios profundos en los Estados y en nuestras sociedades. Es frustrante ver que agendas orientadas hacia una supuesta protección de los derechos humanos se ven influenciadas por intereses políticos. Es frustrante la falta de recursos para llevar y atender los procesos, y lo son también las largas esperas, la injusticia o la justicia que tarda. ¿Qué hacer en esos momentos de desilusión? Mi respuesta es volver a los orígenes, a lo básico, a la razón de ser de nuestra lucha y compromiso: las víctimas. A fines de marzo tuve la oportunidad de conocer en Washington D. C. a dos luchadores por las causas de sus comunidades, los brasileños Alaíde Silva y Josías Manhuary Munduruku. Ellos viajaron varios días desde Buriticupú (estado de Maranhão) y Jacareacanga (estado de Pará), respectivamente, para participar en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y presentar información sobre cómo los jueces brasileños aplican una ley de la dictadura que viola su derecho al acceso a la justicia. Esa ley, denominada “Suspensión de Seguridad” (“Suspensão de Segurança”), permite al gobierno federal solicitar la suspensión de decisiones judiciales favorables a los derechos de los pueblos indígenas y de otras comunidades frente al desarrollo de controversiales megaproyectos —como la represa hidroeléctrica Belo Monte— con base en supuestas amenazas a la seguridad nacional y al “orden social y económico” del país. En la audiencia, Josías, líder indígena del pueblo Munduruku (compuesto por 118 aldeas y 11,000 habitantes), denunció que el gobierno brasileño planea construir un complejo hidroeléctrico en el río Tapajós y sus afluentes sin haberles consultado ni obtenido su consentimiento previo, libre e informado. El proyecto, reveló, amenaza con traer impactos devastadores a sus tierras y la sobrevivencia de su pueblo y cultura. Finalmente, explicó cómo un juez revocó una decisión judicial favorable a su pueblo y permitió que el proyecto continúe en abierta violación a sus derechos. “Queremos respeto a nuestro territorio, a nuestro río, a nuestros lugares sagrados, a nuestro cementerio; ¡y queremos ser consultados!”, demandó Josías. Por su parte, Alaíde denunció que el proyecto de duplicación de la línea de Ferrocarril de Carajás (EFC), a cargo de la empresa minera Vale, está afectando a 1,7 millones de personas en 27 municipios de los Estados de Maranhão y Pará, y en al menos 100 comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y urbanas asentadas en las márgenes de la EFC. La actual línea de ferrocarril tiene casi 900 kilómetros y conecta las minas de Carajás en el estado de Pará con la Terminal Marítima de Ponta da Madeira en el estado de Maranhão. Es utilizada para transportar hierro, manganeso, cobre y carbón. Con la ampliación, Vale duplicará 115 kilómetros de la línea férrea para aumentar el volumen de transporte y el flujo de minerales. Entre los impactos denunciados por Alaíde están las molestias causadas por el crujir de la línea férrea y por la bocina del tren, el atropello de personas y animales, y el desalojo de comunidades, aldeas y familias sin una justa indemnización. Alaíde detalló cómo la empresa minera aterroriza a la población, coopta líderes, intimida a los habitantes y espía a los movimientos sociales, todo para satisfacer sus intereses. Al igual que en el caso de las hidroeléctricas del río Tapajós, aquí también se aplicó la Suspensión de Seguridad para revocar una decisión favorable a las comunidades. El fallo en cuestión ordenaba a la empresa suspender la construcción de la obra y realizar un Estudio de Impacto Ambiental con un análisis pormenorizado de todas las comunidades afrodescendientes e indígenas existentes a lo largo de la EFC. El argumento para revocarlo fue que la suspensión de la obra afectaba los intereses económicos del Estado. Los casos expuestos ante la CIDH son sólo dos ejemplos de la aplicación de la Suspensión de Seguridad. Como ellos, hay muchos más en los que los derechos de las comunidades y personas afectadas por grandes proyectos de “desarrollo” son reducidos a una categoría inferior bajo argumentos ficticios de interés económico, seguridad y orden público. Esperamos y confiamos que acciones como las mencionadas permitan visibilizar los impactos que la aplicación de la Suspensión de Seguridad tiene en los derechos humanos de cientos de personas y comunidades, y consigan que los organismos internacionales hagan un llamado al cambio a Brasil. Gracias a todos los que trabajaron intensamente para que la audiencia fuese posible. Gracias a los colegas en Brasil sin cuyo trabajo y compromiso el viaje de Josías y Alaíde no hubiese sido posible. Y gracias a esos dos luchadores brasileños por brindarme una lección de vida que hace que la niebla de la frustración se despeje y que el sol se asome nuevamente. Este texto lo dedico a mi querido excolega Joelson Cavalcante, quien dejó este mundo recientemente para convertirse en un ser de luz. Con él visité por primera vez el río Xingú, en el Amazonas brasileño, y nunca olvidaré su felicidad y gran sonrisa cuando, tras un año fuera de su país, pudo bañarse en esas aguas. En su memoria, la lucha continúa.
Leer másLo que el Ministerio de Ambiente de Colombia NO ha dicho sobre Santurbán
Por Carlos Lozano, asesor legal de AIDA, @CLozanoAcosta Texto pubpcado originalmente en Tío Conejo, blog sobre medio ambiente de La Silla Vacía El lunes 31 de marzo, la Ministra de Ambiente, Luz Helena Sarmiento, anunció en Bucaramanga haber decidido ya la depmitación del páramo de Santurbán. Sarmiento no exppcó con exactitud qué determinación tomó. Y hay que decir que la depmitación no ha sido adoptada por acto administrativo y, por lo tanto, jurídicamente no existe. En torno a Santurbán se ha producido uno de los confpctos ambientales más visibles en los medios de comunicación colombianos, incluyendo a La Silla Vacía. La importancia de este ecosistema, ubicado entre los departamentos de Santander y Norte de Santander, radica en que, además de albergar biodiversidad estratégica y de contribuir a la mitigación del cambio cpmático, es fundamental para la provisión de agua en el área metropoptana de Bucaramanga. De los proyectos mineros propuestos en el páramo, Angostura, de la empresa Eco Oro (antes Greystar), ha sido el más polémico. Inicialmente, la firma canadiense quería hacer una mina de oro a cielo abierto, pero no obtuvo la pcencia ambiental requerida. Sin embargo, Eco Oro busca desarrollar una nueva propuesta minera, esta vez subterránea. Esa operación se encuentra principalmente en el área de un título minero específico: el número 3452, según la Agencia Nacional de Minería. Buena parte de ese título se superpone al páramo de Santurbán, como se ve en el siguiente mapa. El área en rojo corresponde al título, mientras las áreas en verde y azul son páramos: La decisión sobre la depmitación no ha sido comunicada de la mejor manera. La nota de prensa emitida por el Ministerio no dice mucho y tampoco lo hacen las notas pubpcadas por diferentes medios tras el anuncio. El Ministerio no entregó registro escrito de la determinación, la cual tampoco estaba disponible en el sitio web de la entidad al momento de redactar este texto. Otros aspectos todavía desconocidos son los estudios técnicos que sustentan la depmitación, las conclusiones de las mesas de trabajo que se reapzaron previamente a la misma y el borrador del acto administrativo mediante el cual será adoptada la medida. El Gobierno pubpcó un mapa que no dice mucho, entre otras cosas porque sólo da cuenta del área depmitada en Santander. Todo lo anterior imppca que la sociedad colombiana no tiene certeza sobre el alcance de lo decidido. Sin embargo, de los registros de prensa se puede entender que: La depmitación "está psta", pero no será adoptada jurídicamente hasta dentro de tres meses. El área depmitada es de (¿al menos? ¿máximo?) 44 mil hectáreas. Las empresas mineras con título minero y pcencia ambiental podrán quedarse en el páramo hasta que terminen la operación permitida en la pcencia. Las empresas cuyos títulos quedan dentro del páramo, pero que no tienen pcencia ambiental, tendrán que irse. Esos datos no son suficientes para hacer un balance completo de la depmitación. Por eso, Tío Conejo tiene ciertas preguntas que por razones de interés púbpco el Ministerio de Ambiente debería responder: ¿Cuál es el área total de la depmitación de Santurbán en los dos departamentos? El gobierno dice que cuadruppcó el área protegida, es decir, que pasó de las 11 mil hectáreas del Parque Natural Regional a 44 mil luego de la depmitación. Técnicamente, eso es cierto. Pero también se puede ver de otra manera: de ser esa la extensión máxima, la depmitación habría dejado por fuera 38 mil de las 82 mil hectáreas que Santurbán abarca según el Atlas de Páramos (2007) elaborado por el Instituto Humboldt. Es crucial tener un pronunciamiento oficial sobre la extensión total del área depmitada tanto en Santander como en Norte de Santander. ¿El proyecto Angostura va o no va? La empresa le ha dicho a sus accionistas (en inglés) y a los mercados que, hasta que la decisión no se adopte oficialmente y mientras no les entreguen las coordenadas de la depmitación, "aquí no ha pasado nada". La ministra sostuvo que depende de la empresa decidir si le sirve quedarse bajo las nuevas condiciones que, de nuevo, no se conocen del todo. A pesar de lo anterior, es al Estado a quien le corresponde en última instancia resolver la legapdad de un título minero que atraviesa el páramo de Santurbán. ¿Qué uso le dio el Ministerio de Ambiente a los estudios técnicos sobre la depmitación suministrados por el Instituto Humboldt? ¿Los tuvo en cuenta en su totapdad? ¿los "engavetó"? ¿Por qué no los ha querido entregar a las organizaciones de la sociedad civil que los han sopcitado? Si se apartó total o parcialmente de lo que ellos dicen ¿cuáles fueron los criterios para hacerlo así? Sin las respuestas a dichas interrogantes, no es posible decir que el Ministerio de Ambiente está depmitando Santurbán de cara al país. Las comunidades, las empresas, las autoridades locales y la ciudadanía en general tienen derecho a saber con precisión qué fue lo que se decidió y cómo se hizo. En cuestiones de participación ambiental, el proceso es tan importante como el resultado. El debate no puede ser zanjado a puerta cerrada en un hotel de Bucaramanga. Es posible que la decisión es (o será) tan buena como para recibir el apoyo del movimiento ambiental. No se sabe. Sin el cuadro completo, el Ministerio podría estar perdiendo la oportunidad de sumar respaldos a una decisión potencialmente positiva. Según le contaron a Tío Conejo, no es cierto que los ambientapstas, en general, no quisieron asistir a las mesas de sociapzación de la depmitación de Santurbán. Algunas organizaciones intentaron infructuosamente ser invitadas. La convocatoria no fue suficientemente amppa y las conclusiones de las mesas no han sido comunicadas adecuadamente.
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COP20: Una oportunidad para luchar contra el cambio climático
Habrá más pobreza, hambre y enfermedades. Será el resultado de inundaciones, olas de calor, grandes tormentas y sequías cada vez más prolongadas. El reporte más reciente del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas describe así el panorama que le espera a la humanidad en un futuro no muy lejano a causa de los cambios experimentados en el clima. Este año, América Latina tiene la gran oportunidad de reposicionar las necesidades de la región en la agenda internacional sobre cambio climático. En diciembre, Lima (Perú) será sede de la principal sesión de negociación climática, la 20ª versión de la Conferencia de las Partes (COP), cuya principal misión es impulsar la elaboración del borrador del nuevo acuerdo climático vinculante que será firmado en París en 2015. En AIDA estamos trabajando desde ahora para contribuir a que la región asuma una rol más proactivo y aproveche esta coyuntura positiva para impulsar la toma de decisiones destinadas a combatir sin más demoras los efectos del cambio climático. Nuestra labor está dividida en tres tareas clave: fortalecimiento de capacidades, elaboración de recomendaciones y difusión de información. Estas actividades van dirigidas a tomadores de decisiones —gobiernos, negociadores y miembros de instituciones financieras internacionales, entre otros—, representantes de la sociedad civil —para que su participación en las negociaciones sea más efectiva—, y a los ciudadanos en general, quienes deben entender que también pueden aportar a las soluciones generando presión social a sus gobiernos. El pasado mes, como parte de dichos esfuerzos, participamos del foro internacional Cambio Climático: Avances y perspectivas en el Congreso de Perú, país que analiza la posibilidad de crear una ley sobre cambio climático. En el evento, AIDA compartió su experiencia en financiamiento climático internacional, resaltando la necesidad de que los países de la región establezcan y/o fortalezcan entidades locales que sirvan de nexo con mecanismos financieros internacionales para tener acceso directo a fondos para proyectos de adaptación y mitigación del cambio climático. Estamos trabajando para que el financiamiento a largo plazo sea un componente clave del nuevo acuerdo climático que se delineará en la COP20 en Lima. Creemos relevante que los países sepan con anticipación que habrá recursos económicos sobre los cuales es viable planificar acciones en favor de las comunidades más vulnerables a los fenómenos climáticos. El 11 de febrero, AIDA, junto con organizaciones aliadas, realizó un seminario virtual para informar de los principales aspectos relacionados con el Fondo Verde del Clima (FVC), entidad operativa del mecanismo financiero de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) que prevé movilizar grandes cantidades de recursos públicos y privados para apoyar la lucha contra el cambio climático en países en desarrollo. AIDA sigue de cerca el proceso de implementación del FVC para asegurar que su contribución sea efectiva. Con tu apoyo haremos aún más para informar de la existencia de alternativas frente a esta problemática global, promover el uso responsable y eficiente de las mismas, generar presión social para la adopción de soluciones prontas y reales, y robustecer la incidencia de la sociedad civil en la toma de decisiones climáticas en la COP20 y en todos los espacios e instancias a nuestro alcance. ¡Gracias!
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