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Victoria: Corte Constitucional defiende el derecho a la consulta previa
El 23 de enero de 2008, la Corte Constitucional colombiana declaró inconstitucional la Ley Forestal, aprobada en 2006, por no haberse realizado la consulta previa que ordena el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), el cual fue adoptado por la normatividad nacional y en consecuencia obliga al Estado colombiano a su aplicación y cumplimiento.
Esta decisión es muy importante por varias razones: reitera la obligación del Estado de consultar con las comunidades indígenas, afrocolombianas y tribales las decisiones administrativas y legislativas que puedan afectarlas; brinda herramientas de análisis e interpretación del derecho fundamental a la consulta previa; y crea un precedente que puede ser usado en casos similares a nivel internacional.
Es ya evidente que muchos megaproyectos y decisiones administrativas y normativas (como la Ley Forestal), que son estratégicas para el desarrollo económico del país, son vistas por las comunidades afrodescendientes e indígenas y por los pueblos tribales como una amenaza a su arraigo territorial, a su identidad cultural y a la protección ambiental.
Según la Corte Constitucional, la consulta previa debió realizarse porque la ley en cuestión regula el tema forestal en su conjunto, y contiene normas “susceptibles de afectar las áreas en las que de manera general se encuentran asentadas las comunidades, lo cual a su vez puede repercutir en sus formas de vida y sobre la relación tan estrecha que mantienen con el bosque”.
Asimismo, la Corte reiteró que “No basta con adelantar procesos participativos en la elaboración de los proyectos de Ley sino que se debe realizar procesos de consulta que implican poner en conocimiento de las comunidades el proyecto de ley; ilustrarlas sobre su alcance y sobre la manera como podría afectarlas y darles oportunidades efectivas para que se pronunciaran sobre el mismo”.
A raíz de este pronunciamiento y del llamado por el respeto al derecho fundamental a la consulta previa, el Gobierno colombiano impulsó en 2009 un proyecto de Ley Estatutaria, que aún no se ha convertido en Ley de la República, para regular y garantizar este derecho. Paralelamente, el Ministerio de Agricultura inició la formulación de un nuevo proyecto de Ley Forestal que cumpla con el procedimiento de consulta previa.
Ambas acciones legales fueron presentadas por un grupo de estudiantes y profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, Bogotá, con el apoyo de AIDA y luego de un trabajo conjunto realizado entre 2006 y 2007. El grupo contó también con el apoyo de organizaciones sociales como el Proceso de Comunidades Negras, la Organización Nacional Indígena (ONIC) y CENSAT Agua Viva.
Este grupo presentó otra acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Forestal, por violar artículos de la Constitución que protegen el medio ambiente. Sin embargo, la Corte no se pronunció al respecto debido a que ya había determinado la declaración total de inconstitucionalidad (anulación) de la ley demandada por la falta de consulta a las comunidades indígenas y afro-colombianas.
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El agua embotellada en México, en manos de empresas de EU y Francia
La francesa Danone y las estadounidenses Coca Cola y PepsiCo controlan 82% de las ventas de agua embotellada en México, informó el diario El Economista de México en octubre de 2010. Esta acumulación de mercado en manos de empresas extranjeras muestra un triple fracaso de los gobiernos de México: Por incumplir su obligación de proporcionar agua potable de llave. Por no informar sobre la calidad del agua y dar paso a la desconfianza. Por dejar avanzar el domino de empresas de otros países. Por miedo a enfermedades intestinales o por una verdadera deficiencia en la calidad de este recurso natural, los mexicanos tenemos que gastas entre 2 y 5 mil pesos al año en agua de garrafa y botella, cuando el derecho al agua quedó establecido en la Constitución de México en 2011 y como un derecho humano por las Naciones Unidas en 2010. Las marcas de agua embotellada con más presencia son: Bonafont (adquirida por los franceses en 1985) del Grupo Danone, que recauda 38% de los ingresos que genera el rubro; Ciel de Coca Cola (que llegó a México en 1996), con 25% de recaudación y EPura (creada en 2004) de Pepsico, con 19%. Electropura, ahora también de capital extranjero, fue adquirida por Pepsico en 2002. De acuerdo con información de su sitio en internet, la empresa registra ganancias anuales por 65 mil millones de dólares, es decir, 845 mil millones de pesos, aproximadamente cuatro veces el presupuesto anual con el que cuenta la Secretaría de Educación en México. Con esos presupuestos, pueden armar campañas inmensas en medios que el gobierno ni siquiera crea. También podos hablar del caso Peñafiel. La firma poblana creada en los años 20 cambió de nombre a Manantiales Peñafiel en 1958 y fue adquirida en 1992 por el grupo británico Cadbury Schweppes. Años después, tomó el nombre de Dr. Pepper Snapple Group. Aunque en México la empresa recuperó la denominación de Grupo Peñafiel, la mayoría de sus ganancias se van al extranjero. Esta multinacional es hoy la tercera refresquera más importante del país, según El Financiero. Pureza Vital y Santa María de Nestlé, también envían sus ganancias a Francia. Santa María es producida por Water Partners Mexico, empresa conformada por Nestle Waters y Grupo Modelo. Esta última es quien distribuye el producto desde hace algunos años. El director general de Water Partners Mexico, Gerard C. Signoret, dijo que el mercado del agua embotellada en México está siendo impulsado por la estrategia del gobierno y de la comunidad para modificar los hábitos de la gente. “El mercado crece y se mantiene esa tendencia”, afirmó el prominente empresario, a finales de 2011, en declaraciones a El Financiero. La botella De acuerdo con El Economista, aproximadamente 90% del costo del agua embotellada se debe al envase y el líquido puede llegar a venderse hasta 10,000 veces más caro que su costo de obtención. Así lo menciona el texto firmado por Leticia Gasca Serrano. Así, por el mismo precio de una botella de agua (que varía entre 3 y 40 pesos) podríamos obtener 3,000 litros del líquido vital de grifo. En algunos casos, sorprendentemente, un litro de agua embotellada resulta más caro que uno de gasolina. Una botella PET, en la que se comercializa el agua, puede tardar hasta 1,000 años en biodegradarse. Ello significa que lo que se consume hoy terminará su proceso “ecológico” en al menos 15 generaciones, informó El Economista. Pero las marcas ponen el logotipo de reciclado en sus botellas y se anuncian como empresas responsables y hasta diseñan los envases con colores verdes y sellos de “ecológicos”. Un ejemplo de la desfachatez con la que proceden algunas empresas del rubro se dio en 1994 en Reino Unido, donde se comprobó que la nueva marca de Coca Cola, llanada Dasani, era agua de la llave que se vendía como un producto sometido a un “alto y sofisticado proceso de purificación”, basado en tecnología de la Nasa, cuando en realidad era procesado en unidades de purificación domésticas. Responsabilidad personal Muchos ciudadanos responsables hierven el agua, pero aún así tienen dudas sobre si es verdaderamente potable. Otros consumen agua embotellada de garrafón, la más común, pero la llevan en termos y recipientes para no comprar botellas inpiduales. Un ejemplo de la poca información disponible sobre la calidad del agua que proviene de la llave es el caso de la capital de Coahuila. La Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo ha cuestionado la presencia en la ciudad de la empresa extranjera Aguas de Barcelona (de España), que sorprendentemente administra la empresa paramunicipal Aguas de Saltillo. El presidente de la organización, el ciudadano Rodolfo Garza, ha puesto en duda la calidad y los informes gubernamentales sobre la calidad del agua con la que se abastece a la población. “La Secretaría de Salud proporcionó información incompleta, según exámenes externos el agua contiene gran cantidad de sales y carbonato de calcio, lo cual hace que el líquido forme sedimentos en las tuberías y las tape", denunció el activista en 2012. ¿Cuándo dejamos los mexicanos de tomar agua de la llave?¿Cuántas campañas recientes y exitosas hemos visto sobre el tema de la calidad del agua a cargo de la Conagua y los organismos estatales? La mayoría de las campañas se centran en el cuidado del recurso natural, pero omiten hablar de la calidad. ¿Qué tan responsables son los gobiernos que dieron pie a desconfiar del agua de la llave? La siguiente campaña, de Conagua, por ejemplo, trata más de prevención que de confianza: La complicidad de las autoridades para incrementar la desconfianza es lo que ha hecho que las empresas extranjeras expandan su dominio en el mercado mexicano. En otros países, por ejemplo, cada recibo de agua contiene los resultados de estudios de calidad del agua potable en la zona a la que corresponde, algo que en nuestro país y en muchos de América Latina es impensable. Este mes de febrero, el Congreso debería discutir la Ley General de Aguas en México. Varios grupos de la sociedad civil y académicos expertos ya enviaron propuestas sobre lo que debería contener, como lo ha señalado la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) que agrupa a organizaciones civiles. Veremos si el nuevo gobierno y el Congreso de la Unión continúan validando este manantial de impunidad.
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Si fuera Estado, ¿obedecería sólo cuando me guste o me convenga?
Por Astrid Puentes Riaño, co-directora de AIDA, @astridpuentes En 2012, Colombia y Guatemala recibieron importantes sentencias de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), respectivamente. Ambos Estados están en desacuerdo con las decisiones, la primera por diferendo limítrofe y la segunda por violaciones a derechos humanos por masacres y desapariciones durante los años 80, y por ello amenazaron con incumplirlas o reinterpretarlas. ¿Estarán perdiendo fuerza el derecho internacional y sus cortes y disminuyendo la voluntad de los —o de algunos— Estados para acatar los fallos? O ¿se estarán volviendo demagógicos los gobiernos y para complacer a algunos, amenazan con incumplir las sentencias internacionales? Estas reacciones evidencian que estamos ante una parte de ambos escenarios, los dos igualmente preocupantes. Espero que los gobiernos y los Estados analicen la situación y rectifiquen. 2007: “Lo que defina la corte de La Haya, lo respetamos totalmente”, ¿y ahora? En noviembre de 2012, la CIJ decidió el conflicto limítrofe por las Islas de San Andrés y Providencia, los cayos y el mar territorial, entre Colombia y Nicaragua. Aunque la Corte le dio la razón a Colombia en la mayoría de los puntos, redefinió el límite del mar territorial dando a Nicaragua una importante franja marina, hasta el momento colombiana. Esto fue lo que más trascendió en Colombia y generó una dura reacción en algunos sectores, quienes exigieron al presidente Juan Manuel Santos incumplir la decisión. Incluso el ex presidente Álvaro Uribe dijo que “Colombia no debe acatar el fallo”, aunque en 2007, siendo Presidente prometió a Daniel Ortega, su par nicaragüense, respetar “totalmente” la decisión, cualquiera que fuera. La rebeldía contra la CIJ llegó a tal punto que Colombia anunció su retiro del Pacto de Bogotá: el tratado firmado en 1948 para solucionar pacíficamente controversias entre estados. Es irónico que el país donde se firmó el Pacto se retire del mismo para evitar que se cumpla. Esto además no tiene efectos prácticos a futuro. Colombia renuncia también a la tradición de respeto a las normas internacionales. ¿Habría entonces que cambiarle de nombre al Pacto? Corte IDH: Guatemala violó derechos humanos para construir la represa Chixoy La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó en septiembre de 2012 una sentencia contra Guatemala por la violación de derechos humanos derivada de la masacre a la comunidad de Río Negro, realizada durante los años 80 para construir la represa de Chixoy. En consecuencia, la Corte ordenó a Guatemala investigar los hechos y sancionar a los responsables; indemnizar a los familiares de las víctimas; y mejorar la infraestructura de la comunidad afectada por los hechos, entre otras cosas. Tres meses y otras dos sentencias condenatorias de la Corte IDH después, el Gobierno guatemalteco publicó un acuerdo “reinterpretando” la voluntad del Estado, y en consecuencia, desconociendo las sentencias referidas ahechos ocurridos antes de 1987, es decir, prácticamente todos los cubiertos por las tres sentencias. Tras grandes presiones internas y externas de persos sectores, incluyendo la propia Procuraduría de Guatemala, el gobierno echó para atrás este acuerdo y por ende se presume que reitera su voluntad de cumplir. Dura lex, sed lex (Dura es la ley, pero es la ley) Jurídicamente, rechazar el resultado de estas cortes es inviable, dado que ambos Estados han reconocido su jurisdicción (autoridad) para decidir sobre casos relacionados con dichos países y las circunstancias que se discuten. Los Estados pueden arrepentirse de que las cortes decidan, pero esto tiene una consecuencia futura. La razón es obvia: todos los Estados que pierdan una decisión buscarían excusas para incumplirla, justamente como hacen ahora Colombia y Guatemala. Desde el punto de vista político, los Estados pueden negarse a cumplir. Sin embargo, ello viola la buena fe de las partes, elemento fundacional del derecho internacional que garantiza que los Estados que se someten a ciertas reglas tengan la expectativa cierta que sean cumplidas, sin discriminación respecto de quién se trate. Después de todo, es algo esencial en la existencia del derecho que evita arbitrariedades y la solución de controversias por la fuerza. Al final, se trata de la protección que tenemos todos: Estados y ciudadanos. Por ello, el mensaje que mandan los gobiernos de Colombia y Guatemala (que afortunadamente rectificó) es peligroso porque incluso cuando estos Estados necesiten protección frente a posibles agresiones o malos entendidos con otros Estados, habrán perdido su autoridad para recurrir al derecho internacional en su defensa. De otra parte y según estas reacciones, los ciudadanos podríamos obedecer las normas y las decisiones de los jueces sólo cuando éstas favorezcan nuestros intereses. Así, podría comenzar a pagar los impuestos que me parezcan justos y a pararen los semáforos cuando lo considere conveniente. Sin duda, esto suena extremo, pero interpretar o rechazar la decisión de una corte internacional, que es la suprema autoridad en la materia, me parece igualmente extremo. Celebro que Guatemala haya retrocedido en su decisión y reconocido su error. Entiendo que las violaciones a derechos humanos por las que se le condenó son duras y vergonzosas para el país. Justamente ahora tienen la oportunidad de admitirlo y remediar la situación, demostrando que los años de impunidad para estas violaciones han terminado. En cuanto a Colombia, espero que después de la aparentemente patriótica reacción al anunciar el retiro del Pacto de Bogotá, el gobierno de Santos recapacite y decida continuar honrando la tradición y el Pacto que lleva su nombre. Ojalá haga un balance de lo que perdería el país al rechazar la decisión y busque alternativas, en el marco de las normas, para proteger a las comunidades afectadas con la decisión de la CIJ. Mi postura puede explicarse quizás porque soy abogada y tengo el hábito de pensar que todo se debe resolver mediante las normas, pero me parece la decisión más inteligente y más honrosa que se puede tomar.
Leer másDeclaratoria de parte de Santurbán como Parque Natural Regional es el inicio para cumplir con la exclusión de páramos de la minería
AIDA destaca la decisión e insta al Ministerio de Ambiente a garantizar la protección de estos ecosistemas en su totalidad. Bogotá, Colombia. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) recibió con beneplácito la declaratoria de una parte del páramo de Santurbán, ubicado entre los departamentos de Santander y Norte de Santander (Colombia), como Parque Natural Regional. La medida, tomada en enero, reafirma la exclusión legal de los páramos de actividades mineras en Colombia, por lo que aún debe garantizarse la protección del conjunto de estos ecosistemas. Así quedó expresado en una carta enviada por AIDA al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Instituto Alexander Von Humboldt y a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) de Colombia. La declaratoria cubre 11,700 hectáreas de las 92,000 que conforman el páramo, y fue propuesta al consejo directivo de la CDMB por el Ministro de Ambiente, Juan Gabriel Uribe, con base en un concepto previo técnico del Instituto Von Humboldt. “En AIDA llevamos más de cinco años reiterando la obligación nacional e internacional del Estado colombiano de proteger los páramos, por lo cual insistimos en que el gobierno la cumpla y excluya la minería de estos ecosistemas”, declaró Paulo Bacca, abogado de la ONG. AIDA ha insistido en la exclusión de los páramos de la minería a través de observaciones a los Código de Minas y proyectos de ley, y mediante el seguimiento a casos paradigmáticos como el de Santurbán. Por ello celebramos que el Ministerio de Ambiente, en la misma línea que los argumentos constitucionales e internacionales entregados por AIDA, negara la licencia ambiental solicitada por la firma canadiense Greystar Resources Ltda. (ahora Eco Oro Minerals) para implementar la mina de oro Angostura en el corazón del páramo. “Este asunto supera el ámbito jurídico, es un tema de seguridad nacional y de calidad de vida de los y las colombianas, pues los páramos son esenciales para el abastecimiento del 70% del agua dulce, la conservación de la biodiversidad, la mitigación del cambio climático e incluso la generación de energía”, señaló Astrid Puentes Riaño, co-directora ejecutiva de AIDA. Finalmente y para evitar que la falta de demarcación sirva de excusa para impulsar proyectos mineros en las zonas de páramo, AIDA exhorta al Ministerio a que acoja de inmediato la cartografía del nuevo atlas de páramos entregada por el Instituto Von Humboldt hace unos meses. Creemos que acoger la cartografía “contribuiría a evitar que las empresas mineras se escuden en la falta de definición y demarcación de los páramos para impulsar proyectos mineros en dichas zonas”, brindando claridad a su protección y a la de los demás ecosistemas sensibles. Vea la versión en PDF de la carta.
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