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Victoria: Corte Constitucional defiende el derecho a la consulta previa

El 23 de enero de 2008, la Corte Constitucional colombiana declaró inconstitucional la Ley Forestal, aprobada en 2006, por no haberse realizado la consulta previa que ordena el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), el cual fue adoptado por la normatividad nacional y en consecuencia obliga al Estado colombiano a su aplicación y cumplimiento.

Esta decisión es muy importante por varias razones: reitera la obligación del Estado de consultar con las comunidades indígenas, afrocolombianas y tribales las decisiones administrativas y legislativas que puedan afectarlas; brinda herramientas de análisis e interpretación del derecho fundamental a la consulta previa; y crea un precedente que puede ser usado en casos similares a nivel internacional.

Es ya evidente que muchos megaproyectos y decisiones administrativas y normativas (como la Ley Forestal), que son estratégicas para el desarrollo económico del país, son vistas por las comunidades afrodescendientes e indígenas y por los pueblos tribales como una amenaza a su arraigo territorial, a su identidad cultural y a la protección ambiental.

Según la Corte Constitucional, la consulta previa debió realizarse porque la ley en cuestión regula el tema forestal en su conjunto, y contiene normas “susceptibles de afectar las áreas en las que de manera general se encuentran asentadas las comunidades, lo cual a su vez puede repercutir en sus formas de vida y sobre la relación tan estrecha que mantienen con el bosque”.

Asimismo, la Corte reiteró que “No basta con adelantar procesos participativos en la elaboración de los proyectos de Ley sino que se debe realizar procesos de consulta que implican poner en conocimiento de las comunidades el proyecto de ley; ilustrarlas sobre su alcance y sobre la manera como podría afectarlas y darles oportunidades efectivas para que se pronunciaran sobre el mismo”.

A raíz de este pronunciamiento y del llamado por el respeto al derecho fundamental a la consulta previa, el Gobierno colombiano impulsó en 2009 un proyecto de Ley Estatutaria, que aún no se ha convertido en Ley de la República, para regular y garantizar este derecho. Paralelamente, el Ministerio de Agricultura inició la formulación de un nuevo proyecto de Ley Forestal que cumpla con el procedimiento de consulta previa.

Ambas acciones legales fueron presentadas por un grupo de estudiantes y profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, Bogotá, con el apoyo de AIDA y luego de un trabajo conjunto realizado entre 2006 y 2007. El grupo contó también con el apoyo de organizaciones sociales como el Proceso de Comunidades Negras, la Organización Nacional Indígena (ONIC) y CENSAT Agua Viva.

Este grupo presentó otra acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Forestal, por violar artículos de la Constitución que protegen el medio ambiente. Sin embargo, la Corte no se pronunció al respecto debido a que ya había determinado la declaración total de inconstitucionalidad (anulación) de la ley demandada por la falta de consulta a las comunidades indígenas y afro-colombianas.

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Arrecifes de coral en AL, un espectáculo natural en riesgo

Gladys Martínez de Lemos, asesora legal de AIDA El 25% de todas las especies marinas utilizan los hábitat de coral en algún momento de su ciclo de vida; en Costa Rica el daño a estos recursos naturales ha sido causado en gran medida por la deforestación de cuencas y otras acciones humanas. Los arrecifes de coral son un elemento escencial para el equilibro del ambiente marino porque proveen hábitat para muchas especies de consumo humano, brindan protección a las costas de la erosión y embates de huracanes, y son fuente de ingresos de las comunidades costeras que viven del turismo de buceo. Pero la falta de políticas y regulaciones claras los mantienen en peligro. Estas bellezas naturaes contribuyen al equilibrio ecológico pues son fuente de alimento de otros organismos superiores, formando redes alimentarias importantes. Su valor ambiental es tan alto que los economistas han calculado que una hectárea de arrecife coralino supera el millón de dólares por año. Aunque los arrecifes de coral cubren sólo cerca de un décimo del suelo océanico, las estimaciones sugieren que 25% de todas las especies marinas utilizan los hábitat de coral en algún momento de su ciclo de vida. Pero aún con su importancia, los arrecifes se encuentran amenazados. El calentamiento global, la acidificación de los océanos, la pesca destructiva, el desarrollo insostenible de las costas y la contaminación, entre otros, ponen en riesgo la supervivencia de los arrecifes en Costa Rica al igual que en el resto del mundo. Por ejemplo, en Costa Rica, el Decimo Quinto Informe sobre el Estado de la Nación señala que la “reducción en un 75% del coral vivo en el arrecife de Cahuita obedece fundamentalmente a la sedimentación, causada en gran medida por la deforestación de cuencas y otras acciones humanas”. Falta de acción de gobiernos La crisis por la que pasan los arrecifes de coral es evidente. La falta de políticas y regulaciones claras e integrales que aborden el problema; la ausencia de mecanismos de control, monitoreo y protección adecuada para estos recursos; y el bajo nivel de cumplimiento de las obligaciones internacionales vigentes relacionadas al tema. Esta situación no pueden ser más un pretexto para evadir el compromiso de conservar la biopersidad marina y los ecosistemas e incluso, que las generaciones futuras, puedan disfrutar de una visita a ver la impresionante belleza y persidad de los arrecifes. Todos tenemos un hijo, un sobrino, un primo pequeño que queremos tenga la oportunidad de gozar de las riquezas escénicas de los corales y que no se quede sin probar la valiosa proteína del pescado. Los tomadores de decisiones de países latinoamericanos que no han creado, en la mayoría de países, leyes especiales de protección para proteger específicamente los corales están ante un gran reto y ante una responsabilidad.

Marzo 21 2012

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Marzo 15 2012

Cambio climático: Ciudadanos de las Américas en riesgo

Por Andrés Pirazzoli , asesor legal de AIDA, @apirapino La disminución de los niveles actuales de concentración de Gases de Efecto Invernadero en el mundo fue uno de los temas tratados en la reciente COP17 realizada en diciembre del 2011 en Sudáfrica, lugar donde se esbozaron propuestas muy interesantes. Desde que, en 1988 comenzara su trabajo el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (PICC, o IPCC por sus siglas en inglés)[1], la ciencia ha sido prácticamente unánime: tenemos un grave problema entre manos, probablemente el mayor desafío socio ambiental de la historia de la humanidad. En base a las conclusiones periódicamente emitidas por el PICC (AR1, AR2, AR3, y más recientemente el AR4), hemos intentado globalmente entrar en acuerdos que nos permitan estabilizar el sistema climático vía la disminución de los niveles actuales de concentración de gases de efecto invernadero, de 391 a 350 partes por millón (ppm). Lamentablemente, hemos fracasado sistemáticamente y aunque se han firmado la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Protocolo de Kioto (PK), que actualmente agoniza después de la deserción de Japón, Rusia y Canadá en la última Conferencia de las Partes (COP por sus siglas en inglés) en Durban y el Plan de Acción de Bali. Estos acuerdos multilaterales han sido insuficientes, y los países que los suscriben, se han mostrado incapaces de cumplir sus promesas con las generaciones presentes y futuras.[2] Por su gravedad, los afectados han adoptado el rostro de un tierno oso polar luchando por mantenerse en un bloque de hielo; y por su urgencia, simula también el rostro humano de los Inuit quienes demandaron en 2004 a Estados Unidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hoy, persos pueblos comienzan a tomar acción legal y se unen a los afectados por el Cambio Climático, e incluso comienzan a explorar la adquisición de nuevos territorios para su reubicación. Nuestro hemisferio no es la excepción. En la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) hemos documentado el rostro del cambio climático en América Latina, con la esperanza de llamar la atención de la CIDH y a su vez de la Organización de Estados Americanos (OEA) y los países que la integran, para alertar nuevamente sobre lo que está en juego: vidas humanas, familias vulnerables, territorios y culturas ancestrales. De hecho, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU recientemente ha vuelto a insistir: “las obligaciones…en materia de derechos humanos pueden guiar y reforzar la formulación de las políticas… en la esfera del cambio climático...” En Ginebra, durante la 19ª sesión del Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, un seminario discutió la urgencia y el innegable vínculo entre el cambio climático y las violaciones a los derechos humanos. En AIDA creemos que aún hay esperanzas, porque la solución aún depende de nosotros: el AR4 señaló con escaso margen de error que el cambio climático es causado por la actividad humana, principalmente asociado a la quema de combustibles fósiles para la obtención de energía. Por ello, está en nosotros y en nuestros gobiernos instrumentar los cambios hoy para que las generaciones futuras tengan acceso a un mejor mañana. Si bien la COP17 en Sudáfrica reflotó las esperanzas hacia un acuerdo global con responsabilidades comunes pero diferenciadas, es fundamental recordar las principales críticas de actores relevantes y organizaciones civiles a nuestros líderes políticos: Incluir medidas de eficiencia de manera agresiva y más fuentes de energía renovable; Incorporar el análisis de los posibles impactos del cambio climático a los derechos humanos en sus planes de mitigación y adaptación; Asegurar la participación activa de los interesados y el acceso a la información pública en la elaboración de dichos planes; Enfatizar en medidas de adaptación y mitigación que protejan ecosistemas críticos como los manglares, glaciares, humedales y páramos, que ayudan a reducir los impactos del cambio climático; y finalmente; Incluir el análisis de los impactos del cambio climático en los documentos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), tanto de los proyectos en el clima, como del clima en los proyectos. El cambio climático es un hecho y depende de nosotros estar listos para enfrentarlo. [1] Resolución 43/53 del 6 de Diciembre de 1988, que crea y describe sus primeras tareas. Fue creado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). [2] La promesa del Art. 3. 1) de la CMNUCC, aún de lenguaje débil, ha demostrado ser de difícil cumplimiento: “Las Partes deberían proteger el sistema climático en beneficio de las generaciones presentes y futuras…”