Project

Foto: Alejandro Balaguer / Fundación Albatros Media

Victoria: La Bahía de Panamá Está Legalmente Protegida

La Bahía de Panamá, uno de lo sitios de anidación y descanso de aves migratorias más importantes del mundo, está ahora permanentemente protegido, en parte gracias a la experiencia de AIDA en derecho internacional.

La bahía es sustento de especies en peligro de extinción, incluyendo jaguares y tortugas caguama, así como de la gran mayoría de la industria pesquera del país. Sus manglares costeros capturan 50 veces más contaminación por carbono que un bosque tropical del mismo tamaño. Los manglares también protegen a comunidades costeras de marejadas que crecen en intensidad a medida que el clima se calienta. Panamá ha perdido ya 75 por ciento de sus manglares.

En 2012, desarrolladores turísticos habían logrado un fallo de la Corte Suprema de Justicia que revocó la decisión de la Autoridad Nacional del Ambiente de proteger la bahía como un refugio de la vida silvestre.

AIDA trabajó con el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), una organización de derecho ambiental panameña, para defender el estatus de protección de la Bahía de Panamá. Presentamos un escrito con argumentos basados en el derecho internacional. Hicimos analogías entre la Bahía de Panamá y el Parque Marino Nacional Las Baulas en Costa Rica. En un caso legal sobre Las Baulas, un análisis equilibrado encontró que el derecho público a un ambiente sano tenía más peso que los intereses de los desarrolladores turísticos.

Luego, el 2 de febrero de 2015, con ocasión del Día Mundial de los Humedales, Panamá promulgó la ley que crea el Refugio de Vida Silvestre Humedal Bahía de Panamá. La ley enfatiza la importancia de un enfoque ecosistémico de manejo y del uso racional de los humedales, conceptos contenidos en la Convención Ramsar.

AIDA y CIAM continuarán trabajando para que la ley sea implementada adecuadamente y para asegurar la protección del Humedal Bahía de Panamá.


Latest News

Por Astrid Puentes Riaño, co-directora de AIDA, @astridpuentes Brasil busca ser pionero en desarrollo social y ambientalmente sostenible mediante, por ejemplo, el uso de energías limpias. La presidenta Dilma Rousseff lo ha reiterado, queriendo continuar con la línea verde del ex-presidente Lula da Silva, y fortaleciendo la protección de derechos humanos. El "desarrollo verde" será central en la Conferencia de Río+20, en junio, y se considerará en la Copa del Mundo de 2014 y las Olimpiadas de 2016, eventos organizados por Brasil.  Al mismo tiempo, el Gobierno brasileño inició la polémica construcción de Belo Monte en el río Xingú, que sería la tercera más grande del mundo. Las obras comenzaron contrariando solicitudes de suspensión del proyecto de entidades políticas, jurídicas y técnicas, internacionales y nacionales, y en contra de las comunidades. Además, Brasil pretende construir 11 represas más en países vecinos para importar energía. ¿El discurso se volverá realidad? La hidroeléctrica costaría USD$15billones y generaría normalmente 4mil MW y un máximo cercano a 11 mil MW. Según el gobierno, la energía es esencial para asegurar la demanda nacional y brindará también desarrollo en Altamira, municipio donde se construye la obra. Pero Belo Monte afectará a entre 20 y 40 mil personas de comunidades indígenas y ribereñas, y pueblos en aislamiento voluntario, causando graves daños socioeconómicos. Se inundarían más de 500km2, causando la pérdida irreversible del bioperso ecosistema de Volta Grande del río Xingú, uno de los más importantes tributarios del río Amazonas. La represa y la biomasa inundada emitirían grandes cantidades de metano (gas 25 veces más dañino para el cambio climático que el dióxido de carbono). Incluso estudios económicos expertos concluyeron que hay sólo 28% de probabilidades que la represa sea financieramente viable. El proyecto ha sido muy controversial que incluso dos presidentes del Instituto Brasilero del Ambiente (IBAMA, entidad federal ambiental) renunciaron en 2009 y 2010, argumentando presiones para aprobar la represa. Otros funcionarios han sido callados o sus informes técnicos, ignorados. En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó suspender la obra para proteger los derechos de las comunidades indígenas. La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Brasil, la Sociedad Brasilera para el Progreso de la Ciencia, la Asociación Brasilera de Antropología, 350 científicos brasileros y cientos de organizaciones nacionales e internacionales también pidieron suspender obras y acatar la ley. El Ministerio Público Federal (organismo de protección de derechos humanos) ha presentado más de diez demandas contra el proyecto argumentado, entre otros, falta de consulta a las comunidades indígenas, evaluaciones ambientales inapropiadas, e incumplimiento de la normatividad. El IBAMA multó a la empresa por incumplimiento y FUNAI (entidad federal de protección de los derechos indígenas) evidenció la desprotección a las comunidades indígenas en aislamiento voluntario; falta de reconocimiento y saneamiento de las tierras indígenas y de otras; y ausencia de compensación por los daños causados. Tampoco se han calculado las emisiones de metano y dióxido de carbono, causantes de cambio climático. A pesar de ello, el gobierno sigue construyendo la represa, argumentado que las solicitudes de suspensión son infundadas. Me pregunto si realmente todas son infundadas… Al final, ¿cuánto realmente costarán los entre 4 y 11mil MW? En la era de la tecnología, de las energías renovables y de innovaciones energéticas, ¿será realmente necesario inundar un área semejante a la ciudad de Chicago para dar energía a unos miles de hogares e industrias?, ¿podrá (y querrá) Brasil superar el reto y demostrar que es posible lograr el desarrollo sin sacrificar miles de personas y áreas ambientalmente esenciales, como el Amazonas? Las respuestas quedan en cancha brasilera. Brasil debería demostrar su liderazgo y no arriesgar su prestigio ambiental, justo con los ojos del mundo puestos en sus decisiones; debería probar que su discurso de sostenibilidad y respeto a los derechos humanos va en serio. Visite esta impresionante galería de fotos con imágenes de las obras y los desplazamientos de personas que ocurren en estos días: Primera colaboración BLOG DE AIDA: Esta es la primera colaboración del nuevo espacio de reflexión, el "Blog de AIDA". Invitamos a nuestros lectores a estar atentos a los nuevos envíos que se publicarán los lunes y miércolesa cargo de  los miembros del equipo. También les pedimos que nos compartan ideas para ponerle un nombre. Los interesados pueden enviar un correo electrónico a [email protected]

Leer más

Latest News

La reducción dramática de acceso al agua representa uno de los impactos más graves. La inestabilidad del clima limitará el acceso al agua a millones de personas en la región tropical andina. AIDA urge medidas para proteger los derechos humanos en las comunidades más vulnerables del continente. Ciudad de México / Bogotá. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) entregó el 16 de febrero un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), sobre la relación del cambio climático y los derechos humanos. El documento llamado “Cambio climático y derechos humanos en América Latina: Una crisis humana” preparado en inglés y en español por el equipo de investigación de AIDA, detalla los efectos negativos del cambio climático para los derechos humanos al ambiente sano, a la vida, al agua, a la alimentación y a la vivienda, entre otros, para millones de personas en América Latina. El más grave de los impactos es la escasez de agua potable en América Latina.  El derretimiento de glaciares, la degradación de los humedales de alta montaña como los páramos, los patrones inestables del clima y las graves sequías, son algunas de las causas que limitarán a aproximadamente 50 millones de personas, el acceso al agua a en la región tropical andina para el 2050. “El cambio climático afecta más a quienes son menos responsables de las emisiones de efecto invernadero, en particular a los grupos en situación de vulnerabilidad como las comunidades campesinas, los pueblos indígenas y barrios pobres de ciudades”, afirmó el asesor legal de AIDA y co-autor del informe, Jacob Kopas. El reporte aboga por un acuerdo climático con obligaciones legales vinculantes para que los países con mayores emisores de carbono asuman su responsabilidad proporcional para la adaptación y mitigación y apoyen a los países en desarrollo. “Esperamos que la Comisión Interamericana recomiende a los gobiernos más responsables por las emisiones históricas y actuales, que cumplan con su obligación internacional de contribuir más a soluciones duraderas frente al cambio climático", añadió Kopas. Otros impactos del informe incluyen el pronóstico de más lluvias e inundaciones en el continente.  Esto tan sólo en 2010 afectó a 2,2 millones de personas y causó daños en Colombia por $USD 300 millones. También se han perdido 80% de arrecifes de coral debido en gran medida al calentamiento del agua de los océanos y a su acidificación. AIDA espera que el informe sea útil a la CIDH en la investigación continua sobre el vínculo entre los derechos humanos y el cambio climático, derivado del mandato de la Asamblea General de la OEA para investigar al respecto (Resolución 2429, XXXVIII-O/08), y también para los gobiernos y comunidades para encontrar mejores soluciones a este problema global. Para mayor información:  http://www.aida-americas.org/es/project/el-impacto-del-cambio-climatico-en-los-derechos-humanos  

Leer más

Latest News

La reducción dramática de acceso al agua representa uno de los impactos más graves. La inestabilidad del clima limitará el acceso al agua a millones de personas en la región tropical andina. AIDA urge medidas para proteger los derechos humanos en las comunidades más vulnerables del continente. Ciudad de México / Bogotá. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) entregó el 16 de febrero un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), sobre la relación del cambio climático y los derechos humanos. El documento llamado “Cambio climático y derechos humanos en América Latina: Una crisis humana” preparado en inglés y en español por el equipo de investigación de AIDA, detalla los efectos negativos del cambio climático para los derechos humanos al ambiente sano, a la vida, al agua, a la alimentación y a la vivienda, entre otros, para millones de personas en América Latina. El más grave de los impactos es la escasez de agua potable en América Latina.  El derretimiento de glaciares, la degradación de los humedales de alta montaña como los páramos, los patrones inestables del clima y las graves sequías, son algunas de las causas que limitarán a aproximadamente 50 millones de personas, el acceso al agua a en la región tropical andina para el 2050. “El cambio climático afecta más a quienes son menos responsables de las emisiones de efecto invernadero, en particular a los grupos en situación de vulnerabilidad como las comunidades campesinas, los pueblos indígenas y barrios pobres de ciudades”, afirmó el asesor legal de AIDA y co-autor del informe, Jacob Kopas. El reporte aboga por un acuerdo climático con obligaciones legales vinculantes para que los países con mayores emisores de carbono asuman su responsabilidad proporcional para la adaptación y mitigación y apoyen a los países en desarrollo. “Esperamos que la Comisión Interamericana recomiende a los gobiernos más responsables por las emisiones históricas y actuales, que cumplan con su obligación internacional de contribuir más a soluciones duraderas frente al cambio climático", añadió Kopas. Otros impactos del informe incluyen el pronóstico de más lluvias e inundaciones en el continente.  Esto tan sólo en 2010 afectó a 2,2 millones de personas y causó daños en Colombia por $USD 300 millones. También se han perdido 80% de arrecifes de coral debido en gran medida al calentamiento del agua de los océanos y a su acidificación. AIDA espera que el informe sea útil a la CIDH en la investigación continua sobre el vínculo entre los derechos humanos y el cambio climático, derivado del mandato de la Asamblea General de la OEA para investigar al respecto (Resolución 2429, XXXVIII-O/08), y también para los gobiernos y comunidades para encontrar mejores soluciones a este problema global. Para mayor información:  http://www.aida-americas.org/es/project/el-impacto-del-cambio-climatico-en-los-derechos-humanos  

Leer más