El mundo celebra un avance clave para mantener al océano sano y resiliente para las generaciones presentes y futuras.

Este mes se cumplió el requisito necesario para la entrada en vigor del Tratado de Alta Mar, un acuerdo largamente buscado y fundamental para la protección y uso sostenible de dos terceras partes del océano, casi la mitad de nuestro planeta azul.

Alta mar es la zona que está fuera de las jurisdicciones nacionales y una de las mayores reservas de biodiversidad a nivel mundial por la riqueza de vida marina que resguarda. También nos brinda alimento y oxígeno, regula el clima, amortigua los impactos de la crisis climática y sostiene los modos de vida de comunidades dedicadas a la pesca y al turismo.

Tras más de 20 años de discusiones y más de cinco años de negociaciones formales, el 4 de marzo de 2023, los gobiernos acordaron, en la sede de Naciones Unidas, el texto del tratado, que fue adoptado formalmente el 19 de junio de ese año.

Pero ahí no terminó la historia.

Para su entrada en vigor y posterior implementación, el tratado debía ser ratificado por al menos 60 países, algo que finalmente ocurrió el pasado 19 de septiembre. La vigencia del tratado comenzará oficialmente 120 días después de esa fecha: el 17 de enero de 2026.

Desde AIDA hemos contribuido a este proceso por muchos años, aportando a que las necesidades de América Latina sean parte de la construcción del tratado y ahora también de su puesta en práctica.

El Tratado de Alta Mar —nombre corto para el Acuerdo sobre Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ Agreement, por sus siglas en inglés)— plantea, entre otros beneficios, la creación y el manejo adecuado de áreas marinas protegidas en alta mar para conservar y rescatar la rica biodiversidad albergada en el océano.

Establece además que cualquier actividad nueva en alta mar está sujeta a evaluaciones de impacto ambiental que incluyan los impactos acumulativos de múltiples actividades en un solo ecosistema.

El aporte de AIDA a la protección de la vida en alta mar

Desde las negociaciones del texto del Tratado de Alta Mar, y hasta la actualidad, AIDA ha tenido una participación activa en el proceso, coliderando las contribuciones de la sociedad civil de América Latina para un acuerdo sólido.

Lo hemos hecho como parte de la High Seas Alliance, una coalición de más de 70 organizaciones que trabajan por preservar la biodiversidad en alta mar y en la cual AIDA tiene el papel de coordinador regional para América Latina. Desde ese rol hemos incorporado en las estrategias de la alianza las realidades, expectativas y desafíos del continente.

Durante la negociación del tratado, apoyamos a las delegaciones latinoamericanas, tanto en sus procesos internos como regionales, mediante sesiones informativas enfocadas en los beneficios y deberes del acuerdo. Aportamos así al fortalecimiento de capacidades de los países de la región desde nuestra experiencia y pericia técnica científica en el tema.

Y, con miras a la implementación del acuerdo, también hemos brindado apoyo técnico a las delegaciones de la región para su participación en las sesiones del Comité Preparatorio, instancia de Naciones Unidas que trabaja para avanzar los temas que deberán abordarse en la primera Conferencia de las Partes (COP) del acuerdo.

Los países que ratifiquen el tratado podrán participar en la COP, donde se decidirán aspectos clave para su implementación y para la puesta en marcha de sus beneficios. La primera sesión de esta COP tendrá lugar un año después de la entrada en vigor del tratado.

Más allá de la tan esperada ratificación del tratado, es necesario que todos los países —no solo 60— se adhieran al acuerdo para lograr la gobernanza justa, equitativa y sostenible de la biodiversidad en alta mar. Ello garantizará la implementación efectiva del acuerdo, incluyendo el cumplimiento de sus objetivos de conservación y la participación de los países en sus beneficios.

Desde AIDA seguiremos trabajando con un enfoque latinoamericano para asegurar que el Tratado de Alta Mar se traduzca en acciones concretas para la protección y uso sostenible de alta mar, una obligación de todos los gobiernos.