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Jbdodane / FlickrBrindando apoyo científico a comunidades para frenar los daños de la minería
La minería es una actividad económica que causa daños ambientales profundos. Con frecuencia, las comunidades en donde se realizan proyectos mineros no cuentan con información veraz, completa y objetiva acerca de sus beneficios y perjuicios.
A ello se suma la contaminación y uso excesivo del agua de ríos, lagos y otras fuentes naturales, un riesgo asociado con frecuencia a proyectos mineros cuyos daños no fueron adecuadamente evaluados antes de ser autorizados, entre otras razones porque ese análisis no se basó en la mejor información científica disponible.
Romper con esa brecha de información entre empresas mineras y comunidades afectadas es una necesidad urgente.
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Proyectos relacionados
La Iniciativa Internacional de Arrecifes de Coral y el rol de AIDA
Por Sandra Moguel, asesora legal de AIDA, @sandra_moguel LaIniciativa Internacional de Arrecifes de Coral(ICRI por sus siglas en inglés) —integrada por representantes de gobiernos, científicos y sociedad civil— se reúne cada año y constituye un foro de discusión y acuerdo sobre temas prioritarios para la protección de los arrecifes de coral en el mundo. En esta ocasión, la cita tuvo lugar en la ciudad de Belice del 14 al 17 de octubre bajo el auspicio de los gobiernos de Australia y Belice, a cargo del Secretariado de la ICRI. La ICRI también puede ser definida como una plataforma informal entre Estados y organizaciones. Fue creada ante la preocupación por la degradación que los corales están sufriendo, principalmente a causa de actividades humanas como la contaminación terrestre y el anclaje, entre otros. Su trabajo gira en torno a los siguientes objetivos: 1) Exhortar a la adopción de mejores prácticas de manejo de arrecifes de coral y ecosistemas asociados; 2) Crear capacidades; y 3) Incrementar el conocimiento sobre la importancia de los arrecifes de coral y los servicios ambientales que prestan. A pesar que las decisiones de la ICRI no son vinculantes entre sus integrantes, éstas han sido cruciales a la hora de resaltar la importancia de los servicios ambientales que los arrecifes de coral y sus ecosistemas relacionados proporcionan para garantizar sostenibilidad ambiental, seguridad alimentaria, así como bienestar social y cultural. Documentos de Naciones Unidas retoman y mencionan el trabajo de la ICRI, con lo cual se reconoce su labor de cooperación en la arena internacional. El trabajo de AIDA no es ajeno a este contexto. Una de las metas de su Programa de Biodiversidad Marina y Protección Costera es lograr que los arrecifes de América Latina estén legalmente protegidos y sean manejados de tal manera que se asegure su integridad biológica. Por ello decidimos solicitar la membrecía a la ICRI y formar parte de esta plataforma de diálogo. Con nuestra participación en Belice, buscamos identificar oportunidades para expandir nuestro trabajo a países de alta prioridad e islas del continente americano. También consideramos importante poner a consideración de la ICRI nuestro expertise en derecho internacional y las alianzas con nuestras organizaciones participantes para incorporar el tema legal a la discusión de la Iniciativa. Existen en ella comités ad hoc muy interesantes. Nos interesó particularmente el de valoración económica de los servicios ambientales de los arrecifes y ecosistemas adyacentes, el cual aborda además la compensación; y el comité de aplicación de la ley, mismo que realiza investigaciones sobre la valoración de evidencia y la estandarización de las normas en los diversos países. Colombia, Costa Rica, Granada y Panamá —así como la Asociación de Servicios Ecosistémicos Marinos (MESP por sus siglas en inglés) — se sumaron como integrantes de la ICRI durante la reunión en Belice. En el encuentro se hizo la presentación formal de la Estrategia Regional para el Control del Pez León [1] Invasor en el Gran Caribe, liderada por el representante de México ante la ICRI, Ricardo Gómez. Por otro lado, la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN) presentó la publicación Status y Tendencias de los Arrecifes de Coral del Caribe (Status and Trends of Caribbean Coral Reefs: 1970-2012), editado por Jeremy Jackson, Mary Donovan y otros. En ese documento se estudian patrones de cambio en los arrecifes como la sobrepesca, la contaminación costera, el calentamiento global y las especies invasoras, entre otros. El análisis concluye que la sobrepoblación turística y la sobrepesca son los dos principales indicadores del decline de la cobertura de coral en los últimos 40 años. La contaminación costera se ha incrementando indudablemente, pero no se tienen datos específicos para realizar una estimación al respecto. El calentamiento global es una amenaza, aunque de importancia limitada y local por ahora. A raíz del estudio, los delegados de la ICRI aprobaron una Recomendación para exhortar a los países a prohibir todo tipo de arte de pesca de pez loro en arrecifes de corales (en inglés) y ecosistemas adyacentes, y proveer de alternativas económicas a los pescadores afectados. También se impulsó una propuesta para incrementar los acuerdos de co-manejo entre gobiernos y sociedad civil. En la reunión se habló además de una simplificación y estandarización del monitoreo de arrecifes y de hacer disponibles los resultados una través de una base de datos anual que facilite el manejo adaptativo. Ello estaría acompañado de un intercambio de datos para que los manejadores locales se beneficien de las experiencias de otros. En el cierre del evento, se revisó el Plan de Acción (en inglés) de la ICRI y tuvo lugar la ceremonia de traslado del Secretariado a Japón y posiblemente a Tailandia, quienes tendrán a su cargo la administración de la ICRI a partir de 2014. Disfruté mucho de la compañía y del trabajo en equipo de mi colega y amiga Haydée Rodríguez, asesora legal de AIDA, con quien me comunico a diario, aunque no la vea físicamente. Me gustó mucho discutir aspectos científicos y de manejo con expertos en áreas marinas protegidas de distintos países. Pese a que se enfrentan a problemas similares, éstos se resuelven de diferente forma y las soluciones no siempre son replicables. Desde mi perspectiva, el mayor reto para la ICRI es el financiamiento de la plataforma. También me parece importante invitar a nuevos integrantes para que exista mayor representatividad tanto de los gobiernos como de los demás sectores: científicos y sociedad civil. Ver post El Pez León y la necesidad de combatir especies invasoras(20-noviembre-2012)
Leer másCorte Federal de Brasil falla en favor del escrutinio público de los préstamos del BNDES
Decisión sin precedentes llama a la transparencia en el uso del dinero de los contribuyentes, sostienen los críticos. Río de Janeiro, Brasil. Una Corte Federal de Apelaciones de Rio de Janeiro (TRF-2) decidió que el Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES) debe divulgar los informes técnicos utilizados para justificar la aprobación de grandes préstamos. La decisión de la Corte fue producto de una demanda interpuesta en 2011 por Folha de São Paulo, uno de los periódicos brasileños más importantes, después de que el BNDES se negara a brindar acceso a los “informes analíticos” elaborados por el personal del banco para evaluar préstamos mayores a 100 millones de reales (46 millones de dólares) aprobados entre enero de 2008 y marzo de 2011. Los informes analizan la situación de los potenciales prestatarios, la justificación para otorgar el financiamiento y los riesgos crediticios de las operaciones propuestas. A pesar de su status de institución financiera pública, financiada en última instancia por los contribuyentes brasileños, el BNDES se ha negado a publicar estos documentos, amparándose bajo legislación federal relativa al secreto bancario (Ley Complementaria no. 105/2001). El año pasado, un juez federal de Rio de Janeiro, Dario Ribeiro Machado Junior, falló parcialmente en favor de la demanda de Folha de São Paulo, autorizando la divulgación de informes sobre los préstamos del BNDES a empresas públicas, pero no sobre operaciones que involucran compañías privadas. El periódico apeló la decisión ante el TRF-2 solicitando la divulgación de todos los documentos, mientras que el BNDES apeló reclamando que los informes de las operaciones de préstamo permanecieran confidenciales. La semana pasada, en una decisión de 2 a 1, la Corte de Apelaciones determinó que los informes de las operaciones de crédito del BNDES solicitados por Folha de São Paulo deben ser públicos, exceptuando la “información bancaria y fiscal de los prestatarios”. Se espera que el BNDES apele ésta decisión. Al emitir su voto, la jueza Carmen Silvia Lima de Arruda del TRF-2 concluyó que Folha de São Paulo tiene el derecho constitucional, reconocido en una decisión previa de la Corte Suprema, de solicitar la divulgación de documentos del BNDES que ilustren los criterios para la aprobación de créditos. La decisión de Arruda sostiene que “en realidad, el BNDES no publica ninguna información relevante de los análisis efectuados por sus departamentos técnicos para determinar la oportunidad y conveniencia del otorgamiento de créditos. La ausencia de publicidad en relación con dichos criterios en operaciones del BNDES revelan un sistema planificado de oscurantismo”. En esa misma línea, el juez Guilherme Couto de Castro del TRF-2 argumentó en su voto que los documentos del BNDES en relación con operaciones de crédito son “esenciales y de interés público incuestionable, y no deben haber impedimentos para divulgar esta información”. El juez también señaló que un objetivo no declarado del BNDES al denegar el acceso público a los documentos sobre los préstamos, es evitar la divulgación de “favores brindados a los amigos del rey”. Esta desconfianza refleja una creciente controversia sobre la marcada tendencia al interior del BNDES de favorecer a un grupo selecto de poderosos actores corporativos multinacionales brasileros en su cartera de préstamos, y la ausencia de divulgación de los riesgos en la aprobación de préstamos y riesgos crediticios. Un ejemplo particularmente notorio tiene que ver con el magnate minero y petrolero Eike Batista, el llamado ‘campeón nacional’ de las administraciones Lula y Rousseff, quien fue el beneficiario de 10.4 billones de reales (4.175 billones de dólares) en préstamos de bajo interés. Una vez Batista, el individuo más acaudalado de Brasil, cayó en desgracia drásticamente en 2013 cuando una serie de proyectos empresariales de alto riesgo no produjeron las ganancias esperadas por el billonario, se generó una alarma generalizada sobre la falta de un sistema efectivo para manejar los riesgos asociados con préstamos en el BNDES. La decisión del TRF-2 retomó la opinión de la Oficina Federal de Procuradores Públicos (Ministerio Público Federal - MPF). En un documento firmado por el Procurador Federal Luis Pereira Claudio Leiva, el MPF alegó que la transparencia es un elemento esencial en las operaciones del BNDES, dado que es una institución financiera pública financiada por los contribuyentes brasileños que debería estar financiando proyectos de interés público. "Las actuaciones del BNDES merecen severas críticas por ser producto de intereses políticos, con criterios difusos que llegan al extremo de complacer el incumplimiento de los prestatarios y concesionarios”, sostuvo. “Esta sentencia es una victoria para la transparencia. El banco usa el dinero de los contribuyentes para respaldar algunos de los préstamos más riesgosos en Brasil y en el extranjero, y los costos de muchos de estas inversiones terminan siendo asumidos por el público” dijo la abogada brasileña Maíra Irigaray Castro de Amazon Watch. “El BNDES debe abrir sus libros al público brasilero. Esa es la única manera de garantizar que los fondos de los contribuyentes sean usados correctamente”. En Noviembre de 2011, el Congreso brasilero aprobó una ley sobre acceso a la información pública (Ley Federal 12.527/2011) en el contexto de una iniciativa voluntaria conocida como Colaboración para un Gobierno Abierto[1], que permite a los individuos solicitar información a las instituciones gubernamentales, la cual debe ser revelada a menos que exista una justificación sobre la necesidad de mantener confidencialidad. Desde hace mucho tiempo, las organizaciones de la sociedad civil han abogado por la transparencia en los préstamos otorgados por el BNDES en Brasil y en otros lugares, reclamando que el público tiene el derecho de monitorear el uso del capital obtenido de los contribuyentes brasileros. Algunos proyectos controversiales han merecido una atención particular, tal como la mega represa de Belo Monte en la Amazonía brasileña, generosamente financiada por un paquete de préstamos sin precedentes de 25.5 billones de reales (11.6 billones de dólares). A pesar de la nueva legislación, el BNDES ha rechazado sistemáticamente las solicitudes de acceso a la información en aspectos claves de sus operaciones crediticias, así como sobre el análisis de los riesgos sociales, ambientales y económicos. “Esta decisión del TRF-2 es una señal positiva del poder judicial brasileño que representa un pequeño e importante paso para la protección de los derechos humanos y la responsabilidad del BNDES en sus operaciones. Las inversiones del Banco en proyectos de desarrollo a gran escala tales como Belo Monte y otras grandes represas en la Amazonía, han tenido serios impactos en el ambiente y en los derechos humanos de las comunidades” dijo María José Veramendi de AIDA. “Belo Monte, por ejemplo tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la falta de protección de las comunidades indígenas afectadas”. Ausencia de transparencia vinculada a la salvaguardas sociales y ambientales deficientes En febrero de 2012, la agencia federal de medio ambiente, IBAMA, multó a Norte Energia, S.A. (NESA), el consorcio de capital público y privado concesionario del complejo Belo Monte, por un total de 7 millones de reales por haber incumplido con la implementación de las acciones requeridas para mitigar los impactos sociales y ambientales del proyecto, conforme a lo estipulado en las licencias concedidas en 2010 y 2011. La multa, en apelación ante el IBAMA, aparentemente no generó ninguna acción concreta por parte del BNDES para abordar el incumplimiento de la legislación ambiental. Durante la implementación de los proyectos financiados por el BNDES, el monitoreo de la legislación ambiental y de derechos humanos, incluyendo el cumplimiento con otras condiciones específicas para los préstamos, ha sido notoriamente deficiente, señalan los críticos. Cuando las violaciones han sido documentadas el BNDES ha fallado en tomar acciones correctivas, incluyendo la suspensión de los desembolsos de los préstamos, a menos que las licencias ambientales sean suspendidas por el IBAMA o una decisión judicial. De acuerdo con Brent Millikan de International Rivers, la suspensión de las licencias ambientales es poco probable, dado el alto nivel de intervención al interior del IBAMA y el poder judicial. El número de acciones públicas impetradas contra los proyectos financiados por el BNDES por violaciones de los derechos de las comunidades afectadas, de los derechos laborales en los sitios de construcción y de la legislación ambiental se ha vuelto un foco de atención en Brasil. Un estudio publicado recientemente por las revistas de investigación Agência Pública y O ECO identificó un total de 80 acciones presentadas por Procuradores Públicos estatales y federales contra 17 de 20 grandes proyectos de infraestructura financiados por BNDES en la Amazonía brasileña entre el 2008 y el 2012. De acuerdo con el informe las motivaciones más comunes para las demandas incluyen evaluaciones de impacto ambiental defectuosas, ausencia de consulta previa con las comunidades afectadas, ausencia de cumplimiento con las condicionantes de las licencias ambientales y violaciones de los derechos de los trabajadores en los sitios de construcción, incluyendo condiciones inseguras de trabajo que contribuyen a muertes accidentales. El “campeón” entre los proyectos de infraestructura bajo litigio es Belo Monte, con 21 demandas presentadas por más de una década. En septiembre el Ministerio Público Federal (MPF) presentó una demanda que incluía al BNDES como co-demandado con Norte Energia y el IBAMA, alegando una falencia crónica de evaluar y mitigar los impactos ambientales sobre el pueblo indígena Xikrin que vive cerca del sitio de construcción de la represa en el río Xingu. Para mayor información: Leer el comunicado de prensa del Ministerio Público Federal (en portugués) Leer el artículo en Folha de São Paulo sobre la demanda (en portugués) Artículo relacionado con la decisión del TRF-2 (en portugués) Leer el artículo de Bloomberg “Batista Collapse Has Prosecutors at BNDES's Door” (en inglés) Ver el artículo de los periodistas de investigación sobre las acciones civiles contra los proyectos de infraestructura en la Amazonía brasileña financiados por el BNDES (en portugués) Ver el comunicado de prensa del MPF sobre la nueva demanda por las violaciones a los derechos del pueblo indígena Xikrin y la legislación ambiental en Belo Monte, incluyendo al BNDES como demandado (en portugués): [1] http://www.opengovpartnership.org/
Leer másRepresas y minas amenazan derechos indígenas: Recomendaciones de un experto en derechos humanos de la ONU
Por Jessica Lawrence, anapsta investigadora de Earthjustice Una de las metas constantes de Earthjustice y de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) ha sido alertar a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en tribunales nacionales y foros internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre violaciones ambientales y de derechos humanos asociadas con minas y represas. Los pueblos indígenas son particularmente vulnerables a los efectos nocivos que las industrias extractivas y energéticas tienen en sus territorios. El pasado abril, Earthjustice y AIDA proporcionaron evidencia de esos daños, así como recomendaciones acerca sobre cómo evitarlos, al experto en derechos indígenas de la ONU James Anaya, quien recientemente pubpcó un informe sobre las industrias extractivas y energéticas y los pueblos indígenas. Los comentarios (en inglés)de Earthjustice y AIDA se enfocaron en el cierre de minas, describiendo cómo el inadecuado cierre, restauración o monitoreo puede causar una contaminación ambiental severa y de largo plazo, y violar derechos humanos e indígenas. Identificamos las medidas que los países pueden adoptar para prevenir esos problemas, incluyendo la promulgación de leyes estrictas sobre la responsabipdad de los operadores mineros, y la exigencia de que éstos brinden garantías financieras para asegurar una adecuada pmpieza durante y después del cierre de una mina. Dichas medidas pueden ayudar a proteger los derechos humanos a la salud, al agua potable y a un ambiente sano, así como los derechos indígenas a la cultura, apmentación y medios de subsistencia, sus tierras y recursos naturales. El informe de Anaya incluye una serie de recomendaciones que tienen imppcaciones ambientales y de salud. Las recomendaciones clave incluyen: Garantizar el derecho de las comunidades indígenas a oponerse a proyectos extractivos y energéticos sin miedo a represapas, violencia o consultas coercitivas. Si un gobierno decide continuar un proyecto sin su consentimiento, las comunidades indígenas deben ser capaces de impugnar esa decisión ante las cortes. Las Evaluaciones de impacto ambiental rigurosas deben ser una precondición. Las comunidades indígenas deben tener la oportunidad de participar en esas evaluaciones, y tener acceso total a la información recabada. Los gobiernos deben garantizar la objetividad de las evaluaciones de impacto, ya sea a través de revisiones independientes o asegurando que las evaluaciones no son controladas por los promotores del proyecto. Las medidas para prevenir los impactos ambientales, particularmente aquellas que impactan en la salud o la subsistencia, deben incluir monitoreos con la participación del púbpco, así como medidas que aborden el cierre del proyecto. Si los gobiernos y los operadores de los proyectos siguieran las recomendaciones de Anaya, se reducirían sustancialmente los daños ocasionados a pueblos indígenas por la conducta frecuentemente vergonzosa e irresponsable de las industrias extractivas y energéticas. AIDA, a quien Earthjustice brinda apoyo significativo, trabaja con comunidades locales para responder ante violaciones a derechos humanos derivadas de las industrias extractivas en todo el hemisferio, incluyendo los casos de la represa Barro Blanco en Panamá, la represa Belo Monte en Brasil, la represa La Parota en México, y las minas en ecosistemas andinos de Colombia.
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