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Bram EbusBuscando justicia para las comunidades afectadas por la represa Hidroituango
El río Cauca es el segundo más importante de Colombia. Las comunidades asentadas en su extensa cuenca dependen del caudal para desarrollar sus actividades económicas, entre ellas la pesca y la agricultura.
Abriéndose paso entre montañas, el río pasa por siete departamentos del país, entre ellos Antioquia, donde se construye la represa Hidroituango, proyecto que ha generado una crisis humanitaria y ambiental sin precedentes.
En mayo de 2018, una falla en la construcción de la hidroeléctrica provocó inundaciones, deslizamientos de tierra, avalanchas y la evacuación de más de 25 mil personas. Ello desnudó la inadecuada evaluación de impactos y la pobre regulación ambiental a las que fue sometido el proyecto y que, de todas formas, fue autorizado.
La violación sistemática de derechos humanos derivada del proyecto ha incluido el uso desproporcionado de la fuerza y una creciente violencia contra las personas afectadas, representadas por el Movimiento Ríos Vivos de Colombia.
Con la construcción de la represa, cuyas obras no han concluido y que todavía no genera energía, se inundó un área de 4.500 hectáreas sin retirar la cobertura vegetal de la zona, lo que está generando emisiones importantes de metano, gas de efecto invernadero que agrava la crisis climática mundial.
A pesar de su inadecuada implementación, el BID Invest, brazo privado del Banco Interamericano de Desarrollo, invirtió millones de dólares en la hidroeléctrica y facilitó la inversión de mil millones de dólares adicionales de otros bancos internacionales.
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Veracruz y nuestra incapacidad de ver a futuro
(Texto publicado originalmente en Animal Político) Quienes están detrás de la ampliación del puerto de Veracruz comparten un mal desgraciadamente común en México y en otras partes del mundo: concebir el desarrollo como una suma de beneficios de corto plazo y cuyo logro requiere vencer todos los obstáculos posibles, incluidos como tales los entornos naturales y las normas que deberían protegerlos. La primera etapa de la ampliación de operaciones del puerto de Veracruz le dará oxígeno a ese estado por 15 o 20 años, aseguró en días pasados Juan Ignacio Fernández Carbajal, director de la Administración Portuaria Integral de Veracruz (APIVER). Por oxígeno, el directivo entiende más ingresos económicos y nuevas fuentes de empleo derivadas del aumento de la capacidad de carga del puerto. Pero su visión de desarrollo, claramente de corto plazo, ignora los beneficios sociales, ambientales y económicos que el Sistema Arrecifal Veracruzano ha brindado y puede seguir brindando por mucho más de 20 años. Hablemos de grandezas. La segunda obra de infraestructura más importante del sexenio en México dañará irreversiblemente el ecosistema de coral más grande del Golfo de México. Los arrecifes de Veracruz brindan oxígeno en un sentido estricto. Los océanos y sus ecosistemas, entre ellos los arrecifes, generan la mitad del oxígeno que se respira en el planeta y absorben casi un tercio del dióxido de carbono proveniente de la quema de combustibles fósiles. Y hay más. Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, los arrecifes de coral proporcionan 17% de todas las proteínas consumidas a nivel mundial, porcentaje que sube a 70% o más para países insulares y costeros. Ello se debe a que albergan a más de 100,000 especies distintas de fauna marina, entre ellas miles de peces comerciales, que comparten el entorno con peces herbívoros, tortugas marinas y tiburones. En buenas condiciones, los arrecifes protegen a poblaciones costeras de tormentas, huracanes y tsunamis, fenómenos agravados por el cambio climático. Su esqueleto absorbe hasta 95 % del impacto de las olas generado por vientos fuertes. Quienes viven en Veracruz se han beneficiado de esa característica. El Sistema Arrecifal Veracruzano, Área Natural Protegida como zona de refugio de flora y fauna desde 1975 y en la categoría de Parque Nacional desde 1992, sirvió como barrera de amortiguamiento para proteger a la ciudad cuando ésta se vio afectada en 2001 por el huracán Karl de categoría cuatro. Pese a ello, en 2012, el gobierno redujo el área del parque, excluyendo del mismo a la mitad del arrecife de Punta Gorda y a la Bahía de Vergara, para permitir la ampliación portuaria. En términos económicos, aquellos priorizados por los promotores de la megaobra, el valor de los servicios ambientales de los arrecifes excluidos del parque, se calcula en aproximadamente 290.5 millones de dólares, cifra que rebasa el beneficio económico directo del nuevo puerto, calculado en alrededor de 85,600 dólares por kilómetro cuadrado. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente afirma que, en general, el valor estimado de los servicios prestados por los arrecifes está entre 100,000 y 600,000 dólares por kilómetro cuadrado. Y recientemente se calculó el valor de existencia de ecosistemas de arrecife de coral, como Cabo Pulmo, en cerca de 332 millones de dólares al año. Cuando hacer las cosas bien no importa “Desgraciadamente, cuando pensábamos que todo ya iba a comenzar, empezamos a tener problema con el tema medioambiental, que eso nos retrasó el proyecto tres años, tres años y medio”, recordó Fernández Carbajal. El problema era la existencia de arrecifes de coral en el sitio concebido para el proyecto. “Si el problema es un parque nacional, pues vamos a quitarlo de esa área para que podamos construir el puerto sin que haya un obstáculo legal para hacerlo”, dice Leonardo Ortiz, investigador de la Universidad Veracruzana en el documental La batalla por los arrecifes veracruzanos, al explicar cómo procedió el gobierno para dar vía libre al proyecto pese a sus riesgos. Según la legislación nacional, en las áreas naturales protegidas sólo es posible realizar las actividades permitidas según su categoría. En el caso del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV), sólo se permiten actividades relacionadas con la protección de sus recursos naturales, el incremento de su flora y fauna, y en general, con la preservación de los ecosistemas y de sus elementos, así como con la investigación, recreación, turismo y la educación. Las actividades portuarias no son compatibles con la categoría de protección ambiental, por ello la misma fue removida de parte del parque. Al hacerlo, el gobierno retrocedió en su obligación de conservar las características naturales de los ecosistemas para las generaciones futuras. Vulneró además sus obligaciones ante la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección de humedales y bajo el cual el PNSAV es Humedal de Importancia Internacional. México debe aplicar las normas para conservar sus ecosistemas y para restaurarlos en caso de daños. Además, en la Manifestación de Impacto Ambiental, la APIVER solicitó de forma fragmentada la autorización para el proyecto, lo cual impide evaluar adecuadamente sus impactos acumulativos a través del tiempo y de forma integral. Además, ese documento no se basó en la mejor información científica posible pues ignoró, por ejemplo, la existencia de un arrecife no emergido en la zona de construcción. Ese documento tampoco contiene medidas de protección para las tortugas marinas, particularmente para la tortuga carey, especie amenazada según la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de Tortugas Marinas. Esa tortuga cumple su ciclo de vida en el parque. Pero la ampliación portuaria fue autorizada sin que la autoridad a cargo requiera un plan de manejo especial para la conservación de esa especie. Asimismo, la autorización no consideró los impactos en los arrecifes de la sedimentación por las obras, el dragado de la Bahía de Vergara y Punta Gorda y del aumento en la cantidad y el tamaño de las embarcaciones en el nuevo puerto. Se ignoró también que, al transportarse mayor cantidad de hidrocarburos, existe un riesgo mayor de derrames en una región ya vulnerable a esos incidentes, los que podrían dañar gravemente arrecifes muy biodiversos y conectados al Corredor Arrecifal del Sureste del Golfo de México. La vulneración de normas y tratados en materia ambiental y de derechos humanos fue denunciada en un amparo presentado por pobladores del área metropolitana de Veracruz, quienes reivindican su derecho a un ambiente sano frente a los impactos del nuevo puerto. La demanda fue asesorada por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y respaldada por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. El desarrollo, bien entendido, de Veracruz ¿pasa necesariamente por la destrucción de arrecifes de más de 10 mil años de antigüedad que garantizan de manera duradera protección frente a embates del clima, turismo, pesca y una gastronomía emblemática? Para una mirada mediocre y de corto plazo, seguramente sí. Pero no para quien piensa a futuro y considera a la naturaleza, no como un obstáculo, sino como el mejor aliado en el sinuoso pero necesario camino del desarrollo sostenible.
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Respaldan demanda de comunidades indígenas contra hidroeléctrica Las Cruces
Como apoyo a la solicitud de amparo presentada por el pueblo Wixárika, AIDA presentó ante la justicia un escrito que evidencia las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y ambiente que el gobierno mexicano vulneró al autorizar el proyecto ubicado en Nayarit. Nayarit, México. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) evidenció, en un escrito (Amicus Curiae) presentado ante el Juzgado Primero de Distrito de Nayarit, las obligaciones internacionales en materia ambiental y de derechos humanos vulneradas por el gobierno mexicano al haber autorizado el proyecto hidroeléctrico Las Cruces. El escrito respalda la demanda de amparo presentada contra el proyecto por miembros del pueblo indígena Wixárika “Las autoridades no han realizado un proceso adecuado de consulta para obtener el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas, y sobretodo no han respetado sus derechos a la libre determinación, autonomía, territorio e identidad cultural y a un ambiente sano”, dijo Camilo Thompson, abogado de AIDA. “Además, pasaron por alto los riesgos de daños a la cuenca del río San Pedro Mezquital y a los manglares que ese caudal alimenta, los de Marismas Nacionales, sitio protegido a nivel internacional”. La hidroeléctrica, promovida por la Comisión Federal de Electricidad, pone en riesgo sitios ceremoniales de los que depende la vida física y espiritual de los pueblos indígenas de la zona: Wixárikas, Náyeris-Coras, Tepehuanos y Mexicaneros. Miembros del pueblo Wixárika presentaron la demanda de amparo contra las autoridades que avalaron el proyecto —la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional del Agua— a mediados del año pasado. En el escrito, presentado por AIDA a comienzos de marzo de este año, se detallan las obligaciones internacionales incumplidas por el Estado mexicano respecto de Las Cruces. Entre ellas están las contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención Ramsar sobre Humedales de Importancia Internacional y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Tras la demanda de amparo, la autoridad judicial dispuso la suspensión de los permisos del proyecto hasta que el proceso concluya y se decida si son válidos. Las autoridades de gobierno han argumentado que el proyecto debe seguir porque es de interés público y que los pueblos indígenas pueden “refuncionalizar su vida espiritual en un contexto modificado por la construcción del proyecto”. Esa postura ignora los derechos de las comunidades, el debido proceso y los riesgos ambientales que afectan el interés público. Ahora la autoridad judicial debe dar continuidad al proceso, confirmar la suspensión y disponer finalmente la cancelación de los permisos del proyecto para salvaguardar los derechos de las comunidades afectadas. “Es necesario que el gobierno mantenga la congruencia entre la protección de los derechos humanos y del ambiente, cancelando los permisos otorgados al proyecto Las Cruces y amparando así los derechos de las comunidades afectadas”, dijo Thompson. “México tiene la oportunidad de fortalecer la tendencia mundial hacia la energía limpia, alejándose de proyectos como las grandes represas que emiten gases de efecto invernadero y agravan el cambio climático”. Consulta más información sobre el tema. Contacto de prensa: Camilo Thompson, abogado de AIDA, +521 9671302346, [email protected]
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Los corales y sus pequeños grandes aliados
Los corales son ecosistemas muy frágiles que además de ser vulnerables ante el cambio climático y la contaminación, entre otras amenazas, deben competir por luz y oxígeno con las macro algas que los cubren. Y, sobre todo en el Caribe, la salud de los corales está en riesgo grave porque están perdiendo a sus mejores aliados: los peces herbívoros, especies que se alimentan de algas y cuya población está disminuyendo debido a la pesca no sostenible. Magie Rodríguez, parte del Programa de Biodiversidad Marina y Protección Costera de AIDA, sabe de la fragilidad de los corales y de la importancia de proteger a estos peces para conservarlos. Actualmente colabora con un proyecto de la organización para la conservación de peces herbívoros en Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Panamá. Conservación de peces herbívoros El pez loro es uno de los grandes residentes herbívoros de los arrecifes de coral. Pasa casi todo el día mordisqueando los corales, limpiándolos de algas. También come corales muertos, aquellos que se desprenden de los arrecifes, para luego defecarlos como arena blanca. También es el principal responsable de que el buceo por esos entornos sea una experiencia tan colorida. Cada especie de pez loro, hay más de 90, tiene un esquema de color diferente. Además, estos peces cambian sus atuendos extravagantes al crecer. Lucen de una manera cuando son bebes y de otra al ser adolescentes y luego adultos. “Una de las claves de la pesca sostenible es capturar peces adultos, que ya se han desarrollado y reproducido, pero lo que se está haciendo en el Caribe es pescar peces loro jóvenes”, explica Magie. Aunque no son especies comerciales, los peces herbívoros están siendo capturados porque no hay nada más que pescar en la zona, cuya población tiene en la pesca su principal medio de ingresos y alimentación. Esa actividad se ha llevado a cabo de forma irresponsable, causando que las poblaciones de peces comerciales disminuyan drásticamente y, como consecuencia, también las de herbívoros. Asimismo, las herramientas usadas para la pesca son redes de enmalle y anzuelos, que causan muchas capturas incidentales, es decir que animales marinos que no son objeto de la pesca sean también capturados. Se usan también arpones o trampas de pesca, las cuales evitan que los peces más jóvenes escapen y continúen su ciclo de vida. Los peces cirujanos son peces tropicales muy bonitos y otras víctimas de la pesca irresponsable en el Caribe. Son pequeños y tienen dientes afilados con los que mastican las algas que pueden ahogar a los corales. Muchos ejemplares viven en cautiverio porque son muy codiciados para acuarios caseros. La especie saltó a la fama con Dory, la protagonista de la secuela del film Buscando a Nemo y que aumentó la demanda del pez cirujano para acuarios. La situación es parecida para el pez damisela, especie pequeña y colorida que también juega un papel clave en la salud de los corales. Hace las veces de jardinero, ahuyentando a las macro algas para ayudar al crecimiento de otras algas más pequeñas de las que se alimenta. Estrategias de conservación El proyecto de AIDA para la conservación de peces herbívoros en el Caribe, cuenta Magie, está en una fase inicial. Su objetivo es la implementación de estrategias diversas en los países escogidos, no sólo prohibiciones de pesca, sino también la adopción general de herramientas de pesca sostenible que tengan en cuenta el componente turístico de los corales. “Es necesario conseguir la recuperación no únicamente de las poblaciones de peces herbívoros, sino también las de especies comerciales, traer de vuelta el equilibrio”. El proyecto contemplará además estrategias adecuadas de manejo de aguas residuales, educación de consumidores y un trabajo conjunto con gobiernos, ONG, universidades y científicos. Los corales son, entre cosas, fuente de ingresos económicos y alimentos para comunidades costeras que viven de la pesca y el turismo. Y son barreras naturales contra tormentas y huracanes. “Ellos hacen mucho por nosotros y nos corresponde cuidarlos. Lo mejor que podemos hacer para mantenerlos sanos es proteger a los peces herbívoros”, dice Magie convencida.
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