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Foto: Anna Laurie Miller / AIDAConservando la Ciénaga Grande de Santa Marta
Con sus 45,000 hectáreas, la Ciénaga Grande de Santa Marta es la laguna costera más grande y productiva de Colombia. Allí el río Magdalena y el mar Caribe se funden. El sitio alberga una gran variedad de fauna —mamíferos, aves y peces— y flora. En su extremo sur posee un bello santuario compuesto por manglares, pantanos y bosques anfibios.
Construidas sobre las aguas tranquilas de la ciénaga y apoyadas en pilares o simples estacas de madera, están las casas de sus famosos pueblos palafíticos, habitados por pescadores desde 1800. Los más de 2,500 pobladores del lugar han visto morir los peces a causa de la degradación de la ciénaga y, al vivir en un sitio al que solo se accede por el agua, tienen pocas oportunidades laborales además de la pesca. Lo que muchos de nosotros damos por sentado, para ellos es un lujo: servir un vaso con agua o llegar a un médico en 20 o 30 minutos.
Pese a su relevancia ecológica, la Ciénaga Grande sufre actualmente un deterioro ambiental grave a causa de actividades humanas. A comienzos de diciembre de 2014, autoridades colombianas dieron cuenta, mediante fotos áreas, de las actividades ilegales que están destruyendo el lugar: incendios forestales provocados, deforestación de grandes extensiones de terreno para la agricultura y la ganadería, tala y quema de mangle, y 27 kilómetros de diques construidos ilegalmente.
El impacto de la destrucción es global ya que los manglares de la ciénaga capturan grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera, apoyando la lucha mundial contra el cambio climático.
El complejo lagunar de la ciénaga fue declarado Reserva del Hombre y la Biosfera por la Unesco. Y el Santuario de Flora y Fauna Ciénaga Grande de Santa Marta es Parque Nacional y Humedal de Importancia Prioritaria Internacional bajo la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección de ese tipo de ecosistemas.
AIDA y sus socios abogan para que el Gobierno colombiano cumpla sus obligaciones nacionales e internacionales de proteger la Ciénaga Grande. Después de todo, una gran variedad de flora y fauna, las comunidades locales y el clima mundial dependen de ello.
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Los Riesgos de la Expansión Salmonera en la Patagonia Chilena
En Chile, la industria salmonera ha crecido rápidamente en los últimos 20 años, a menudo a expensas del medio ambiente, como ha ocurrido en las regiones de Los Lagos y Aysén, donde las granjas de salmón se han establecido firmemente. En búsqueda de aguas más prístinas, la industria se está instalando ahora en las últimas costas vírgenes del país, en la región de Magallanes, al sur de la Patagonia. La expansión se está llevando a cabo sin pruebas científicas o estudios serios para limitar la producción a la capacidad de las aguas. Ello podría tener consecuencias catastróficas para los ecosistemas locales, algo que ha generado preocupación entre organizaciones ambientales. El presente informe, elaborado para AIDA por el biólogo Héctor Kol, con el apoyo de la Fundación Waitt, tiene como objetivo contribuir al entendimiento de los daños actuales y potenciales que la producción industrial de salmón implica para Magallanes. Con esto, se busca también contribuir a la protección efectiva del ambiente acuático-marino de la Región, usando las herramientas legales existentes. El documento presenta un análisis detallado de la situación de la granjas de salmón en Magallanes, respondiendo a las siguientes preguntas: ¿cuántas existen?, ¿dónde están? ¿cuánto producen y en qué condiciones lo hacen? El estudio abarca los proyectos de granjas ya autorizados por el gobierno y aquellos cuyos permisos están en trámite. El total fue dividido por sectores geográficos para facilitar el análisis. La información de cada proyecto incluye mapas de ubicación y estimaciones de la cantidad de desechos que dejan en las aguas donde están instalados, aspecto clave para determinar sus impactos en la vida marina. De ese modo, el autor ilustra la magnitud del problema. El informe contiene además información básica del proceso de autorización de este tipo de proyectos y de la regulación existente para el sector, así como anexos con documentos científicos y legales sobre cada proyecto. El análisis permite arribar a conclusiones importantes, entre las que están las siguientes: De los 261 proyectos analizados, poco menos de la mitad han sido ya autorizados y el resto podría conseguir sus permisos en el corto y mediano plazo. Ello muestra el rápido avance de la industria en la región y alerta sobre la necesidad de un monitoreo constante, sobre todo de las condiciones ambientales y sanitarias con las que opera. De los 126 proyectos autorizados, solo 35 (equivalentes al 25% del total) están operando efectivamente. Existen, en un mismo sector geográfico y sin una fundamentación que lo explique, grandes diferencias en la producción y la cantidad de desechos que el gobierno autorizó para diferentes subsectores. Ello evidencia la falta de una evaluación científica que garantice que las aguas pueden recibir la cantidad de desechos autorizados. Más de la mitad de los proyectos que están actualmente en operación, han generado la falta total o parcial de oxígeno en las aguas, lo que afecta gravemente la vida marina. Más grave aún es que al menos nueve de ellos están ubicados en áreas naturales protegidas. Lo anterior demuestra que, antes de otorgar permisos de operación, no se realizaron estudios adecuados para asegurar que la capacidad de las aguas no sea rebasada por la cantidad de peces autorizada para la crianza. Significa también que los proyectos no son sometidos a procesos apropiados de evaluación ambiental. No se cuenta con información ambiental sobre todos los proyectos autorizados, lo cual impide determinar con mayor precisión los daños potenciales de la industria del salmón en Magallanes. En suma, el estudio concluye que ni el Estado ni las empresas salmoneras han hecho lo suficiente para evitar que los daños ya ocasionados por la industria en otras regiones de Chile, se repitan ahora en una de las zonas más prístinas del país. Consulta y descarga el informe completo MAPA: Proyectos de salmonicultura divididos por sector geográfico Íconos y polígonos rojos: proyectos con concesión acuícola otorgada, Proyecto Técnico aprobado y evaluación ambiental disponible (104 en total). Íconos blancos y polígonos rojos: proyectos con concesión acuícola otorgada y Proyecto Técnico aprobado, pero sin RCA (Resoluciones de Calificación Ambiental) ni información ambiental disponible (22 en total). Íconos y polígonos amarillos: proyectos en trámite, sin concesión acuícola aprobada, pero con Proyecto Técnico aprobado (10 en total). Íconos y polígonos verdes: proyectos en trámite, sin concesión acuícola aprobada y sin Proyecto Técnico aprobado, pero considerados viables por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (124 en total). View larger map
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Pronunciamiento por el asesinato de la defensora ambiental y de los derechos humanos Guadalupe Campanur Tapia
A LA COMUNIDAD INDÍGENA DE CHERÁN MICHOACÁN A LA OPINIÓN PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL MEDIOS DE COMUNICACIÓN Las 37 organizaciones reunidas en el ENCUENTRO DE DEFENSORES Y DEFENSORAS DEL TERRITORIO repudiamos el asesinato de nuestra compañera Guadalupe Campanur Tapia, quien luchó por la defensa del bosque de Cherán, la construcción de su autonomía y la implementación del gobierno por usos y costumbres en esta comunidad indígena del estado de Michoacán. Responsabilizamos a los diferentes órdenes de gobierno que con sus acciones y omisiones son también partícipes de este hecho. Exigimos la verdad sobre este asesinato, justicia y castigo a los responsables. Estamos convencidos de seguir el ejemplo de nuestra compañera y continuar en la lucha por la defensa de la vida y contra los proyectos de muerte. ¡NI UNA DEFENSORA NI DEFENSOR ASESINADO MÁS! ¡RESPETO A LOS DERECHOS Y SOBERANÍA DE LOS PUEBLOS DE MÉXICO! ORGANIZACIONES FIRMANTES: Fondo Acción Solidaria, AC (FASOL) Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) Fundación Semillas de Vida – UNITONIA Asamblea Veracruzana de Iniciativas en Defensa de la Vida (VIDA) Molimiento de Afectados por Represas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (CESDER). Movimiento Ciudadano en Defensa de La Loma. Consejo Indígena Nayeri Pobladores, A.C. Defensores de la Cuenca Antigua Alianza de Comunidades en Defensa del Río Bobos-Nautla y Tecolutla. Frente Ciudadano en Defensa del Agua y La Vida. Ciudadanos Unidos por San Blas Comité Ixtepecano en la Defensa de la Vida y el Territorio Geocomunes Red para la Protección del Ambiente y el Territorio de Quintana Roo. Colegio de Ciencias Ambientales de Solidaridad Federación de Cooperativas Pesqueras “Pescadores Siglo XXI”. SCPP "Enrique Atondo Favela" Maderas del Pueblo del Sureste, A.C. C.I. Repechique. C.I. San Ignacio, Chihuahua Alianza Jaguar C.I. Loma de Bakum Evolución Civil 2050 Consejo para la Seguridad Transparencia y Buen Gobierno de Puerto Vallarta Alianza por la Costa Verde de Jalisco C.I. Nuevo San Juan Parangaricutiro Mipaltik
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Ocho temas claves para la agenda ambiental de Colombia en 2018
Para Colombia, el 2017 fue un año marcado por el debate en torno al derecho de las comunidades de ser consultadas sobre decisiones que afecten sus territorios y ecosistemas. Lo vimos con la organización de consultas populares y movilizaciones que cuestionaron proyectos mineros y de fracking y, en suma, la continuidad del modelo extractivista. Fue evidente además con la decisión de la Corte Constitucional, uno de los máximos tribunales del país, del máximo tribunal del país, de invalidar la delimitación del páramo de Santurbán, fuente de agua para millones, porque la decisión gubernamental no tomo en cuenta a la población. Por otro lado, el país se unió al debate global acerca del cambio climático y la necesidad de promover un desarrollo económico libre de combustibles fósiles. Ahora bien, en 2018, frente a las elecciones presidenciales y ante la implementación de los acuerdos de paz, la participación ambiental, la autonomía territorial y el fracking se muestran como temas especialmente importantes para el año que inicia. A continuación, ocho temas que considero claves para la agenda ambiental del 2018: Participación ambiental: Las consultas populares, como expresión de comunidades empoderadas y en búsqueda de decidir respecto de proyectos que les afecten, seguirán teniendo un lugar privilegiado en el debate público. Autonomía territorial: Aunque reconocida constitucionalmente, la facultad de los departamentos y municipios de gobernarse de forma autónoma en diversos ámbitos, incluido el ambiental, no está del todo definida. Quedan por responder preguntas como ¿quién debe decidir? y ¿sobre qué se puede decidir? Autoridades indígenas: Siguiendo la línea del punto anterior, la autonomía y el nivel de decisión de las autoridades indígenas con relación a temas ambientales dará mucho que hablar este año. Fracking: La pregunta clave es: Frente a la expansión de esa técnica en la región ¿adoptará Colombia la postura de organizaciones sociales sobre la aplicación del principio de precaución para evitar los daños al ambiente y a la salud humana asociados al fracking? Descarbonización: Como país productor, ¿se sumará Colombia a la tendencia iniciada por Francia, Reino Unido e Italia, naciones que firmaron recientemente una alianza para cerrar las centrales de carbón antes de 2030 y cumplir así con el acuerdo climático de París? La Niña: Las lluvias y vientos fuertes del fenómeno climático de La Niña retornarán al país este año. Las acciones adecuadas para mitigar el riesgo serán fundamentales, al igual que la aplicación de las lecciones aprendidas el 2010, cuando el fenómeno dejó cientos de muertes y pérdidas millonarias. Páramos: A partir de la decisión de la Corte Constitucional sobre la delimitación del páramo de Santurbán, este año promete estar lleno de controversias sobre la nueva delimitación de ese entorno y acerca de la participación de las comunidades en la demarcación del resto de los páramos colombianos, medida orientada a su protección frente a proyectos nocivos como los mineros. Principio 10: La negociación de un acuerdo regional sobre el acceso de toda persona a la información, a la justicia y a la participación pública en temas ambientales, aún está en marcha. El acuerdo busca la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, clave para garantizar el derecho a un ambiente sano y sostenible de las generaciones presentes y futuras. Desde AIDA, y a través de la Red por la Justicia Ambiental en Colombia, seguiremos promoviendo este año soluciones a los conflictos ambientales en el país con base en la aplicación efectiva de las normas nacionales e internacionales.
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