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Foto: Anna Laurie Miller / AIDAConservando la Ciénaga Grande de Santa Marta
Con sus 45,000 hectáreas, la Ciénaga Grande de Santa Marta es la laguna costera más grande y productiva de Colombia. Allí el río Magdalena y el mar Caribe se funden. El sitio alberga una gran variedad de fauna —mamíferos, aves y peces— y flora. En su extremo sur posee un bello santuario compuesto por manglares, pantanos y bosques anfibios.
Construidas sobre las aguas tranquilas de la ciénaga y apoyadas en pilares o simples estacas de madera, están las casas de sus famosos pueblos palafíticos, habitados por pescadores desde 1800. Los más de 2,500 pobladores del lugar han visto morir los peces a causa de la degradación de la ciénaga y, al vivir en un sitio al que solo se accede por el agua, tienen pocas oportunidades laborales además de la pesca. Lo que muchos de nosotros damos por sentado, para ellos es un lujo: servir un vaso con agua o llegar a un médico en 20 o 30 minutos.
Pese a su relevancia ecológica, la Ciénaga Grande sufre actualmente un deterioro ambiental grave a causa de actividades humanas. A comienzos de diciembre de 2014, autoridades colombianas dieron cuenta, mediante fotos áreas, de las actividades ilegales que están destruyendo el lugar: incendios forestales provocados, deforestación de grandes extensiones de terreno para la agricultura y la ganadería, tala y quema de mangle, y 27 kilómetros de diques construidos ilegalmente.
El impacto de la destrucción es global ya que los manglares de la ciénaga capturan grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera, apoyando la lucha mundial contra el cambio climático.
El complejo lagunar de la ciénaga fue declarado Reserva del Hombre y la Biosfera por la Unesco. Y el Santuario de Flora y Fauna Ciénaga Grande de Santa Marta es Parque Nacional y Humedal de Importancia Prioritaria Internacional bajo la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección de ese tipo de ecosistemas.
AIDA y sus socios abogan para que el Gobierno colombiano cumpla sus obligaciones nacionales e internacionales de proteger la Ciénaga Grande. Después de todo, una gran variedad de flora y fauna, las comunidades locales y el clima mundial dependen de ello.
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La Oroya: Una década de lucha y espera por justicia
Desde el día en que nació, Isabel* ha respirado aire tóxico. En los 13 años de su joven vida, ha tenido metales pesados en la sangre.Su ciudad natal, La Oroya, una pequeña comunidad en los Andes peruanos, fue catalogada en 2007 como uno de los lugares más contaminados del mundo. Un complejo metalúrgico ha operado ahí por cerca de un siglo, con muy poca regulación y sin brindar atención a la salud.Los niños como Isabel son los que más sufren por la contaminación tóxica. Sus cuerpos y cerebros en desarrollo son extremadamente vulnerables al plomo y otros metales pesados, los cuales inhiben el crecimiento y suelen provocar daños permanentes.Casi todas las niñas y niños de La Oroya tienen metales pesados en su sangre en niveles que superan los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, muchos residentes sufren enfermedades respiratorios crónicas.Los problemas de salud de la población son resultado directo de la indiferencia por el ambiente de la empresa a cargo del complejo y de quienes viven alrededor del mismo. Y la responsabilidad del Estado peruano yace en su inacción. Es por ello que un grupo de residentes se unió para luchar por la salud de sus hijas e hijos, y por el futuro de la ciudad.El padre de Isabel, Pablo, ha sido uno de los voceros de la lucha de la comunidad contra el gobierno y la empresa estadounidense responsable de contaminar su aire, sus tierras e incluso su agua. No ve otro camino más que continuar en la lucha."¿Qué tipo de mundo dejaremos a nuestros hijos si no defendemos nuestra tierra, si no defendemos nuestra biodiversidad?”, dijo recientemente Pablo en una entrevista. Un grupo de 65 residentes se unieron como peticionarios en un caso que AIDA y otras organizaciones llevaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace 10 años. Desde entonces, 14 personas más han agregado sus nombres a la queja; cuatro han muerto. Hoy, todavía esperan por justicia.En 2007, la Comisión otorgó medidas cautelares, por las cuales solicitó al Estado peruano adoptar las medidas pertinentes para diagnosticar a los beneficiarios y brindar tratamiento a quienes están en una situación de peligro de daño irreparable.Desde entonces, aunque la calidad del aire en La Oroya ha mejorado, el mismo sigue siendo contaminado y el sistema de salud solicitado aún es lamentablemente inadecuado. Hasta ahora, la Comisión no ha presentado su informe sobre los méritos del caso (es decir si hubo o no violaciones a los derechos humanos en el caso analizado). El hallazgo de un mérito incluiría recomendaciones más enérgicas. Si el Estado continuara sin responder, AIDA llevaría el caso a juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.Por ahora, lo único que los peticionarios pueden hacer es esperar un poco más.A pesar de los años, no cesaremos en la lucha hasta que las personas de La Oroya vean justicia. Creemos que su valentía y lucha tendrán impactos más allá de su comunidad al sentar un precedente para casos futuros a lo largo del continente americano. Una victoria establecería, en el ámbito de la legislación internacional, que los daños por contaminación tóxica son violaciones a los derechos humanos.Esto significaría un futuro mejor no sólo para Isabel y La Oroya, sino también para las comunidades donde las empresas, con poca visión al futuro, tiren sus desechos tóxicos.__* El nombre real fue cambiado por protección de privacidad.
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Los anuncios de la Presidenta de Chile en la COP22
Blog invitado de Javiera Valencia Espinoza, geógrafa y especialista en cambio climático, Fundación Terram. Es la tercera vez que la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet asiste a un segmento de alto nivel en la Conferencia de las Partes (COP) de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Es, por ende, la tercera ocasión en la que un primer mandatario de Chile realiza un gesto político que destaca la importancia de contar con un acuerdo mundial para frenar los impactos del cambio climático. El discurso de Bachelet en la COP22 —realizada del 7 al 18 de noviembre en Marrakech, Marruecos— fue propositivo. Mencionó avances importantes, como la entrega de la Estrategia Nacional de Cambio Climático de Recursos Vegetacionales o que el Acuerdo de París ya se encuentra en el Congreso chileno a la espera de su ratificación. También destacó la creación de la Agencia de Cambio Climático (instancia de articulación público-privada que pretende abordar temáticas de adaptación y mitigación), el enfoque de género y protección de la infancia para las políticas públicas relacionadas; y la meta de lograr un 70% de energías renovables al 2050. Asimismo, la Jefa de Estado abordó el liderazgo de Chile en la protección de los océanos —junto con Francia y Mónaco— y su implicancia con el Acuerdo de París. Finalmente, se refirió al avance en la entrega de documentos técnicos a la Secretaria de Naciones Unidas, como la Tercera Comunicación Nacional y el Segundo Reporte Bienal de Actualización. Sin embargo, desde la sociedad civil no sólo agradecemos el correcto discurso, sino que también solicitamos consistencia y coherencia real entre lo que se menciona y lo que se hace a diario. Así, se necesita financiamiento concreto para las medidas adoptadas y para la implementación de las llamadas Contribuciones Nacionales Determinadas (o NDC por sus siglas en inglés), porque también es imprescindible aumentar la ambición de éstas últimas, y además, generar acciones en distintos niveles, especialmente para paliar los efectos el cambio climático a nivel local. En las Conferencias de las Partes, se presentan grandes oportunidades para hacer gestos políticos de importancia, pero necesitamos traducir los buenos discursos en medidas concretas y eficaces, ya que tiempo es de lo que menos disponemos para actuar frente al calentamiento global. La vulnerabilidad de Chile es muy alta y es valorable que la Presidenta señale que nuestro modelo de crecimiento no es sustentable y que necesitamos migrar a una sociedad baja en carbono. El problema es cómo implementarlo, partiendo por la necesaria voluntad de todos los sectores técnicos-políticos de la administración del Estado. La toma de decisiones debe incorporar transparencia —y acceso a la información—, además de una real inclusión de la sociedad civil (no solo privados), especialmente para aquellas medidas que impactan directamente a los territorios, sus comunidades y ecosistemas. Con el Acuerdo de París se abrió un gran espacio para que la toma de decisiones sea respetuosa y con visión de largo plazo para evitar impactos dañinos. Existe una oportunidad para que, desde el compromiso que tiene Chile en la materia, el avance sea propositivo y se elaboren las reformas necesarias para modificar las actuales carencias en materia ambiental, y no seguir cometiendo los mismos errores — “sin dar paso atrás” — como lo mencionó Bachelet en su discurso.
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En la Aldea Mïratu, los Juruna lloran la muerte de Jarliel
Marcelo Salazar, Instituto Socioambiental (ISA) Traducción de AIDA del blog publicado originalmente por ISA Jarliel murió cuando se sumergía a 25 metros de profundidad para pescar. Uno de sus hermanos culpa a la represa Belo Monte por haber llevado a los peces hacia aguas profundas, cuando antes estaban en cascadas o en aguas poco hondas, obligando así a los pescadores a inmersiones más peligrosas. Jarliel Juruna o “Jarla”, de 20 años, murió el 26 de octubre al sumergirse para pescar acari marrom, un tipo de pez. Estaba a unos 25 metros de profundidad cuando dejó de respirar y, ya sin vida, fue jalado a la superficie. Fue una tragedia para la Aldea Mïratu, en la Tierra Indígena Paquiçamba, una tragedia para los Juruna* de la Volta Grande, y una tragedia para el río Xingú, en la Amazonía brasileña. Dejó a sus padres, hermanos, esposa e hijo recién nacido sin saber qué hacer ni a dónde ir, atónitos… En un silencio casi absoluto, Giliarde Juruna, cacique de la Aldea Mïratu y hermano de Jarliel, mantuvo la mirada fija en el bosque detrás de la casa de paja donde está la cocina de la comunidad. Otro de sus hermanos, Jair Juruna, el “Negão”, estaba indignado: “Nunca necesitamos pescar acari en aguas tan profundas, pero con la represa los peces que estaban justo allí, en la cascada y en las aguas poco hondas, desaparecieron, y tenemos familias que mantener. Norte Energía (empresa constructora de la represa) está jugando con nosotros. ¿Dónde están los proyectos productivos? Si las cosas estuvieran funcionando, tendríamos otros trabajos y no arriesgaríamos nuestras vidas para mantener a nuestras familias. Ahora miren los resultados”. Al otro lado del continente, en Perú, Bel Juruna representaba a su pueblo en una reunión con otros líderes indígenas de América Latina. Allí hablaba justamente de la violencia ejercida por Belo Monte sobre su comunidad y sobre el Xingú. Cuando se enteró de la noticia, quedó destrozada. No pudo llegar a tiempo al entierro de Jarliel, su hermano más joven y a quien ayudó a criar. Jarla era un joven alegre y juguetón, muy dedicado, que estaba concluyendo el bachillerato y soñaba con pronto entrar a la universidad. Era uno de los guerreros de su pueblo, estuvo en varias de las ocupaciones pacíficas de la represa Belo Monte para luchar por los derechos de los indígenas del Xingú. Algún día, la historia completa detrás de Belo Monte será contada y los impactos reales de la represa en la vida de las comunidades del Xingú, serán reconocidos. Que Jarla se sume ahora al gran guerrero Mïratu en otro plano y una sus esfuerzos a los de quienes se quedaron en la tierra para luchar contra Belo Monte y contra otras formas de destrucción de las comunidades indígenas y tradicionales del Xingú. *Los dueños del río Los Yudja, o Juruna, como son conocidos en la región, viven en las islas y márgenes del Xingú. Son los “dueños del río” por el gran conocimiento que tienen del caudal y por haber migrado, en los últimos siglos, de la naciente hasta la cabecera. La Aldea Mïratu es una de las aldeas de la Tierra Indígena Paquiçamba, ubicada a poco más de 10 kilómetros por debajo de uno de los embalses de la hidroeléctrica Belo Monte. Este pueblo sufre diferentes impactos, uno de ellos en la actividad pesquera. En colaboración con la Universidad Federal del Pará y el ISA, y con el apoyo de la Fundación Mott, los Juruna realizan un monitoreo independiente de la pesca, el cual revela los daños que esa actividad ha sufrido en los últimos años. Jarliel era uno de las personas que hacía ese seguimiento en la aldea Mïratu.
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