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Contaminación del río Motagua en Guatemala: La búsqueda de justicia ambiental del pueblo maya poqomam

La cuenca del río Motagua, el más extenso e importante de Guatemala, está gravemente contaminada con aguas residuales, desechos sólidos y otro tipo de desperdicios.

La problemática es transfronteriza porque las aguas contaminadas del Motagua desembocan en el mar Caribe, alcanzan las costas de Honduras y amenazan al Sistema Arrecifal Mesoamericano.  

Esto ha vulnerado por décadas los derechos a la salud, al agua, al desarrollo y al ambiente sano de todas las personas que viven en la cuenca.

En junio de 2025, la comunidad maya poqomam de Santa Cruz Chinautla —apoyada por AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— logró una victoria judicial sin precedentes para detener la degradación en la cuenca. Como respuesta al litigio que interpuso, un tribunal guatemalteco ordenó a la municipalidad de Chinautla cumplir una serie de obligaciones para frenar la contaminación de los ríos y suelos de la zona.  

La respuesta gubernamental al fallo se ha limitado al momento a reuniones de mesas técnicas de trabajo. Mientras, la comunidad continúa trabajando para que la sentencia se implemente adecuadamente y realizando otras acciones para defender su territorio y sus derechos. 

 

Antecedentes

Con 486 km de longitud, el río Motagua atraviesa 96 municipios y 14 departamentos de Guatemala. Nace en Quiché, departamento ubicado al noroeste, y desemboca en el mar Caribe.

Las actividades contaminantes ocurren en toda su cuenca, incluyendo subcuencas y microcuencas. El mayor volumen de contaminación proviene de la ciudad de Guatemala, capital del país, transportado por las aguas del río Las Vacas, que a su vez recibe una gran cantidad de desperdicios del río Chinautla.

El río Chinautla, que atraviesa el municipio del mismo nombre, lleva los desechos sólidos de un vertedero ubicado en la Zona 3 capitalina —a donde llega la basura de al menos 14 municipios del departamento de Guatemala—, además de las aguas negras generadas por unas 500 mil personas que viven en la parte norte de la capital y que no reciben ningún tratamiento previo de limpieza.

Otras fuentes de contaminación son los numerosos vertederos ilegales que hay en el municipio de Chinautla, los desechos que vehículos particulares y camiones recolectores descargan a orillas de sus ríos, así como las empresas areneras —que comenzaron a instalarse en el territorio entre 1996 y 1997— cuyas operaciones debilitan las cuencas, haciendo que los desechos sólidos sean arrastrados más fácilmente por los caudales.

Foto: Mayela Sánchez García.

 

La situación trasciende fronteras. El Motagua vierte cada año unas 20 mil toneladas de plástico al mar Caribe, siendo así en uno de los ríos que más contaminación plástica aporta al océano a nivel mundial, según estimaciones contenidas en un informe de 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El caudal confluye en su desembocadura con el Arrecife Mesoamericano, por lo que la contaminación amenaza también con degradar uno de los arrecifes transfronterizos más grandes y biodiversos del planeta, que abarca las aguas territoriales de Belice, Guatemala, Honduras y México.

Además, las aguas contaminadas llegan a las costas de Honduras y se esparcen a la bahía de Amatique, situada a lo largo de la costa oriental de Guatemala, afectando al mar Caribe.

Las raíces de esta problemática crónica y transfronteriza son estructurales. Datos del proyecto Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dan cuenta que en Guatemala el 66% de los desechos sólidos urbanos no se recolectan y no hay garantía de que el 34% restante se elimine adecuadamente. Además, del total de vertederos del territorio nacional, el 88,32% son ilegales o no tienen autorización municipal.

Dicho de otro modo, las causas centrales que combatir son el mal manejo de desechos sólidos y de los recursos hídricos en Guatemala; el incumplimiento de las regulaciones existentes sobre el vertimiento de aguas residuales, disposición y tratamiento de desechos y residuos sólidos; así como la falta de una ley de aguas. 

 

La búsqueda de justicia del pueblo maya poqomam

Los ríos de Santa Cruz Chinautla, comunidad del pueblo maya poqomam, ubicada a tan solo doce kilómetros de la Ciudad de Guatemala, se han convertido en conductos de contaminación que degradan el río Motagua.  

Por décadas, su población ha visto dañada su salud y sus medios de vida —entre ellos la alfarería, una de las principales actividades económicas y fuente de identidad— debido a la falta de gestión de los residuos del municipio de Chinautla y de la zona urbana de la capital del país, así como a las actividades de empresas areneras.

Foto: Mario Winter.

 

Voces por el río Motagua: Olga Vázquez.

Voces por el río Motagua: Nazario Pascual. 

 

A comienzos del año 2000, la comunidad maya se organizó para detener la extracción de arena en su territorio. En ese momento, las empresas tenían licencias mineras que estuvieron vigentes hasta 2021 y 2022. Y, aunque los permisos vencieron, algunas empresas siguieron operando tras solicitar prórrogas. En junio de 2022, las autoridades indígenas del pueblo poqomam iniciaron un plantón de resistencia frente a la empresa Piedrinera San Luis, que mantuvieron por cuatro años.

En julio de 2024, el Relator Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH visitó Santa Cruz Chinautla. Durante su visita, autoridades ancestrales e integrantes de la comunidad expusieron sobre los impactos ambientales, al agua, la salud, la economía y la cultura de la contaminación de sus ríos.

Ese mismo año, en octubre, la comunidad —con apoyo de AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— interpuso un litigio (petición de amparo) contra la municipalidad de Chinautla por la falta de medidas para atender la contaminación de sus ríos y suelos causada por el manejo inadecuado de desechos sólidos y la existencia de vertederos ilegales.  

El equipo científico de AIDA, junto con vecinos y autoridades de la comunidad, recolectó información clave sobre los vertederos ilegales que hay en el territorio. Este ejercicio de ciencia ciudadana sustentó el litigio al visibilizar la gravedad de la contaminación, demostrar el uso continuo de este tipo de práctica y evidenciar el incumplimiento por parte de las autoridades municipales de sus obligaciones legales respecto de la gestión de residuos. 

 

Conoce más de esta experiencia de ciencia ciudadana. 

 

En junio de 2025, la comunidad poqomam obtuvo el respaldo de la justicia guatemalteca cuando un tribunal de amparo ordenó a la municipalidad de Chinautla responder efectivamente a las peticiones del litigio para frenar la contaminación de los ríos y suelos de Santa Cruz Chinautla.

Es la primera vez que un tribunal guatemalteco reconoce el derecho de un pueblo a un ambiente sano y su papel central en la búsqueda de soluciones. 

 

Entérate de los detalles de la victoria judicial. 

 

Situación actual

Desde la emisión de la sentencia, la municipalidad de Chinautla realizó una serie de "mesas técnicas de trabajo" con representantes del gobierno central, de la sociedad civil y de la comunidad. Luego se creó un grupo más pequeño conformado por personas técnicas con la tarea de elaborar un plan de trabajo con metas claras. Han pasado varios meses sin que la municipalidad convoque a las mesas de trabajo.

Por otro lado, en diciembre de 2025, la CIDH advirtió en su informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala que la cuenca del río Motagua enfrenta una severa crisis de contaminación que ha generado impactos profundos en la biodiversidad y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades locales, incluido el pueblo maya poqomam.

Y, en mayo de 2026, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales canceló la licencia de la empresa arenera Piedrinera San Luis por el "incumplimiento de los compromisos ambientales".

AIDA continúa haciendo seguimiento a la ejecución del fallo judicial para garantizar el derecho a un ambiente sano de la comunidad maya poqomam y de todas las personas que habitan en la cuenca del Motagua. Mientras, la población de Santa Cruz Chinautla sigue organizada y movilizada para mejorar su entorno y defender sus derechos.  

Niña frente a un mural contra la contaminación en Santa Cruz Chinautla, Guatemala

Reflexiones para una Bolivia libre de fracking

Texto escrito en el marco de la serie #TRANSFORMAR LA CRISIS, Tomo II. Crisis Ecológica, extractivismo y poblaciones vulnerables de la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) en Bolivia, que se publicará próximamente.   Todo comenzó con un estudio, publicado en 2011 por la Administración de Información Energética de Estados Unidos, que daba cuenta de la existencia de grandes cantidades de hidrocarburos no convencionales en Bolivia. El estudio generó gran expectativa y, dado que los yacimientos de petróleo y gas convencionales se están agotando gradualmente, el fracking se convirtió desde entonces en una amenaza latente para el país. El fracking es una técnica riesgosa, contaminante y costosa. En América Latina, existen cerca de 7.000 pozos de fracking. Su avance en la región —así como las políticas públicas, la normativa y la oposición social al respecto— presenta pocas diferencias y muchos rasgos comunes, siendo uno de ellos la afectación a poblaciones urbanas, rurales, indígenas e incluso áreas protegidas. Bolivia aún está libre de esta técnica. Sin embargo, sin una decisión política para evitarla y sin una población mejor informada sobre sus efectos, el fracking puede volverse una realidad en el país. Un riesgo potencial Bolivia es un país altamente dependiente de los combustibles fósiles. En este contexto, la implementación del fracking es una amenaza latente. En 2013, la empresa estatal YPFB suscribió un acuerdo de cooperación con YPF Argentina para estudiar la potencialidad de hidrocarburos no convencionales. Asimismo, solicitó a las empresas operadoras extraer muestras de la formación geológica Los Monos, en la región del Chaco, para realizar estudios posteriores. Ese mismo año, YPFB Chaco (subsidiaria de YPFB) realizó con el apoyo de Halliburton una “minifractura” en el pozo Ingre X-2, en la formación Tupambi, Chuquisaca. Esta operación habría permitido descubrir petróleo de arenas compactas. Con base en este descubrimiento, YPFB Chaco planteó realizar una fractura completa del reservorio en 2014. Se desconoce si ello ocurrió porque en los años siguientes YPFB dejó de generar información pública sobre el proyecto. En 2018, la empresa canadiense CanCambria Energy Corp. firmó con YPFB un convenio de estudio, la antesala a un contrato de exploración/explotación, para determinar el potencial de gas no convencional en Miraflores, también en Chuquisaca. Los datos preliminares de CanCambria señalan la posible existencia de un megayacimiento en la zona, cuyos recursos potenciales de gas serían comparables a los de Vaca Muerta en Argentina. La firma canadiense elaboró una propuesta para extraer gas mediante la perforación de 800 pozos sobre 202 km2 en el área de Miraflores, en el municipio Macharetí. Miraflores se encuentra en el Área Protegida Municipal Héroes del Chaco y es parte del Sistema Acuífero Yrenda Toba Tarijeño, que Bolivia comparte con Paraguay y Argentina. Además, la población que vive en Macharetí, incluidas las comunidades indígenas guaraní, recibieron con asombro la noticia del proyecto. La alarma despertada por la posibilidad de fracking en este territorio llevó a sus habitantes a informarse de las consecuencias de esta técnica; sobre todo con relación al uso y contaminación de inmensas cantidades de agua. Por ello, Macharetí incluyó en su estatuto autonómico la prohibición del fracking en su territorio, agudizando la controversia sobre el desarrollo de la técnica en el área. Entre la energía extrema y la transición energética Estamos así frente a dos caminos: el primero de profundización del modelo extractivista y de generación de una energía altamente contaminante, con impactos negativos graves e irreversibles en la Madre Tierra y en la población; el otro de una transición energética justa y democrática, que implica un cambio en la matriz energética, la desmercantilización de la energía y un cambio de paradigma de desarrollo. América Latina y Bolivia necesitan transformaciones profundas en materia energética, con una visión de largo plazo, respeto de los derechos humanos y resguardo de la naturaleza. El desarrollo del fracking, lejos de iniciar cualquier transición, va en contravía de esa tendencia porque sigue promoviendo un sistema energético contaminante, riesgoso y costoso; basado en la dependencia de fuentes no renovables de energía con impactos negativos en los territorios, inequidad y falta de participación ciudadana en la construcción de políticas energéticas. Bolivia debe apostar por una transición energética socialmente justa, económicamente viable y ecológicamente sustentable. “Bolivia no debe avanzar hacia la implementación del fracking en su territorio pues representa uno de los mayores riesgos para sus ecosistemas, recursos y poblaciones”, opina Jorge Campanini, investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB). “Es urgente la generación de políticas sólidas que declaren una moratoria o prohibición indefinida a esta técnica a lo largo y ancho del país”. La experiencia de países latinoamericanos que han desarrollado el fracking demuestra claramente los riesgos e impactos económicos, ambientales y sociales de apostar por esta técnica. En este contexto, muchas organizaciones, comunidades y pueblos se han organizado para hacer frente a la amenaza. La pandemia obliga a reflexionar sobre el futuro de los combustibles fósiles y de la transición energética. En lugar de considerar al fracking como una salida fácil para generar empleos en tiempos difíciles, es necesario enfrentar en conjunto las crisis sanitaria, económica y climática. Necesitamos pensar en una recuperación resiliente y, por tanto, en un sistema energético que no esté basado en el fracking. Una idea usualmente asociada a la transición es el cambio de la matriz energética. Pero, aunque necesaria, la desfosilización rápida y eficaz de esa matriz no es suficiente. La transición energética debe ser integral e incorporar las dimensiones ambientales, económicas y sociales para apuntar a una transición que sea también justa y democrática. Es importante entonces abordar la cuestión con un enfoque sistémico.  

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Océanos

Países miembros de la Organización Mundial del Comercio deben asumir la responsabilidad de lograr un acuerdo sobre subsidios pesqueros

Lamentamos que la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), realizada hoy en Ginebra, no haya logrado concretar un acuerdo sobre subsidios pesqueros, una medida urgente para lograr un manejo efectivo de nuestros recursos pesqueros, así como para garantizar la seguridad alimentaria mundial y los modos de vida de comunidades costeras. Reconocemos al mismo tiempo que las negociaciones se encuentran en una fase avanzada y que finalmente contamos con un borrador de texto. Queremos destacar el compromiso y la participación de las delegaciones de América Latina, entre ellas las de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá, Perú y Uruguay. Exhortamos a todos los países miembros de la OMC a que asuman la gran responsabilidad de lograr pronto un acuerdo. Tras dos décadas de negociaciones, los plazos para culminarlas y alcanzar un acuerdo se han incumplido repetidamente. Aunque las negociaciones comenzaron oficialmente en 2001, no fue hasta la Conferencia Ministerial de 2017 cuando los países se comprometieron a tomar acciones y a lograr un acuerdo en la siguiente conferencia, que iba a tener lugar en diciembre de 2020, pero que fue suspendida por la pandemia. Este compromiso responde además al cumplimiento de la meta 14.6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Esa meta establece que para 2020 se prohíban “ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen a la capacidad de pesca excesiva y la sobreexplotación pesquera”, así como “eliminar las subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y abstenerse de introducir nuevas subvenciones de esa índole, reconociendo que la negociación sobre las subvenciones a la pesca en el marco de la Organización Mundial del Comercio debe incluir un trato especial y diferenciado, apropiado y efectivo para los países en desarrollo y los países menos adelantados”. Según estimaciones recientes, los gobiernos gastan 35 mil millones de dólares cada año para apoyar a sus sectores pesqueros, de los cuales 22 mil millones representan subsidios negativos, que promueven la sobrepesca. Esa práctica resulta en datos alarmantes, entre ellos que el 63% de las poblaciones de peces a nivel mundial necesitan ser reconstruidas y que, de acuerdo con un informe de la FAO de 2020, el 34% de ellas se pesca a niveles "biológicamente insostenibles”. Mientras el acuerdo se concreta, es necesario seguir trabajando para procurar la sostenibilidad de los recursos pesqueros. Instamos a los países miembros de la OMC a definir sin más demora compromisos en ese sentido a nivel nacional y regional. De nuestro lado, seguiremos trabajando de la mano de los gobiernos para lograr un acuerdo ambicioso. Es imperativo adoptar reglas sólidas, eliminar la posibilidad de crear vacíos jurídicos y aprovechar la oportunidad para establecer políticas oceánicas orientadas a lograr una mayor sostenibilidad, garantizando la satisfacción de las necesidades de las generaciones actuales y futuras, así como la conservación de nuestros recursos pesqueros. CONTACTO DE PRENSA Victor Quintanilla (México), [email protected], +525570522107  

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Derechos Humanos

Organizações internacionais pedem ao estado colombiano que proteja e garanta os direitos humanos e o meio ambiente saudável

As organizações internacionais que firmam este documento – dedicadas à defesa ambiental, climática e dos direitos humanos - expressam sua profunda preocupação com a grave crise humanitária e de direitos humanos na Colômbia, no contexto das manifestações sociais que vêm ocorrendo desde 28 de abril. Também rejeitam todas as formas de violência e reiteram a importância de respeitar os direitos humanos, a Constituição e o Estado de direito. De acordo com informações coletadas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, desde o início dos protestos mais de 50 pessoas perderam suas vidas, 132 pessoas foram dadas como desaparecidas, e pelo menos 87 casos de violência sexual foram relatados. Organizações nacionais e internacionais de direitos humanos e a mídia registraram graves atos de abuso policial no contexto dos protestos, bem como a participação de civis em atos de repressão e ataques com armas de fogo contra manifestantes, com a anuência ou tolerância de alguns membros das forças de segurança pública. Tal como reconheceu a CIDH, "muitas das demandas dos protestos sociais estão intimamente relacionadas com os desafios estruturais subjacentes à profunda desigualdade social e à violência histórica no país, com efeitos especiais sobre as pessoas pertencentes a grupos étnico-raciais”. Portanto, destacamos a necessidade de reconhecer a justiça ambiental, a relação entre um meio ambiente saudável e os direitos humanos, a garantia dos direitos de acesso e o fortalecimento do Estado social de direito como elementos essenciais e necessários para superar a injustiça ambiental e climática. Nos solidarizamos com as exigências do movimento ambiental colombiano que reiterou pacificamente a urgência, entre outras coisas, de proteger a vida e a integridade dos defensores do meio ambiente; de parar o desmatamento, especialmente na Amazônia; de controlar os impactos da mineração; evitar o avanço da extração de combustíveis fósseis através de métodos que prejudicam as pessoas e os recursos hídricos; respeitar a consulta livre, prévia e informada e as consultas populares como mecanismos legais e legítimos de participação; e garantir a proteção integral das bacias hidrográficas e dos ecossistemas estratégicos como bens comuns. Exortamos o Estado da Colômbia a garantir o marco internacional ambiental e de direitos humanos destinada a promover a governança e a justiça climática e ambiental. Instamos, especialmente, o Estado colombiano a: Reconhecer a relação interdependente e indivisível entre proteção ambiental, desenvolvimento sustentável e direitos humanos, conforme destacado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Garantir e respeitar os direitos humanos consagrados no direito internacional, especialmente o direito ao protesto social como manifestação do direito à liberdade de expressão e de reunião pacífica, como insiste a ONU.  Promover canais eficazes de diálogo para que os membros do movimento ambiental colombiano, em sua qualidade de defensores do meio ambiente, possam levantar seus pontos de discussão no âmbito de protestos sociais pacíficos. Tudo isso deve ocorrer respeitando e garantindo os mecanismos de participação ambiental. Reforçar os direitos de acesso em matéria ambiental como elemento essencial para evitar conflitos ambientais. Neste sentido, enfatizamos a urgência de que o Estado colombiano ratifique o Acordo de Escazú como um mecanismo para garantir a implementação dos direitos de acesso à informação ambiental, participação pública nas decisões ambientais e acesso à justiça em matéria ambiental. Proteger a vida e a integridade dos defensores do meio ambiente, que são ameaçados, atacados e assassinados no exercício de suas funções. Garantir a devida diligência ambiental e o cumprimento dos princípios de prevenção e precaução em projetos que possam gerar impactos ambientais. Fortalecer as estruturas nacionais destinadas a alinhar as indústrias extrativas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Convenção sobre Diversidade Biológica, a Convenção de Minamata e o Acordo de Paris. Implementar as ações necessárias para cumprir o Acordo de Paris, alinhando os compromissos climáticos nacionais com o acordo e estabelecendo um caminho claro para a descarbonização e redução do uso de outros combustíveis fósseis, como parte de uma transição energética baseada na justiça climática. Finalmente, instamos o Estado colombiano a promover espaços reais de diálogo para avançar no reconhecimento dos pontos mencionados acima, promovendo uma agenda que reconheça os problemas socioambientais do país, a relação entre a satisfação dos direitos humanos e a garantia de viver em um ambiente saudável com justiça ambiental e climática, e a urgência de incorporar uma análise ambiental, climática e territorial nas soluções para superar a crise.   Assinam: 350.org América Latina ABColombia Acceso a la Justicia Arbeitsgruppe Schweiz Kolumbien ask! Asociación de pescadores artesanales del golfo de Fonseca Honduras APAGOLF Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente Asociación Movimiento SER Asociación Pro Derechos Humanos Bicitekas ac CAFOD Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación Centro de Capacitacion Social Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S.J." (CSMM) Centro de Información sobre Empresas y Derechos humanos, CIEDH Clima21 - Ambiente y Derechos Humanos Comisión de Derechos Humanos de El Salvador Comisión de Derechos Humanos, COMISEDH Comisión Ecuménica de Derechos Humanos Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador CUCOMITAE DKA Austria Earthrights International Federación Agrominera del sur de Bolívar Foundation for the Conservation of the Earth Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) Fundación para la Promoción de los Derechos Humanos y Justicia de Paz Fundación Tláloc, México Fuscamina Colombia Germanwatch Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC) Instituto de Estudios Ecuatorianos Instituto Socioambiental –ISA International Women's Rights Action Watch Asia Pacific (IWRAW Asia Pacific) Justiça nos Trilhos Laboratorio de Cambio Social, Chile Lok Shakti A bhiysn OCA Observatorio Conflictos Ambientales ONG Defensoría Ambiental Oxfam Parents For Future Argentina Sinestesia ONG SOCIEDADE PARAENSE DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS - SDDH TANDARI Asamblea de Jóvenes por la Sostenibilidad (Ecuador)  

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