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Contaminación del río Motagua en Guatemala: La búsqueda de justicia ambiental del pueblo maya poqomam

La cuenca del río Motagua, el más extenso e importante de Guatemala, está gravemente contaminada con aguas residuales, desechos sólidos y otro tipo de desperdicios.

La problemática es transfronteriza porque las aguas contaminadas del Motagua desembocan en el mar Caribe, alcanzan las costas de Honduras y amenazan al Sistema Arrecifal Mesoamericano.  

Esto ha vulnerado por décadas los derechos a la salud, al agua, al desarrollo y al ambiente sano de todas las personas que viven en la cuenca.

En junio de 2025, la comunidad maya poqomam de Santa Cruz Chinautla —apoyada por AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— logró una victoria judicial sin precedentes para detener la degradación en la cuenca. Como respuesta al litigio que interpuso, un tribunal guatemalteco ordenó a la municipalidad de Chinautla cumplir una serie de obligaciones para frenar la contaminación de los ríos y suelos de la zona.  

La respuesta gubernamental al fallo se ha limitado al momento a reuniones de mesas técnicas de trabajo. Mientras, la comunidad continúa trabajando para que la sentencia se implemente adecuadamente y realizando otras acciones para defender su territorio y sus derechos. 

 

Antecedentes

Con 486 km de longitud, el río Motagua atraviesa 96 municipios y 14 departamentos de Guatemala. Nace en Quiché, departamento ubicado al noroeste, y desemboca en el mar Caribe.

Las actividades contaminantes ocurren en toda su cuenca, incluyendo subcuencas y microcuencas. El mayor volumen de contaminación proviene de la ciudad de Guatemala, capital del país, transportado por las aguas del río Las Vacas, que a su vez recibe una gran cantidad de desperdicios del río Chinautla.

El río Chinautla, que atraviesa el municipio del mismo nombre, lleva los desechos sólidos de un vertedero ubicado en la Zona 3 capitalina —a donde llega la basura de al menos 14 municipios del departamento de Guatemala—, además de las aguas negras generadas por unas 500 mil personas que viven en la parte norte de la capital y que no reciben ningún tratamiento previo de limpieza.

Otras fuentes de contaminación son los numerosos vertederos ilegales que hay en el municipio de Chinautla, los desechos que vehículos particulares y camiones recolectores descargan a orillas de sus ríos, así como las empresas areneras —que comenzaron a instalarse en el territorio entre 1996 y 1997— cuyas operaciones debilitan las cuencas, haciendo que los desechos sólidos sean arrastrados más fácilmente por los caudales.

Foto: Mayela Sánchez García.

 

La situación trasciende fronteras. El Motagua vierte cada año unas 20 mil toneladas de plástico al mar Caribe, siendo así en uno de los ríos que más contaminación plástica aporta al océano a nivel mundial, según estimaciones contenidas en un informe de 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El caudal confluye en su desembocadura con el Arrecife Mesoamericano, por lo que la contaminación amenaza también con degradar uno de los arrecifes transfronterizos más grandes y biodiversos del planeta, que abarca las aguas territoriales de Belice, Guatemala, Honduras y México.

Además, las aguas contaminadas llegan a las costas de Honduras y se esparcen a la bahía de Amatique, situada a lo largo de la costa oriental de Guatemala, afectando al mar Caribe.

Las raíces de esta problemática crónica y transfronteriza son estructurales. Datos del proyecto Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dan cuenta que en Guatemala el 66% de los desechos sólidos urbanos no se recolectan y no hay garantía de que el 34% restante se elimine adecuadamente. Además, del total de vertederos del territorio nacional, el 88,32% son ilegales o no tienen autorización municipal.

Dicho de otro modo, las causas centrales que combatir son el mal manejo de desechos sólidos y de los recursos hídricos en Guatemala; el incumplimiento de las regulaciones existentes sobre el vertimiento de aguas residuales, disposición y tratamiento de desechos y residuos sólidos; así como la falta de una ley de aguas. 

 

La búsqueda de justicia del pueblo maya poqomam

Los ríos de Santa Cruz Chinautla, comunidad del pueblo maya poqomam, ubicada a tan solo doce kilómetros de la Ciudad de Guatemala, se han convertido en conductos de contaminación que degradan el río Motagua.  

Por décadas, su población ha visto dañada su salud y sus medios de vida —entre ellos la alfarería, una de las principales actividades económicas y fuente de identidad— debido a la falta de gestión de los residuos del municipio de Chinautla y de la zona urbana de la capital del país, así como a las actividades de empresas areneras.

Foto: Mario Winter.

 

Voces por el río Motagua: Olga Vázquez.

Voces por el río Motagua: Nazario Pascual. 

 

A comienzos del año 2000, la comunidad maya se organizó para detener la extracción de arena en su territorio. En ese momento, las empresas tenían licencias mineras que estuvieron vigentes hasta 2021 y 2022. Y, aunque los permisos vencieron, algunas empresas siguieron operando tras solicitar prórrogas. En junio de 2022, las autoridades indígenas del pueblo poqomam iniciaron un plantón de resistencia frente a la empresa Piedrinera San Luis, que mantuvieron por cuatro años.

En julio de 2024, el Relator Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH visitó Santa Cruz Chinautla. Durante su visita, autoridades ancestrales e integrantes de la comunidad expusieron sobre los impactos ambientales, al agua, la salud, la economía y la cultura de la contaminación de sus ríos.

Ese mismo año, en octubre, la comunidad —con apoyo de AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— interpuso un litigio (petición de amparo) contra la municipalidad de Chinautla por la falta de medidas para atender la contaminación de sus ríos y suelos causada por el manejo inadecuado de desechos sólidos y la existencia de vertederos ilegales.  

El equipo científico de AIDA, junto con vecinos y autoridades de la comunidad, recolectó información clave sobre los vertederos ilegales que hay en el territorio. Este ejercicio de ciencia ciudadana sustentó el litigio al visibilizar la gravedad de la contaminación, demostrar el uso continuo de este tipo de práctica y evidenciar el incumplimiento por parte de las autoridades municipales de sus obligaciones legales respecto de la gestión de residuos. 

 

Conoce más de esta experiencia de ciencia ciudadana. 

 

En junio de 2025, la comunidad poqomam obtuvo el respaldo de la justicia guatemalteca cuando un tribunal de amparo ordenó a la municipalidad de Chinautla responder efectivamente a las peticiones del litigio para frenar la contaminación de los ríos y suelos de Santa Cruz Chinautla.

Es la primera vez que un tribunal guatemalteco reconoce el derecho de un pueblo a un ambiente sano y su papel central en la búsqueda de soluciones. 

 

Entérate de los detalles de la victoria judicial. 

 

Situación actual

Desde la emisión de la sentencia, la municipalidad de Chinautla realizó una serie de "mesas técnicas de trabajo" con representantes del gobierno central, de la sociedad civil y de la comunidad. Luego se creó un grupo más pequeño conformado por personas técnicas con la tarea de elaborar un plan de trabajo con metas claras. Han pasado varios meses sin que la municipalidad convoque a las mesas de trabajo.

Por otro lado, en diciembre de 2025, la CIDH advirtió en su informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala que la cuenca del río Motagua enfrenta una severa crisis de contaminación que ha generado impactos profundos en la biodiversidad y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades locales, incluido el pueblo maya poqomam.

Y, en mayo de 2026, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales canceló la licencia de la empresa arenera Piedrinera San Luis por el "incumplimiento de los compromisos ambientales".

AIDA continúa haciendo seguimiento a la ejecución del fallo judicial para garantizar el derecho a un ambiente sano de la comunidad maya poqomam y de todas las personas que habitan en la cuenca del Motagua. Mientras, la población de Santa Cruz Chinautla sigue organizada y movilizada para mejorar su entorno y defender sus derechos.  

Niña frente a un mural contra la contaminación en Santa Cruz Chinautla, Guatemala

La gran oportunidad del BID para apoyar la protección del ambiente y los derechos humanos

Texto publicado originalmente en Animal Político El Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) se encuentra en una posición única no solo para apoyar los esfuerzos de recuperación de América Latina y el Caribe, región duramente golpeada por la pandemia, sino también para hacerlo respetado a las personas y al ambiente. El Grupo BID —compuesto por el BID, que trabaja con gobiernos; el BID Invest, que colabora con el sector privado, y el BID Lab o laboratorio de innovación del BID— es la entidad de financiamiento del desarrollo más importante del continente. En 2020, aprobó una cifra récord de 21.600 millones de dólares para sus 26 países miembros en la región. Además del reto de liderar la recuperación de las finanzas públicas, la actual crisis económica y social representa una oportunidad para que el Grupo BID afronte con éxito otro gran desafío, uno fundamental para el papel que desempeña en el continente y que adquiere mayor relevancia en el contexto actual: la adopción de políticas operativas que cumplan con estándares internacionales en materia ambiental y de derechos humanos, así como de mejores procesos de rendición de cuentas. Respecto a la rendición de cuentas y a la evaluación de sus políticas actuales, es importante considerar que cuatro proyectos hidroeléctricos financiados por el Grupo BID están o han estado bajo escrutinio ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) de la entidad debido a los impactos ocasionados por su implementación en comunidades indígenas y rurales de Guatemala, Chile y Colombia. Estos proyectos, financiados por el BID Invest, han afectado los modos de vida de quienes viven a su sombra. Desde la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) —junto con la Plataforma Internacional contra la Impunidad y el Gobierno Plurinacional de la Nación Q’anjob’al, Chuj, Akateko, Popti y Mestiza— hemos apoyado a miembros de comunidades mayas de la microrregión de Ixquisis, en Guatemala, ante la destrucción causada por dos de estos proyectos: las represas San Mateo y San Andrés. En lo personal, he visto de primera mano los daños ocasionados a la población indígena. He escuchado el miedo y la incertidumbre en las voces de las mujeres de la zona mientras explicaban cómo sus ríos estaban contaminados, sus hijos enfermos y sus vidas afectadas gravemente. “Un día nos quedaremos sin agua y no podremos vivir”, me dijo una líder indígena de Ixquisis. “Nuestros hijos sufrirán”. Las mujeres de Ixquisis han tenido un rol central en la queja presentada por las comunidades afectadas ante el MICI, ya que una de las principales cuestiones en juego se centra en que el financiamiento de las represas vulneró la política operativa de la entidad en materia de género, que reconoce que los proyectos de desarrollo suelen tener impactos diferenciados en las mujeres. Para las mujeres, los ríos son un elemento vital pues posibilitan el acceso al agua y a la alimentación, siendo también un espacio de intercambio entre ellas. En la queja, las comunidades denuncian además el incumplimiento de las políticas operativas del Banco en materia de derechos indígenas y ambiente, así como los daños resultantes. Argumentan que la empresa a cargo de los proyectos hidroeléctricos actuó sin la debida diligencia y violó el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas afectados. De hecho, la implementación de los proyectos ignoró los resultados de una consulta de buena fe, llevada a cabo en 2009, en la que la mayoría de la población local decidió no dar su consentimiento a la construcción de las represas en su territorio. Lo que es evidente es que la capacidad del Grupo BID para supervisar los proyectos que financia es limitada y, a pesar de cumplir normas mínimas, sus políticas operativas son a menudo ineficaces. Además, los espacios en los que verifica el cumplimiento son reducidos y las consecuencias del incumplimiento, inciertas. A principios de 2020, el MICI publicó un informe sobre el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, en Chile, en el que constata que la represa vulneró varias políticas operativas del Banco, incluida la de género. Sin embargo, ese informe ha sido cuestionado por no ofrecer medidas de restitución por los daños que aún sufren las comunidades afectadas. En los próximos meses, este mecanismo publicará el informe final sobre el caso Ixquisis. Las comunidades afectadas esperan que las recomendaciones que contenga reflejen la realidad de su territorio y estén orientadas a la adopción de medidas de remediación, incluida la desinversión inmediata del financiamiento otorgado para las represas. Con este caso, el Banco tiene una oportunidad clave para demostrar su compromiso con la rendición de cuentas, así como su apertura para evaluar el cumplimiento de sus propias políticas operativas y remediar los daños que su incumplimiento ha causado a comunidades vulnerables. También es una oportunidad para que la entidad tome medidas preventivas y siente las bases para cambiar sus prácticas. Cuando fue electo presidente de la institución, Mauricio Claver-Carone prometió “actuar en los temas prioritarios de la región”. Esto incluye una evaluación de cualquier contexto global que afecte al propio desarrollo que el Grupo BID pretende promover. En estos días, esto tiene que ver no solo con la actual crisis sanitaria, sino también con la crisis climática mundial, la grave situación de riesgo por la que atraviesan las personas defensoras del ambiente y la resolución de una serie de deudas pendientes con la equidad de género y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Las acciones que el Grupo BID emprenda a partir del caso de Ixquisis pueden ser el primer paso para el establecimiento de un precedente fundamental para la protección de los derechos humanos y el ambiente entre las instituciones financieras internacionales, una contribución sin duda tan o más valiosa que la económica.  

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Alerta aos investidores: Mineradora Belo Sun divulga informações falsas para investidores e público sobre megaprojeto na Volta Grande do Xingu

Organizações da sociedade civil do Brasil e exterior revelam em carta para a Comissão de Valores Mobiliários de Ontário uma série de informações falsas divulgadas pela empresa canandense Belo Sun Corp. (TSXV:BSX) - inclusive falas de seu CEO, Peter Tagliamonte - que minimizam os riscos socioambientais, legais e financeiros do projeto Volta Grande, próximo ao rio Xingu.   São falsas e incompletas as informações divulgadas publicamente pela mineradora canadense Belo Sun Corp. (TSXV:BSX) aos seus investidores sobre projeto de mineração homônimo que pretende se instalar no território da Volta Grande do Xingu, no Pará. Esta é principal alerta enviado em carta à Comissão de Valores Mobiliários de Ontário (Ontario Securities Commission - OSC) no dia 29 de julho pelas organizações nacionais e internacionais Amazon Watch, Earthworks, Instituto Socioambiental (ISA), Associação Interamericana para a Defesa do Ambiente (AIDA), International Rivers, MiningWatch Canada, Movimento Xingu Vivo para Sempre e Rede Xingu +. A OCS é reguladora do mercado financeiro canadense e responsável por proteger investidores de práticas fraudulentas e impróprias de empresas. Elaborado por uma equipe jurídica e amparado por evidências legislativas e científicas de pesquisadores independentes, o documento desmente as mais recentes declarações do presidente da Belo Sun, Peter Tagliamonte. Em fala no evento Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), uma convenção internacional sobre minerais e indústria de mineração, realizado em 8 de março, o presidente afirmou que único impedimento para o início das obras de Belo Sun é a pandemia de Covid-19,  e que a expectativa é que as obras comecem no final de 2021. Afirmações similares foram feitas em declarações recentes da empresa, e pelo próprio CEO em outras ocasiões. Segundo a carta, as declarações de Tagliamonte são falsas. Sete ações correm na justiça brasileira pedindo a nulidade de licenças e a suspensão do Licenciamento Ambiental. Entre as razões para os pedidos de anulação, destacam-se informações incompletas no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) como também inexistência de uma consulta prévia, livre e informada às populações tradicionais que serão impactadas pelo projeto. Há evidência que Belo Sun Corp. violou a política de divulgação de informações da OCS, deixando de divulgar informações atualização e factíveis sobre o projeto, mantendo assim potenciais e atuais investidores informados. Falsas informações divulgadas pela Belo Sun Mining Corp. De acordo com a carta, ainda que a empresa reconheça os riscos associados aos processos legais contra o licenciamento do projeto, ela falha em divulgar dados concretos sobre ações legais e suspensões que correm na Justiça, baseando-se na falta de conhecimento dos investidores sobre a legislação do Brasil. É o caso da suspensão da Licença de Instalação (LI) devido a inexistência da consulta prévia, livre e bem informada das comunidades indígenas que serão impactadas pelo projeto. Em uma recente atualização divulgada pela empresa, Belo Sun afirmou que "continua a avançar em discussões financeiras com vários grupos em preparação ao começo da construção assim que houver o anulação da suspensão do processo de construção (LI)". "A empresa ainda nem começou o processo de consulta - que agora está atrasado devido à pandemia - e já está fazendo propaganda sobre a anulação da suspensão, como se isso fosse uma questão de tempo", pontua Marcella Ribeiro, advogada da AIDA. "A empresa não está em posição de garantir os resultados de um processo de consulta, já que estas negociações são vagarosas e invariavelmente acarretam em mudanças substanciais no projeto. Nada disso está sendo divulgado corretamente para os investidores", ela adiciona. Entre os riscos de investimento em Belo Sun, a carta destaca o histórico de processos judiciais; conflitos em torno do projeto; as falhas no Estudo de Impacto Ambiental (EIA); e a violação do direito à consulta das populações indígenas. A minimização dos riscos sociais e ambientais dentro dos estudos realizados pela própria companhia já deixou as comunidades de Volta Grande, duramente afetadas pela hidrelétrica Belo Monte, em alerta. Uma série de pesquisas técnicas independentes contradizem os estudos da Belo Sun com relação ao impacto do projeto nos recursos hídricos, na fauna e flora e também com relação à segurança das barragens. Uma das razões para que o processo de obtenção de Licença de Instalação (LI) fosse cancelado em 2017 foi a não realização da consulta prévia, livre e bem informada das comunidades tradicionais. Há também aumento de relatos de intimidação e assédio contra os opositores do projeto, o que demonstra que a situação é muito mais complexa e controversa do que a divulgada pela empresa. A coalizão conclui que "Belo Sun falhou em se comunicar com atuais e futuros investidores sobre a complexa natureza do projeto" que tem "correlação direta com seus atrasos e que levanta questões sobre a própria viabilidade dele". Em um momento de especial atenção à Amazônia e seu potencial socioambiental na mitigação das mudanças climáticas, a carta visibiliza as irregularidades do projeto e os riscos legais e para a reputação de seus eventuais investidores. Sobre Belo Sun  Belo Sun promete ser a maior mineradora de ouro a céu aberto do Brasil e quer se instalar na  região de Volta Grande do Xingu, um dos locais com maior biodiversidade do mundo que já enfrenta os impactos do desvio do rio Xingu pela hidrelétrica de Belo Monte. Além das etnias Juruna (Yudjá), Arara e Xikrin, a região abriga outros indígenas não aldeados e diversas comunidades ribeirinhas. Desde seu início, o projeto tem enfrentado numerosos processos judiciais por parte do Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública do Estado e Defensoria Pública da União. Eles apontam diversas falhas no processo de licenciamento e nos estudos técnicos do projeto, e pedem pela anulação das licenças e pela suspensão do processo de licenciamento. Uma delas resultou em uma decisão judicial, ainda válida, que suspendeu a Licença de Construção (LI) de Belo Sun. CONTATOS Cecilia Garcia, International Rivers, +55 11 97290-6686, [email protected] Camila Rossi, Amazon Watch, +55 11 98152-8476, [email protected]  

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Alerta a inversores: Belo Sun difunde información engañosa sobre un controversial proyecto de minería de oro en la Amazonía brasileña

En una queja presentada ante la Comisión de Valores de Ontario, una coalición internacional de organizaciones de la sociedad civil llama la atención sobre la reiterada difusión de información engañosa por parte de Belo Sun Mining Corp. (TSXV:BSX), incluidas las declaraciones de su presidente ejecutivo, Peter Tagliamonte, en las que resta importancia a los riesgos socioambientales, legales y financieros de "Volta Grande", proyecto de la empresa ubicado a lo largo del río Xingú.   La empresa minera canadiense Belo Sun Corp. (TSXV:BSX) difunde información engañosa e incompleta a los inversores sobre el proyecto minero que pretende desarrollar en el río Xingu (Volta Grande do Xingu), en el estado de Pará, Brasil. Este es el mensaje central de una carta de advertencia enviada a la Comisión de Valores de Ontario (OSC) el 29 de julio por una coalición internacional de organizaciones y redes de la sociedad civil que incluye a Amazon Watch, Earthworks, el Instituto Socioambiental (ISA), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), International Rivers, MiningWatch Canada, el Movimento Xingú Vivo para Siempre y la Rede Xingu+. La OSC es una corporación independiente de la Corona canadiense a cargo de proteger a inversores y accionistas de prácticas injustas, indebidas y fraudulentas de empresas e industrias. Redactada por un equipo jurídico y respaldada por un análisis técnico y científico independiente, la carta de reclamación cuestiona las recientes declaraciones de Peter Tagliamonte, presidente ejecutivo de Belo Sun. En un discurso pronunciado en el evento de la Asociación de Exploradores y Desarrolladores de Canadá (PDAC) en marzo de 2021, la mayor convención minera del mundo, Tagliamonte citó la pandemia de COVID-19 como justificación de los retrasos frecuentes de la licencia ambiental de la mina Volta Grande, afirmando que el proyecto minero estaba "totalmente autorizado" y que se esperaba que la construcción comenzara a finales de 2021. Comentarios similares se han hecho en recientes declaraciones de la empresa y por el propio Tagliamonte en otras ocasiones. Según la queja, estas declaraciones son manifiestamente falsas. Hay siete acciones civiles públicas activas en tribunales brasileños que piden la suspensión de los permisos y del proceso de concesión de licencias, presentadas por las fiscalías y defensorías federales y estatales. Estas demandas se centran específicamente en las irregularidades de la evaluación de impacto ambiental (EIA) y en la falta de consulta y consentimiento libre, previo e informado con pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales. La coalición sostiene que existen pruebas contundentes de que Belo Sun ha incumplido los requisitos de divulgación de la Ley de Valores, que exige a las empresas comunicar los cambios sustanciales “inmediatamente” (sin demora). Las empresas deben difundir datos reales y actualizados para mantener bien informados a los inversores. Información engañosa divulgada por Belo Sun Mining Corp. De acuerdo con la queja, aunque la empresa reconoce los riesgos generales asociados al proceso de concesión de licencias, no revela los detalles concretos de las acciones legales y las suspensiones en juego relacionadas con su proyecto, confiando en la falta de conocimiento de los inversores sobre la legislación de Brasil en materia de licencias. Un ejemplo se refiere específicamente a la suspensión de la licencia de construcción (LI) debido a la falta de "consulta libre e informada" con los pueblos indígenas. En su actualización corporativa más reciente, Belo Sun afirma que "sigue avanzando en las discusiones financieras con varios grupos para preparar el inicio de la construcción tras el levantamiento de la suspensión de la licencia de construcción (LI)". "La empresa ni siquiera ha iniciado un proceso de consulta —que ahora está retrasado por la COVID-19— y ya está anunciando el levantamiento de la suspensión, como si fuera cuestión de tiempo", dice Marcella Ribeiro, abogada del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA. "La empresa no está en condiciones de garantizar los resultados del proceso de consulta ya que las negociaciones en torno al consentimiento llevan mucho tiempo e indudablemente darán lugar a cambios importantes en el proyecto. Nada de esto ha sido comunicado adecuadamente a los inversores", añade. Entre los riesgos asociados a las inversiones en Belo Sun, la reclamación resalta el historial de procesos judiciales, la conflictividad en torno al proyecto, las deficiencias y lagunas de la evaluación de impacto ambiental, y la violación del derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa. La minimización de los riesgos ambientales y sociales en los estudios y evaluaciones de impacto de la empresa ha encendido las alarmas entre las comunidades de la región de la Volta Grande, ya afectadas por la represa hidroeléctrica Belo Monte. Una serie de estudios técnicos independientes ponen en duda las afirmaciones de Belo Sun sobre los impactos en los recursos hídricos, la fauna y la flora, y respecto de la seguridad de la presa de relaves. La negativa de la empresa a reconocer los impactos en los territorios indígenas ubicados a lo largo del río Xingú condujo a la decisión judicial de 2017 que suspendió la licencia de instalación del proyecto Volta Grande hasta que se lleve a cabo una "consulta libre e informada". Además, son cada vez más las denuncias sobre intimidación y acoso contra las personas que se oponen al proyecto, lo que demuestra una situación mucho más compleja y conflictiva como resultado del proyecto de lo que la empresa ha informado, se resalta en la queja. La coalición concluye que "Belo Sun no ha comunicado plenamente a los inversores actuales y potenciales la naturaleza compleja de su proyecto", lo que tiene una "implicación directa en los retrasos y plantea interrogantes fundamentales sobre la viabilidad del proyecto".  La carta entregada a la OSC tiene como objetivo aumentar la visibilidad de las numerosas irregularidades del proyecto y sensibilizar a los inversores actuales y potenciales sobre los importantes riesgos legales y de reputación que conlleva el proyecto, en un momento en el que la atención se centra en la selva amazónica y en su capacidad para brindar servicios ambientales y mitigar el cambio climático. Acerca del proyecto Volta Grande de Belo Sun Propuesto para ser implementado a lo largo de la Volta Grande, un tramo del río Xingú (uno de los principales afluentes del Amazonas) y una de las zonas con mayor biodiversidad del planeta, el proyecto de Belo Sun sería la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil. En la región viven pueblos indígenas como los Juruna (Yudjá), Arara y Xikrin, además de otras comunidades indígenas y ribereñas aisladas. Desde el principio, Belo Sun ha enfrentado numerosas demandas relativas al proyecto Volta Grande presentadas por el Ministerio Público Federal, el Ministerio Público Estatal, la Defensoría Pública Estatal y la Defensoría Pública de la Unión. Estas demandas aluden a las múltiples fallas en el proceso de licenciamiento y en los estudios técnicos del proyecto. Entre otras cosas, las demandas buscan la anulación de las licencias de la empresa y la suspensión del proceso de autorización del proyecto. Una de ellas dio lugar a una decisión judicial, aún vigente, de suspender la licencia de construcción. contactos de prensa Viviana Herrera, MiningWatch Canada, ​[email protected] Camila Rossi, Amazon Watch, [email protected] Cecilia Garcia, International Rivers, [email protected] Victor Quintanilla, AIDA, [email protected]  

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