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Contaminación del río Motagua en Guatemala: La búsqueda de justicia ambiental del pueblo maya poqomam

La cuenca del río Motagua, el más extenso e importante de Guatemala, está gravemente contaminada con aguas residuales, desechos sólidos y otro tipo de desperdicios.

La problemática es transfronteriza porque las aguas contaminadas del Motagua desembocan en el mar Caribe, alcanzan las costas de Honduras y amenazan al Sistema Arrecifal Mesoamericano.  

Esto ha vulnerado por décadas los derechos a la salud, al agua, al desarrollo y al ambiente sano de todas las personas que viven en la cuenca.

En junio de 2025, la comunidad maya poqomam de Santa Cruz Chinautla —apoyada por AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— logró una victoria judicial sin precedentes para detener la degradación en la cuenca. Como respuesta al litigio que interpuso, un tribunal guatemalteco ordenó a la municipalidad de Chinautla cumplir una serie de obligaciones para frenar la contaminación de los ríos y suelos de la zona.  

La respuesta gubernamental al fallo se ha limitado al momento a reuniones de mesas técnicas de trabajo. Mientras, la comunidad continúa trabajando para que la sentencia se implemente adecuadamente y realizando otras acciones para defender su territorio y sus derechos. 

 

Antecedentes

Con 486 km de longitud, el río Motagua atraviesa 96 municipios y 14 departamentos de Guatemala. Nace en Quiché, departamento ubicado al noroeste, y desemboca en el mar Caribe.

Las actividades contaminantes ocurren en toda su cuenca, incluyendo subcuencas y microcuencas. El mayor volumen de contaminación proviene de la ciudad de Guatemala, capital del país, transportado por las aguas del río Las Vacas, que a su vez recibe una gran cantidad de desperdicios del río Chinautla.

El río Chinautla, que atraviesa el municipio del mismo nombre, lleva los desechos sólidos de un vertedero ubicado en la Zona 3 capitalina —a donde llega la basura de al menos 14 municipios del departamento de Guatemala—, además de las aguas negras generadas por unas 500 mil personas que viven en la parte norte de la capital y que no reciben ningún tratamiento previo de limpieza.

Otras fuentes de contaminación son los numerosos vertederos ilegales que hay en el municipio de Chinautla, los desechos que vehículos particulares y camiones recolectores descargan a orillas de sus ríos, así como las empresas areneras —que comenzaron a instalarse en el territorio entre 1996 y 1997— cuyas operaciones debilitan las cuencas, haciendo que los desechos sólidos sean arrastrados más fácilmente por los caudales.

Foto: Mayela Sánchez García.

 

La situación trasciende fronteras. El Motagua vierte cada año unas 20 mil toneladas de plástico al mar Caribe, siendo así en uno de los ríos que más contaminación plástica aporta al océano a nivel mundial, según estimaciones contenidas en un informe de 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El caudal confluye en su desembocadura con el Arrecife Mesoamericano, por lo que la contaminación amenaza también con degradar uno de los arrecifes transfronterizos más grandes y biodiversos del planeta, que abarca las aguas territoriales de Belice, Guatemala, Honduras y México.

Además, las aguas contaminadas llegan a las costas de Honduras y se esparcen a la bahía de Amatique, situada a lo largo de la costa oriental de Guatemala, afectando al mar Caribe.

Las raíces de esta problemática crónica y transfronteriza son estructurales. Datos del proyecto Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dan cuenta que en Guatemala el 66% de los desechos sólidos urbanos no se recolectan y no hay garantía de que el 34% restante se elimine adecuadamente. Además, del total de vertederos del territorio nacional, el 88,32% son ilegales o no tienen autorización municipal.

Dicho de otro modo, las causas centrales que combatir son el mal manejo de desechos sólidos y de los recursos hídricos en Guatemala; el incumplimiento de las regulaciones existentes sobre el vertimiento de aguas residuales, disposición y tratamiento de desechos y residuos sólidos; así como la falta de una ley de aguas. 

 

La búsqueda de justicia del pueblo maya poqomam

Los ríos de Santa Cruz Chinautla, comunidad del pueblo maya poqomam, ubicada a tan solo doce kilómetros de la Ciudad de Guatemala, se han convertido en conductos de contaminación que degradan el río Motagua.  

Por décadas, su población ha visto dañada su salud y sus medios de vida —entre ellos la alfarería, una de las principales actividades económicas y fuente de identidad— debido a la falta de gestión de los residuos del municipio de Chinautla y de la zona urbana de la capital del país, así como a las actividades de empresas areneras.

Foto: Mario Winter.

 

Voces por el río Motagua: Olga Vázquez.

Voces por el río Motagua: Nazario Pascual. 

 

A comienzos del año 2000, la comunidad maya se organizó para detener la extracción de arena en su territorio. En ese momento, las empresas tenían licencias mineras que estuvieron vigentes hasta 2021 y 2022. Y, aunque los permisos vencieron, algunas empresas siguieron operando tras solicitar prórrogas. En junio de 2022, las autoridades indígenas del pueblo poqomam iniciaron un plantón de resistencia frente a la empresa Piedrinera San Luis, que mantuvieron por cuatro años.

En julio de 2024, el Relator Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH visitó Santa Cruz Chinautla. Durante su visita, autoridades ancestrales e integrantes de la comunidad expusieron sobre los impactos ambientales, al agua, la salud, la economía y la cultura de la contaminación de sus ríos.

Ese mismo año, en octubre, la comunidad —con apoyo de AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— interpuso un litigio (petición de amparo) contra la municipalidad de Chinautla por la falta de medidas para atender la contaminación de sus ríos y suelos causada por el manejo inadecuado de desechos sólidos y la existencia de vertederos ilegales.  

El equipo científico de AIDA, junto con vecinos y autoridades de la comunidad, recolectó información clave sobre los vertederos ilegales que hay en el territorio. Este ejercicio de ciencia ciudadana sustentó el litigio al visibilizar la gravedad de la contaminación, demostrar el uso continuo de este tipo de práctica y evidenciar el incumplimiento por parte de las autoridades municipales de sus obligaciones legales respecto de la gestión de residuos. 

 

Conoce más de esta experiencia de ciencia ciudadana. 

 

En junio de 2025, la comunidad poqomam obtuvo el respaldo de la justicia guatemalteca cuando un tribunal de amparo ordenó a la municipalidad de Chinautla responder efectivamente a las peticiones del litigio para frenar la contaminación de los ríos y suelos de Santa Cruz Chinautla.

Es la primera vez que un tribunal guatemalteco reconoce el derecho de un pueblo a un ambiente sano y su papel central en la búsqueda de soluciones. 

 

Entérate de los detalles de la victoria judicial. 

 

Situación actual

Desde la emisión de la sentencia, la municipalidad de Chinautla realizó una serie de "mesas técnicas de trabajo" con representantes del gobierno central, de la sociedad civil y de la comunidad. Luego se creó un grupo más pequeño conformado por personas técnicas con la tarea de elaborar un plan de trabajo con metas claras. Han pasado varios meses sin que la municipalidad convoque a las mesas de trabajo.

Por otro lado, en diciembre de 2025, la CIDH advirtió en su informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala que la cuenca del río Motagua enfrenta una severa crisis de contaminación que ha generado impactos profundos en la biodiversidad y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades locales, incluido el pueblo maya poqomam.

Y, en mayo de 2026, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales canceló la licencia de la empresa arenera Piedrinera San Luis por el "incumplimiento de los compromisos ambientales".

AIDA continúa haciendo seguimiento a la ejecución del fallo judicial para garantizar el derecho a un ambiente sano de la comunidad maya poqomam y de todas las personas que habitan en la cuenca del Motagua. Mientras, la población de Santa Cruz Chinautla sigue organizada y movilizada para mejorar su entorno y defender sus derechos.  

Niña frente a un mural contra la contaminación en Santa Cruz Chinautla, Guatemala

Océanos

EN EL DÍA MUNDIAL DEL OCÉANO: Una carta abierta

Si algo hemos aprendido de la pandemia COVID-19 es que todos estamos intrínsecamente conectados, entre nosotros y con el mundo natural. Sin un equilibrio y una cooperación mayores no podemos sobrevivir como especie. El bienestar humano está en el centro de lo que hacemos. Nuestro trabajo para proteger el océano está impulsado por el hecho de que la humanidad necesita un planeta sano que pueda sostener la vida, por el bien de nuestros hogares, salud, medios de vida y alimentación. La ruptura de nuestras vidas a causa de la COVID-19 ha llevado a muchos a pensar en esto y en cómo reconstruirnos mejor, aprendiendo de la pandemia a lograr un mator equilibrio y a proteger las bases que hacen posible la vida en la Tierra. Hacerlo es una una necesidad. No podemos darnos el lujo de elegir entre los caminos que dañan el mundo natural y los que no. Si continuamos dañando la naturaleza al ritmo que lo hemos estado haciendo, nuestro mundo no será capaz de sostener el bienestar humano, desde los empleos hasta la seguridad alimentaria y la salud. Hemos recibido una dura advertencia. Una vez que salgamos de esto y empecemos a reconstruirnos, necesitamos hacerlo de forma que protejamos los fundamentos de los que dependen todos los seres humanos, siendo el más importante de ellos un planeta capaz de sostener la vida humana. Se presionará a los gobiernos para que abandonen las protecciones ambientales a fin de facilitar operaciones industriales, para que privilegien la economía de corto plazo y el aumento de los puestos de trabajo por encima de otras consideraciones. Esto será presentado como una elección —escoger a la humanidad por encima de la naturaleza—, pero no es una elección real. Por el bien de la humanidad, debemos alcanzar el equilibrio con el mundo natural, una coexistencia que en última instancia nos permita prosperar. Si no logramos ese equilibrio ni actuamos para hacerlo mejor ahora, la ruptura en nuestras vidas se hará más grande y nos enfrentaremos a otros y más graves desastres globales. Pedimos a los gobiernos que protejan el bienestar humano y que tomen decisiones que mantengan funcionando al planeta azul bajo nuestros pies.   Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente Deep Sea Conservation Coalition Ecology Action Centre Global Fishing Watch Global Ocean Trust Greenovation Hub  High Seas Alliance International Programme on the State of the Ocean Marine CoLABoration Marine Conservation Institute Marine Conservation Society Oceans North  Our Fish  Seas at Risk Shark Project International Turkish Marine Research Foundation One Ocean  

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Continuidad de actividades extractivas pone en mayor riesgo a pueblos indígenas y campesinos ante la pandemia

En casi todos los países de América Latina, los gobiernos han implementado medidas sanitarias y de aislamiento social para contener la propagación de la pandemia COVID-19.  En el marco de esas restricciones, han establecido excepciones para actividades consideradas esenciales, entre ellas la atención de emergencias, la prestación de servicios de salud o la comercialización y abastecimiento de bienes de primera necesidad.  No obstante, los gobiernos de Bolivia, Ecuador y Perú también han eximido de las restricciones a las actividades mineras y petroleras por considerarlas de interés nacional.  El trato excepcional otorgado a las actividades extractivas en algunos países de la región ha incrementado significativamente la vulnerabilidad de los pueblos indígenas, así como los riesgos y amenazas que enfrentan debido a que estas operaciones se realizan en sus territorios. Además, la entrada y salida de trabajadores sin cumplir con las debidas medidas sanitarias, disminuye la efectividad de las acciones de protección adoptadas por estos pueblos, como los cercos epidemiológicos o el aislamiento social. De ese modo, se genera un aumento en la propagación del virus y en el número de personas contagiadas. A ello se suma que, en la práctica, estas poblaciones rurales cuentan con poco o nulo acceso a los servicios de salud y sanitaros necesarios para atender una crisis sanitaria como la generada por la COVID-19.  A nivel regional, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) ha demandado a los Estados garantizar el acceso a la salud y alimentación de los pueblos y nacionalidades indígenas de la Panamazonía, así como intensificar la vigilancia y protección de los territorios “invadidos por petroleros, mineros, madereros y personas ajenas”. La situación particular de cada país es la siguiente: BOLIVIA A fines de marzo, el gobierno emitió un Decreto Supremo estableciendo que las empresas que “prestan servicios de abastecimiento de gasolina, gas, diésel y otros carburantes” tienen autorización para continuar sus operaciones de “forma ininterrumpida”. La decisión ha generado preocupación en organizaciones indígenas. “En Tarija y parte de Santa Cruz, así como en El Chaco siguen trabajando las empresas petroleras con total normalidad. Hay cambio de personal que llega en vehículos continuamente. Nuestro temor es que lleven el virus para las comunidades indígenas”, dijo a Mongabay el líder indígena Alex Villca, miembro de la Coordinadora de Defensa de Territorios Indígena, Originario, Campesino y Áreas Protegidas (Contiocap). ECUADOR La organización de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE) alertó al gobierno nacional de la detección de dos casos positivos de coronavirus (COVID 19) entre los trabajadores del Bloque 16, que estaría operado por la empresa Repsol YPF.  La organización pidió al gobierno adoptar protocolos especiales para “la protección de territorios y poblaciones indígenas”, adoptando medidas de control y restricción para las actividades del personal de las empresas petroleras que se “encuentren operando de manera legal en territorios indígenas y evitar la propagación de la pandemia”. Repsol Ecuador S.A informó en un comunicado que los dos casos positivos corresponden a trabajadores de una empresa contratista que, tras someterse previamente a pruebas, no ingresaron a las operaciones de la empresa. PERÚ El de marzo, el gobierno emitió un Decreto Supremo para combatir crisis sanitaria derivada de la pandemia en el territorio nacional. La norma dispone restricciones al derecho de libertad de tránsito, eximiendo de esa medida a determinadas actividades asistenciales y económicas consideradas esenciales. La minería no era una de ellas. Sin embargo, mediante un Oficio, el Ministerio de Energía y Minas incluyó a la minería dentro de las actividades esenciales que deben ser ejercidas aún en cuarentena para asegurar mínimas operaciones, pero sin afectar la integridad de los trabajadores y las comunidades. Lo hizo luego de que la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas señalaran por separado que la industria minera no puede detenerse. La Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú criticó esa determinación. La presencia de operaciones mineras y petroleras en territorios indígenas “pone en riesgo la vida y la salud” de esos pueblos, expresó.   El marco de la pandemia, los Estados deben implementar estrategias sanitarias integrales y concertadas para respetar, garantizar y proteger los derechos de las comunidades indígenas y campesinas cercanas a proyectos de explotación minera o petrolera y a otras actividades que las pongan en riesgo.  

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Diálogo internacional fortalece la búsqueda de justicia ambiental en Bolivia

Un ciclo de conversatorios integró en un diálogo virtual a expertos y expertas de varios países de América Latina con magistrados, jueces y abogados de Bolivia bajo el objetivo de fortalecer capacidades para promover el acceso a justicia ambiental en el país. Durante cinco días, expertos y expertas de varios países de América Latina participaron junto con magistrados, jueces y abogados de Bolivia en un ciclo de conversatorios virtuales diseñado para la generación de conocimiento, la reflexión, el análisis y el intercambio de experiencias. El objetivo fue establecer un diálogo orientado a fortalecer las capacidades técnicas y jurídicas de las autoridades competentes en la resolución y el tratamiento adecuado de conflictos socioambientales en el país. El ciclo de conversatorios sobre Derecho Ambiental en América Latina “Litigio ambiental estratégico” se realizó del 25 al 29 de mayo bajo la organización del Tribunal Agroambiental de Bolivia y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). El evento virtual congregó a profesionales del derecho ambiental y de ciencias aplicadas a esa materia de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y Costa Rica. Cumpliendo su función especializada y frente a la urgente necesidad de brindar acceso a la justicia ambiental en Bolivia, el Tribunal Agroambiental convocó a expertos juristas e ingenieros ambientales comprometidos con la defensa del medioambiente para fortalecer los conocimientos e intercambiar experiencias, con diálogos entre los países hermanos, quienes han coincidido en las dificultades que se tienen a momento de garantizar el ejercicio de los derechos colectivos y difusos de la población. “Era importante discutir como ciudadanos y autoridades sobre la ausencia de normas claras e informadas a la población, la falta de participación de los interesados en la solución y la carencia de políticas de gestión ambiental, así como de la urgencia de estrategias para la protección efectiva del ambiente y de las comunidades que dependen de él”, dijo Ángela Sánchez Panozo, Presidenta del Tribunal Agroambiental. “Hicimos énfasis en las temáticas relacionadas con la importancia de la evidencia científica y pericial en materia ambiental con base en las experiencias de otros países de la región en la administración de justicia ambiental”. El panel incluyó a Juan Sebastián Lloret, Secretario Letrado de la Procuración General del Ministerio Público de Salta, Argentina; Andrés Ángel, geólogo colombiano y asesor científico de AIDA; Luciano Merini, investigador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en Anguil, Argentina; Carlos Lozano Acosta, jurista colombiano y Abogado Sénior del Programa de Agua Dulce de AIDA; Marcelo Hernández, ingeniero forestal y Ministro Técnico del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, Chile; Marcella Ribeiro, abogada brasileña del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA; Enrique Ulate Chacón, Presidente del Tribunal Agrario de Costa Rica; Elva Terceros Cuéllar, Magistrada del Tribunal Agroambiental de Bolivia; y Maribel Ruiz Molina, Jueza Agroambiental de Uncía (Potosí, Bolivia). “La Cortes ambientales son una fórmula innovadora y Bolivia ha recorrido un camino importante con el Tribunal Agroambiental, sin duda Latinoamérica puede aprender muchísimo de esta experiencia”, expresó Carlos Lozano, Abogado Sénior de AIDA. “Es importante apoyar estos esfuerzos mediante un diálogo experto con especialistas de toda la región y este ciclo de conversatorios fue un paso firme en ese sentido”. Casi 1.300 personas se registraron sin costo para asistir a los conversatorios dirigidos a Magistrados del Tribunal Agroambiental, jueces agroambientales, funcionarios judiciales, abogados y abogadas en la materia. El evento fue transmitido paralelamente y en vivo por Facebook. Los conversatorios abordaron temas diversos y cruciales para el logro de justicia ambiental como los derechos humanos ambientales, aspectos generales de la evidencia técnica, la ciencia como prueba judicial, la prueba en el proceso ambiental, la admisibilidad y valoración de la prueba, la relación entre derechos humanos y ambiente, las experiencias ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos humanos, los regímenes de protección de los derechos humanos y el ambiente en Bolivia, y la competencia y acciones agroambientales en base a las experiencias de Bolivia y Costa Rica. “Las buenas prácticas dadas a conocer en estos cinco días nos demuestran que debemos seguir trabajando en este camino y que la protección del ambiente está en nuestras manos, como autoridades, y en la de los ciudadanos y abogados litigantes”, expresó Sánchez Panozo al cerrar el evento. “Quiero alentar a los juristas y a los otros profesionales especialistas en la materia a seguir con los intercambios legales y técnicos y con el compromiso de brindar la justicia ambiental que merece la población”.   Encuentra aquí más información del evento. Contactos de prensa: Rudy Paco (Bolivia), Tribunal Agroambiental, [email protected] Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +5215570522107  

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