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Contaminación del río Motagua en Guatemala: La búsqueda de justicia ambiental del pueblo maya poqomam

La cuenca del río Motagua, el más extenso e importante de Guatemala, está gravemente contaminada con aguas residuales, desechos sólidos y otro tipo de desperdicios.

La problemática es transfronteriza porque las aguas contaminadas del Motagua desembocan en el mar Caribe, alcanzan las costas de Honduras y amenazan al Sistema Arrecifal Mesoamericano.  

Esto ha vulnerado por décadas los derechos a la salud, al agua, al desarrollo y al ambiente sano de todas las personas que viven en la cuenca.

En junio de 2025, la comunidad maya poqomam de Santa Cruz Chinautla —apoyada por AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— logró una victoria judicial sin precedentes para detener la degradación en la cuenca. Como respuesta al litigio que interpuso, un tribunal guatemalteco ordenó a la municipalidad de Chinautla cumplir una serie de obligaciones para frenar la contaminación de los ríos y suelos de la zona.  

La respuesta gubernamental al fallo se ha limitado al momento a reuniones de mesas técnicas de trabajo. Mientras, la comunidad continúa trabajando para que la sentencia se implemente adecuadamente y realizando otras acciones para defender su territorio y sus derechos. 

 

Antecedentes

Con 486 km de longitud, el río Motagua atraviesa 96 municipios y 14 departamentos de Guatemala. Nace en Quiché, departamento ubicado al noroeste, y desemboca en el mar Caribe.

Las actividades contaminantes ocurren en toda su cuenca, incluyendo subcuencas y microcuencas. El mayor volumen de contaminación proviene de la ciudad de Guatemala, capital del país, transportado por las aguas del río Las Vacas, que a su vez recibe una gran cantidad de desperdicios del río Chinautla.

El río Chinautla, que atraviesa el municipio del mismo nombre, lleva los desechos sólidos de un vertedero ubicado en la Zona 3 capitalina —a donde llega la basura de al menos 14 municipios del departamento de Guatemala—, además de las aguas negras generadas por unas 500 mil personas que viven en la parte norte de la capital y que no reciben ningún tratamiento previo de limpieza.

Otras fuentes de contaminación son los numerosos vertederos ilegales que hay en el municipio de Chinautla, los desechos que vehículos particulares y camiones recolectores descargan a orillas de sus ríos, así como las empresas areneras —que comenzaron a instalarse en el territorio entre 1996 y 1997— cuyas operaciones debilitan las cuencas, haciendo que los desechos sólidos sean arrastrados más fácilmente por los caudales.

Foto: Mayela Sánchez García.

 

La situación trasciende fronteras. El Motagua vierte cada año unas 20 mil toneladas de plástico al mar Caribe, siendo así en uno de los ríos que más contaminación plástica aporta al océano a nivel mundial, según estimaciones contenidas en un informe de 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El caudal confluye en su desembocadura con el Arrecife Mesoamericano, por lo que la contaminación amenaza también con degradar uno de los arrecifes transfronterizos más grandes y biodiversos del planeta, que abarca las aguas territoriales de Belice, Guatemala, Honduras y México.

Además, las aguas contaminadas llegan a las costas de Honduras y se esparcen a la bahía de Amatique, situada a lo largo de la costa oriental de Guatemala, afectando al mar Caribe.

Las raíces de esta problemática crónica y transfronteriza son estructurales. Datos del proyecto Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dan cuenta que en Guatemala el 66% de los desechos sólidos urbanos no se recolectan y no hay garantía de que el 34% restante se elimine adecuadamente. Además, del total de vertederos del territorio nacional, el 88,32% son ilegales o no tienen autorización municipal.

Dicho de otro modo, las causas centrales que combatir son el mal manejo de desechos sólidos y de los recursos hídricos en Guatemala; el incumplimiento de las regulaciones existentes sobre el vertimiento de aguas residuales, disposición y tratamiento de desechos y residuos sólidos; así como la falta de una ley de aguas. 

 

La búsqueda de justicia del pueblo maya poqomam

Los ríos de Santa Cruz Chinautla, comunidad del pueblo maya poqomam, ubicada a tan solo doce kilómetros de la Ciudad de Guatemala, se han convertido en conductos de contaminación que degradan el río Motagua.  

Por décadas, su población ha visto dañada su salud y sus medios de vida —entre ellos la alfarería, una de las principales actividades económicas y fuente de identidad— debido a la falta de gestión de los residuos del municipio de Chinautla y de la zona urbana de la capital del país, así como a las actividades de empresas areneras.

Foto: Mario Winter.

 

Voces por el río Motagua: Olga Vázquez.

Voces por el río Motagua: Nazario Pascual. 

 

A comienzos del año 2000, la comunidad maya se organizó para detener la extracción de arena en su territorio. En ese momento, las empresas tenían licencias mineras que estuvieron vigentes hasta 2021 y 2022. Y, aunque los permisos vencieron, algunas empresas siguieron operando tras solicitar prórrogas. En junio de 2022, las autoridades indígenas del pueblo poqomam iniciaron un plantón de resistencia frente a la empresa Piedrinera San Luis, que mantuvieron por cuatro años.

En julio de 2024, el Relator Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH visitó Santa Cruz Chinautla. Durante su visita, autoridades ancestrales e integrantes de la comunidad expusieron sobre los impactos ambientales, al agua, la salud, la economía y la cultura de la contaminación de sus ríos.

Ese mismo año, en octubre, la comunidad —con apoyo de AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— interpuso un litigio (petición de amparo) contra la municipalidad de Chinautla por la falta de medidas para atender la contaminación de sus ríos y suelos causada por el manejo inadecuado de desechos sólidos y la existencia de vertederos ilegales.  

El equipo científico de AIDA, junto con vecinos y autoridades de la comunidad, recolectó información clave sobre los vertederos ilegales que hay en el territorio. Este ejercicio de ciencia ciudadana sustentó el litigio al visibilizar la gravedad de la contaminación, demostrar el uso continuo de este tipo de práctica y evidenciar el incumplimiento por parte de las autoridades municipales de sus obligaciones legales respecto de la gestión de residuos. 

 

Conoce más de esta experiencia de ciencia ciudadana. 

 

En junio de 2025, la comunidad poqomam obtuvo el respaldo de la justicia guatemalteca cuando un tribunal de amparo ordenó a la municipalidad de Chinautla responder efectivamente a las peticiones del litigio para frenar la contaminación de los ríos y suelos de Santa Cruz Chinautla.

Es la primera vez que un tribunal guatemalteco reconoce el derecho de un pueblo a un ambiente sano y su papel central en la búsqueda de soluciones. 

 

Entérate de los detalles de la victoria judicial. 

 

Situación actual

Desde la emisión de la sentencia, la municipalidad de Chinautla realizó una serie de "mesas técnicas de trabajo" con representantes del gobierno central, de la sociedad civil y de la comunidad. Luego se creó un grupo más pequeño conformado por personas técnicas con la tarea de elaborar un plan de trabajo con metas claras. Han pasado varios meses sin que la municipalidad convoque a las mesas de trabajo.

Por otro lado, en diciembre de 2025, la CIDH advirtió en su informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala que la cuenca del río Motagua enfrenta una severa crisis de contaminación que ha generado impactos profundos en la biodiversidad y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades locales, incluido el pueblo maya poqomam.

Y, en mayo de 2026, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales canceló la licencia de la empresa arenera Piedrinera San Luis por el "incumplimiento de los compromisos ambientales".

AIDA continúa haciendo seguimiento a la ejecución del fallo judicial para garantizar el derecho a un ambiente sano de la comunidad maya poqomam y de todas las personas que habitan en la cuenca del Motagua. Mientras, la población de Santa Cruz Chinautla sigue organizada y movilizada para mejorar su entorno y defender sus derechos.  

Niña frente a un mural contra la contaminación en Santa Cruz Chinautla, Guatemala

Aplaudimos la exclusión de Eletrobras del fondo petrolero noruego

El Consejo de Ética que rige al mayor fondo soberano del mundo recomendó la medida debido a la participación de la empresa estatal brasileña en el proyecto hidroeléctrico Belo Monte, asociado con graves violaciones a los derechos humanos de pueblos indígenas. El pasado 13 de mayo, el fondo petrolero noruego, considerado el mayor fondo soberano del mundo, excluyó de su cartera de inversiones a doce compañías por razones éticas, entre ellas a la brasileña Eletrobras por su participación en el proyecto hidroeléctrico Belo Monte.  El fondo es gestionado por el banco público Norges Bank Investment Management, que sigue las recomendaciones que cada año hace el Consejo Ético para que las inversiones se ajusten a criterios determinados. El Consejo señaló que el proyecto Belo Monte, a cargo del consorcio Norte Energía —del cual Eletrobras es parte—, provocó “una mayor presión sobre tierras indígenas, la desintegración de las estructuras sociales de los pueblos indígenas y el deterioro de sus modos de vida” con el desplazamiento forzado de unas 20 mil personas. AIDA —como parte de un esfuerzo conjunto de la sociedad civil— informó al Consejo de la situación de la población indígena y ribereña afectada por el proyecto, de los impactos sociales y ambientales del mismo, de la situación operativa de la represa y de la situación actual de las acciones judiciales nacionales e internacionales interpuestas contra el proyecto. Consideramos que la decisión del Consejo debe ser aplaudida ya que desincentiva la continuidad de proyectos no sostenibles y mal llamados de desarrollo, que amenazan la supervivencia de pueblos indígenas y tradicionales, como es el caso de Belo Monte. Creemos fundamental que los bancos, instituciones financieras internacionales y fondos monetarios tengan en cuenta los impactos probables de los proyectos que financian. Apoyar a proyectos social y ambientalmente sostenibles por encima de iniciativas que priorizan el beneficio económico y no la protección de los derechos humanos y el ambiente demuestra una inversión responsable y ética. Contacto de prensa Victor Quintanilla, [email protected], +5215570522107  

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Cambio Climático

México: CENACE obstaculiza transición energética necesaria para combatir el cambio climático

El Acuerdo emitido por CENACE no tiene justificación técnica ni jurídica y tiene implicaciones muy severas en cuestiones de salud y emisiones de gases efecto invernadero. El Acuerdo beneficia la generación de electricidad sucia, cara y obsoleta a partir de combustóleo resultante de procesos de refinación. Las modificaciones realizadas atentan contra el cumplimiento de los objetivos climáticos establecidos en la Ley General de Cambio Climático y a lo comprometido por México en el Acuerdo de París. Ciudad de México. El Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional y emitido por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) el pasado 29 de abril, justificado absurdamente y sin sentido por la crisis sanitaria del COVID-19, representa un obstáculo y una amenaza a la ya insuficiente política climática y a la consecución de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas que el Estado mexicano presentó en cumplimiento al Acuerdo de París y que están estipuladas en la Ley General de Cambio Climático y la Ley de Transición Energética, limitando la operación de las plantas de generación renovable y frenando, sin justificación técnica ni jurídica, la entrada en operación de las nuevas plantas que ganaron las subastas de energía. Las energías renovables, lejos de poner en riesgo el sistema eléctrico nacional, pueden construir un sistema más resiliente, justo y accesible. En un país en el que más del 30% de los hogares sufren algún tipo de pobreza energética, está claro que el sistema eléctrico basado en proyectos fósiles centralizados no ha sido efectivo en generar acceso; las energías renovables, además de coadyuvar a la consecución de las metas climáticas de México, combaten la pobreza energética, generan empleos y fomentan el ahorro y eficiencia en el consumo de energía. El reciente Acuerdo emitido por el CENACE abre la oportunidad de poner en marcha plantas de generación eléctricas a base de combustóleo (combustible residual de los procesos de refinación de petróleo) que estaban en desuso y programadas para ser retiradas del sistema eléctrico debido a su ineficiencia, altos costos económicos, de salud, ambientales y por sus emisiones de gases efecto invernadero. Recordemos que tan sólo por la contaminación por material particulado en México el Instituto de Evaluación y Métricas en Salud (IHME) de la Universidad de Washington estima que en 2017 murieron al menos 36 mil personas. Este Acuerdo se une al resto de medidas, cambios en las leyes y políticas realizadas durante la presente administración que han dado marcha atrás a los mecanismos de acción climática que se habían desarrollado en nuestro país, han frenado el desarrollo de energías renovables y ponen en riesgo el cumplimiento de leyes y compromisos internacionales que mandatan la reducción de emisiones de GEI en nuestro país. Las políticas de SENER harán que México sea el primer país del G20 que, en los hechos, incumpla los compromisos del Acuerdo de París. Ejemplos de estas políticas regresivas que ya hemos abordado desde el OCCA son: La negativa de la Secretaría de Energía para que México ratifique el Anexo VI del Convenio MARPOL, el cual reduciría para 2030 la siguientes emisiones del transporte marítimo: el 71% del material particulado, el 71% de carbono negro, 80%  de emisiones de dióxido de azufre, 81% de emisiones de óxidos de nitrógeno; La postergación de la cobertura nacional de diésel de ultra bajo azufre hasta 2024; La cancelación de subastas de energía limpia; La publicación, en octubre de 2019, del Acuerdo por el que se Modifican los lineamientos que establecen los criterios para el otorgamiento de Certificados de Energía Limpia; La Resolución de la CRE para autorizar a Pemex el suministro temporal de diésel de 500 partes por millón (ppm) en algunas regiones de Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz, que están definidas dentro de las zonas de suministro de diésel de Ultra Bajo Azufre (UBA, menos de 15 ppm). De acuerdo con la Prospectiva de Energías Renovables 2018-2032 de México, entre 2007 y 2017 la capacidad instalada de generación eléctrica con energías renovables venía creciendo a una tasa media anual de 4.5% y fueron las energías eólica y solar las que presentaron la mayor tasa de crecimiento promedio con el 47.6% y 43.2% respectivamente.   En tanto el Renewables 2019, Global Status Report destacaba que México había entrado a la lista de los diez países con mayores adiciones de energía solar fotovoltaica. Sin embargo, en lo que se refiere a la generación de energía eólica, el Global Wind Report 2019 hace mención que la voluntad política vacilante de México ha creado un ritmo debilitante de estancamiento para el desarrollo de la industria eólica. Cabe señalar que el Global Trends in Renewable Energy Investment 2019 indica que la inversión en capacidad instalada renovable cayó 38% en 2018 y que debido a la incertidumbre en el marco regulatorio es muy probable que la inversión se reduzca aún más. Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) reporta que México es el segundo país latinoamericano con menor proporción de energías renovables en la oferta energética total, solamente detrás de Barbados. Lo anterior es sumamente grave y preocupante en el contexto actual pues, además de los retos en materia de salud que nos ha dejado ver la pandemia del  COVID-19, existe la necesidad de reconstruir las economías de los países a partir de medidas y políticas más sostenibles que fortalezcan la resiliencia de las poblaciones en el mediano y largo plazo. En ese sentido, precisamente la generación de energía a partir de fuentes renovables y limpias  es una solución clave para esta recuperación, y desde ya los gobiernos habrían de estar generando las condiciones y los incentivos apropiados para que suceda esta transición energética. Sin embargo, el multicitado Acuerdo nos lleva en sentido opuesto a dicha reconstrucción. 1- Villarreal J. Tornel C. La Transición Energética en México: retos y oportunidades para una política ambientalmente sustentable y socialmente justa, Friedrich Ebert Stiftung (FST), México, 2017. Disponible en: https://bit.ly/3dlV82d 2. International Energy Transition (IET), Making Societies More Resilient! The role of renewables in COVID-19 recovery packages, Hamburg, 2020. 3. Secretaría de Energía (SENER), Prospectiva del sector eléctrico, 2018-2032, México, 2018. Disponible en: https://bit.ly/2SGWfSt 4. PEMEX produce aproximadamente un 33% de gasolinas, 20% diésel y entre 24% a 29% de combustóleo, y que de éste último ha sufrido una caída de casi 60% en sus ventas en los últimos cuatro años. 5. Disponible en: https://bit.ly/359RoOw 6. United Nations Environment Programme (2019). Emissions Gap Report 2019. UNEP, Nairobi. Disponible en: https://bit.ly/2YLiJ8J 7. Secretaría de Energía, Prospectiva de Energías Renovables 2018-2032, México, 2018. Disponible en: https://bit.ly/3cmh3qd 8. Ren21,.Renewables 2019 Global Status Report. París, 2019. Disponible en: https://bit.ly/2L6lmcZ 9. GWEC, Global Wind Report 2019. Brussels, 2020. Disponible en: https://bit.ly/2ypD3Sl 10. UN Environment, Global Trends in Renewable Energy Investment 2019, Frankfurt, 2019. Disponible en: https://bit.ly/3caCMBf 11. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 2019 (LC/PUB.2020/2-P), Santiago, 2020. Disponible en: https://bit.ly/35CbIIr Integrantes del Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire: Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, Bicitekas, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, El Poder del Consumidor, FOTCA, Fundación Tláloc, Greenpeace México, ICCT, ICM, ITDP México, REDIM, Redspira, Transita Seguro, WWF. Contactos de prensa: AIDA, 5570522107 (móvil), [email protected] El Poder del Consumidor, 55 12 98 99 28 (móvil), [email protected] Greenpeace México, 55 3431 3544 (móvil), [email protected] Centro Mexicano de Derecho Ambiental, 5559644162 (móvil), [email protected]  

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Fracking

A histórica queda dos preços do petróleo demonstra, mais uma vez, a inviabilidade do fracking

As medidas adotadas diante da pandemia, como a redução nos números de vôos, o fechamento de indústrias e o confinamento das pessoas, têm acarretado uma diminuição na demanda de hidrocarbonetos a nível internacional que, junto com outros fatores como a superprodução e a especulação associada aos contratos de petróleo, têm repercutido na queda do preço do petróleo e gerado perdas nas principais empresas petroleiras. No dia 20 de abril, pela primeira vez na história, o preço do barril de petróleo de referência nos Estados Unidos teve uma cotação negativa, enquanto os mares do mundo todo se enchem de embarcações de armazenamento de petróleo e os projetos de energia extremas se desfazem em pedaços pelos seus altos custos, incompatíveis com os preços atuais. O fracking requer ainda maiores investimentos e, para ser viável, um mercado que lhe ofereça preços altos. Além disso, seus impactos socioambientais não são contabilizados nos seus custos de produção. É inviável embasar a matriz energética e a receita fiscal de nossos países em supostas rendas que esta técnica produziria porque, além dos preços atuais, a imprevisibilidade dos preços do petróleo e seus derivados impossibilita qualquer política soberana baseada em hidrocarbonetos. O planeta sofre uma crise de grandes dimensões: a climática, cujos impactos pioram se decidirmos continuar na rota da dependência dos hidrocarbonetos e da autorização do fracking. As origens da crise climática e da pandemia que vivemos são comuns: a destruição dos ecossistemas por modos de vida e de economia insustentáveis. Quem promove os hidrocarbonetos mostra, mais uma vez, a sua insensatez, especialmente nos momentos difíceis como este que vivemos, que apresentam o extrativismo atual como causador de zonas de sacrifício, que impõe os passivos ambientais sobre os mais vulneráveis, extingue povos indígenas, destrói a biodiversidade e alimenta a violência que sufoca comunidades e assassina seus defensores e defensoras. Para sair das duas crises, é necessário iniciar uma transição energética justa e democrática na América Latina e deixar a maior parte dos combustíveis fósseis no subsolo. A saída não está nos resgates e investimentos em empresas - públicas ou privadas - que exploram hidrocarbonetos. Nossos diversos e riquíssimos países contam com fontes alternativas de produção e usos sustentáveis de energia sem a necessidade de continuar aquecendo o planeta e destruindo os ecossistemas do qual fazemos parte. A transição energética é uma oportunidade para a democracia, a justiça e a paz, e nossa garantia de condições de vida saudáveis no futuro. Em muitas regiões do mundo o fracking foi proibido e foi comprovada a sua inviabilidade ambiental e econômica. Na América Latina devemos também impedi-lo e apostar em uma transição energética justa. Somos uma região megadiversa, sábia e criativa, com infinitas possibilidades de diversificar a sua economia de forma sólida e estável, de tal forma que regenere os territórios e nos proteja de eventos climáticos extremos e pandemias. Esta é a maior exigência dos nossos tempos por cada uma das pessoas, pelas comunidades e povos, pelas crianças e pelas próximas gerações: Não ao fracking! Sim a transição! Assinado, Alianza Colombia Libre de Fracking Alianza Latinoamericana Frente al Fracking Alianza Mexicana Contra el Fracking   Contato de imprensa: Victor Quintanilla, [email protected], +5215570522107  

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