
Project
Shutterstock.
Contaminación del río Motagua en Guatemala: La búsqueda de justicia ambiental del pueblo maya poqomam
La cuenca del río Motagua, el más extenso e importante de Guatemala, está gravemente contaminada con aguas residuales, desechos sólidos y otro tipo de desperdicios.
La problemática es transfronteriza porque las aguas contaminadas del Motagua desembocan en el mar Caribe, alcanzan las costas de Honduras y amenazan al Sistema Arrecifal Mesoamericano.
Esto ha vulnerado por décadas los derechos a la salud, al agua, al desarrollo y al ambiente sano de todas las personas que viven en la cuenca.
En junio de 2025, la comunidad maya poqomam de Santa Cruz Chinautla —apoyada por AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— logró una victoria judicial sin precedentes para detener la degradación en la cuenca. Como respuesta al litigio que interpuso, un tribunal guatemalteco ordenó a la municipalidad de Chinautla cumplir una serie de obligaciones para frenar la contaminación de los ríos y suelos de la zona.
La respuesta gubernamental al fallo se ha limitado al momento a reuniones de mesas técnicas de trabajo. Mientras, la comunidad continúa trabajando para que la sentencia se implemente adecuadamente y realizando otras acciones para defender su territorio y sus derechos.
Antecedentes
Con 486 km de longitud, el río Motagua atraviesa 96 municipios y 14 departamentos de Guatemala. Nace en Quiché, departamento ubicado al noroeste, y desemboca en el mar Caribe.
Las actividades contaminantes ocurren en toda su cuenca, incluyendo subcuencas y microcuencas. El mayor volumen de contaminación proviene de la ciudad de Guatemala, capital del país, transportado por las aguas del río Las Vacas, que a su vez recibe una gran cantidad de desperdicios del río Chinautla.
El río Chinautla, que atraviesa el municipio del mismo nombre, lleva los desechos sólidos de un vertedero ubicado en la Zona 3 capitalina —a donde llega la basura de al menos 14 municipios del departamento de Guatemala—, además de las aguas negras generadas por unas 500 mil personas que viven en la parte norte de la capital y que no reciben ningún tratamiento previo de limpieza.
Otras fuentes de contaminación son los numerosos vertederos ilegales que hay en el municipio de Chinautla, los desechos que vehículos particulares y camiones recolectores descargan a orillas de sus ríos, así como las empresas areneras —que comenzaron a instalarse en el territorio entre 1996 y 1997— cuyas operaciones debilitan las cuencas, haciendo que los desechos sólidos sean arrastrados más fácilmente por los caudales.

Foto: Mayela Sánchez García.
La situación trasciende fronteras. El Motagua vierte cada año unas 20 mil toneladas de plástico al mar Caribe, siendo así en uno de los ríos que más contaminación plástica aporta al océano a nivel mundial, según estimaciones contenidas en un informe de 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El caudal confluye en su desembocadura con el Arrecife Mesoamericano, por lo que la contaminación amenaza también con degradar uno de los arrecifes transfronterizos más grandes y biodiversos del planeta, que abarca las aguas territoriales de Belice, Guatemala, Honduras y México.
Además, las aguas contaminadas llegan a las costas de Honduras y se esparcen a la bahía de Amatique, situada a lo largo de la costa oriental de Guatemala, afectando al mar Caribe.
Las raíces de esta problemática crónica y transfronteriza son estructurales. Datos del proyecto Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dan cuenta que en Guatemala el 66% de los desechos sólidos urbanos no se recolectan y no hay garantía de que el 34% restante se elimine adecuadamente. Además, del total de vertederos del territorio nacional, el 88,32% son ilegales o no tienen autorización municipal.
Dicho de otro modo, las causas centrales que combatir son el mal manejo de desechos sólidos y de los recursos hídricos en Guatemala; el incumplimiento de las regulaciones existentes sobre el vertimiento de aguas residuales, disposición y tratamiento de desechos y residuos sólidos; así como la falta de una ley de aguas.
La búsqueda de justicia del pueblo maya poqomam
Los ríos de Santa Cruz Chinautla, comunidad del pueblo maya poqomam, ubicada a tan solo doce kilómetros de la Ciudad de Guatemala, se han convertido en conductos de contaminación que degradan el río Motagua.
Por décadas, su población ha visto dañada su salud y sus medios de vida —entre ellos la alfarería, una de las principales actividades económicas y fuente de identidad— debido a la falta de gestión de los residuos del municipio de Chinautla y de la zona urbana de la capital del país, así como a las actividades de empresas areneras.

Foto: Mario Winter.
Voces por el río Motagua: Olga Vázquez.
Voces por el río Motagua: Nazario Pascual.
A comienzos del año 2000, la comunidad maya se organizó para detener la extracción de arena en su territorio. En ese momento, las empresas tenían licencias mineras que estuvieron vigentes hasta 2021 y 2022. Y, aunque los permisos vencieron, algunas empresas siguieron operando tras solicitar prórrogas. En junio de 2022, las autoridades indígenas del pueblo poqomam iniciaron un plantón de resistencia frente a la empresa Piedrinera San Luis, que mantuvieron por cuatro años.
En julio de 2024, el Relator Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH visitó Santa Cruz Chinautla. Durante su visita, autoridades ancestrales e integrantes de la comunidad expusieron sobre los impactos ambientales, al agua, la salud, la economía y la cultura de la contaminación de sus ríos.
Ese mismo año, en octubre, la comunidad —con apoyo de AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— interpuso un litigio (petición de amparo) contra la municipalidad de Chinautla por la falta de medidas para atender la contaminación de sus ríos y suelos causada por el manejo inadecuado de desechos sólidos y la existencia de vertederos ilegales.
El equipo científico de AIDA, junto con vecinos y autoridades de la comunidad, recolectó información clave sobre los vertederos ilegales que hay en el territorio. Este ejercicio de ciencia ciudadana sustentó el litigio al visibilizar la gravedad de la contaminación, demostrar el uso continuo de este tipo de práctica y evidenciar el incumplimiento por parte de las autoridades municipales de sus obligaciones legales respecto de la gestión de residuos.
Conoce más de esta experiencia de ciencia ciudadana.
En junio de 2025, la comunidad poqomam obtuvo el respaldo de la justicia guatemalteca cuando un tribunal de amparo ordenó a la municipalidad de Chinautla responder efectivamente a las peticiones del litigio para frenar la contaminación de los ríos y suelos de Santa Cruz Chinautla.
Es la primera vez que un tribunal guatemalteco reconoce el derecho de un pueblo a un ambiente sano y su papel central en la búsqueda de soluciones.
Entérate de los detalles de la victoria judicial.
Situación actual
Desde la emisión de la sentencia, la municipalidad de Chinautla realizó una serie de "mesas técnicas de trabajo" con representantes del gobierno central, de la sociedad civil y de la comunidad. Luego se creó un grupo más pequeño conformado por personas técnicas con la tarea de elaborar un plan de trabajo con metas claras. Han pasado varios meses sin que la municipalidad convoque a las mesas de trabajo.
Por otro lado, en diciembre de 2025, la CIDH advirtió en su informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala que la cuenca del río Motagua enfrenta una severa crisis de contaminación que ha generado impactos profundos en la biodiversidad y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades locales, incluido el pueblo maya poqomam.
Y, en mayo de 2026, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales canceló la licencia de la empresa arenera Piedrinera San Luis por el "incumplimiento de los compromisos ambientales".
AIDA continúa haciendo seguimiento a la ejecución del fallo judicial para garantizar el derecho a un ambiente sano de la comunidad maya poqomam y de todas las personas que habitan en la cuenca del Motagua. Mientras, la población de Santa Cruz Chinautla sigue organizada y movilizada para mejorar su entorno y defender sus derechos.

Proyectos relacionados

Cuando la defensa ambiental en América Latina llega a foros internacionales clave
Por Víctor Quintanilla y Mayela Sánchez García* Las voces de los territorios de América Latina y el Caribe son poderosas, más cuando demandan la protección del ambiente frente a múltiples y crecientes amenazas.Con frecuencia, esta exigencia no encuentra eco en quienes administran justicia a nivel nacional o local.Esta tendencia hace necesario recurrir a vías complementarias de justicia en el plano internacional.Una de ellas es la que ofrece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano internacional con un mandato importante: la promoción y protección de los derechos humanos en el continente.Como organización movida por la misión de garantizar el derecho a un ambiente sano en América Latina y el Caribe, la CIDH es un espacio clave en el cual visibilizar problemáticas ambientales que afectan derechos humanos en la región.Lo hacemos de la mano de comunidades y de organizaciones aliadas.Así las voces de los territorios resuenan ante un órgano internacional capaz de instar a que los gobiernos del continente cambien sus prácticas y fortalezcan sus estándares de protección de poblaciones afectadas por la degradación ambiental. Testimonios por una salida responsable de los combustibles fósilesLlevar las voces de las comunidades ante la CIDH es también una oportunidad de visibilizar patrones regionales de riesgo y violaciones de derechos humanos.Así ocurrió el pasado 10 de marzo, cuando representantes de comunidades de Colombia, Chile, Ecuador y República Dominicana expusieron ante la Comisión cómo décadas de extracción y uso de combustibles fósiles han vulnerado gravemente derechos humanos como el derecho a un ambiente sano, a la salud y al acceso a la información y participación en asuntos ambientales."Nuestra región no necesita únicamente descarbonizar su matriz energética, también necesita descarbonizar la injusticia histórica que han soportado nuestros pueblos", expresó Yaneth Ortiz, representante del pueblo indígena Wayuu de La Guajira, un territorio al norte de Colombia gravemente impactado por la operación del proyecto minero Carbones del Cerrejón.Sus mensajes fueron escuchados por la CIDH durante una audiencia pública denominada "Situación de los derechos humanos por la extracción de combustibles fósiles", en el marco de su 195° Período de Sesiones.Las y los representantes de las comunidades también hablaron de cómo en el contexto actual de transición energética, estas violaciones y riesgos se han profundizado."Nuestros niños se están enfermando en sus propias escuelas. A pesar de todo esto, no hay responsables claros ni soluciones estructurales… Para nosotros este proceso de descarbonización [en Chile] ha sido insuficiente y poco transparente", expresó Katta Alonso, en representación de la organización chilena Mujeres en Zonas de Sacrificio en Resistencia.Las experiencias locales compartidas evidenciaron la urgencia de llevar a cabo transiciones justas, lo que implica cierres responsables de proyectos de energía fósil en toda la región.Mientras que Juan Bay, presidente de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE), planteó: "No nos han hecho consulta previa, libre e informada para realizar explotación petrolera en nuestro territorio, tampoco para la conformación del área protegida. Ahora exigimos que se respeten nuestros derechos en el proceso de cierre de la actividad petrolera y la reparación ambiental y social".AIDA solicitó la audiencia junto con las comunidades y con organizaciones aliadas."Expusimos el riesgo y las violaciones a derechos humanos que experimentan distintos territorios en contextos de cierre y salida irresponsable de proyectos de extracción y quema de carbón, gas y petróleo", detalla Rosa Peña, abogada de AIDA.Para la Comisión, el propósito de estas audiencias es recibir información sobre temáticas o asuntos de derechos humanos en países específicos o regionales para emitir recomendaciones a los gobiernos orientadas al respeto y goce de los derechos humanos.Antes de cada período de sesiones, recibe un número gigante de solicitudes para que aborde en las audiencias las diferentes problemáticas de derechos humanos del continente, no solo relacionadas con el ambiente o el clima."Así llegamos aquí, después de convencer a la Comisión de la importancia de ver este tema con un enfoque de derechos humanos y de que escuche a las comunidades", cuenta Liliana Ávila, directora del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA.Con los años, AIDA ha desarrollado amplia experiencia y liderazgo en recurrir exitosamente a la CIDH y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos —los dos pilares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, mecanismo de la Organización de Estados Americanos— para lograr impacto regional en la protección del ambiente sano, de la mano de los territorios. Voces frente a los daños de la minería ilegalTambién durante el 195° Período de Sesiones de la CIDH, participamos en la audiencia de oficio "Impactos de la minería ilegal en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales", convocada por la propia Comisión.Nuestra intervención se sumó a otras voces para evidenciar por qué esta actividad es hoy uno de los fenómenos más preocupantes en el continente debido a sus graves afectaciones en los ecosistemas y los derechos humanos.En los territorios de América Latina, la minería de oro desencadena extracción ilícita que vulnera múltiples derechos, principalmente de pueblos indígenas y comunidades tradicionales.En la audiencia, propusimos ante la Comisión elementos relevantes para abordar la problemática desde una perspectiva regional.En AIDA buscamos amplificar la fuerza de los territorios y de su gente, llevando su sabiduría a espacios de toma de decisiones con potencial impacto de cambiar realidades en favor de un mejor futuro en el continente. *Víctor Quintanilla-Sangüeza es el Coordinador de Contenido de AIDA y Mayela Sánchez García es la especialista en comunidad digital de la organización.
Leer más
Principios internacionales para la desinversión responsable de combustibles fósiles
En un contexto de emergencia climática cada vez más grave, las empresas deben retirarse rápidamente de la extracción de carbón, petróleo y gas, así como de las industrias de energía fósil asociadas y de las instalaciones auxiliares de transporte, almacenamiento, refinación y procesamiento. Sin embargo, la necesidad urgente de abandonar los combustibles fósiles no justifica una desinversión irresponsable por parte de las empresas de energía fósil. El cierre rápido y el cierre responsable de la industria de los combustibles fósiles no son agendas incompatibles. Ambas son vitales para lograr justicia climática y ambiental, así como una transición energética justa.En ausencia de políticas y prácticas de desinversión responsables, las comunidades se ven expuestas a la contaminación heredada, así como a riesgos para la salud a largo plazo derivados de infraestructuras abandonadas que no se desmantelan adecuadamente y de la falta de restauración adecuada de los ecosistemas. Muchas comunidades también se enfrentan a una pérdida significativa de medios de vida y a dificultades económicas, ya que la industria de los combustibles fósiles se desinvierte sin tener en cuenta las consecuencias económicas locales, especialmente en los lugares donde se han creado dependencias económicas a lo largo del tiempo.Basados en las experiencias vividas y las demandas de las comunidades y las y los trabajadores(as) afectados(as) por las actividades relacionadas con los combustibles fósiles en todo el mundo, y en consonancia con las obligaciones internacionales existentes de los Estados y los marcos internacionales de responsabilidad corporativa, incluida la responsabilidad de respetar los derechos humanos, estos Principios Internacionales para la Desinversión Responsable de los Combustibles Fósiles establecen una agenda positiva que todas las empresas y los Estados deben seguir para promover una transición justa. Están diseñados para cambiar el desequilibrio de poder que actualmente favorece a las empresas y a los Estados poderosos, con el fin de garantizar que las comunidades y las y los trabajadores(as) afectados(as) tengan capacidad de acción y control sobre cómo se lleva a cabo la desinversión en combustibles fósiles. Su objetivo es que las empresas los sigan y los Estados los hagan obligatorios. Lee y descarga el documento
Leer más
Familias de La Oroya exigen al gobierno peruano cuatro acciones urgentes para el cumplimiento efectivo del fallo de la Corte Interamericana
Ante la falta de avances significativos, demandan al Estado definir las entidades responsables de cumplir cada medida ordenada por la Corte, brindar atención integral y especializada en salud, garantizar la mitigación de la contaminación del Complejo Metalúrgico de La Oroya y pagar de inmediato las indemnizaciones a las víctimas del caso.La Oroya, Perú. Ante los avances mínimos en el cumplimiento de la sentencia emitida hace dos años por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, familias afectadas por décadas de contaminación en La Oroya exigen al gobierno la adopción urgente de cuatro acciones necesarias para la implementación efectiva del fallo en el corto plazo.El 22 de marzo de 2024, el tribunal internacional dio a conocer el fallo en el que declaró al Estado peruano responsable por la violación de derechos humanos de un grupo de 80 residentes de La Oroya y le ordenó adoptar medidas de reparación integral.Sin embargo, la implementación del fallo continúa en una etapa inicial debido principalmente a la falta de voluntad política del Estado y a su cambio constante de argumentos para retrasar el proceso. Los avances al momento no han sido sustantivos y han estado relacionados con publicidad sobre la sentencia, el pago al Fondo de Víctimas instaurado por la Corte y el inicio de investigaciones penales por la estigmatización y persecución de las víctimas por su labor de defensa ambiental.Además, en los dos años transcurridos desde la emisión de la sentencia, el Complejo Metalúrgico de La Oroya, al haber reiniciado sus operaciones, ha generado nuevamente niveles de contaminación en la ciudad que superan los recomendados por la Organización Mundial de la Salud."La reactivación del Complejo Metalúrgico en marzo de 2024, sin cumplir con los actuales estándares ambientales, vuelve a poner en riesgo la salud de toda la población de La Oroya. Hoy, ni las víctimas del caso ni las demás personas que viven en la ciudad tienen garantizada una atención en salud frente a la contaminación. Además, no hay claridad sobre cuándo terminará esta situación, lo que genera mucha incertidumbre por la falta de acción del Estado", afirmó Rosa Peña, abogada sénior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), organización que lleva el caso ante la Corte junto con la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) de Perú.Frente a la situación, el grupo de víctimas del caso exige al gobierno peruano avanzar en el cumplimento de la sentencia mediante cuatro acciones urgentes:Emitir la Resolución de Determinación de Competencias que defina con claridad qué entidad es responsable de cada orden de la Corte, estableciendo presupuesto y plazos concretos de ejecución.Aprobar e implementar un protocolo especializado de atención integral en salud, elaborado con participación efectiva de las víctimas y con una asignación suficiente de fondos.Suspender las operaciones del Complejo Metalúrgico hasta contar con un instrumento de gestión ambiental acorde con los estándares establecidos por la Corte; así como evaluar medidas de transición para personas propietarias y trabajadoras a fin de evitar nuevos impactos sociales.Pagar las indemnizaciones a las víctimas según lo estipulado por la Corte. Después de más de 20 años de lucha, la sentencia histórica del caso todavía no se refleja en mejores condiciones de vida para las víctimas ni en reparaciones a los daños sufridos."Genera profunda preocupación que, a dos años de emitida la sentencia, el Estado no haya definido cuáles serán las entidades que tendrán a cargo el cumplimiento de cada una de sus disposiciones. Esta situación imposibilita incluso tener un espacio de coordinación directa a favor de las víctimas, así como de la población general de La Oroya y del país ante actividades minero-metalúrgicas. No olvidemos que la Corte ordenó también políticas públicas a nivel nacional para proteger el ambiente y la salud en Perú", dijo Christian Huaylinos, del Área Legal de APRODEH.Aunque la inestabilidad política de Perú ha influido, el principal obstáculo para avanzar de manera firme en la implementación del fallo internacional, que es obligatoria, ha sido la falta de decisión del Estado en ese sentido.Contacto de prensaLorena Zárate | AIDA | [email protected] | +52 553902 7481
Leer más