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Contaminación del río Motagua en Guatemala: La búsqueda de justicia ambiental del pueblo maya poqomam
La cuenca del río Motagua, el más extenso e importante de Guatemala, está gravemente contaminada con aguas residuales, desechos sólidos y otro tipo de desperdicios.
La problemática es transfronteriza porque las aguas contaminadas del Motagua desembocan en el mar Caribe, alcanzan las costas de Honduras y amenazan al Sistema Arrecifal Mesoamericano.
Esto ha vulnerado por décadas los derechos a la salud, al agua, al desarrollo y al ambiente sano de todas las personas que viven en la cuenca.
En junio de 2025, la comunidad maya poqomam de Santa Cruz Chinautla —apoyada por AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— logró una victoria judicial sin precedentes para detener la degradación en la cuenca. Como respuesta al litigio que interpuso, un tribunal guatemalteco ordenó a la municipalidad de Chinautla cumplir una serie de obligaciones para frenar la contaminación de los ríos y suelos de la zona.
La respuesta gubernamental al fallo se ha limitado al momento a reuniones de mesas técnicas de trabajo. Mientras, la comunidad continúa trabajando para que la sentencia se implemente adecuadamente y realizando otras acciones para defender su territorio y sus derechos.
Antecedentes
Con 486 km de longitud, el río Motagua atraviesa 96 municipios y 14 departamentos de Guatemala. Nace en Quiché, departamento ubicado al noroeste, y desemboca en el mar Caribe.
Las actividades contaminantes ocurren en toda su cuenca, incluyendo subcuencas y microcuencas. El mayor volumen de contaminación proviene de la ciudad de Guatemala, capital del país, transportado por las aguas del río Las Vacas, que a su vez recibe una gran cantidad de desperdicios del río Chinautla.
El río Chinautla, que atraviesa el municipio del mismo nombre, lleva los desechos sólidos de un vertedero ubicado en la Zona 3 capitalina —a donde llega la basura de al menos 14 municipios del departamento de Guatemala—, además de las aguas negras generadas por unas 500 mil personas que viven en la parte norte de la capital y que no reciben ningún tratamiento previo de limpieza.
Otras fuentes de contaminación son los numerosos vertederos ilegales que hay en el municipio de Chinautla, los desechos que vehículos particulares y camiones recolectores descargan a orillas de sus ríos, así como las empresas areneras —que comenzaron a instalarse en el territorio entre 1996 y 1997— cuyas operaciones debilitan las cuencas, haciendo que los desechos sólidos sean arrastrados más fácilmente por los caudales.
Foto: Mayela Sánchez García.
La situación trasciende fronteras. El Motagua vierte cada año unas 20 mil toneladas de plástico al mar Caribe, siendo así en uno de los ríos que más contaminación plástica aporta al océano a nivel mundial, según estimaciones contenidas en un informe de 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El caudal confluye en su desembocadura con el Arrecife Mesoamericano, por lo que la contaminación amenaza también con degradar uno de los arrecifes transfronterizos más grandes y biodiversos del planeta, que abarca las aguas territoriales de Belice, Guatemala, Honduras y México.
Además, las aguas contaminadas llegan a las costas de Honduras y se esparcen a la bahía de Amatique, situada a lo largo de la costa oriental de Guatemala, afectando al mar Caribe.
Las raíces de esta problemática crónica y transfronteriza son estructurales. Datos del proyecto Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dan cuenta que en Guatemala el 66% de los desechos sólidos urbanos no se recolectan y no hay garantía de que el 34% restante se elimine adecuadamente. Además, del total de vertederos del territorio nacional, el 88,32% son ilegales o no tienen autorización municipal.
Dicho de otro modo, las causas centrales que combatir son el mal manejo de desechos sólidos y de los recursos hídricos en Guatemala; el incumplimiento de las regulaciones existentes sobre el vertimiento de aguas residuales, disposición y tratamiento de desechos y residuos sólidos; así como la falta de una ley de aguas.
La búsqueda de justicia del pueblo maya poqomam
Los ríos de Santa Cruz Chinautla, comunidad del pueblo maya poqomam, ubicada a tan solo doce kilómetros de la Ciudad de Guatemala, se han convertido en conductos de contaminación que degradan el río Motagua.
Por décadas, su población ha visto dañada su salud y sus medios de vida —entre ellos la alfarería, una de las principales actividades económicas y fuente de identidad— debido a la falta de gestión de los residuos del municipio de Chinautla y de la zona urbana de la capital del país, así como a las actividades de empresas areneras.
Foto: Mario Winter.
Voces por el río Motagua: Olga Vázquez.
Voces por el río Motagua: Nazario Pascual.
A comienzos del año 2000, la comunidad maya se organizó para detener la extracción de arena en su territorio. En ese momento, las empresas tenían licencias mineras que estuvieron vigentes hasta 2021 y 2022. Y, aunque los permisos vencieron, algunas empresas siguieron operando tras solicitar prórrogas. En junio de 2022, las autoridades indígenas del pueblo poqomam iniciaron un plantón de resistencia frente a la empresa Piedrinera San Luis, que mantuvieron por cuatro años.
En julio de 2024, el Relator Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH visitó Santa Cruz Chinautla. Durante su visita, autoridades ancestrales e integrantes de la comunidad expusieron sobre los impactos ambientales, al agua, la salud, la economía y la cultura de la contaminación de sus ríos.
Ese mismo año, en octubre, la comunidad —con apoyo de AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— interpuso un litigio (petición de amparo) contra la municipalidad de Chinautla por la falta de medidas para atender la contaminación de sus ríos y suelos causada por el manejo inadecuado de desechos sólidos y la existencia de vertederos ilegales.
El equipo científico de AIDA, junto con vecinos y autoridades de la comunidad, recolectó información clave sobre los vertederos ilegales que hay en el territorio. Este ejercicio de ciencia ciudadana sustentó el litigio al visibilizar la gravedad de la contaminación, demostrar el uso continuo de este tipo de práctica y evidenciar el incumplimiento por parte de las autoridades municipales de sus obligaciones legales respecto de la gestión de residuos.
Conoce más de esta experiencia de ciencia ciudadana.
En junio de 2025, la comunidad poqomam obtuvo el respaldo de la justicia guatemalteca cuando un tribunal de amparo ordenó a la municipalidad de Chinautla responder efectivamente a las peticiones del litigio para frenar la contaminación de los ríos y suelos de Santa Cruz Chinautla.
Es la primera vez que un tribunal guatemalteco reconoce el derecho de un pueblo a un ambiente sano y su papel central en la búsqueda de soluciones.
Entérate de los detalles de la victoria judicial.
Situación actual
Desde la emisión de la sentencia, la municipalidad de Chinautla realizó una serie de "mesas técnicas de trabajo" con representantes del gobierno central, de la sociedad civil y de la comunidad. Luego se creó un grupo más pequeño conformado por personas técnicas con la tarea de elaborar un plan de trabajo con metas claras. Han pasado varios meses sin que la municipalidad convoque a las mesas de trabajo.
Por otro lado, en diciembre de 2025, la CIDH advirtió en su informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala que la cuenca del río Motagua enfrenta una severa crisis de contaminación que ha generado impactos profundos en la biodiversidad y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades locales, incluido el pueblo maya poqomam.
Y, en mayo de 2026, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales canceló la licencia de la empresa arenera Piedrinera San Luis por el "incumplimiento de los compromisos ambientales".
AIDA continúa haciendo seguimiento a la ejecución del fallo judicial para garantizar el derecho a un ambiente sano de la comunidad maya poqomam y de todas las personas que habitan en la cuenca del Motagua. Mientras, la población de Santa Cruz Chinautla sigue organizada y movilizada para mejorar su entorno y defender sus derechos.
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¿Qué sigue tras la entrada en vigor del Tratado de Alta Mar?
El día finalmente llegó.El 17 de enero pasado, el Tratado de Alta Mar —llamado oficialmente Acuerdo sobre Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ Agreement, por sus siglas en inglés)— entró en vigor y con ello se convirtió en ley internacional.Siendo un hito histórico que tomó más de dos décadas en concretarse, el tratado establece por primera vez un marco jurídico para proteger la biodiversidad en alta mar —cuyas aguas cubren casi la mitad del planeta y pertenecen a todos los países— y para garantizar que los beneficios derivados de sus recursos se distribuyan de manera equitativa a nivel mundial.La puesta en marcha del tratado fue activada el 19 de septiembre de 2025 cuando alcanzó su ratificación número sesenta. 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Entra en vigor el Tratado de Alta Mar, un hito histórico para una nueva era en la gobernanza mundial del océano
Nueva York. Hoy entra en vigor el Tratado de Alta Mar, cuyo nombre oficial es Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ, por sus siglas en inglés), lo que supone un hito histórico para la protección mundial del océano y la cooperación multilateral.Las aguas internacionales, que cubren casi la mitad del planeta, se encuentran más allá de las fronteras nacionales y forman parte del patrimonio común de la humanidad. El Tratado establece, por primera vez, un marco jurídico para proteger la biodiversidad en estas aguas y garantizar que los beneficios derivados de sus recursos se repartan de manera equitativa entre los países."La entrada en vigor del Acuerdo BBNJ hoy, es un hito para el multilateralismo y para los años de dedicación, diálogo y ardua labor cooperativa de innumerables personas comprometidas en todo el mundo. 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Todo ello desempeñará un papel crucial en la consecución de los objetivos mundiales en materia de biodiversidad y clima, incluida la meta de proteger el 30 % del océano para 2030.Tras dos décadas de debates y negociaciones, el texto del tratado se ultimó en marzo de 2023. Para su entrada en vigor se requerían las ratificaciones de sesenta países, un hito que se alcanzó el 19 de septiembre de 2025. Hoy, 120 días después, el tratado se convierte oficialmente en ley internacional, y su primera Conferencia de las Partes (COP), órgano decisorio del tratado, se reunirá en el plazo de un año."Las aguas internacionales están llenas de vida, desde el diminuto plancton hasta las grandes ballenas que dependen de él. Apenas estamos empezando a comprender lo importante que es este vasto mundo interconectado para la salud de todo nuestro planeta. 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Asimismo, las Partes deben promover los objetivos del tratado cuando participen en otros organismos internacionales, como los que regulan el transporte marítimo, la pesca y la minería de los fondos marinos.En última instancia, el verdadero impacto del tratado dependerá de cómo se aplique y se respete colectivamente en los próximos años. Una membresía más amplia reforzará su eficacia. Con 83 (1) Partes ya adheridas, el impulso continúa creciendo, y se anima a más países a unirse antes de la COP1. Mientras tanto, la arquitectura institucional del tratado —sus órganos y procesos de toma de decisiones— se está configurando a través de la Comisión Preparatoria, que deberá presentar propuestas sólidas para su adopción en la COP1, con el fin de que el tratado pueda empezar a operar lo antes posible. También se alienta a los países a que empiecen a identificar los lugares importantes de alta mar que requieran protección, de modo que se puedan presentar propuestas en futuras COP. 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Esta zona incluye algunos de los ecosistemas más importantes desde el punto de vista biológico, menos protegidos y más amenazados del mundo.El estado oficial de las firmas y ratificaciones se puede consultar en el sitio web de Naciones Unidas y en el rastreador de ratificaciones de la Alianza por Alta Mar. Nota: El número que aparece en el rastreador de la Alianza por Alta Mar refleja únicamente las ratificaciones que cuentan para la entrada en vigor y no incluye la ratificación de la UE, por lo que difiere del recuento total de Naciones Unidas.La Alianza por Alta Mar (HSA) utiliza en ocasiones el término "Tratado de Alta Mar" como abreviatura del Acuerdo BBNJ. La HSA reconoce que el ámbito de aplicación del Acuerdo BBNJ abarca todas las zonas fuera de la jurisdicción nacional, incluidos el lecho marino y la columna de agua. 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