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Contaminación del río Motagua en Guatemala: La búsqueda de justicia ambiental del pueblo maya poqomam
La cuenca del río Motagua, el más extenso e importante de Guatemala, está gravemente contaminada con aguas residuales, desechos sólidos y otro tipo de desperdicios.
La problemática es transfronteriza porque las aguas contaminadas del Motagua desembocan en el mar Caribe, alcanzan las costas de Honduras y amenazan al Sistema Arrecifal Mesoamericano.
Esto ha vulnerado por décadas los derechos a la salud, al agua, al desarrollo y al ambiente sano de todas las personas que viven en la cuenca.
En junio de 2025, la comunidad maya poqomam de Santa Cruz Chinautla —apoyada por AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— logró una victoria judicial sin precedentes para detener la degradación en la cuenca. Como respuesta al litigio que interpuso, un tribunal guatemalteco ordenó a la municipalidad de Chinautla cumplir una serie de obligaciones para frenar la contaminación de los ríos y suelos de la zona.
La respuesta gubernamental al fallo se ha limitado al momento a reuniones de mesas técnicas de trabajo. Mientras, la comunidad continúa trabajando para que la sentencia se implemente adecuadamente y realizando otras acciones para defender su territorio y sus derechos.
Antecedentes
Con 486 km de longitud, el río Motagua atraviesa 96 municipios y 14 departamentos de Guatemala. Nace en Quiché, departamento ubicado al noroeste, y desemboca en el mar Caribe.
Las actividades contaminantes ocurren en toda su cuenca, incluyendo subcuencas y microcuencas. El mayor volumen de contaminación proviene de la ciudad de Guatemala, capital del país, transportado por las aguas del río Las Vacas, que a su vez recibe una gran cantidad de desperdicios del río Chinautla.
El río Chinautla, que atraviesa el municipio del mismo nombre, lleva los desechos sólidos de un vertedero ubicado en la Zona 3 capitalina —a donde llega la basura de al menos 14 municipios del departamento de Guatemala—, además de las aguas negras generadas por unas 500 mil personas que viven en la parte norte de la capital y que no reciben ningún tratamiento previo de limpieza.
Otras fuentes de contaminación son los numerosos vertederos ilegales que hay en el municipio de Chinautla, los desechos que vehículos particulares y camiones recolectores descargan a orillas de sus ríos, así como las empresas areneras —que comenzaron a instalarse en el territorio entre 1996 y 1997— cuyas operaciones debilitan las cuencas, haciendo que los desechos sólidos sean arrastrados más fácilmente por los caudales.
Foto: Mayela Sánchez García.
La situación trasciende fronteras. El Motagua vierte cada año unas 20 mil toneladas de plástico al mar Caribe, siendo así en uno de los ríos que más contaminación plástica aporta al océano a nivel mundial, según estimaciones contenidas en un informe de 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El caudal confluye en su desembocadura con el Arrecife Mesoamericano, por lo que la contaminación amenaza también con degradar uno de los arrecifes transfronterizos más grandes y biodiversos del planeta, que abarca las aguas territoriales de Belice, Guatemala, Honduras y México.
Además, las aguas contaminadas llegan a las costas de Honduras y se esparcen a la bahía de Amatique, situada a lo largo de la costa oriental de Guatemala, afectando al mar Caribe.
Las raíces de esta problemática crónica y transfronteriza son estructurales. Datos del proyecto Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dan cuenta que en Guatemala el 66% de los desechos sólidos urbanos no se recolectan y no hay garantía de que el 34% restante se elimine adecuadamente. Además, del total de vertederos del territorio nacional, el 88,32% son ilegales o no tienen autorización municipal.
Dicho de otro modo, las causas centrales que combatir son el mal manejo de desechos sólidos y de los recursos hídricos en Guatemala; el incumplimiento de las regulaciones existentes sobre el vertimiento de aguas residuales, disposición y tratamiento de desechos y residuos sólidos; así como la falta de una ley de aguas.
La búsqueda de justicia del pueblo maya poqomam
Los ríos de Santa Cruz Chinautla, comunidad del pueblo maya poqomam, ubicada a tan solo doce kilómetros de la Ciudad de Guatemala, se han convertido en conductos de contaminación que degradan el río Motagua.
Por décadas, su población ha visto dañada su salud y sus medios de vida —entre ellos la alfarería, una de las principales actividades económicas y fuente de identidad— debido a la falta de gestión de los residuos del municipio de Chinautla y de la zona urbana de la capital del país, así como a las actividades de empresas areneras.
Foto: Mario Winter.
Voces por el río Motagua: Olga Vázquez.
Voces por el río Motagua: Nazario Pascual.
A comienzos del año 2000, la comunidad maya se organizó para detener la extracción de arena en su territorio. En ese momento, las empresas tenían licencias mineras que estuvieron vigentes hasta 2021 y 2022. Y, aunque los permisos vencieron, algunas empresas siguieron operando tras solicitar prórrogas. En junio de 2022, las autoridades indígenas del pueblo poqomam iniciaron un plantón de resistencia frente a la empresa Piedrinera San Luis, que mantuvieron por cuatro años.
En julio de 2024, el Relator Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH visitó Santa Cruz Chinautla. Durante su visita, autoridades ancestrales e integrantes de la comunidad expusieron sobre los impactos ambientales, al agua, la salud, la economía y la cultura de la contaminación de sus ríos.
Ese mismo año, en octubre, la comunidad —con apoyo de AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— interpuso un litigio (petición de amparo) contra la municipalidad de Chinautla por la falta de medidas para atender la contaminación de sus ríos y suelos causada por el manejo inadecuado de desechos sólidos y la existencia de vertederos ilegales.
El equipo científico de AIDA, junto con vecinos y autoridades de la comunidad, recolectó información clave sobre los vertederos ilegales que hay en el territorio. Este ejercicio de ciencia ciudadana sustentó el litigio al visibilizar la gravedad de la contaminación, demostrar el uso continuo de este tipo de práctica y evidenciar el incumplimiento por parte de las autoridades municipales de sus obligaciones legales respecto de la gestión de residuos.
Conoce más de esta experiencia de ciencia ciudadana.
En junio de 2025, la comunidad poqomam obtuvo el respaldo de la justicia guatemalteca cuando un tribunal de amparo ordenó a la municipalidad de Chinautla responder efectivamente a las peticiones del litigio para frenar la contaminación de los ríos y suelos de Santa Cruz Chinautla.
Es la primera vez que un tribunal guatemalteco reconoce el derecho de un pueblo a un ambiente sano y su papel central en la búsqueda de soluciones.
Entérate de los detalles de la victoria judicial.
Situación actual
Desde la emisión de la sentencia, la municipalidad de Chinautla realizó una serie de "mesas técnicas de trabajo" con representantes del gobierno central, de la sociedad civil y de la comunidad. Luego se creó un grupo más pequeño conformado por personas técnicas con la tarea de elaborar un plan de trabajo con metas claras. Han pasado varios meses sin que la municipalidad convoque a las mesas de trabajo.
Por otro lado, en diciembre de 2025, la CIDH advirtió en su informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala que la cuenca del río Motagua enfrenta una severa crisis de contaminación que ha generado impactos profundos en la biodiversidad y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades locales, incluido el pueblo maya poqomam.
Y, en mayo de 2026, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales canceló la licencia de la empresa arenera Piedrinera San Luis por el "incumplimiento de los compromisos ambientales".
AIDA continúa haciendo seguimiento a la ejecución del fallo judicial para garantizar el derecho a un ambiente sano de la comunidad maya poqomam y de todas las personas que habitan en la cuenca del Motagua. Mientras, la población de Santa Cruz Chinautla sigue organizada y movilizada para mejorar su entorno y defender sus derechos.
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Aunque cambien las empresas, la decisión de la ciudadanía de Cajamarca sigue siendo la misma: defender su territorio frente a la gran minería.Bogotá / Cajamarca. Tras el anuncio de la empresa Mineros S.A. sobre la firma de un acuerdo para adquirir el 100% de las acciones de AngloGold Ashanti Colombia S.A.S del proyecto minero La Colosa en Cajamarca, desde la Coalición Jurídica para la Defensa de Cajamarca (1) reiteramos un mensaje claro: Cajamarca ya decidió y su territorio debe permanecer libre de gran minería.Durante más de una década, hemos adelantado procesos de movilización, defensa jurídica e incidencia para proteger a Cajamarca frente al proyecto minero La Colosa, promovido por AngloGold Ashanti. Gracias a esa defensa colectiva del territorio y a la normatividad ambiental, hoy las actividades de exploración en este proyecto se encuentran suspendidas.Desde 2017 la ciudadanía de Cajamarca se pronunció de manera contundente a través de la consulta popular, en la que el 98 % de las personas votantes rechazó el desarrollo de actividades mineras en el municipio. Este resultado tiene plenos efectos legales, como lo han confirmado dos jueces colombianos, y representó un hito de participación y democracia ambiental en Colombia, además de una clara expresión de la voluntad del territorio de proteger el agua, la vocación agrícola del municipio y los ecosistemas estratégicos de la región. En este contexto, el cambio de titularidad del proyecto de AngloGold Ashanti a Mineros S.A. no cambia la realidad del territorio ni la posición de las comunidades. Aunque cambien las empresas, la decisión de Cajamarca sigue siendo la misma: defender su territorio frente a la gran minería. Además, ninguna de estas dos empresas cuenta con los permisos ambientales necesarios para reactivar el proyecto La Colosa, y aún así, insisten en desconocer las decisiones autónomas y legítimas de la comunidad. El anuncio de esta transacción se produce, además, pocos días después de que el Concejo Municipal de Cajamarca aprobara un acuerdo municipal de iniciativa ciudadana que declaró 33 predios pertenecientes a AngloGold Ashanti como áreas de utilidad pública e interés social. Esta decisión reafirma el compromiso institucional del municipio con la protección del territorio.Las organizaciones que suscribimos este comunicado reiteramos que Cajamarca no es ni será un territorio minero. Sea AngloGold, Mineros S.A. o cualquier otra empresa, la gran minería no tiene lugar en el municipio. Continuaremos ejerciendo todas las acciones sociales, jurídicas y políticas necesarias para defender el territorio y hacer respetar la decisión de Cajamarca.#LaConsultaSeRespeta (1) La Coalición está integrada por el Colectivo Socio-ambiental Juvenil de Cajamarca (COSAJUCA), el Centro Sociojurídico SIEMBRA, el Semillero de investigación en estudios sobre minería de la Universidad de Antioquia, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la Clínica Jurídica Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, la Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio de la Universidad Javeriana, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y Sibelys Mejía Rodríguez (investigadora independiente).Contactos de prensaRobinson Mejía | COSAJUCA | [email protected] | 300 218 36 41 Sara Sofia Moreno | SIEMBRA | [email protected] | 300 568 33 33 | Lorena Zárate | AIDA | [email protected] | +52 553902 7481Laura Becerra | CCJ | [email protected] | 313 475 5815
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En una audiencia pública, evidenciaron los impactos y riesgos para comunidades de América Latina por décadas de extracción, comercialización y uso de carbón, petróleo y gas; así como por procesos de cierre y salida irresponsable de proyectos del sector en el marco de la transición energética.Ciudad de Guatemala. Representantes de organizaciones y comunidades de América Latina pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) atender las violaciones de derechos humanos derivadas de la operación y cierre de proyectos de combustibles fósiles (carbón, gas y petróleo) en la región.Lo hicieron en una audiencia pública en la que —a partir de casos emblemáticos en Colombia, Chile, Ecuador y República Dominicana— evidenciaron ante la Comisión las violaciones y riesgos de violaciones de derechos humanos por décadas de extracción, comercialización y uso de combustibles fósiles sin cumplir con estándares socioambientales. 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