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Contaminación del río Motagua en Guatemala: La búsqueda de justicia ambiental del pueblo maya poqomam

La cuenca del río Motagua, el más extenso e importante de Guatemala, está gravemente contaminada con aguas residuales, desechos sólidos y otro tipo de desperdicios.

La problemática es transfronteriza porque las aguas contaminadas del Motagua desembocan en el mar Caribe, alcanzan las costas de Honduras y amenazan al Sistema Arrecifal Mesoamericano.  

Esto ha vulnerado por décadas los derechos a la salud, al agua, al desarrollo y al ambiente sano de todas las personas que viven en la cuenca.

En junio de 2025, la comunidad maya poqomam de Santa Cruz Chinautla —apoyada por AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— logró una victoria judicial sin precedentes para detener la degradación en la cuenca. Como respuesta al litigio que interpuso, un tribunal guatemalteco ordenó a la municipalidad de Chinautla cumplir una serie de obligaciones para frenar la contaminación de los ríos y suelos de la zona.  

La respuesta gubernamental al fallo se ha limitado al momento a reuniones de mesas técnicas de trabajo. Mientras, la comunidad continúa trabajando para que la sentencia se implemente adecuadamente y realizando otras acciones para defender su territorio y sus derechos. 

 

Antecedentes

Con 486 km de longitud, el río Motagua atraviesa 96 municipios y 14 departamentos de Guatemala. Nace en Quiché, departamento ubicado al noroeste, y desemboca en el mar Caribe.

Las actividades contaminantes ocurren en toda su cuenca, incluyendo subcuencas y microcuencas. El mayor volumen de contaminación proviene de la ciudad de Guatemala, capital del país, transportado por las aguas del río Las Vacas, que a su vez recibe una gran cantidad de desperdicios del río Chinautla.

El río Chinautla, que atraviesa el municipio del mismo nombre, lleva los desechos sólidos de un vertedero ubicado en la Zona 3 capitalina —a donde llega la basura de al menos 14 municipios del departamento de Guatemala—, además de las aguas negras generadas por unas 500 mil personas que viven en la parte norte de la capital y que no reciben ningún tratamiento previo de limpieza.

Otras fuentes de contaminación son los numerosos vertederos ilegales que hay en el municipio de Chinautla, los desechos que vehículos particulares y camiones recolectores descargan a orillas de sus ríos, así como las empresas areneras —que comenzaron a instalarse en el territorio entre 1996 y 1997— cuyas operaciones debilitan las cuencas, haciendo que los desechos sólidos sean arrastrados más fácilmente por los caudales.

Foto: Mayela Sánchez García.

 

La situación trasciende fronteras. El Motagua vierte cada año unas 20 mil toneladas de plástico al mar Caribe, siendo así en uno de los ríos que más contaminación plástica aporta al océano a nivel mundial, según estimaciones contenidas en un informe de 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El caudal confluye en su desembocadura con el Arrecife Mesoamericano, por lo que la contaminación amenaza también con degradar uno de los arrecifes transfronterizos más grandes y biodiversos del planeta, que abarca las aguas territoriales de Belice, Guatemala, Honduras y México.

Además, las aguas contaminadas llegan a las costas de Honduras y se esparcen a la bahía de Amatique, situada a lo largo de la costa oriental de Guatemala, afectando al mar Caribe.

Las raíces de esta problemática crónica y transfronteriza son estructurales. Datos del proyecto Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dan cuenta que en Guatemala el 66% de los desechos sólidos urbanos no se recolectan y no hay garantía de que el 34% restante se elimine adecuadamente. Además, del total de vertederos del territorio nacional, el 88,32% son ilegales o no tienen autorización municipal.

Dicho de otro modo, las causas centrales que combatir son el mal manejo de desechos sólidos y de los recursos hídricos en Guatemala; el incumplimiento de las regulaciones existentes sobre el vertimiento de aguas residuales, disposición y tratamiento de desechos y residuos sólidos; así como la falta de una ley de aguas. 

 

La búsqueda de justicia del pueblo maya poqomam

Los ríos de Santa Cruz Chinautla, comunidad del pueblo maya poqomam, ubicada a tan solo doce kilómetros de la Ciudad de Guatemala, se han convertido en conductos de contaminación que degradan el río Motagua.  

Por décadas, su población ha visto dañada su salud y sus medios de vida —entre ellos la alfarería, una de las principales actividades económicas y fuente de identidad— debido a la falta de gestión de los residuos del municipio de Chinautla y de la zona urbana de la capital del país, así como a las actividades de empresas areneras.

Foto: Mario Winter.

 

Voces por el río Motagua: Olga Vázquez.

Voces por el río Motagua: Nazario Pascual. 

 

A comienzos del año 2000, la comunidad maya se organizó para detener la extracción de arena en su territorio. En ese momento, las empresas tenían licencias mineras que estuvieron vigentes hasta 2021 y 2022. Y, aunque los permisos vencieron, algunas empresas siguieron operando tras solicitar prórrogas. En junio de 2022, las autoridades indígenas del pueblo poqomam iniciaron un plantón de resistencia frente a la empresa Piedrinera San Luis, que mantuvieron por cuatro años.

En julio de 2024, el Relator Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH visitó Santa Cruz Chinautla. Durante su visita, autoridades ancestrales e integrantes de la comunidad expusieron sobre los impactos ambientales, al agua, la salud, la economía y la cultura de la contaminación de sus ríos.

Ese mismo año, en octubre, la comunidad —con apoyo de AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— interpuso un litigio (petición de amparo) contra la municipalidad de Chinautla por la falta de medidas para atender la contaminación de sus ríos y suelos causada por el manejo inadecuado de desechos sólidos y la existencia de vertederos ilegales.  

El equipo científico de AIDA, junto con vecinos y autoridades de la comunidad, recolectó información clave sobre los vertederos ilegales que hay en el territorio. Este ejercicio de ciencia ciudadana sustentó el litigio al visibilizar la gravedad de la contaminación, demostrar el uso continuo de este tipo de práctica y evidenciar el incumplimiento por parte de las autoridades municipales de sus obligaciones legales respecto de la gestión de residuos. 

 

Conoce más de esta experiencia de ciencia ciudadana. 

 

En junio de 2025, la comunidad poqomam obtuvo el respaldo de la justicia guatemalteca cuando un tribunal de amparo ordenó a la municipalidad de Chinautla responder efectivamente a las peticiones del litigio para frenar la contaminación de los ríos y suelos de Santa Cruz Chinautla.

Es la primera vez que un tribunal guatemalteco reconoce el derecho de un pueblo a un ambiente sano y su papel central en la búsqueda de soluciones. 

 

Entérate de los detalles de la victoria judicial. 

 

Situación actual

Desde la emisión de la sentencia, la municipalidad de Chinautla realizó una serie de "mesas técnicas de trabajo" con representantes del gobierno central, de la sociedad civil y de la comunidad. Luego se creó un grupo más pequeño conformado por personas técnicas con la tarea de elaborar un plan de trabajo con metas claras. Han pasado varios meses sin que la municipalidad convoque a las mesas de trabajo.

Por otro lado, en diciembre de 2025, la CIDH advirtió en su informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala que la cuenca del río Motagua enfrenta una severa crisis de contaminación que ha generado impactos profundos en la biodiversidad y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades locales, incluido el pueblo maya poqomam.

Y, en mayo de 2026, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales canceló la licencia de la empresa arenera Piedrinera San Luis por el "incumplimiento de los compromisos ambientales".

AIDA continúa haciendo seguimiento a la ejecución del fallo judicial para garantizar el derecho a un ambiente sano de la comunidad maya poqomam y de todas las personas que habitan en la cuenca del Motagua. Mientras, la población de Santa Cruz Chinautla sigue organizada y movilizada para mejorar su entorno y defender sus derechos.  

Niña frente a un mural contra la contaminación en Santa Cruz Chinautla, Guatemala

Bote con población ribereña navega en el río Xingún, en la Amazonía brasileña

O rio Xingu está sendo silenciado, mas não seu povo

Um rio é sempre um caminho, sustento e memória.Na Volta Grande do rio Xingu, no coração da Amazônia brasileira, a água não apenas fluía: ela ensinava quando plantar, quando pescar, quando celebrar.Alí, a vida seguia o ritmo do rio.Mas isso começou a mudar em 2010, quando se planejava a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. E uma pergunta silenciosa começou a surgir: Quem decide o destino da água?Seis anos depois, em 5 de maio de 2016, quando a barragem foi inaugurada, quase 80% da vazão do rio Xingu foi desviada.Já em 2018, organizações e comunidades alertavam que o plano de manejo da vazão imposto ao Xingu para a operação da usina era um prenúncio de um futuro de escassez.Aquele aviso tornou-se realidade.Hoje, trechos inteiros do rio estão secos. Mais de 100 quilômetros da Volta Grande perderam seu fluxo natural. A água, que antes sustentava a biodiversidade e os modos de vida locais, não corre mais como antes.Sem água suficiente, os peixes pararam de se reproduzir. Não há desova há três anos.O silêncio do rio se transformou em fome, incerteza e devastação.A morte dos peixes não é apenas um impacto ambiental: é o colapso de um modo de vida.Comunidades indígenas, ribeirinhas e pesqueiras perderam não apenas sua principal fonte de alimento, mas também sua autonomia e sua conexão com a terra.Hoje, o legado de Belo Monte é um acúmulo progressivo de degradação ecológica, social e cultural.No entanto, essa história ainda não terminou. Tempo de justiça para o rio Xingu e a vida que ele sustentaDez anos após o início das operações da barragem de Belo Monte, os impactos relatados foram confirmados, mas algo imprevisto também se fortaleceu: a resistência.As comunidades afetadas permanecem organizadas, ativas e determinadas. Elas continuam denunciando a situação, exigindo reparações e defendendo seu direito de viver às margens do rio.Essa força é visível hoje nos protestos contra novos projetos na região.Porque para essas comunidades, a luta não é apenas contra um projeto; é pela continuidade da vida.Hoje é um momento de justiça para elasA denúncia contra o Estado brasileiro por sua responsabilidade internacional neste caso tramita na Comissão Interamericana de Direitos Humanos desde 2011, aguardando uma decisão que poderá marcar um ponto de virada para as comunidades da bacia do Xingu.A denúncia contém os elementos legais e probatórios necessários para que a Comissão a admita, determine que ocorreram diversas violações de direitos humanos e encaminhe o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos, cuja decisão poderá estabelecer um precedente para a regulamentação estatal de megaprojetos no contexto da crise climática; a participação pública; e a proteção de povos indígenas, comunidades tradicionais e ecossistemas-chave como a Amazônia.Contudo, enquanto o processo avança lentamente, os impactos continuam a piorar a cada dia. A urgência não é legal, é humana. Cada ciclo sem resposta é mais um ciclo de seca, perda de biodiversidade e acúmulo de violações.Neste caso, a decisão não é apenas uma questão institucional; é uma questão de esperança para a vida daqueles que dependem do rio.O que aconteceu com Belo Monte tornou-se um símbolo.É um exemplo claro de como projetos vendidos como “energia limpa” podem ter impactos profundos e duradouros quando ignoram os direitos humanos.Num momento em que o mundo busca soluções energéticas para enfrentar a crise climática, não podemos repetir os antigos padrões de injustiça.  Leia mais sobre o caso 

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Bote con población ribereña navega en el río Xingún, en la Amazonía brasileña

El río Xingú está siendo silenciado, pero no sus pueblos

Un río siempre es camino, alimento y memoria.En la Volta Grande (o Gran Recodo) del río Xingú, en plena Amazonía brasileña, el agua no solo fluía: enseñaba cuándo sembrar, cuándo pescar, cuándo celebrar.  Allí, la vida seguía el ritmo del río.Pero eso comenzó a cambiar en 2010, cuando se planificaba la construcción de la central hidroeléctrica Belo Monte y un cuestionamiento silencioso iba creciendo: ¿Quién decide el destino del agua?Seis años después, el 5 de mayo de 2016, cuando la represa fue inaugurada, cerca del 80 % del caudal del río Xingú fue desviado.Ya en 2018 organizaciones y comunidades alertaban que el plan de manejo del caudal, impuesto al Xingú para la operación de la hidroeléctrica, era el anuncio de un futuro de escasez.Tal advertencia se convirtió en realidad.Hoy, tramos enteros del río están secos. Más de 100 kilómetros de la Volta Grande han perdido su flujo natural. El agua, que antes sostenía la biodiversidad y los modos de vida locales, ya no llega como antes.Sin agua suficiente, los peces dejaron de reproducirse. Hace tres años que no hay desove.El silencio del río se convirtió en hambre, incertidumbre y ruptura.La muerte de los peces no es solo un impacto ambiental: es el quiebre de un modo de vida.  Comunidades indígenas, ribereñas y pesqueras han perdido no solo su principal fuente de alimento, sino también su autonomía y su relación con el territorio.Hoy, la huella de Belo Monte es una acumulación progresiva de degradación ecológica, social y cultural.Sin embargo, esta historia aún no ha llegado a su fin. Tiempo de justicia para el río Xingú y la vida que sostieneDiez años después del inicio de operaciones de la represa Belo Monte, los impactos denunciados se han confirmado, pero también se ha fortalecido algo que no se había previsto: la resistencia.Las comunidades afectadas siguen organizadas, activas y decididas. Siguen denunciando, exigiendo reparación y defendiendo el derecho a vivir junto al río.Esa fuerza es visible hoy en las protestas contra nuevos proyectos en la zona.Porque para estos pueblos, la lucha no es solo contra un proyecto, es por la continuidad de la vida.Hoy es tiempo de justicia para ellos.  La denuncia contra el Estado brasileño por su responsabilidad internacional en el caso está en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 2011, a la espera de una decisión que puede marcar un antes y un después para las comunidades de la cuenca del Xingú.La denuncia tiene los elementos jurídicos y probatorios necesarios para que la Comisión la admita, determine que hubo varias violaciones de derechos humanos y remita el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyo fallo puede sentar un precedente para la regulación estatal de megaproyectos en contextos de crisis climática; la participación pública; y la protección de pueblos indígenas, comunidades tradicionales y ecosistemas clave como la Amazonía.Pero, mientras el proceso avanza lentamente, los impactos siguen agravándose cada día. La urgencia no es jurídica, es humana. Cada ciclo sin respuesta es un ciclo más de sequía, de pérdida de biodiversidad y de vulneraciones que se acumulan. En este caso, decidir no es solo una cuestión institucional, es una cuestión de esperanza de vida para quienes dependen del río.Lo ocurrido con Belo Monte se ha convertido en un símbolo.Es un claro ejemplo de cómo los proyectos vendidos como "energía limpia" pueden acarrear impactos profundos y duraderos cuando ignoran los derechos humanos.  En momentos en que el mundo busca soluciones energéticas para enfrentar la crisis climática, no podemos repetir viejos patrones de injusticia.  Conoce más del caso 

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Puesta de sol en Santa Marta, Colombia

Santa Marta y el fin de los combustibles fósiles: Del "sí" al "cómo"

Terminó la Primera Conferencia Internacional para la Transición Más Allá de los Combustibles Fósiles en Santa Marta, Colombia. Y todo apunta a que esta iniciativa llegó para quedarse. Muchos aspectos merecen atención en este proceso abierto por Colombia y los Países Bajos. ¿Estamos ante la primera piedra de una nueva era? Mientras el mundo aún no termina de digerir lo ocurrido, y espera el reporte oficial de los países coanfitriones en los próximos meses, hacemos un análisis temprano. Los orígenesLa conferencia de Santa Marta fue la respuesta a la frustración de tres décadas sin que las negociaciones climáticas internacionales —en las sucesivas Conferencias de las Partes (COP) de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático (CMNUCC)— abordaran de frente la causa principal e indiscutida de la crisis climática: los combustibles fósiles. Y ya era hora. Desde 1992, la comunidad internacional ha negociado emisiones, metas y mecanismos de mercado, sin lograr mirar de frente al elefante en la sala. Las palabras "petróleo", "carbón" y "combustibles" no aparecen en el Acuerdo de París. Recién en 2021, en la COP de Glasgow se reconoció por primera vez que los combustibles fósiles causan el cambio climático, pero solo se pidió una reducción gradual del carbón. En 2023, en Dubai, se logró el mayor avance: la frase "transitioning away from fossil fuels". Y en 2025, en Belém, ni eso pudo mantenerse. Pero al menos esa frustración sirvió para detonar la conferencia de Santa Marta, que fue precisamente lo contrario: 57 países representando un tercio del PIB global sentados para hablar de cómo dejar los fósiles, no de si hacerlo o no. Si no llega a ser nada más, esta conferencia por lo menos fue un alivio, una señal de cordura en un mundo que a veces realmente no se entiende.Y no solo se habló del qué, sino del cómo, que incluye la justicia. El documento oficial de resumen que circularon los países anfitriones habla de planes territoriales de transición justa, reconversión laboral con participación de personas trabajadoras y comunidades, acceso directo a financiamiento para pueblos indígenas, y prevención explícita de "nuevas formas de dependencia extractiva". Se mencionan los sistemas de energía descentralizada y comunitaria como ejemplos concretos de producción sostenible.Desde AIDA, creemos que esta es una condición fundamental: sin justicia, no hay transición viable. No es un imperativo ético o jurídico, es también práctico. Cuando la transición se hace sin las comunidades, sin el resguardo de las personas y los territorios, sin una justa distribución de cargas y beneficios, genera resistencia que puede frenar los propios proyectos. La evidencia en América Latina habla por sí sola.En tiempos en que la humanidad atraviesa tanta oscuridad, cuesta ser optimista. Quizás en este caso hay razones para serlo. Una guerra que, paradójicamente, muestra el caminoLa guerra en Medio Oriente como telón de fondo le dio a la conferencia de Santa Marta una urgencia sin precedentes: la disrupción en el suministro de petróleo y gas que ha generado nos pone en una situación única. De un plumazo, se interrumpió entre el 20 y 25% del flujo de petróleo y gas en el mundo, generando estragos a lo largo y ancho del planeta: costos de vida disparados, apagones, economías tambaleándose. Un conflicto en un punto específico del planeta está afectando a casi todas las economías del mundo. Y eso cambió el tono de la conversación. La transición no se enmarca solo como una necesidad climática o ambiental, sino como un asunto de seguridad y soberanía. La guerra demostró que depender de los fósiles nos hace tremendamente vulnerables. Es tiempo de asumir que la urgencia climática y estabilidad económica están del mismo lado, no se contraponen.Fatih Birol, director de la Agencia Internacional de Energía, declaró desde Santa Marta que la guerra "rompió los mercados fósiles sin posibilidad de reparación", refiriéndose a la metáfora del jarrón roto. No es solo una posición ambientalista, es un diagnóstico global. La renovación de Santa MartaAdemás de su contenido, la forma en que se desarrolló la conferencia de Santa Marta también sorprendió y podría considerarse una innovación para la diplomacia climática. El lobby de los combustibles fósiles fue explícitamente excluidos. Los países que históricamente han bloqueado cualquier progreso no fueron invitados. Y el formato del segmento de alto nivel rompió con las dinámicas tradicionales: en lugar de las declaraciones leídas desde un computador que caracterizan las COP, los ministros y delegados se sentaron en círculos pequeños bajo las reglas de Chatham House, sin pantallas, y junto a representantes de sociedad civil y pueblos indígenas en las mismas condiciones. No pasó al final, cuando ya nadie escucha, sino marcando la pauta desde el inicio.Tzeporah Berman, presidenta de la iniciativa para crear el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, describió la experiencia como "ver una represa ceder: "toda esa experiencia, esos conocimientos y esa pasión acumulados se traducen de repente en medidas concretas para eliminar gradualmente los combustibles contaminantes". La ciencia al volanteEntre los resultados concretos, destaca el lanzamiento del Panel Científico para la Transición Energética Global (SPGET, por sus siglas en inglés). En los primeros años de las negociaciones climáticas, la ciencia iba por delante: las COP abrían con una actualización del conocimiento científico más reciente y las decisiones se construían sobre esa base. Con el tiempo, eso se fue erosionando. Países con intereses fósiles fueron diluyendo las advertencias científicas e introduciendo lo que en la conferencia de Santa Marta se llamó abiertamente "falsas soluciones" —como la captura de carbono y los offsets— para justificar la continuidad de la extracción. La conferencia se propuso poner a la ciencia de regreso al volante.El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) sigue produciendo informes fundamentales, pero tiene limitaciones que el SPGET puede subsanar. Publica informes cada siete años, un proceso lento para una crisis que se acelera. Sus resúmenes para personas tomadoras de decisiones —que en la práctica leen los gobiernos— son negociados línea por línea con representantes gubernamentales, incluyendo países con intereses fósiles, lo que atenúa conclusiones. Y el IPCC no está facultado para dar recomendaciones de política a los países. Carlos Nobre, uno de los fundadores del SPGET, contó que una vez quiso incluir información sobre los riesgos que enfrenta la Amazonía en un resumen del IPCC y que un representante de su propio país lo rechazó. El SPGET es totalmente independiente. Ningún gobierno puede vetar lo que dice y producirá actualizaciones anuales con recomendaciones concretas de política, apoyando a los países en el desarrollo de hojas de ruta alineadas con la meta de los 1.5°C. En cuanto a su estructura, está copresidido por una economista camerunesa (Vera Songwe), un economista alemán (Ottmar Edenhofer) y un ingeniero energético brasileño (Gilberto Jannuzzi). Si funciona como promete, podría convertirse en el brazo científico que la transición necesita. Continuidad y estructura. La promesa hacia el futuroLa conferencia de Santa Marta no fue un evento aislado, sino el inicio de un proceso estructurado. Para empezar, ya se confirmó una segunda versión para 2027, coorganizada por Tuvalu e Irlanda, sellando el compromiso de colaboración norte-sur. Con miras a eso, se crearon tres líneas de trabajo permanentes que operarán hasta Tuvalu. La primera línea de trabajo apoyará a los países en la elaboración de hojas de ruta nacionales de transición, conectadas con sus compromisos climáticos bajo el Acuerdo de París. Hay ejemplos concretos: Francia llegó con la suya, una hoja de ruta para eliminar progresivamente los combustibles fósiles de su matriz energética para 2050, la primera propuesta de este tipo presentada por un país desarrollado. Pero el plan ha sido criticado por la sociedad civil. No aborda la remediación de territorios dañados por décadas de extracción ni da cuenta de las nuevas presiones que su modelo de electrificación podría ejercer en el sur global, de donde provienen la gran mayoría de los minerales necesarios para baterías, redes y energías renovables. Colombia, por su parte, presentó la suya en la preconferencia académica, con datos que muestran que la transición resultaría económicamente rentable a partir de 2040. Estas hojas de ruta, a diferencia de las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés), abordan la producción de combustibles fósiles. Las NDC se refieren a la reducción de emisiones, pero no comprometen el cierre de minas o plantas de carbón ni el fin de las licitaciones para extraer fósiles. Ahora, las NDC también tienen algo que las hojas de ruta no tienen: anclaje jurídico, al ser parte del Acuerdo de París. Entonces, la promesa está en que las hojas de ruta se integren en las NDC, lo que dejaría con compromisos concretos y vinculantes de transición. Pero, como muestra el caso francés, si las hojas de ruta no incorporan la remediación de territorios afectados ni las cadenas de suministro que la electrificación demanda, hay riesgo de terminar con compromisos vinculantes que consolidan una transición desigual en lugar de corregirla.La segunda línea de trabajo permanente abordará las barreras financieras —deuda, subsidios fósiles y acceso a capital— con apoyo del IISD, un centro de investigación especializado en políticas de subsidios y finanzas climáticas. Y la tercera buscará formas de descarbonizar el comercio internacional, conectando a países productores y consumidores de combustibles fósiles para que trabajen juntos en la transición, con apoyo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).A eso se suma el panel científico (SPGET), que dará base técnica a todo el proceso, y un grupo de coordinación permanente entre los coanfitriones actuales (Colombia y Países Bajos) y los futuros (Tuvalu e Irlanda), que asegurará continuidad. Todo lo que salga de estas líneas de trabajo alimentará las negociaciones climáticas oficiales de la ONU, incluyendo la COP31, prevista para noviembre de este año en Turquía.Aunque no hay acuerdos vinculantes que mostrar, sí contamos ya con mecanismos concretos de trabajo entre los países que sí quieren avanzar, con instituciones de apoyo, mandatos claros, una segunda conferencia para recibir los avances y la promesa de permear las negociaciones oficiales de la ONU. Es un buen comienzo que tiene estructura para sostenerse. Lo que queda por resolverHay una deuda que atraviesa todo lo anterior: los plazos y la urgencia. Recién empezamos a hablar de crear hojas de ruta para eliminar los combustibles fósiles, pero su implementación debió iniciar hace 40 años. Ese desfase debería marcar el tono de todo lo que viene.Un tema en el que la conferencia de Santa Marta se quedó particularmente corta es el financiamiento. El tema —deuda, espacio fiscal, subsidios, arquitectura financiera internacional—se discutió extensamente, pero no se logró traducir esto en señales claras. Para un proceso que aspira a coordinar la salida global de los combustibles fósiles, la ausencia de una hoja de ruta financiera es una limitación seria.No es algo nuevo ni se trata de caridad. El principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, consagrado en la propia CMNUCC, establece que los países que más contribuyeron a la crisis climática deben apoyar a los que menos lo hicieron y más sufren. Con esta base se han construido las metas de financiamiento climático que hoy ascienden a USD 300.000 millones anuales para 2035, según se acordó en la COP29. Pero la mayoría de ese financiamiento llega en forma de préstamos, lo que significa que los países del sur se endeudan para resolver un problema que no crearon. La deuda climática del norte con el sur se convierte, paradójicamente, en deuda financiera del sur con el norte. Así, no hay transición justa posible. Y la conferencia de Santa Marta no logró avances al respecto. Otra barrera estructural que sí llegó a Santa Marta, pero que aún requiere trabajo es el mecanismo de solución de disputas inversionista-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés), que permite a corporaciones fósiles demandar a los Estados por adoptar medidas climáticas. Al menos USD 100.000 millones en compensaciones han sido otorgados a empresas a través de tribunales internacionales de arbitraje. El ISDS quedó en el resumen oficial de la conferencia de Santa Marta, pero con un lenguaje tibio. Mientras los gobiernos puedan ser demandados por miles de millones por cerrar una mina de carbón, la transición no avanzará, y no por falta de voluntad, sino por miedo a las demandas.Tampoco se resolvió el debate sobre el gas natural como combustible "de transición". El documento oficial reconoce que "hubo diferentes perspectivas respecto al rol de combustibles de transición y tecnologías”, un avance logrado gracias a la presión de la sociedad civil, considerando el número de países que promueven abiertamente el gas como solución. Pero el gas es un combustible fósil cuyas fugas de metano agravan el calentamiento. Presentarlo como "de transición" es profundizar la dependencia y postergar la transición. Finalmente, un análisis desde América Latina muestra una importante incoherencia práctica: la brecha entre lo que los países dicen y hacen. El gobierno de México participó activamente en la conferencia, pero al mismo tiempo instaló un comité para evaluar la viabilidad del fracking “sustentable”. El gobierno de Brasil, guardián de la Amazonía, sigue licitando pozos petroleros. Y Colombia, anfitrión de la conferencia, anunció que busca ampliar la frontera extractiva en el mar Caribe. Pareciera que diferentes ramas de un mismo gobierno actúan con objetivos totalmente contradictorios. El problema es que esto daña la credibilidad del proceso, que es crucial para una coalición como la que se pretende. Dicho todo esto, quizás era mucho esperar que la primera conferencia de este tipo, que buscó y logró sentar las bases de un proceso nuevo, llegara con todas las respuestas a la crisis de nuestros tiempos. La conferencia de Santa Marta sirvió para mapear los problemas, crear las líneas de trabajo y construir confianza. El siguiente paso no puede esperar mucho tiempo. Para la conferencia de 2027 en Tuvalu, no deberían quedar temas pendientes, sobre todo el financiamiento. Un plan sin financiamiento, por muy bueno y atinado que sea, no tiene como despegar.  De un puerto carbonero a una isla que se hunde Terminó la conferencia en Santa Marta, un importante puerto carbonífero en Colombia, y la siguiente parada es Tuvalu, una pequeña nación insular del Pacífico, amenazada existencialmente por el aumento del nivel del mar. La ruta es simbólica: desde un país que exporta carbón a uno que desaparece por el calentamiento que la quema de ese carbón genera. Que estas dos naciones estén hoy construyendo juntas las bases para cambiar el rumbo es precisamente lo que necesitamos: reconocer el pasado y mirar al futuro con solidaridad. La Primera Conferencia Internacional para la Transición Más Allá de los Combustibles Fósiles podría pasar a la historia como la primera piedra de una nueva era. Sigamos construyendo. 

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