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Contaminación del río Motagua en Guatemala: La búsqueda de justicia ambiental del pueblo maya poqomam

La cuenca del río Motagua, el más extenso e importante de Guatemala, está gravemente contaminada con aguas residuales, desechos sólidos y otro tipo de desperdicios.

La problemática es transfronteriza porque las aguas contaminadas del Motagua desembocan en el mar Caribe, alcanzan las costas de Honduras y amenazan al Sistema Arrecifal Mesoamericano.  

Esto ha vulnerado por décadas los derechos a la salud, al agua, al desarrollo y al ambiente sano de todas las personas que viven en la cuenca.

En junio de 2025, la comunidad maya poqomam de Santa Cruz Chinautla —apoyada por AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— logró una victoria judicial sin precedentes para detener la degradación en la cuenca. Como respuesta al litigio que interpuso, un tribunal guatemalteco ordenó a la municipalidad de Chinautla cumplir una serie de obligaciones para frenar la contaminación de los ríos y suelos de la zona.  

La respuesta gubernamental al fallo se ha limitado al momento a reuniones de mesas técnicas de trabajo. Mientras, la comunidad continúa trabajando para que la sentencia se implemente adecuadamente y realizando otras acciones para defender su territorio y sus derechos. 

 

Antecedentes

Con 486 km de longitud, el río Motagua atraviesa 96 municipios y 14 departamentos de Guatemala. Nace en Quiché, departamento ubicado al noroeste, y desemboca en el mar Caribe.

Las actividades contaminantes ocurren en toda su cuenca, incluyendo subcuencas y microcuencas. El mayor volumen de contaminación proviene de la ciudad de Guatemala, capital del país, transportado por las aguas del río Las Vacas, que a su vez recibe una gran cantidad de desperdicios del río Chinautla.

El río Chinautla, que atraviesa el municipio del mismo nombre, lleva los desechos sólidos de un vertedero ubicado en la Zona 3 capitalina —a donde llega la basura de al menos 14 municipios del departamento de Guatemala—, además de las aguas negras generadas por unas 500 mil personas que viven en la parte norte de la capital y que no reciben ningún tratamiento previo de limpieza.

Otras fuentes de contaminación son los numerosos vertederos ilegales que hay en el municipio de Chinautla, los desechos que vehículos particulares y camiones recolectores descargan a orillas de sus ríos, así como las empresas areneras —que comenzaron a instalarse en el territorio entre 1996 y 1997— cuyas operaciones debilitan las cuencas, haciendo que los desechos sólidos sean arrastrados más fácilmente por los caudales.

Foto: Mayela Sánchez García.

 

La situación trasciende fronteras. El Motagua vierte cada año unas 20 mil toneladas de plástico al mar Caribe, siendo así en uno de los ríos que más contaminación plástica aporta al océano a nivel mundial, según estimaciones contenidas en un informe de 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El caudal confluye en su desembocadura con el Arrecife Mesoamericano, por lo que la contaminación amenaza también con degradar uno de los arrecifes transfronterizos más grandes y biodiversos del planeta, que abarca las aguas territoriales de Belice, Guatemala, Honduras y México.

Además, las aguas contaminadas llegan a las costas de Honduras y se esparcen a la bahía de Amatique, situada a lo largo de la costa oriental de Guatemala, afectando al mar Caribe.

Las raíces de esta problemática crónica y transfronteriza son estructurales. Datos del proyecto Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dan cuenta que en Guatemala el 66% de los desechos sólidos urbanos no se recolectan y no hay garantía de que el 34% restante se elimine adecuadamente. Además, del total de vertederos del territorio nacional, el 88,32% son ilegales o no tienen autorización municipal.

Dicho de otro modo, las causas centrales que combatir son el mal manejo de desechos sólidos y de los recursos hídricos en Guatemala; el incumplimiento de las regulaciones existentes sobre el vertimiento de aguas residuales, disposición y tratamiento de desechos y residuos sólidos; así como la falta de una ley de aguas. 

 

La búsqueda de justicia del pueblo maya poqomam

Los ríos de Santa Cruz Chinautla, comunidad del pueblo maya poqomam, ubicada a tan solo doce kilómetros de la Ciudad de Guatemala, se han convertido en conductos de contaminación que degradan el río Motagua.  

Por décadas, su población ha visto dañada su salud y sus medios de vida —entre ellos la alfarería, una de las principales actividades económicas y fuente de identidad— debido a la falta de gestión de los residuos del municipio de Chinautla y de la zona urbana de la capital del país, así como a las actividades de empresas areneras.

Foto: Mario Winter.

 

Voces por el río Motagua: Olga Vázquez.

Voces por el río Motagua: Nazario Pascual. 

 

A comienzos del año 2000, la comunidad maya se organizó para detener la extracción de arena en su territorio. En ese momento, las empresas tenían licencias mineras que estuvieron vigentes hasta 2021 y 2022. Y, aunque los permisos vencieron, algunas empresas siguieron operando tras solicitar prórrogas. En junio de 2022, las autoridades indígenas del pueblo poqomam iniciaron un plantón de resistencia frente a la empresa Piedrinera San Luis, que mantuvieron por cuatro años.

En julio de 2024, el Relator Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH visitó Santa Cruz Chinautla. Durante su visita, autoridades ancestrales e integrantes de la comunidad expusieron sobre los impactos ambientales, al agua, la salud, la economía y la cultura de la contaminación de sus ríos.

Ese mismo año, en octubre, la comunidad —con apoyo de AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— interpuso un litigio (petición de amparo) contra la municipalidad de Chinautla por la falta de medidas para atender la contaminación de sus ríos y suelos causada por el manejo inadecuado de desechos sólidos y la existencia de vertederos ilegales.  

El equipo científico de AIDA, junto con vecinos y autoridades de la comunidad, recolectó información clave sobre los vertederos ilegales que hay en el territorio. Este ejercicio de ciencia ciudadana sustentó el litigio al visibilizar la gravedad de la contaminación, demostrar el uso continuo de este tipo de práctica y evidenciar el incumplimiento por parte de las autoridades municipales de sus obligaciones legales respecto de la gestión de residuos. 

 

Conoce más de esta experiencia de ciencia ciudadana. 

 

En junio de 2025, la comunidad poqomam obtuvo el respaldo de la justicia guatemalteca cuando un tribunal de amparo ordenó a la municipalidad de Chinautla responder efectivamente a las peticiones del litigio para frenar la contaminación de los ríos y suelos de Santa Cruz Chinautla.

Es la primera vez que un tribunal guatemalteco reconoce el derecho de un pueblo a un ambiente sano y su papel central en la búsqueda de soluciones. 

 

Entérate de los detalles de la victoria judicial. 

 

Situación actual

Desde la emisión de la sentencia, la municipalidad de Chinautla realizó una serie de "mesas técnicas de trabajo" con representantes del gobierno central, de la sociedad civil y de la comunidad. Luego se creó un grupo más pequeño conformado por personas técnicas con la tarea de elaborar un plan de trabajo con metas claras. Han pasado varios meses sin que la municipalidad convoque a las mesas de trabajo.

Por otro lado, en diciembre de 2025, la CIDH advirtió en su informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala que la cuenca del río Motagua enfrenta una severa crisis de contaminación que ha generado impactos profundos en la biodiversidad y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades locales, incluido el pueblo maya poqomam.

Y, en mayo de 2026, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales canceló la licencia de la empresa arenera Piedrinera San Luis por el "incumplimiento de los compromisos ambientales".

AIDA continúa haciendo seguimiento a la ejecución del fallo judicial para garantizar el derecho a un ambiente sano de la comunidad maya poqomam y de todas las personas que habitan en la cuenca del Motagua. Mientras, la población de Santa Cruz Chinautla sigue organizada y movilizada para mejorar su entorno y defender sus derechos.  

Niña frente a un mural contra la contaminación en Santa Cruz Chinautla, Guatemala

An aerial view of the Amazon jungle surrounding the Belo Monte Dam in Brazil.

Las falsas promesas de la energía hidroeléctrica

Cómo las represas fallan en cumplir el Acuerdo de París y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU Un comunicado conjunto de organizaciones de la sociedad civil en ocasión del Congreso Mundial de Energía Hidroeléctrica 2019 en París, Francia. Vivimos en una era urgente. Científicos han advertido que tenemos muy poco tiempo para actuar y poner bajo control el cambio climático para proteger la vida en nuestro planeta. Enfrentar la crisis climática requiere soluciones creativas que protejan la naturaleza y respeten los derechos humanos. Encarando estos desafíos, no podemos ser espectadores callados mientras corporaciones, financiadores y sus aliados van de puerta en puerta difundiendo falsas soluciones para enfrentar el cambio climático e implementar un desarrollo sostenible. Un ejemplo flagrante de esta simulación es el intento de retratar a las enormes represas hidroeléctricas como fuentes de energía “limpias y verdes”. Podemos observarlo en el Congreso Mundial de Energía Hidroeléctrica 2019, organizado en París por el lobby industrial de la Asociación Internacional Hidroeléctrica (IHA, por sus siglas en inglés) en alianza con la UNESCO. El título de este encuentro incluye la frase “Cumpliendo el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. Estos retratos luminosos de los proyectos hidroeléctricos —con miras a captar incentivos financieros a través de mecanismos como Climate Bonds y el Fondo Verde del Clima— ignoran convenientemente un legado extenso de catástrofes sociales y ambientales, pérdidas económicas y, con demasiada frecuencia, esquemas de corrupción masiva que son la antítesis del desarrollo verdaderamente sostenible. ... Un llamado a la acción Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes pedimos a los miembros de la Asociación Internacional Hidroeléctrica, gobiernos e instituciones financieras internacionales que implementen las siguientes acciones urgentes: Alejar las prioridades, inversiones e incentivos financieros de nuevos proyectos hidroeléctricos y, en cambio, dirigirlas hacia opciones de eficiencia energética y de energía renovable verdaderamente sostenibles (solar, eólica y biomasa y, cuando sea apropiado, energía microhidroeléctrica). Se debe prestar especial atención a las oportunidades para la innovación tecnológica, la generación descentralizada y la mejora del acceso a la energía entre comunidades aisladas y no conectadas a redes. Eliminar incentivos financieros para nuevos proyectos hidroeléctricos de los mecanismos de cambio climático, como el Fondo Verde del Clima y las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDCs, por sus siglas en inglés), y de los programas para promover la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (con una posible excepción para los proyectos microhidroeléctricos).​ Encargar auditorías independientes para proyectos existentes de represas controversiales y cascadas de represas instaladas en toda una cuenca en términos de sus consecuencias ambientales y sociales, identificando los pasos para mitigar los imapactos y asegurando una reparación justa de los daños para las comunidades afectadas, basada en consultas directas. Cuando tales medidas sean prohibitivamente caras o de otra manera inviables, se debe promover el retiro de los proyectos. Alinear los procesos operativos de los proyectos hidroeléctricos existentes con planes territoriales relevantes a nivel de la cuenca, como la gestión integrada de los recursos hídricos y áreas protegidas que preservan procesos ecológicos clave y los derechos de las comunidades locales, según conceptos y herramientas de participación y manejo adaptativo. Asegurar que las políticas y proyectos de energía renovable adopten, en general, directrices sólidas para salvaguardar los derechos humanos y las protecciones ambientales, como el Convenio 169 de la OIT y los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de Naciones Unidas. No deben ser autorizadas las instalaciones energéticas que potencialmente impacten los territorios y medios de vida de los pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales, sin obtener el consentimiento previo, libre e informado de la población y sin asegurar un diseño cooperativo para la coadministración de las estrategias. Entre los beneficios de este cambio de paradigma en las estrategias energéticas y de planeación de desarrollo, se encuentran la protección de los últimos ríos de libre cauce del mundo, vitales para la resiliencia climática, la conservación de la biodiversidad y de un estilo de vida sostenible. Tanto las compañías de energía como los gobiernos deben detener todo esfuerzo para represar los últimos ríos libres del mundo y, en cambio, concentrarse en: i) mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de los proyectos existentes de energía hidroeléctrica y de cascadas; y ii) invertir en eficiencia energética y en fuentes renovables verdaderamente sostenibles. Además, es urgente que los gobiernos promuevan la protección legal permanente de los últimos ríos libres del mundo, incluyendo los cursos de agua transfronterizos, respetando los derechos territoriales de los pueblos indígenas y de otras comunidades tradicionales, quienes juegan un rol fundamental como guardianes de la salud de los ríos. Lee el pronunciamiento completo aquí

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La naturaleza primero: tiempo de generar conciencia ambiental

Hablar en público ante más de 500 personas fue una experiencia singular y al mismo tiempo hermosa, sobre todo por el tema que nos convocó y por la compañía arriba del escenario. Éramos un grupo de siete personas tan diversas como interesantes, con dos cosas muy poderosas en común: el amor por nuestro entorno natural y el trabajo para preservarlo.  Así fue mi participación en la conferencia “La naturaleza primero, un nuevo trato con el entorno”, en Santiago de Chile. El gran interés que el evento despertó en la gente me llenó de dicha, al igual que la oportunidad de exponer con mis compañer@s de “Naturalistas”, la serie de entrevistas donde profesionales de distintas disciplinas vinculadas con el ambiente fuimos invitados a hablar sobre lo que implica ser un naturalista en el mundo actual.  El proyecto televisivo que antecedió este evento fue una apuesta de Ladera Sur, una plataforma y comunidad reunida en torno a la naturaleza, el ambiente, la vida al aire libre, los viajes y mucho más. Fue Ladera Sur la que nos postuló como “naturalistas del Siglo XX”, un honor sin duda y un gran compromiso.  ¿Qué significa “la naturaleza primero”, título que parece tan urgente? Quiere decir que, por demasiado tiempo, la naturalezaha estado subvencionando los avances tecnológicos e incluso nuestra calidad de vida. Vivimos en un mundo donde el que tiene los medios puede hacer prácticamente lo que se le ocurra. Tal vez pocos se han detenido a pensar que quizás mañana va a ser difícil para nuestros hijos o nietos disfrutar de las cosas más simples que hoy damos por sentadas. Pero llegó el momento de reorganizar nuestras prioridades. Ya no queda tiempo ni crédito para seguir pidiéndole prestado a la naturaleza.  Antes de llevarse a cabo, cualquier proyecto o actividad debería demostrar que no dañará la salud del planeta. Solo después de asegurar eso vale la pena preguntarse si la propuesta es además un buen negocio o si nos hace la vida más cómoda o más fácil. No es la postura de un ecoterrorista ni se trata de ir contra el desarrollo. Es simplemente mirar de frente la realidad de un planeta vivo y enfermo, de cuya salud dependemos. La buena noticia es que los cambios que debemos hacer para resolver la crisis ambiental que nos afecta son alcanzables y deseables para quienes vivimos y vivirán en este planeta:  Un mundo bajo en emisiones contaminantes es también un mundo más limpio y más justo. Un mundo que se mueve con energía renovable implica menos contaminación y acceso a energía para muchos que aún no la tienen. Un mundo con más áreas naturales protegidas es un mundo más verde, más exuberante, más sano, más biodiverso y capaz de proveer agua y aire más limpios. Ve abajo el video completo de la conferencia.  

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CIDH analizará retrocesos de Bolsonaro a la protección de derechos indígenas

En audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil evidenciarán cómo las medidas adoptadas por la administración de Jair Bolsonaro hacen que Brasil retroceda décadas en la protección de los derechos humanos. Río de Janeiro, Brasil. El próximo 9 de mayo, organizaciones de la sociedad civil, en audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunciarán la grave situación de los pueblos indígenas de Brasil por las medidas adoptadas por el gobierno del presidente Jair Bolsonaro, las cuales representan grandes retrocesos en la protección de los derechos humanos y vulneran las obligaciones internacionales del país en esa materia. La audiencia fue solicitada por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), International Rivers, Conectas, Fórum Teles Pires, Operação Amazônia Nativa y la Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) con el objetivo de que se establezcan medidas y acuerdos para impedir nuevos retrocesos y exigir la reversión de las acciones ya realizadas que amenazan a los pueblos indígenas. La audiencia será parte del 172 Periodo de Sesiones de la Comisión, que tendrá lugar en Kingston, Jamaica, del 3 al 10 de mayo próximos. En ellas las organizaciones documentarán cómo el gobierno de Bolsonaro realizó cambios legislativos, de política pública, de política exterior y otros estructurales que violan el mantenimiento del modo de vida de los pueblos indígenas de Brasil, así como sus derechos a la vida, a la cultura, a la alimentación, al ambiente sano, al acceso a agua potable y a la delimitación de sus tierras ancestrales, entre otros. Las medidas del nuevo gobierno que disminuyen la protección legal y administrativa de los pueblos indígenas incluyen: La transferencia de funciones clave del Ministerio de Ambiente al Ministerio de Agricultura. La precarización del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. El debilitamiento del Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad y del proceso para otorgar permisos ambientales. La amenaza de abrir tierras indígenas a los daños de la minería. Las medidas adoptadas por el Ministerio de Ambiente que fragmentan el ordenamiento jurídico que garantiza las condiciones mínimas para la protección del ambiente y de los derechos indígenas. La transferencia de la competencia para la demarcación de tierras indígenas de la Fundación Nacional del Indio a manos del Ministerio de Agricultura. La amenaza de retirar a Brasil de tratados internaciones como el Acuerdo de París y otros valiosos para la protección del ambiente y de los derechos humanos. Además de estos retrocesos, las organizaciones denuncian que la situación se agrava con el aumento de los índices de deforestación e invasión de tierras indígenas, y de la violencia contra defensores y defensoras del ambiente y los derechos humanos. Consulte el informe presentado ante la Comisión para la audiencia (en portugués). Contactos de prensa Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107 Eloy Terena (Brasil), Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), [email protected], +55 61 9695-1377  

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