Project

Shutterstock.

Contaminación del río Motagua en Guatemala: La búsqueda de justicia ambiental del pueblo maya poqomam

La cuenca del río Motagua, el más extenso e importante de Guatemala, está gravemente contaminada con aguas residuales, desechos sólidos y otro tipo de desperdicios.

La problemática es transfronteriza porque las aguas contaminadas del Motagua desembocan en el mar Caribe, alcanzan las costas de Honduras y amenazan al Sistema Arrecifal Mesoamericano.  

Esto ha vulnerado por décadas los derechos a la salud, al agua, al desarrollo y al ambiente sano de todas las personas que viven en la cuenca.

En junio de 2025, la comunidad maya poqomam de Santa Cruz Chinautla —apoyada por AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— logró una victoria judicial sin precedentes para detener la degradación en la cuenca. Como respuesta al litigio que interpuso, un tribunal guatemalteco ordenó a la municipalidad de Chinautla cumplir una serie de obligaciones para frenar la contaminación de los ríos y suelos de la zona.  

La respuesta gubernamental al fallo se ha limitado al momento a reuniones de mesas técnicas de trabajo. Mientras, la comunidad continúa trabajando para que la sentencia se implemente adecuadamente y realizando otras acciones para defender su territorio y sus derechos. 

 

Antecedentes

Con 486 km de longitud, el río Motagua atraviesa 96 municipios y 14 departamentos de Guatemala. Nace en Quiché, departamento ubicado al noroeste, y desemboca en el mar Caribe.

Las actividades contaminantes ocurren en toda su cuenca, incluyendo subcuencas y microcuencas. El mayor volumen de contaminación proviene de la ciudad de Guatemala, capital del país, transportado por las aguas del río Las Vacas, que a su vez recibe una gran cantidad de desperdicios del río Chinautla.

El río Chinautla, que atraviesa el municipio del mismo nombre, lleva los desechos sólidos de un vertedero ubicado en la Zona 3 capitalina —a donde llega la basura de al menos 14 municipios del departamento de Guatemala—, además de las aguas negras generadas por unas 500 mil personas que viven en la parte norte de la capital y que no reciben ningún tratamiento previo de limpieza.

Otras fuentes de contaminación son los numerosos vertederos ilegales que hay en el municipio de Chinautla, los desechos que vehículos particulares y camiones recolectores descargan a orillas de sus ríos, así como las empresas areneras —que comenzaron a instalarse en el territorio entre 1996 y 1997— cuyas operaciones debilitan las cuencas, haciendo que los desechos sólidos sean arrastrados más fácilmente por los caudales.

Foto: Mayela Sánchez García.

 

La situación trasciende fronteras. El Motagua vierte cada año unas 20 mil toneladas de plástico al mar Caribe, siendo así en uno de los ríos que más contaminación plástica aporta al océano a nivel mundial, según estimaciones contenidas en un informe de 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El caudal confluye en su desembocadura con el Arrecife Mesoamericano, por lo que la contaminación amenaza también con degradar uno de los arrecifes transfronterizos más grandes y biodiversos del planeta, que abarca las aguas territoriales de Belice, Guatemala, Honduras y México.

Además, las aguas contaminadas llegan a las costas de Honduras y se esparcen a la bahía de Amatique, situada a lo largo de la costa oriental de Guatemala, afectando al mar Caribe.

Las raíces de esta problemática crónica y transfronteriza son estructurales. Datos del proyecto Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dan cuenta que en Guatemala el 66% de los desechos sólidos urbanos no se recolectan y no hay garantía de que el 34% restante se elimine adecuadamente. Además, del total de vertederos del territorio nacional, el 88,32% son ilegales o no tienen autorización municipal.

Dicho de otro modo, las causas centrales que combatir son el mal manejo de desechos sólidos y de los recursos hídricos en Guatemala; el incumplimiento de las regulaciones existentes sobre el vertimiento de aguas residuales, disposición y tratamiento de desechos y residuos sólidos; así como la falta de una ley de aguas. 

 

La búsqueda de justicia del pueblo maya poqomam

Los ríos de Santa Cruz Chinautla, comunidad del pueblo maya poqomam, ubicada a tan solo doce kilómetros de la Ciudad de Guatemala, se han convertido en conductos de contaminación que degradan el río Motagua.  

Por décadas, su población ha visto dañada su salud y sus medios de vida —entre ellos la alfarería, una de las principales actividades económicas y fuente de identidad— debido a la falta de gestión de los residuos del municipio de Chinautla y de la zona urbana de la capital del país, así como a las actividades de empresas areneras.

Foto: Mario Winter.

 

Voces por el río Motagua: Olga Vázquez.

Voces por el río Motagua: Nazario Pascual. 

 

A comienzos del año 2000, la comunidad maya se organizó para detener la extracción de arena en su territorio. En ese momento, las empresas tenían licencias mineras que estuvieron vigentes hasta 2021 y 2022. Y, aunque los permisos vencieron, algunas empresas siguieron operando tras solicitar prórrogas. En junio de 2022, las autoridades indígenas del pueblo poqomam iniciaron un plantón de resistencia frente a la empresa Piedrinera San Luis, que mantuvieron por cuatro años.

En julio de 2024, el Relator Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH visitó Santa Cruz Chinautla. Durante su visita, autoridades ancestrales e integrantes de la comunidad expusieron sobre los impactos ambientales, al agua, la salud, la economía y la cultura de la contaminación de sus ríos.

Ese mismo año, en octubre, la comunidad —con apoyo de AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— interpuso un litigio (petición de amparo) contra la municipalidad de Chinautla por la falta de medidas para atender la contaminación de sus ríos y suelos causada por el manejo inadecuado de desechos sólidos y la existencia de vertederos ilegales.  

El equipo científico de AIDA, junto con vecinos y autoridades de la comunidad, recolectó información clave sobre los vertederos ilegales que hay en el territorio. Este ejercicio de ciencia ciudadana sustentó el litigio al visibilizar la gravedad de la contaminación, demostrar el uso continuo de este tipo de práctica y evidenciar el incumplimiento por parte de las autoridades municipales de sus obligaciones legales respecto de la gestión de residuos. 

 

Conoce más de esta experiencia de ciencia ciudadana. 

 

En junio de 2025, la comunidad poqomam obtuvo el respaldo de la justicia guatemalteca cuando un tribunal de amparo ordenó a la municipalidad de Chinautla responder efectivamente a las peticiones del litigio para frenar la contaminación de los ríos y suelos de Santa Cruz Chinautla.

Es la primera vez que un tribunal guatemalteco reconoce el derecho de un pueblo a un ambiente sano y su papel central en la búsqueda de soluciones. 

 

Entérate de los detalles de la victoria judicial. 

 

Situación actual

Desde la emisión de la sentencia, la municipalidad de Chinautla realizó una serie de "mesas técnicas de trabajo" con representantes del gobierno central, de la sociedad civil y de la comunidad. Luego se creó un grupo más pequeño conformado por personas técnicas con la tarea de elaborar un plan de trabajo con metas claras. Han pasado varios meses sin que la municipalidad convoque a las mesas de trabajo.

Por otro lado, en diciembre de 2025, la CIDH advirtió en su informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala que la cuenca del río Motagua enfrenta una severa crisis de contaminación que ha generado impactos profundos en la biodiversidad y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades locales, incluido el pueblo maya poqomam.

Y, en mayo de 2026, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales canceló la licencia de la empresa arenera Piedrinera San Luis por el "incumplimiento de los compromisos ambientales".

AIDA continúa haciendo seguimiento a la ejecución del fallo judicial para garantizar el derecho a un ambiente sano de la comunidad maya poqomam y de todas las personas que habitan en la cuenca del Motagua. Mientras, la población de Santa Cruz Chinautla sigue organizada y movilizada para mejorar su entorno y defender sus derechos.  

Niña frente a un mural contra la contaminación en Santa Cruz Chinautla, Guatemala

Contaminación Tóxica

Tenemos que hablar de las abejas

Cuando tenía tres años, arrojé piedras a un panal hasta que el enjambre enfurecido me atacó. Es uno de mis primeros recuerdos y, pese a lo doloroso que fue, no guardé ningún resentimiento hacia las abejas, avispas ni abejorros. Fue mi culpa, me explicó mi madre. Ellas sólo se defendieron. Me habló de su aguijón, de la abeja reina y de la miel que producen. Me dijo que se alimentan del polen y néctar de las flores, lo que alguien de tres años puede entender. Con el tiempo, aprendes que de la polinización depende la reproducción de muchas plantas, como el café, las manzanas y el algodón. Entonces, hace 25 años, las abejas no parecían estar en ningún peligro. Donde vivía, en un pequeño poblado de Veracruz, las hallaba por todos lados. Luego me mudé a la Ciudad de México, donde las abejas eran “denunciadas” ante Protección Civil, que llamaba a los bomberos para matarlas. Para evitar que atacaran, se les hacía la vida difícil en los parques: los árboles eran rociados con químicos y pesticidas, al igual que las flores, y los lugares donde encontraban agua para hidratarse fueron desapareciendo. La situación se extendió a los campos de cultivo de todo el planeta. Ahora es raro encontrarse abejas, abejorros y avispas merodeando. El problema con los pesticidas Las primeras alertas datan de 2006, cuando apicultores y agricultores en Estados Unidos reportaron la pérdida del 70% de sus colmenas en el invierno. El promedio de pérdidas era del 15%. Pero el declive de las poblaciones de abejas no sólo sucedía en Iowa ni durante esa época. Varios países europeos también reportaban pérdidas desde inicios de siglo. Según un informe de la Unión Europea publicado en 2014, la región pierde un tercio de su población de abejas cada año. De América Latina, tenemos pocos datos regionales. Los esfuerzos por monitorear las poblaciones apenas inician. Sabemos que apicultores en México han reportado la pérdida del 30 al 80% de sus colmenas. Chile reporta casi la mitad de pérdidas en invierno, porcentaje que antes era del 15 al 20%. El  colectivo Abejas Vivas ha contabilizado la desaparición de más de diez mil colmenas en Colombia. Y hay regiones de Argentina que reportan casi el 90% de muertes repentinas de colmenas. ¿Por qué debe importarnos? El 75% de la producción alimentaria depende en algún grado de los polinizadores, vertebrados e invertebrados, y eso incluye a las abejas. La FAO ha pedido a los países adoptar políticas y sistemas alimentarios más favorables con los polinizadores. “No podemos seguir centrándonos en aumentar la producción y la productividad con base al uso generalizado de plaguicidas y productos químicos que amenazan los cultivos y a los polinizadores”, advirtió José Graziano da Silva, director general del organismo. La muerte masiva y espontánea de abejas –conocida como Síndrome del Colapso de Colmena— es resultado de varios factores: el clima que cada vez es más inestable y extremo, el aumento del uso de pesticidas y fungicidas, los parásitos (varroa destructor) y el deterioro de ecosistemas de los que las abejas se alimentan. Cada uno de esos factores provoca estrés en las abejas y actúa sobre ellas al mismo tiempo. Según un artículo publicado en la revista Science, “la exposición a los químicos y la falta de alimento puede perjudicar su sistema inmune, haciéndolas más susceptibles a los parásitos”. Adoptando medidas para proteger a las abejas En abril, la Unión Europea prohibió el uso de tres insecticidas neonicotinoides, muy comunes para cultivos de maíz, algodón y girasol. Una de las razones es que esos pesticidas representan un riesgo para las abejas, no sólo las melíferas (las productoras de miel), también las silvestres, otros insectos y, según el grado de exposición, para animales más grandes. Por supuesto que la prohibición, resultado de un dictamen de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, no ha sido del agrado de las empresas productoras de pesticidas, pero el objetivo de la Unión Europea es clave: garantizar la producción de alimentos. En Estados Unidos, pese a que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) ha llamado a proteger a los polinizadores, el gobierno actual revirtió la prohibición de neonicotinoides en refugios naturales, establecida por la administración anterior Mientras la ciencia trabaja aceleradamente para explicar por completo la muerte masiva de abejas, éstas siguen muriendo, lo que pone en peligro nuestra seguridad alimentaria. Muchos estudios están enfocados en las abejas melíferas, cuyas colmenas son más fáciles de contar. Pero hay alrededor de 20,000 especies de polinizadores, que incluyen abejas no domesticadas, avispas, abejorros y otros insectos y vertebrados como aves y murciélagos. Hay pocos estudios acerca del impacto de los pesticidas, cambios de suelo y variaciones climáticas en las poblaciones de polinizadores silvestres, pero se teme que también estén en riesgo. Algunas plantas dependen únicamente de ciertos polinizadores, como ciertos tipos de orquídeas, el cacao (chocolate), el café y el agave (tequilero). Por eso tenemos que hablar de las abejas y de los otros animales gracias a los cuales tenemos frutas, verduras y cereales. La ausencia o escasez de estas especies significa un daño a la economía de los pequeños productores y una baja producción de alimentos afectará sobre todo a las poblaciones más vulnerables. ¿Qué podemos hacer? Hace 25 años, mi madre plantaba flores y decía que eso atraía a las abejas y garantizaba que siempre hubiera flores. Pero además de sembrar plantas amigables con los polinizadores locales, debemos presionar para que la producción de alimentos sea respetuosa con el entorno natural del que depende. Al final, aunque lo que está matando a las abejas es “multifactorial”, la actividad humana es la única causa detrás.  

Leer más

Participación Ciudadana

Carta a los Estados de América Latina y el Caribe sobre la firma de un tratado ambiental regional

Estimados/as Presidentes/as:   El 27 de septiembre 2018, los países de América Latina y el Caribe tendrán la oportunidad de contar con un nuevo instrumento para la protección del ambiente: el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales (Acuerdo de Escazú).   Sus gobiernos podrían hacer historia y convertirse en líderes de la protección del medio ambiente al firmarlo en la ceremonia de apertura a firmas que se dará en el marco del Debate General Anual de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.   El Tratado de Escazú es una herramienta clave que permitirá un enfoque más participativo para la toma de decisiones, la formulación de políticas y proyectos relacionados con el medio ambiente y la disminución y mitigación de conflictos generados por la falta de participación efectiva de aquellas comunidades afectadas. El acuerdo profundiza las obligaciones de derechos humanos que los Estados de la región han adquirido previamente a través de otros instrumentos internacionales en relación con el derecho de acceso a la información pública; la participación en la toma de decisiones, incluida la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas; el derecho a un medio ambiente sano; la igualdad de acceso a la justicia en referencia a los derechos ambientales, así como la protección de personas que defienden los derechos humanos y el ambiente, entre otros.   Estas obligaciones adquiridas por los Estados en América Latina y el Caribe, junto con otros compromisos asumidos en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y otros acuerdos internacionales, reflejan el compromiso con un desarrollo respetuoso del medio ambiente y que respete los derechos humanos y las futuras generaciones.   Asimismo, en el marco de la 48 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en junio de este año, sus gobiernos invitaron a la firma del Acuerdo de Escazú al reconocer que la persona humana es el sujeto central del proceso de desarrollo sostenible y debe ser un participante activo del mismo. También reconocieron el Acuerdo como un medio para garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones, ataques e inseguridad.   La firma del Acuerdo de Escazú es el primer paso necesario para incluir los derechos de acceso en una agenda gubernamental. Representa una oportunidad histórica para que sus gobiernos envíen un mensaje claro a la ciudadanía y a la comunidad internacional sobre su firme compromiso con esta agenda global para la protección de los derechos humanos vinculados a un medio ambiente sano y sostenible. Una agenda global que beneficiará a todas las personas en nuestra región y en el mundo.   Exhortamos a sus gobiernos a firmar el Acuerdo de Escazú el 27 de septiembre de 2018 y someterlo ante las instancias nacionales competentes para su ratificación inmediata. Ahora es el momento de dar pasos firmes para un cambio real. América Latina y el Caribe necesitan que hagan realidad la promesa del Acuerdo de Escazú para millones de personas que viven en la región. También, instamos a sus gobiernos a que adopten medidas rápidas y efectivas para implementar las disposiciones del Acuerdo.  

Leer más

La Junta Directiva de AIDA se renueva

Damos la bienvenida con orgullo a los nuevos integrantes: Xavier Martínez Esponda, Mónica Roa y Manuel Pulgar-Vidal, profesionales destacados en el ámbito del derecho y en la defensa del ambiente y los derechos humanos en América Latina. Tras conocerse los resultados de nuestras elecciones internas, la Junta Directiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente se renueva con la incorporación de tres personas para el próximo periodo de tres años renovables. Nos sentimos honrados al dar la bienvenida a Xavier Martínez Esponda, destacado abogado mexicano y Director Técnico – Operativo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Mónica Roa, reconocida abogada colombiana y defensora de los derechos de las mujeres; y Manuel Pulgar-Vidal, reconocido abogado ambiental peruano, exministro del Ambiente de Perú y actualmente Líder de Clima y Energía de WWF Internacional. Manuel Pulgar-Vidal regresa a la Junta Directiva de AIDA, la cual presidió durante ocho años luego de ayudar a fundar la organización en 1998. La Junta Directiva está presidida por Manolo Morales, de Ecuador, Director Ejecutivo de la Corporación de Gestión y Derecho Ambiental ECOLEX. Tiene como Vicepresidente a Jerónimo Rodríguez, de Colombia, Subdirector del Programa Riqueza Natural de Chemonics International; como Oficial Financiero a Martin Wagner, de Estados Unidos, Director del Programa Internacional de Earthjustice; y como Secretaria a Margot Venton, de Canadá, abogada de Ecojustice. Y tiene además como miembros a Rafael González, de Costa Rica, Presidente de Justicia para la Naturaleza (JPN) y a Pedro Solano, de Perú, Director Ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). Como la única organización regional de expertas y expertos latinoamericanos que brindan apoyo legal y técnico gratuito para proteger el ambiente y a las comunidades del continente, AIDA busca fortalecerse constantemente, lo que incluye el rol importante que cumplen los miembros de nuestra Junta Directiva.   

Leer más