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Contaminación del río Motagua en Guatemala: La búsqueda de justicia ambiental del pueblo maya poqomam
La cuenca del río Motagua, el más extenso e importante de Guatemala, está gravemente contaminada con aguas residuales, desechos sólidos y otro tipo de desperdicios.
La problemática es transfronteriza porque las aguas contaminadas del Motagua desembocan en el mar Caribe, alcanzan las costas de Honduras y amenazan al Sistema Arrecifal Mesoamericano.
Esto ha vulnerado por décadas los derechos a la salud, al agua, al desarrollo y al ambiente sano de todas las personas que viven en la cuenca.
En junio de 2025, la comunidad maya poqomam de Santa Cruz Chinautla —apoyada por AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— logró una victoria judicial sin precedentes para detener la degradación en la cuenca. Como respuesta al litigio que interpuso, un tribunal guatemalteco ordenó a la municipalidad de Chinautla cumplir una serie de obligaciones para frenar la contaminación de los ríos y suelos de la zona.
La respuesta gubernamental al fallo se ha limitado al momento a reuniones de mesas técnicas de trabajo. Mientras, la comunidad continúa trabajando para que la sentencia se implemente adecuadamente y realizando otras acciones para defender su territorio y sus derechos.
Antecedentes
Con 486 km de longitud, el río Motagua atraviesa 96 municipios y 14 departamentos de Guatemala. Nace en Quiché, departamento ubicado al noroeste, y desemboca en el mar Caribe.
Las actividades contaminantes ocurren en toda su cuenca, incluyendo subcuencas y microcuencas. El mayor volumen de contaminación proviene de la ciudad de Guatemala, capital del país, transportado por las aguas del río Las Vacas, que a su vez recibe una gran cantidad de desperdicios del río Chinautla.
El río Chinautla, que atraviesa el municipio del mismo nombre, lleva los desechos sólidos de un vertedero ubicado en la Zona 3 capitalina —a donde llega la basura de al menos 14 municipios del departamento de Guatemala—, además de las aguas negras generadas por unas 500 mil personas que viven en la parte norte de la capital y que no reciben ningún tratamiento previo de limpieza.
Otras fuentes de contaminación son los numerosos vertederos ilegales que hay en el municipio de Chinautla, los desechos que vehículos particulares y camiones recolectores descargan a orillas de sus ríos, así como las empresas areneras —que comenzaron a instalarse en el territorio entre 1996 y 1997— cuyas operaciones debilitan las cuencas, haciendo que los desechos sólidos sean arrastrados más fácilmente por los caudales.
Foto: Mayela Sánchez García.
La situación trasciende fronteras. El Motagua vierte cada año unas 20 mil toneladas de plástico al mar Caribe, siendo así en uno de los ríos que más contaminación plástica aporta al océano a nivel mundial, según estimaciones contenidas en un informe de 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El caudal confluye en su desembocadura con el Arrecife Mesoamericano, por lo que la contaminación amenaza también con degradar uno de los arrecifes transfronterizos más grandes y biodiversos del planeta, que abarca las aguas territoriales de Belice, Guatemala, Honduras y México.
Además, las aguas contaminadas llegan a las costas de Honduras y se esparcen a la bahía de Amatique, situada a lo largo de la costa oriental de Guatemala, afectando al mar Caribe.
Las raíces de esta problemática crónica y transfronteriza son estructurales. Datos del proyecto Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dan cuenta que en Guatemala el 66% de los desechos sólidos urbanos no se recolectan y no hay garantía de que el 34% restante se elimine adecuadamente. Además, del total de vertederos del territorio nacional, el 88,32% son ilegales o no tienen autorización municipal.
Dicho de otro modo, las causas centrales que combatir son el mal manejo de desechos sólidos y de los recursos hídricos en Guatemala; el incumplimiento de las regulaciones existentes sobre el vertimiento de aguas residuales, disposición y tratamiento de desechos y residuos sólidos; así como la falta de una ley de aguas.
La búsqueda de justicia del pueblo maya poqomam
Los ríos de Santa Cruz Chinautla, comunidad del pueblo maya poqomam, ubicada a tan solo doce kilómetros de la Ciudad de Guatemala, se han convertido en conductos de contaminación que degradan el río Motagua.
Por décadas, su población ha visto dañada su salud y sus medios de vida —entre ellos la alfarería, una de las principales actividades económicas y fuente de identidad— debido a la falta de gestión de los residuos del municipio de Chinautla y de la zona urbana de la capital del país, así como a las actividades de empresas areneras.
Foto: Mario Winter.
Voces por el río Motagua: Olga Vázquez.
Voces por el río Motagua: Nazario Pascual.
A comienzos del año 2000, la comunidad maya se organizó para detener la extracción de arena en su territorio. En ese momento, las empresas tenían licencias mineras que estuvieron vigentes hasta 2021 y 2022. Y, aunque los permisos vencieron, algunas empresas siguieron operando tras solicitar prórrogas. En junio de 2022, las autoridades indígenas del pueblo poqomam iniciaron un plantón de resistencia frente a la empresa Piedrinera San Luis, que mantuvieron por cuatro años.
En julio de 2024, el Relator Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH visitó Santa Cruz Chinautla. Durante su visita, autoridades ancestrales e integrantes de la comunidad expusieron sobre los impactos ambientales, al agua, la salud, la economía y la cultura de la contaminación de sus ríos.
Ese mismo año, en octubre, la comunidad —con apoyo de AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— interpuso un litigio (petición de amparo) contra la municipalidad de Chinautla por la falta de medidas para atender la contaminación de sus ríos y suelos causada por el manejo inadecuado de desechos sólidos y la existencia de vertederos ilegales.
El equipo científico de AIDA, junto con vecinos y autoridades de la comunidad, recolectó información clave sobre los vertederos ilegales que hay en el territorio. Este ejercicio de ciencia ciudadana sustentó el litigio al visibilizar la gravedad de la contaminación, demostrar el uso continuo de este tipo de práctica y evidenciar el incumplimiento por parte de las autoridades municipales de sus obligaciones legales respecto de la gestión de residuos.
Conoce más de esta experiencia de ciencia ciudadana.
En junio de 2025, la comunidad poqomam obtuvo el respaldo de la justicia guatemalteca cuando un tribunal de amparo ordenó a la municipalidad de Chinautla responder efectivamente a las peticiones del litigio para frenar la contaminación de los ríos y suelos de Santa Cruz Chinautla.
Es la primera vez que un tribunal guatemalteco reconoce el derecho de un pueblo a un ambiente sano y su papel central en la búsqueda de soluciones.
Entérate de los detalles de la victoria judicial.
Situación actual
Desde la emisión de la sentencia, la municipalidad de Chinautla realizó una serie de "mesas técnicas de trabajo" con representantes del gobierno central, de la sociedad civil y de la comunidad. Luego se creó un grupo más pequeño conformado por personas técnicas con la tarea de elaborar un plan de trabajo con metas claras. Han pasado varios meses sin que la municipalidad convoque a las mesas de trabajo.
Por otro lado, en diciembre de 2025, la CIDH advirtió en su informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala que la cuenca del río Motagua enfrenta una severa crisis de contaminación que ha generado impactos profundos en la biodiversidad y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades locales, incluido el pueblo maya poqomam.
Y, en mayo de 2026, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales canceló la licencia de la empresa arenera Piedrinera San Luis por el "incumplimiento de los compromisos ambientales".
AIDA continúa haciendo seguimiento a la ejecución del fallo judicial para garantizar el derecho a un ambiente sano de la comunidad maya poqomam y de todas las personas que habitan en la cuenca del Motagua. Mientras, la población de Santa Cruz Chinautla sigue organizada y movilizada para mejorar su entorno y defender sus derechos.
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¿Pueden los arrecifes de coral contribuir a la medicina moderna? Me hice esa pregunta cuando conversaba con miembros de una organización médica en México que apoya a personas con alguna enfermedad del hígado o que buscan prevenirla. Supe de la organización (Amihigo) por mi tío que es parte de ella y que conoce mi trabajo como abogado ambiental en AIDA. Busqué luego al director porque me interesaba mucho conocer su opinión experta sobre la relación entre los corales y la medicina. La información que me dieron y que encontré luego, buscando por mi cuenta, fue abrumadora. Los corales son considerados botiquines naturales y grandes aliados en la búsqueda de tratamientos efectivos a un gran número de enfermedades. Las plantas y animales que estos entornos marinos albergan han desarrollado compuestos químicos para protegerse frente a depredadores, así como para combatir enfermedades y prevenir el crecimiento excesivo de otros organismos que compitan con ellos. Es por ello que, según el Servicio Nacional Oceánico de Estados Unidos, los corales son fuente importante de nuevos medicamentos para tratar el cáncer, la artritis, el Alzheimer, infecciones bacterianas, virus y enfermedades cardíacas, entre otras. Mirando en esa dirección, la industria farmacéutica ha encontrado en los corales insumos valiosos para el desarrollo de productos. Por ejemplo, ha concluido que ciertos corales estimulan la soldadura de huesos rotos, y que algunos componentes de una esponja proveniente de los arrecifes caribeños permiten la creación de Zidovudina, un medicamento para tratar el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). Pese a estos descubrimientos, el uso médico de los arrecifes se considera subdesarrollado. Y, aún peor, si estos entornos no son preservados, su gran potencial para la medicina moderna no será aprovechado nunca. Lamentablemente, algunos estudios estiman que el 30% de los arrecifes ya está seriamente dañado y que el 60% podría desaparecer en el año 2030 debido a la contaminación del agua, métodos destructivos de pesca, la sobrepesca y otras actividades humanas no sostenibles. A ello se suma la amenaza del cambio climático, fenómeno que aumenta la temperatura de los océanos y con ello la muerte de corales. Varios países de América Latina tienen la bendición de contar con grandes extensiones de arrecifes de coral, que brindan beneficios ambientales y sociales a nivel nacional y regional, pero no hacen lo suficiente para proteger esa riqueza. Uno de ellos es México, cuyo litoral se extiende por más de 11 mil kilómetros y que tiene una superficie de 5.100 kilómetros cuadrados de islas, arrecifes y cayos. Sus arrecifes coralinos están distribuidos geográficamente en seis grandes regiones: el Golfo de California y el oeste del Pacífico mexicano, el Archipiélago de Revillagigedo, las Islas Marías, la Costa del Pacífico Sur, el Corredor Arrecifal del Golfo México y el banco de Campeche, y el Caribe mexicano. Sin embargo, la pérdida y degradación de arrecifes de coral es un problema creciente en el país. Por ejemplo, la descarga de sedimentos y la contaminación proveniente de actividades humanas ha resultado en el incremento de macroalgas, aquellas que le quitan luz y oxígeno a los corales, provocando su muerte. La principal actividad detrás del daño es el desarrollo urbano y costero no sostenible y mal planificado. Otro ejemplo es el Sistema Arrecifal Veracruzano, el más grande del Golfo de México, en riesgo grave por una ampliación portuaria. Es urgente que el gobierno actúe con precaución al autorizar el uso del suelo en planes de crecimiento urbano para no dañar a humedales costeros (lagunas, bahías, manglares, dunas costeras, pastos marinos y otros), y que adopte medidas prontas para el tratamiento de aguas residuales. La protección y restauración de arrecifes de coral y humedales costeros debe ser privilegiada por encima de intereses económicos y beneficios económicos de corto plazo. También se requieren buenas prácticas de regulación para la conservación de arrecifes. Por ejemplo, se deben adoptar medidas urgentes para proteger de la sobrepesca a los peces herbívoros, que se alimentan de macroalgas, y a los peces comerciales, ambas especies esenciales para la adaptación y sobrevivencia de los arrecifes coralinos y rocosos frente al incremento de temperaturas y acidificación de los océanos. De la salud de esos entornos depende la salud de las personas en México y en la región. Es importante que el sector de la salud (médicos, pacientes, científicos, hospitales, laboratorios e industria farmacéutica) se sumen al esfuerzo y exijan la conservación de los arrecifes de coral, un banco natural de medicamentos y un recurso clave para garantizar nuestros derechos a una vida digna y a un ambiente sano.
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