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Contaminación del río Motagua en Guatemala: La búsqueda de justicia ambiental del pueblo maya poqomam

La cuenca del río Motagua, el más extenso e importante de Guatemala, está gravemente contaminada con aguas residuales, desechos sólidos y otro tipo de desperdicios.

La problemática es transfronteriza porque las aguas contaminadas del Motagua desembocan en el mar Caribe, alcanzan las costas de Honduras y amenazan al Sistema Arrecifal Mesoamericano.  

Esto ha vulnerado por décadas los derechos a la salud, al agua, al desarrollo y al ambiente sano de todas las personas que viven en la cuenca.

En junio de 2025, la comunidad maya poqomam de Santa Cruz Chinautla —apoyada por AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— logró una victoria judicial sin precedentes para detener la degradación en la cuenca. Como respuesta al litigio que interpuso, un tribunal guatemalteco ordenó a la municipalidad de Chinautla cumplir una serie de obligaciones para frenar la contaminación de los ríos y suelos de la zona.  

La respuesta gubernamental al fallo se ha limitado al momento a reuniones de mesas técnicas de trabajo. Mientras, la comunidad continúa trabajando para que la sentencia se implemente adecuadamente y realizando otras acciones para defender su territorio y sus derechos. 

 

Antecedentes

Con 486 km de longitud, el río Motagua atraviesa 96 municipios y 14 departamentos de Guatemala. Nace en Quiché, departamento ubicado al noroeste, y desemboca en el mar Caribe.

Las actividades contaminantes ocurren en toda su cuenca, incluyendo subcuencas y microcuencas. El mayor volumen de contaminación proviene de la ciudad de Guatemala, capital del país, transportado por las aguas del río Las Vacas, que a su vez recibe una gran cantidad de desperdicios del río Chinautla.

El río Chinautla, que atraviesa el municipio del mismo nombre, lleva los desechos sólidos de un vertedero ubicado en la Zona 3 capitalina —a donde llega la basura de al menos 14 municipios del departamento de Guatemala—, además de las aguas negras generadas por unas 500 mil personas que viven en la parte norte de la capital y que no reciben ningún tratamiento previo de limpieza.

Otras fuentes de contaminación son los numerosos vertederos ilegales que hay en el municipio de Chinautla, los desechos que vehículos particulares y camiones recolectores descargan a orillas de sus ríos, así como las empresas areneras —que comenzaron a instalarse en el territorio entre 1996 y 1997— cuyas operaciones debilitan las cuencas, haciendo que los desechos sólidos sean arrastrados más fácilmente por los caudales.

Foto: Mayela Sánchez García.

 

La situación trasciende fronteras. El Motagua vierte cada año unas 20 mil toneladas de plástico al mar Caribe, siendo así en uno de los ríos que más contaminación plástica aporta al océano a nivel mundial, según estimaciones contenidas en un informe de 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El caudal confluye en su desembocadura con el Arrecife Mesoamericano, por lo que la contaminación amenaza también con degradar uno de los arrecifes transfronterizos más grandes y biodiversos del planeta, que abarca las aguas territoriales de Belice, Guatemala, Honduras y México.

Además, las aguas contaminadas llegan a las costas de Honduras y se esparcen a la bahía de Amatique, situada a lo largo de la costa oriental de Guatemala, afectando al mar Caribe.

Las raíces de esta problemática crónica y transfronteriza son estructurales. Datos del proyecto Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dan cuenta que en Guatemala el 66% de los desechos sólidos urbanos no se recolectan y no hay garantía de que el 34% restante se elimine adecuadamente. Además, del total de vertederos del territorio nacional, el 88,32% son ilegales o no tienen autorización municipal.

Dicho de otro modo, las causas centrales que combatir son el mal manejo de desechos sólidos y de los recursos hídricos en Guatemala; el incumplimiento de las regulaciones existentes sobre el vertimiento de aguas residuales, disposición y tratamiento de desechos y residuos sólidos; así como la falta de una ley de aguas. 

 

La búsqueda de justicia del pueblo maya poqomam

Los ríos de Santa Cruz Chinautla, comunidad del pueblo maya poqomam, ubicada a tan solo doce kilómetros de la Ciudad de Guatemala, se han convertido en conductos de contaminación que degradan el río Motagua.  

Por décadas, su población ha visto dañada su salud y sus medios de vida —entre ellos la alfarería, una de las principales actividades económicas y fuente de identidad— debido a la falta de gestión de los residuos del municipio de Chinautla y de la zona urbana de la capital del país, así como a las actividades de empresas areneras.

Foto: Mario Winter.

 

Voces por el río Motagua: Olga Vázquez.

Voces por el río Motagua: Nazario Pascual. 

 

A comienzos del año 2000, la comunidad maya se organizó para detener la extracción de arena en su territorio. En ese momento, las empresas tenían licencias mineras que estuvieron vigentes hasta 2021 y 2022. Y, aunque los permisos vencieron, algunas empresas siguieron operando tras solicitar prórrogas. En junio de 2022, las autoridades indígenas del pueblo poqomam iniciaron un plantón de resistencia frente a la empresa Piedrinera San Luis, que mantuvieron por cuatro años.

En julio de 2024, el Relator Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH visitó Santa Cruz Chinautla. Durante su visita, autoridades ancestrales e integrantes de la comunidad expusieron sobre los impactos ambientales, al agua, la salud, la economía y la cultura de la contaminación de sus ríos.

Ese mismo año, en octubre, la comunidad —con apoyo de AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— interpuso un litigio (petición de amparo) contra la municipalidad de Chinautla por la falta de medidas para atender la contaminación de sus ríos y suelos causada por el manejo inadecuado de desechos sólidos y la existencia de vertederos ilegales.  

El equipo científico de AIDA, junto con vecinos y autoridades de la comunidad, recolectó información clave sobre los vertederos ilegales que hay en el territorio. Este ejercicio de ciencia ciudadana sustentó el litigio al visibilizar la gravedad de la contaminación, demostrar el uso continuo de este tipo de práctica y evidenciar el incumplimiento por parte de las autoridades municipales de sus obligaciones legales respecto de la gestión de residuos. 

 

Conoce más de esta experiencia de ciencia ciudadana. 

 

En junio de 2025, la comunidad poqomam obtuvo el respaldo de la justicia guatemalteca cuando un tribunal de amparo ordenó a la municipalidad de Chinautla responder efectivamente a las peticiones del litigio para frenar la contaminación de los ríos y suelos de Santa Cruz Chinautla.

Es la primera vez que un tribunal guatemalteco reconoce el derecho de un pueblo a un ambiente sano y su papel central en la búsqueda de soluciones. 

 

Entérate de los detalles de la victoria judicial. 

 

Situación actual

Desde la emisión de la sentencia, la municipalidad de Chinautla realizó una serie de "mesas técnicas de trabajo" con representantes del gobierno central, de la sociedad civil y de la comunidad. Luego se creó un grupo más pequeño conformado por personas técnicas con la tarea de elaborar un plan de trabajo con metas claras. Han pasado varios meses sin que la municipalidad convoque a las mesas de trabajo.

Por otro lado, en diciembre de 2025, la CIDH advirtió en su informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala que la cuenca del río Motagua enfrenta una severa crisis de contaminación que ha generado impactos profundos en la biodiversidad y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades locales, incluido el pueblo maya poqomam.

Y, en mayo de 2026, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales canceló la licencia de la empresa arenera Piedrinera San Luis por el "incumplimiento de los compromisos ambientales".

AIDA continúa haciendo seguimiento a la ejecución del fallo judicial para garantizar el derecho a un ambiente sano de la comunidad maya poqomam y de todas las personas que habitan en la cuenca del Motagua. Mientras, la población de Santa Cruz Chinautla sigue organizada y movilizada para mejorar su entorno y defender sus derechos.  

Niña frente a un mural contra la contaminación en Santa Cruz Chinautla, Guatemala

Seminario virtual "Rumbo a la 16va reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima"

Entre el 4 y el 6 de abril, la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima tendrá en Songdo, República de Corea, su 16va reunión, la primera de este año. Entre los temas importantes de la agenda de trabajo están la revisión de propuestas de financiamiento; el acuerdo sobre los términos de referencia para el Mecanismo Independiente de Quejas; la evaluación del Programa de Ayuda a la Preparación o Readiness Support; y la participación del sector privado en el Fondo. En este seminario virtual, miembros de entidades acreditadas ante el Fondo y de su Secretariado, así como de la sociedad civil de América Latina, compartieron sus expectativas en torno a la reunión. Grabación   Presentaciones              

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Denuncian ante la CIDH violaciones de derechos humanos y ataques a defensores/as por proyectos hidroeléctricos en Guatemala

Comunidades y organizaciones hacen un llamado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el Estado guatemalteco, empresas e inversionistas garanticen los derechos humanos de personas y comunidades afectadas por esos proyectos.  Presentaron un informe que documenta 10 casos y 273 incidentes de amenazas, criminalización y ataques contra defensores/as, autoridades tradicionales, medios de comunicación y comunidades.  La criminalización se evidencia en 103 órdenes de captura; el encarcelamiento de 36 personas defensoras y el asesinato de 11.   Washington D.C., Estados Unidos. Un grupo de organizaciones y comunidades denunciaron, en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que aquellas personas que reivindican sus derechos y los de comunidades indígenas frente a proyectos hidroeléctricos en Guatemala, sufren violaciones de derechos humanos y son víctimas de amenazas, agresiones e incluso asesinatos. Las denuncias están contenidas en un informe presentado ante la Comisión que se basa en 10 casos. El documento da cuenta que, ante ese tipo de proyectos, las comunidades han visto vulnerado su derecho a la consulta, previa, libre, informada y culturalmente adecuada; a la autodeterminación; al debido proceso, y a la vida. En el informe se evidencia además que quienes defienden a las personas y comunidades afectadas  son víctimas de amenazas y agresiones. Los ataques más comunes fueron órdenes de captura (103), agresiones que resultan en heridas (56), encarcelamiento (36), detenciones (25), criminalización (16), amenazas (15). Se documentaron también 11 asesinatos y tres muertes relacionadas con conflictos en las comunidades que se oponen a los proyectos. Al menos 19 empresas están vinculadas con los proyectos hidroeléctricos: 55% nacionales, 40% trasnacionales y 5% estatales. Los denunciantes resaltaron ante la Comisión que es deber del Estado garantizar la protección de los derechos de las comunidades, de las personas que los defienden. Dicha  obligación de respeto de los derechos humanos se extiende a las empresas y a los financiadores de dichos proyectos. Por ello, las organizaciones y comunidades solicitamos al Estado guatemalteco: Respetar los derechos de los pueblos indígenas de forma integral, incluyendo la libre determinación y el derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado y culturalmente adecuado. Garantizar la seguridad de las y los defensores de derechos humanos. Incluir la participación de las comunidades indígenas en el diseño y en la implementación de sus políticas de desarrollo energético. Y a las empresas: Cumplir con la debida diligencia en materia de empresas y derechos humanos. Abstenerse de tomar acciones, como demandas penales, que resulten en la criminalización y en ataques a defensores y defensoras de derechos humanos. Reconocer públicamente el papel positivo y fundamental que tienen las personas defensoras de derechos humanos en la democracia. Consulte aquí el informe completo. Acompañamiento de Austria (ADA); Asamblea Departamental de Pueblos de Huehuetenango (ADH); Asociación de Abogados Mayas de Guatemala, Asociación Indígena Ch`Orti` Nuevo Día, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA); Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH); Consejo del Pueblo Maya (CPO) Consejo Mam; Guatemala Human Rights Commission, USA (GHRC); Guatemala Solidarity Network; Microregión de Ixquisis, San Mateo Ixtatán; Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR); PAYXAIL YAJAW KONOB (Gobierno Ancestral Plurinacional) AKATEKA, CHUJ, POPTI’, Q’ANJOB’AL; Plataforma Internacional contra la Impunidad Protection International; Proyecto Acompañamiento Quebec Guatemala Montréal, Canadá Resistencia Río Dolores y la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA). Contactos de prensa: Karen Hudlet, Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, [email protected] Rodrigo da Costa Sales, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), [email protected]  

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Sociedad civil alerta sobre omisiones en la creación del Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos en México

El Gobierno mexicano ha desatendido recomendaciones de las OSC que integran el Grupo Focal. Falta de inclusión de comunidades afectadas, poca transparencia y ausencia de actores vitales para el Programa, entre las principales omisiones. Ciudad de México, México. A mediados del 2015 el gobierno mexicano inició los trabajos para la creación del Programa Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos en México (PNEDH), y la Secretaría de Gobernación (SEGOB), dependencia que lidera este proceso, hasta la fecha no ha presentado una hoja de ruta adecuada ni una línea de tiempo que permita conocer los pasos que seguirá su creación. El PNEDH debería ser un instrumento que permita la implementación de medidas de protección a los derechos humanos frente al comportamiento de empresas y gobiernos, incluyendo cambios o ajustes en la legislación, la planeación del desarrollo y las políticas públicas, por lo que resulta indispensable que durante su creación cuente con mecanismos de acceso a información, transparencia, monitoreo y divulgación de todo el proceso, además de la participación oportuna de todos los actores interesados. La apertura a la participación de la sociedad civil ha sido un paso importante para la creación del PNEDH, sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que conforman el Grupo Focal sobre Empresas y Derechos Humanos en México han solicitado a SEGOB la integración de comunidades indígenas, campesinas, agrarias, ejidales, urbanas y sindicatos independientes que han sido afectados por las actividades de las empresas en el país, pero la demanda de incluirlas de forma transparente, participativa, incluyente e informada desde el inicio y durante la elaboración  del Programa no ha sido atendida. Las OSC denuncian que aún no se cuenta con un borrador del documento del Programa ni una metodología clara para compartir con los grupos afectados (comunidades y colectivos) y otros actores relevantes como secretarías e instancias gubernamentales, personas u organismos que defienden los derechos humanos, representaciones diplomáticas, empresas, bancos y agencias de cooperación para el desarrollo e instituciones financieras internacionales. De acuerdo con este Grupo, este Plan debe de contener requisitos que aseguren el respeto a los derechos ambientales y laborales en los proyectos y las cadenas de valor de todas las empresas, así como de evaluaciones de impacto en derechos humanos, fortaleciendo las evaluaciones de impacto ambiental y social ya creadas por la Ley vigente, garantizando que la planeación del desarrollo nacional se construya con base en criterios de sustentabilidad social, ambiental y de derechos humanos, y así proteger a las personas defensoras de derechos humanos. De igual forma, las empresas públicas del Estado deben de contar con mecanismos de respeto y protección a los derechos humanos, tanto al interior como hacia el exterior de las mismas. Esta denuncia de las omisiones del proceso se basa en el trabajo de las organizaciones del Grupo Focal sobre Empresas y Derechos Humanos en México, las cuales han identificado prioridades a través de un diagnóstico nacional y hecho recomendaciones al gobierno que no han sido atendidas. Las OSC mencionadas seguirán informando a la sociedad civil sobre el proceso de creación del PNEDH, en conjunto con las otras organizaciones y grupos que se integren. El Grupo Focal sobre Empresas y Derechos Humanos en México es una coalición de OSC que promueve y defiende los marcos jurídicos existentes para asegurar que las corporaciones nacionales e internacionales no cometan violaciones a los derechos humanos, y está conformado por: Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER); y Oxfam México, y es acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI), Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz).

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