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Contaminación del río Motagua en Guatemala: La búsqueda de justicia ambiental del pueblo maya poqomam

La cuenca del río Motagua, el más extenso e importante de Guatemala, está gravemente contaminada con aguas residuales, desechos sólidos y otro tipo de desperdicios.

La problemática es transfronteriza porque las aguas contaminadas del Motagua desembocan en el mar Caribe, alcanzan las costas de Honduras y amenazan al Sistema Arrecifal Mesoamericano.  

Esto ha vulnerado por décadas los derechos a la salud, al agua, al desarrollo y al ambiente sano de todas las personas que viven en la cuenca.

En junio de 2025, la comunidad maya poqomam de Santa Cruz Chinautla —apoyada por AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— logró una victoria judicial sin precedentes para detener la degradación en la cuenca. Como respuesta al litigio que interpuso, un tribunal guatemalteco ordenó a la municipalidad de Chinautla cumplir una serie de obligaciones para frenar la contaminación de los ríos y suelos de la zona.  

La respuesta gubernamental al fallo se ha limitado al momento a reuniones de mesas técnicas de trabajo. Mientras, la comunidad continúa trabajando para que la sentencia se implemente adecuadamente y realizando otras acciones para defender su territorio y sus derechos. 

 

Antecedentes

Con 486 km de longitud, el río Motagua atraviesa 96 municipios y 14 departamentos de Guatemala. Nace en Quiché, departamento ubicado al noroeste, y desemboca en el mar Caribe.

Las actividades contaminantes ocurren en toda su cuenca, incluyendo subcuencas y microcuencas. El mayor volumen de contaminación proviene de la ciudad de Guatemala, capital del país, transportado por las aguas del río Las Vacas, que a su vez recibe una gran cantidad de desperdicios del río Chinautla.

El río Chinautla, que atraviesa el municipio del mismo nombre, lleva los desechos sólidos de un vertedero ubicado en la Zona 3 capitalina —a donde llega la basura de al menos 14 municipios del departamento de Guatemala—, además de las aguas negras generadas por unas 500 mil personas que viven en la parte norte de la capital y que no reciben ningún tratamiento previo de limpieza.

Otras fuentes de contaminación son los numerosos vertederos ilegales que hay en el municipio de Chinautla, los desechos que vehículos particulares y camiones recolectores descargan a orillas de sus ríos, así como las empresas areneras —que comenzaron a instalarse en el territorio entre 1996 y 1997— cuyas operaciones debilitan las cuencas, haciendo que los desechos sólidos sean arrastrados más fácilmente por los caudales.

Foto: Mayela Sánchez García.

 

La situación trasciende fronteras. El Motagua vierte cada año unas 20 mil toneladas de plástico al mar Caribe, siendo así en uno de los ríos que más contaminación plástica aporta al océano a nivel mundial, según estimaciones contenidas en un informe de 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El caudal confluye en su desembocadura con el Arrecife Mesoamericano, por lo que la contaminación amenaza también con degradar uno de los arrecifes transfronterizos más grandes y biodiversos del planeta, que abarca las aguas territoriales de Belice, Guatemala, Honduras y México.

Además, las aguas contaminadas llegan a las costas de Honduras y se esparcen a la bahía de Amatique, situada a lo largo de la costa oriental de Guatemala, afectando al mar Caribe.

Las raíces de esta problemática crónica y transfronteriza son estructurales. Datos del proyecto Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dan cuenta que en Guatemala el 66% de los desechos sólidos urbanos no se recolectan y no hay garantía de que el 34% restante se elimine adecuadamente. Además, del total de vertederos del territorio nacional, el 88,32% son ilegales o no tienen autorización municipal.

Dicho de otro modo, las causas centrales que combatir son el mal manejo de desechos sólidos y de los recursos hídricos en Guatemala; el incumplimiento de las regulaciones existentes sobre el vertimiento de aguas residuales, disposición y tratamiento de desechos y residuos sólidos; así como la falta de una ley de aguas. 

 

La búsqueda de justicia del pueblo maya poqomam

Los ríos de Santa Cruz Chinautla, comunidad del pueblo maya poqomam, ubicada a tan solo doce kilómetros de la Ciudad de Guatemala, se han convertido en conductos de contaminación que degradan el río Motagua.  

Por décadas, su población ha visto dañada su salud y sus medios de vida —entre ellos la alfarería, una de las principales actividades económicas y fuente de identidad— debido a la falta de gestión de los residuos del municipio de Chinautla y de la zona urbana de la capital del país, así como a las actividades de empresas areneras.

Foto: Mario Winter.

 

Voces por el río Motagua: Olga Vázquez.

Voces por el río Motagua: Nazario Pascual. 

 

A comienzos del año 2000, la comunidad maya se organizó para detener la extracción de arena en su territorio. En ese momento, las empresas tenían licencias mineras que estuvieron vigentes hasta 2021 y 2022. Y, aunque los permisos vencieron, algunas empresas siguieron operando tras solicitar prórrogas. En junio de 2022, las autoridades indígenas del pueblo poqomam iniciaron un plantón de resistencia frente a la empresa Piedrinera San Luis, que mantuvieron por cuatro años.

En julio de 2024, el Relator Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH visitó Santa Cruz Chinautla. Durante su visita, autoridades ancestrales e integrantes de la comunidad expusieron sobre los impactos ambientales, al agua, la salud, la economía y la cultura de la contaminación de sus ríos.

Ese mismo año, en octubre, la comunidad —con apoyo de AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— interpuso un litigio (petición de amparo) contra la municipalidad de Chinautla por la falta de medidas para atender la contaminación de sus ríos y suelos causada por el manejo inadecuado de desechos sólidos y la existencia de vertederos ilegales.  

El equipo científico de AIDA, junto con vecinos y autoridades de la comunidad, recolectó información clave sobre los vertederos ilegales que hay en el territorio. Este ejercicio de ciencia ciudadana sustentó el litigio al visibilizar la gravedad de la contaminación, demostrar el uso continuo de este tipo de práctica y evidenciar el incumplimiento por parte de las autoridades municipales de sus obligaciones legales respecto de la gestión de residuos. 

 

Conoce más de esta experiencia de ciencia ciudadana. 

 

En junio de 2025, la comunidad poqomam obtuvo el respaldo de la justicia guatemalteca cuando un tribunal de amparo ordenó a la municipalidad de Chinautla responder efectivamente a las peticiones del litigio para frenar la contaminación de los ríos y suelos de Santa Cruz Chinautla.

Es la primera vez que un tribunal guatemalteco reconoce el derecho de un pueblo a un ambiente sano y su papel central en la búsqueda de soluciones. 

 

Entérate de los detalles de la victoria judicial. 

 

Situación actual

Desde la emisión de la sentencia, la municipalidad de Chinautla realizó una serie de "mesas técnicas de trabajo" con representantes del gobierno central, de la sociedad civil y de la comunidad. Luego se creó un grupo más pequeño conformado por personas técnicas con la tarea de elaborar un plan de trabajo con metas claras. Han pasado varios meses sin que la municipalidad convoque a las mesas de trabajo.

Por otro lado, en diciembre de 2025, la CIDH advirtió en su informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala que la cuenca del río Motagua enfrenta una severa crisis de contaminación que ha generado impactos profundos en la biodiversidad y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades locales, incluido el pueblo maya poqomam.

Y, en mayo de 2026, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales canceló la licencia de la empresa arenera Piedrinera San Luis por el "incumplimiento de los compromisos ambientales".

AIDA continúa haciendo seguimiento a la ejecución del fallo judicial para garantizar el derecho a un ambiente sano de la comunidad maya poqomam y de todas las personas que habitan en la cuenca del Motagua. Mientras, la población de Santa Cruz Chinautla sigue organizada y movilizada para mejorar su entorno y defender sus derechos.  

Niña frente a un mural contra la contaminación en Santa Cruz Chinautla, Guatemala

Colombia debe acatar recomendaciones de Ramsar para la Ciénaga Grande

Autoridades nacionales y regionales deben contribuir a ese cumplimiento. El colapso del sitio puede desplazar a miles de personas que dependen del mismo para su sustento. Bogotá, Colombia. Tras la visita de expertos de la Convención Ramsar para evaluar la situación de la Ciénaga Grande de Santa Marta, creemos necesario que el informe con las conclusiones y recomendaciones de la misión técnica de asesoramiento sea de conocimiento público y que sea acatado por el Estado colombiano en su conjunto. Tanto autoridades nacionales como regionales deben contribuir a lograr ese cumplimiento. Reconocemos la voluntad política del gobierno nacional para dar con la solución a la crisis ambiental por la que atraviesa la Ciénaga Grande. La visita, realizada del 22 al 26 de agosto con el consentimiento gubernamental, ocurrió tras la petición realizada en 2014 al Secretariado de la Convención por a Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la Universidad del Norte, y la Universidad de Florida. Ramsar es un tratado intergubernamental para la prptección de humedales. Según los medios, se prevé que los expertos entreguen sus conclusiones al gobierno a más tardar en un mes. ”Esperamos que la sociedad colombiana se apropie de las recomendaciones que emitirá la Misión Ramsar y que el Estado en su conjunto concurra para cumplirlas”, sostuvo Carlos Lozano Acosta, abogado de AIDA. “El colapso de la Ciénaga puede provocar el desplazamiento de miles de personas que allí habitan y cuyo sustento depende del sitio”, sostuvo Juan Pablo Sarmiento, de la Universidad del Norte. “El Estado colombiano debe preservar la Ciénaga porque es crucial para enfrentar los efectos del cambio climático”, agregó. En el ecosistema han muerto cientos de miles de peces producto de la degradación ambiental causada, entre otros, por incendios forestales, deforestación y construcción ilegal de diques. Consideramos que también han contribuido al problema la falta de coordinación entre las entidades a cargo del tema, la escasez de recursos económicos para tareas de protección, la falta de educación ambiental y de persecución de los crímenes ambientales que allí se cometen. Además de las recomendaciones que surjan de la misión de Ramsar, creemos importante contar en el país con una entidad fuerte e independiente de presiones políticas para la evaluación adecuada de los proyectos de desarrollo que se implementan en la Ciénaga, incluyendo las carreteras, y la entrega de los permisos ambientales correspondientes. La Convención puede sugerir al Estado colombiano incluir a la Ciénaga Grande en la lista Montreaux, lo cual permitiría la obtención de ayuda económica solicitada por organizaciones no gubernamentales o por el Estado; así como asesoría técnica para generar recomendaciones orientadas a la recuperación y conservación del sitio. Esas orientaciones harían que las acciones de la Corporación Autónoma Regional, el Ministerio de Medio Ambiente, la Gobernación del Magdalena y de otras autoridades responsables de la gestión de la Ciénaga sean más efectivas. Contactos de prensa Juan Pablo Sarmiento, Universidad del Norte, [email protected], +57 300 5514583 Carlos Lozano Acosta, AIDA, [email protected], +573005640282  

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Derechos Humanos

Visita a México del Grupo de Trabajo sobre Empresas y DDHH: Puntos desde Sociedad Civil

Más de 100 organizaciones de la sociedad civil, grupos, comunidades y académicos que trabajan en la defensa de los derechos humanos, interesados en el tema de la responsabilidad de las empresas en derechos humanos, preparamos de forma coordinada insumos para el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU, en el marco de su visita oficial a México, que tendrá lugar del 29 de agosto al 7 de septiembre de 2016. El objetivo del INFORME es dar una perspectiva de la situación de empresas y los derechos humanos a nivel nacional. Con base en los 68 casos documentados, se identifican patrones de violaciones y de abusos a los derechos humanos por parte del Estado y de las empresas de diferentes sectores, incluyendo el energético, el extractivo, la construcción, la agroindustria, la maquila, entre otros. Dicha información, también permite vislumbrar el grado de implementación de los Principios Rectores sobre Empresa y Derechos Humanos por parte del Estado mexicano y de las empresas que realizan actividades en el país. Se elaboró además una INFOGRAFÍA ilustrativa sobre el tema.

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Derechos Humanos

Infografía: Empresas y Derechos Humanos en México

Con motivo de la visita oficial a México del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU, una coalición de organizaciones de la sociedad civil elaboramos un INFORME que documenta 68 casos de violaciones de derechos humanos por parte del Estado y empresas, así como una INFOGRAFÍA ilustrativa sobre el tema:

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