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Contaminación del río Motagua en Guatemala: La búsqueda de justicia ambiental del pueblo maya poqomam

La cuenca del río Motagua, el más extenso e importante de Guatemala, está gravemente contaminada con aguas residuales, desechos sólidos y otro tipo de desperdicios.

La problemática es transfronteriza porque las aguas contaminadas del Motagua desembocan en el mar Caribe, alcanzan las costas de Honduras y amenazan al Sistema Arrecifal Mesoamericano.  

Esto ha vulnerado por décadas los derechos a la salud, al agua, al desarrollo y al ambiente sano de todas las personas que viven en la cuenca.

En junio de 2025, la comunidad maya poqomam de Santa Cruz Chinautla —apoyada por AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— logró una victoria judicial sin precedentes para detener la degradación en la cuenca. Como respuesta al litigio que interpuso, un tribunal guatemalteco ordenó a la municipalidad de Chinautla cumplir una serie de obligaciones para frenar la contaminación de los ríos y suelos de la zona.  

La respuesta gubernamental al fallo se ha limitado al momento a reuniones de mesas técnicas de trabajo. Mientras, la comunidad continúa trabajando para que la sentencia se implemente adecuadamente y realizando otras acciones para defender su territorio y sus derechos. 

 

Antecedentes

Con 486 km de longitud, el río Motagua atraviesa 96 municipios y 14 departamentos de Guatemala. Nace en Quiché, departamento ubicado al noroeste, y desemboca en el mar Caribe.

Las actividades contaminantes ocurren en toda su cuenca, incluyendo subcuencas y microcuencas. El mayor volumen de contaminación proviene de la ciudad de Guatemala, capital del país, transportado por las aguas del río Las Vacas, que a su vez recibe una gran cantidad de desperdicios del río Chinautla.

El río Chinautla, que atraviesa el municipio del mismo nombre, lleva los desechos sólidos de un vertedero ubicado en la Zona 3 capitalina —a donde llega la basura de al menos 14 municipios del departamento de Guatemala—, además de las aguas negras generadas por unas 500 mil personas que viven en la parte norte de la capital y que no reciben ningún tratamiento previo de limpieza.

Otras fuentes de contaminación son los numerosos vertederos ilegales que hay en el municipio de Chinautla, los desechos que vehículos particulares y camiones recolectores descargan a orillas de sus ríos, así como las empresas areneras —que comenzaron a instalarse en el territorio entre 1996 y 1997— cuyas operaciones debilitan las cuencas, haciendo que los desechos sólidos sean arrastrados más fácilmente por los caudales.

Foto: Mayela Sánchez García.

 

La situación trasciende fronteras. El Motagua vierte cada año unas 20 mil toneladas de plástico al mar Caribe, siendo así en uno de los ríos que más contaminación plástica aporta al océano a nivel mundial, según estimaciones contenidas en un informe de 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El caudal confluye en su desembocadura con el Arrecife Mesoamericano, por lo que la contaminación amenaza también con degradar uno de los arrecifes transfronterizos más grandes y biodiversos del planeta, que abarca las aguas territoriales de Belice, Guatemala, Honduras y México.

Además, las aguas contaminadas llegan a las costas de Honduras y se esparcen a la bahía de Amatique, situada a lo largo de la costa oriental de Guatemala, afectando al mar Caribe.

Las raíces de esta problemática crónica y transfronteriza son estructurales. Datos del proyecto Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dan cuenta que en Guatemala el 66% de los desechos sólidos urbanos no se recolectan y no hay garantía de que el 34% restante se elimine adecuadamente. Además, del total de vertederos del territorio nacional, el 88,32% son ilegales o no tienen autorización municipal.

Dicho de otro modo, las causas centrales que combatir son el mal manejo de desechos sólidos y de los recursos hídricos en Guatemala; el incumplimiento de las regulaciones existentes sobre el vertimiento de aguas residuales, disposición y tratamiento de desechos y residuos sólidos; así como la falta de una ley de aguas. 

 

La búsqueda de justicia del pueblo maya poqomam

Los ríos de Santa Cruz Chinautla, comunidad del pueblo maya poqomam, ubicada a tan solo doce kilómetros de la Ciudad de Guatemala, se han convertido en conductos de contaminación que degradan el río Motagua.  

Por décadas, su población ha visto dañada su salud y sus medios de vida —entre ellos la alfarería, una de las principales actividades económicas y fuente de identidad— debido a la falta de gestión de los residuos del municipio de Chinautla y de la zona urbana de la capital del país, así como a las actividades de empresas areneras.

Foto: Mario Winter.

 

Voces por el río Motagua: Olga Vázquez.

Voces por el río Motagua: Nazario Pascual. 

 

A comienzos del año 2000, la comunidad maya se organizó para detener la extracción de arena en su territorio. En ese momento, las empresas tenían licencias mineras que estuvieron vigentes hasta 2021 y 2022. Y, aunque los permisos vencieron, algunas empresas siguieron operando tras solicitar prórrogas. En junio de 2022, las autoridades indígenas del pueblo poqomam iniciaron un plantón de resistencia frente a la empresa Piedrinera San Luis, que mantuvieron por cuatro años.

En julio de 2024, el Relator Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH visitó Santa Cruz Chinautla. Durante su visita, autoridades ancestrales e integrantes de la comunidad expusieron sobre los impactos ambientales, al agua, la salud, la economía y la cultura de la contaminación de sus ríos.

Ese mismo año, en octubre, la comunidad —con apoyo de AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— interpuso un litigio (petición de amparo) contra la municipalidad de Chinautla por la falta de medidas para atender la contaminación de sus ríos y suelos causada por el manejo inadecuado de desechos sólidos y la existencia de vertederos ilegales.  

El equipo científico de AIDA, junto con vecinos y autoridades de la comunidad, recolectó información clave sobre los vertederos ilegales que hay en el territorio. Este ejercicio de ciencia ciudadana sustentó el litigio al visibilizar la gravedad de la contaminación, demostrar el uso continuo de este tipo de práctica y evidenciar el incumplimiento por parte de las autoridades municipales de sus obligaciones legales respecto de la gestión de residuos. 

 

Conoce más de esta experiencia de ciencia ciudadana. 

 

En junio de 2025, la comunidad poqomam obtuvo el respaldo de la justicia guatemalteca cuando un tribunal de amparo ordenó a la municipalidad de Chinautla responder efectivamente a las peticiones del litigio para frenar la contaminación de los ríos y suelos de Santa Cruz Chinautla.

Es la primera vez que un tribunal guatemalteco reconoce el derecho de un pueblo a un ambiente sano y su papel central en la búsqueda de soluciones. 

 

Entérate de los detalles de la victoria judicial. 

 

Situación actual

Desde la emisión de la sentencia, la municipalidad de Chinautla realizó una serie de "mesas técnicas de trabajo" con representantes del gobierno central, de la sociedad civil y de la comunidad. Luego se creó un grupo más pequeño conformado por personas técnicas con la tarea de elaborar un plan de trabajo con metas claras. Han pasado varios meses sin que la municipalidad convoque a las mesas de trabajo.

Por otro lado, en diciembre de 2025, la CIDH advirtió en su informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala que la cuenca del río Motagua enfrenta una severa crisis de contaminación que ha generado impactos profundos en la biodiversidad y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades locales, incluido el pueblo maya poqomam.

Y, en mayo de 2026, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales canceló la licencia de la empresa arenera Piedrinera San Luis por el "incumplimiento de los compromisos ambientales".

AIDA continúa haciendo seguimiento a la ejecución del fallo judicial para garantizar el derecho a un ambiente sano de la comunidad maya poqomam y de todas las personas que habitan en la cuenca del Motagua. Mientras, la población de Santa Cruz Chinautla sigue organizada y movilizada para mejorar su entorno y defender sus derechos.  

Niña frente a un mural contra la contaminación en Santa Cruz Chinautla, Guatemala

Hay esperanza de justicia para los pueblos indígenas de América

(Texto publicado originalmente en Animal Político) El 15 de junio pasado fue un día histórico en el continente americano pues, tras 17 años de negociaciones, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), reunida en República Dominicana, aprobó la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La Declaración es una gran razón para celebrar, pues implica avances en temas importantes como el compromiso de los Estados de respetar los derechos de los pueblos indígenas, especialmente los derechos a la tierra, territorio y a un ambiente sano; y de respetar el desarrollo sostenible. Además, reconoce que la violencia contra las mujeres indígenas “impide y anula el goce de los derechos humanos y libertades fundamentales”. También reitera el derecho de los indígenas a participar en asuntos que afecten sus derechos y a ser sujetos de procesos de consulta previa y de consentimiento libre, previo e informado, particularmente respecto de afectaciones a su territorio.  Necesidad de una justicia efectiva Al mismo tiempo en que se aprobaba la Declaración, tuvo lugar una acción global que pidió justicia para Berta Cáceres —líder ambientalista, defensora de derechos humanos y del pueblo indígena Lenca en Honduras—, asesinada el 3 de marzo pasado. Más que una coincidencia, estos dos hechos simultáneos evidencian la necesidad diaria e imperiosa de justicia efectiva en la región, sobre todo respecto de violaciones de derechos humanos causadas por proyectos extractivos, energéticos, turísticos y de infraestructura; algo que se ha vuelto una constante en América Latina. Evidencian además la urgencia de que las declaraciones y obligaciones internacionales en materia de derechos humanos se concreten en la práctica. El asesinato de Berta estaba anunciado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le había otorgado medidas cautelares que el Estado de Honduras incumplió. Dos días después de su muerte, la Comisión otorgó medidas cautelares al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), la organización que Berta dirigía. Pese a ello, Nelson García, uno de sus miembros, fue también asesinado días después. El pedido principal de acción global fue la creación de una Comisión de Expertos Independientes que apoyen la investigación sobre los asesinatos y ayuden a encontrar la verdad. Berta y Nelson no son casos excepcionales de ataques a quienes defienden derechos humanos, el ambiente y el territorio. Más de 100 personas dedicadas a ello han sido asesinadas en Honduras desde 2010. La situación no es exclusiva de Honduras. Brasil, Colombia, Nicaragua y Perú también forman parte de los cinco países más violentos para los defensores, lista que completa Filipinas. El 2015 ha sido catalogado como “el peor de la historia” para defensores de la tierra y el ambiente. Berta dedicó su vida a defender los ríos. Al momento de su asesinato trabajaba para salvar su territorio indígena de la construcción de la represa Agua Zarca en el río Gualquarque. Las comunidades allí han denunciado la existencia de más de 50 proyectos extractivos y energéticos que afectan sus tierras y cuya aprobación ignora normas nacionales e internacionales. Hacia un desarrollo real Berta y Agua Zarca son solo la punta del iceberg que muestra la realidad latinoamericana. Aunque los proyectos extractivos, energéticos, turísticos y de infraestructura son promovidos por gobiernos —con apoyo de entidades financieras internacionales, bancos nacionales e inversión extranjera— como esenciales para el desarrollo y el combate a la pobreza, la realidad evidencia lo contrario. Sistemáticamente, estos proyectos son implementados incumpliendo las leyes y sin planeación ni evaluaciones adecuadas de impactos en el ambiente y los derechos humanos. Tampoco se evalúan alternativas reales de desarrollo y de fuentes de energía que eviten impactos negativos. De hecho, muchos de estos proyectos no serían viables en países desarrollados, donde se implementan mejores tecnologías. Relatores Especiales de la ONU han llamado la atención sobre este asunto en toda América hace años. Así también lo reconoció la CIDH en un informe reciente acerca de industrias extractivas y su impacto en pueblos indígenas y tribales. Irónicamente, la Comisión atraviesa por una crisis financiera sin precedentes por la falta de aportes suficientes de los Estados. Justamente algunos de ellos han negado o retardado los fondos necesarios por altercados con la Comisión motivados por decisiones relacionadas con proyectos energéticos o extractivos. El ejemplo más evidente es Brasil, cuya reacción ante las medidas cautelares que ordenaron la suspensión de la represa Belo Monte en 2011, terminó en un proceso de revisión a la CIDH, el retiro de su embajador y el congelamiento de aportes. Ese país aún no ha regularizado sus contribuciones a la Comisión.   Esperanza y oportunidad Por todo lo anterior, la aprobación de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es una noticia esperanzadora. Es esencial que los derechos y obligaciones que contiene se implementen inmediatamente. Empezando por el caso de Berta, los Estados deben demostrar que hablan en serio, que reconocen el problema regional, que alcanzan resultados serios de justicia y verdad, y que promueven un desarrollo real en favor de su gente. América Latina tiene la oportunidad histórica de ubicarse finalmente en el siglo XXI, respetando el Estado de Derecho, aplicando lo que predica en instrumentos internacionales e impulsando un desarrollo que cuide nuestros recursos naturales y los derechos de quienes más cercanamente dependen de ellos. De no hacerlo, la región continuará detrás de los mismos espejitos y espejismos que le deslumbraron en la Conquista. 

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Organizaciones recurren a la CIDH para que México proteja a comunidades mayas afectadas por siembra de soya transgénica

La vida, integridad y salud de las víctimas está en riesgo por la deforestación y contaminación que la siembra de soya genéticamente modificada causa en sus territorios. La situación se está agravando pues el Estado mexicano no ha adoptado medidas efectivas para salvaguardar los derechos de las comunidades. Washington D.C., Estados Unidos. Comunidades mayas apicultoras, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Greenpeace México; Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C.(Indignación); y Litiga, Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos A.C. (Litiga OLE) denunciaron el pasado 25 de julio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la siembra de soya transgénica en los estados de Campeche y Yucatán, México, está afectando la vida, integridad, salud y el medio ambiente sano de las comunidades mayas.   El modo de vida y la salud de las personas afectadas —entre ellas niños y niñas, mujeres gestantes y adultos mayores— están en riesgo creciente debido a la deforestación y al uso en la siembra de sustancias tóxicas, como el herbicida glifosato, que contaminan el agua y el suelo. Por ello, las organizaciones solicitaron que la CIDH otorgue medidas cautelares para que el Estado mexicano implemente acciones para proteger los derechos de las comunidades y suspenda de forma efectiva la siembra de soya genéticamente modificada en Campeche y Yucatán. Leydy Pech, representante de las comunidades mayas, manifestó que “la implementación del proyecto para la siembra de soya transgénica en el territorio maya atenta contra nuestros derechos y cultura, que son la herencia ancestral de nuestros abuelos. Hemos visto que con la siembra de esta soya se han perdido plantas medicinales, árboles vitales para las abejas, animales e incluso se han destruido sitios arqueológicos (por ejemplo aguadas, lagunas y suches). Al perderse esto se lastima la identidad maya y se nos priva de la posibilidad de transmitir ese conocimiento a nuestros hijos. Recordemos que los mayas poseemos un conocimiento tradicional que permite conservar la selva y generar bienestar para nuestra comunidades”. “El Estado mexicano tenía la obligación de aplicar el principio precautorio y tener en cuenta los riesgos para la salud que conllevaba el uso del herbicida glifosato y la siembra de soya transgénica. Al no hacerlo, incumplió su deber de prevenir violaciones a los derechos de las comunidades mayas, quienes actualmente están expuestas a dicho herbicida a través de la siembra y la contaminación de sus fuentes de agua", señaló María José Veramendi, abogada de AIDA. Las comunidades mayas afectadas habitan los municipios de Hopelchén, en el estado de Campeche, y de Mérida, Tekax y Teabo, en el estado de Yucatán, sin embargo vale la pena resaltar que el permiso de soya afecta a más comunidades y municipios de siete estados de la República. Las comunidades no fueron consultadas ni se obtuvo su consentimiento libre, previo e informado antes de que el Estado mexicano otorgara permisos para la siembra de soya genéticamente modificada en su territorio. Además, dicha siembra ha afectado gravemente al cultivo de abejas para la obtención de miel, práctica histórica y tradicional de la zona, y una de las fuentes principales de sustento para las comunidades. Además de la solicitud de medidas cautelares, las organizaciones interpusieron ante la CIDH una petición en la que denuncian violaciones a los derechos al territorio y a la propiedad comunal, a la vida y a la integridad personal, al medio ambiente sano, al trabajo y a la protección judicial y acceso a la justicia. Según las organizaciones, pese a las denuncias realizadas y las acciones judiciales interpuestas, el Estado no ha adoptado medidas efectivas para salvaguardar los derechos de las y los afectados. Francisco Xavier Martínez Esponda, representante legal por parte de CEMDA, señaló “que si bien las comunidades mayas obtuvieron una sentencia favorable de la Segunda Sala de la Suprema Corte en noviembre del año pasado, lo cierto es que ese fallo no resolvió sobre todos los derechos humanos violados; y en el proceso consulta que están llevando a cabo las autoridades, no se están respetado las formas tradicionales de adopción de decisiones ni se está cumpliendo el estándar interamericano para ese derecho fundamental. En resumidas cuentas, como el Estado no pudo determinar todas las violaciones a los derechos de las comunidades mayas ni ordenar su reparación, ahora hemos tomado el camino de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.  

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Seis Humedales Colombianos de Importancia Mundial

Colombia es un país bendecido con ecosistemas, biodiversidad y fuentes de agua. Tiene tres cordilleras, fértiles suelos andisoles (de origen volcánico y sustento de entornos vitales), la mitad de los páramos del mundo, clima ecuatorial (con temperaturas altas constantes), selvas amazónicas y las aguas del Caribe y el Pacífico. Es el primer país del mundo en diversidad de aves y orquídeas, el segundo en plantas y anfibios, el tercero en reptiles y palmas, y el cuarto en mamíferos. A ello se suma un largo y diverso etcétera.  Parte del valor ambiental de Colombia son los seis humedales de su territorio incluidos en la Lista de Humedales de Importancia Internacional de la Convención Ramsar, un tratado intergubernamental que protege esos ecosistemas. Al estar en la lista, estos humedales no solo son valiosos para Colombia, sino para la humanidad en su conjunto. ¿Dónde están?, ¿por qué son importantes? y ¿qué peligros enfrentan?  1. Ciénaga Grande de Santa Marta, Sistema Delta Estuarino del Río Magdalena. Ubicado en el departamento del Magdalena, es el complejo lagunar más grande de Colombia. Allí confluyen el agua del río Magdalena y el agua salada del mar Caribe. Es refugio de aves migratorias y locales. Está en peligro por la construcción de 27 kilómetros de diques y otras obras de infraestructura, la quema y tala de vegetación, y las sequías. AIDA ha trabajado junto con dos universidades colombianas para abogar por la protección de la Ciénaga ante el Secretariado de Ramsar.  2. Sistema Lacustre de Chingaza. Es un conjunto de lagunas y páramos donde viven especies animales y vegetales en peligro como el oso de anteojos y el frailejón (planta con hojas jugosas y velludas). También es refugio de aves migratorias. Según el Instituto Humboldt “el páramo de Chingaza, con 40.000 hectáreas, aporta el 80% de agua a Bogotá". Si Chingaza es deteriorado al punto de desaparecer, Bogotá tendría que gastar enormes cantidades de dinero para obtener el agua que este páramo le provee En AIDA abogamos por la protección de los páramos, ecosistemas que ocupan apenas el 1,7% del territorio continental de Colombia, pero que son fuente de más del 70% del agua potable del país.  3. Complejo de Humedales de la Laguna del Otún. Ubicado dentro del Parque Nacional Natural Los Nevados, en la Cordillera Central de los Andes colombianos, el complejo incluye lagunas, turberas (humedales que acumulan materia orgánica) y pantanos interconectados con glaciares y vegetación de páramos. El sitio es hogar de 52 especies de aves, muchas de ellas en peligro. Entre las amenazas que el sitio enfrenta están la ganadería, la basura, incendios, especies invasoras y actividades de turismo ilegales. 4.  Delta del río Baudó. Este río nace en la serranía del Baudó, recorre 180 kilómetros por el departamento del Chocó y desemboca en el océano Pacífico. A pesar de ser un río corto, las abundantes lluvias de la región hacen que el Baudó llegue al Pacífico con un gran caudal. La tala indiscriminada de mangle y la sobreexplotación pesquera son sus principales amenazas. 5.  Complejo de Humedales de la Estrella Fluvial del Inírida. Está ubicado en una zona de transición entre las regiones de la Orinoquía y la Amazonía, cerca del sitio sagrado indígena del Cerro de Mavicure. Según el Ministerio de Ambiente, el sitio alberga 903 especies de plantas, 200 mamíferos y 40 de anfibios. Entre la fauna del lugar, la nutria, el jaguar y el delfín rosado, están en peligro crítico. Este ecosistema está amenazado por la minería ilegal de coltán y oro, los vertimientos de mercurio y, en su zona de amortiguación, por los cultivos considerados de uso ilícito, la ganadería, el desecamiento y la potrerización (reemplazo de bosques por potreros).   6. Laguna de la Cocha. En quechua, Cocha significa laguna. Ubicada en el departamento de Nariño, a 2,800 metros sobre el nivel del mar, es la segunda laguna más grande de Colombia. En sus riberas habitan pescadores, agricultores y descendientes de los indígenas quillacingas. La Cocha contiene la pequeña isla de La Corota. Allí llegan visitantes domésticos y extranjeros para avistar especies animales y vegetales. Esta laguna está en peligro por la ganadería, la agricultura intensiva, la deforestación y la erosión.  Características valiosas Para considerarlos sitios que merecen atención mundial, la Convención Ramsar tomó en cuenta las funciones ecológicas fundamentales de los humedales colombianos para regular los regímenes del ciclo del agua y ser hábitat de animales y plantas características, especialmente de aves acuáticas. Vio además que son fuente de agua dulce, contribuyen a la recarga de acuíferos, entre muchos otros servicios. Incluso mitigan el cambio climático. La Convención reconoció que los humedales “constituyen un gran valor económico, cultural, científico y recreativo, cuya pérdida sería irreparable”. Pese a su valor, los humedales enfrentan una serie de amenazas a su existencia: su sobreexplotación, la pérdida de agua, quemas, talas, contaminación tóxica, minería a gran escala, cultivos y ganadería a gran escala, carreteras que interrumpen el ciclo natural del agua,  el cambio climático, entre otras. Películas emblemáticas de Colombia han sido filmadas en estos humedales. Entre ellas están El abrazo de la serpiente (Estrella Fluvial del Inírida) y La Sirga (Laguna de la Cocha). Nuestro deber moral y social, y nuestra obligación ante el derecho internacional ambiental y la Convención Ramsar, es cuidar la delicada riqueza de estos humedales con los que afortunadamente contamos en esta esquina biodiversa de Sudamérica. 

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