Project

Shutterstock.

Contaminación del río Motagua en Guatemala: La búsqueda de justicia ambiental del pueblo maya poqomam

La cuenca del río Motagua, el más extenso e importante de Guatemala, está gravemente contaminada con aguas residuales, desechos sólidos y otro tipo de desperdicios.

La problemática es transfronteriza porque las aguas contaminadas del Motagua desembocan en el mar Caribe, alcanzan las costas de Honduras y amenazan al Sistema Arrecifal Mesoamericano.  

Esto ha vulnerado por décadas los derechos a la salud, al agua, al desarrollo y al ambiente sano de todas las personas que viven en la cuenca.

En junio de 2025, la comunidad maya poqomam de Santa Cruz Chinautla —apoyada por AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— logró una victoria judicial sin precedentes para detener la degradación en la cuenca. Como respuesta al litigio que interpuso, un tribunal guatemalteco ordenó a la municipalidad de Chinautla cumplir una serie de obligaciones para frenar la contaminación de los ríos y suelos de la zona.  

La respuesta gubernamental al fallo se ha limitado al momento a reuniones de mesas técnicas de trabajo. Mientras, la comunidad continúa trabajando para que la sentencia se implemente adecuadamente y realizando otras acciones para defender su territorio y sus derechos. 

 

Antecedentes

Con 486 km de longitud, el río Motagua atraviesa 96 municipios y 14 departamentos de Guatemala. Nace en Quiché, departamento ubicado al noroeste, y desemboca en el mar Caribe.

Las actividades contaminantes ocurren en toda su cuenca, incluyendo subcuencas y microcuencas. El mayor volumen de contaminación proviene de la ciudad de Guatemala, capital del país, transportado por las aguas del río Las Vacas, que a su vez recibe una gran cantidad de desperdicios del río Chinautla.

El río Chinautla, que atraviesa el municipio del mismo nombre, lleva los desechos sólidos de un vertedero ubicado en la Zona 3 capitalina —a donde llega la basura de al menos 14 municipios del departamento de Guatemala—, además de las aguas negras generadas por unas 500 mil personas que viven en la parte norte de la capital y que no reciben ningún tratamiento previo de limpieza.

Otras fuentes de contaminación son los numerosos vertederos ilegales que hay en el municipio de Chinautla, los desechos que vehículos particulares y camiones recolectores descargan a orillas de sus ríos, así como las empresas areneras —que comenzaron a instalarse en el territorio entre 1996 y 1997— cuyas operaciones debilitan las cuencas, haciendo que los desechos sólidos sean arrastrados más fácilmente por los caudales.

Foto: Mayela Sánchez García.

 

La situación trasciende fronteras. El Motagua vierte cada año unas 20 mil toneladas de plástico al mar Caribe, siendo así en uno de los ríos que más contaminación plástica aporta al océano a nivel mundial, según estimaciones contenidas en un informe de 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El caudal confluye en su desembocadura con el Arrecife Mesoamericano, por lo que la contaminación amenaza también con degradar uno de los arrecifes transfronterizos más grandes y biodiversos del planeta, que abarca las aguas territoriales de Belice, Guatemala, Honduras y México.

Además, las aguas contaminadas llegan a las costas de Honduras y se esparcen a la bahía de Amatique, situada a lo largo de la costa oriental de Guatemala, afectando al mar Caribe.

Las raíces de esta problemática crónica y transfronteriza son estructurales. Datos del proyecto Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dan cuenta que en Guatemala el 66% de los desechos sólidos urbanos no se recolectan y no hay garantía de que el 34% restante se elimine adecuadamente. Además, del total de vertederos del territorio nacional, el 88,32% son ilegales o no tienen autorización municipal.

Dicho de otro modo, las causas centrales que combatir son el mal manejo de desechos sólidos y de los recursos hídricos en Guatemala; el incumplimiento de las regulaciones existentes sobre el vertimiento de aguas residuales, disposición y tratamiento de desechos y residuos sólidos; así como la falta de una ley de aguas. 

 

La búsqueda de justicia del pueblo maya poqomam

Los ríos de Santa Cruz Chinautla, comunidad del pueblo maya poqomam, ubicada a tan solo doce kilómetros de la Ciudad de Guatemala, se han convertido en conductos de contaminación que degradan el río Motagua.  

Por décadas, su población ha visto dañada su salud y sus medios de vida —entre ellos la alfarería, una de las principales actividades económicas y fuente de identidad— debido a la falta de gestión de los residuos del municipio de Chinautla y de la zona urbana de la capital del país, así como a las actividades de empresas areneras.

Foto: Mario Winter.

 

Voces por el río Motagua: Olga Vázquez.

Voces por el río Motagua: Nazario Pascual. 

 

A comienzos del año 2000, la comunidad maya se organizó para detener la extracción de arena en su territorio. En ese momento, las empresas tenían licencias mineras que estuvieron vigentes hasta 2021 y 2022. Y, aunque los permisos vencieron, algunas empresas siguieron operando tras solicitar prórrogas. En junio de 2022, las autoridades indígenas del pueblo poqomam iniciaron un plantón de resistencia frente a la empresa Piedrinera San Luis, que mantuvieron por cuatro años.

En julio de 2024, el Relator Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH visitó Santa Cruz Chinautla. Durante su visita, autoridades ancestrales e integrantes de la comunidad expusieron sobre los impactos ambientales, al agua, la salud, la economía y la cultura de la contaminación de sus ríos.

Ese mismo año, en octubre, la comunidad —con apoyo de AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— interpuso un litigio (petición de amparo) contra la municipalidad de Chinautla por la falta de medidas para atender la contaminación de sus ríos y suelos causada por el manejo inadecuado de desechos sólidos y la existencia de vertederos ilegales.  

El equipo científico de AIDA, junto con vecinos y autoridades de la comunidad, recolectó información clave sobre los vertederos ilegales que hay en el territorio. Este ejercicio de ciencia ciudadana sustentó el litigio al visibilizar la gravedad de la contaminación, demostrar el uso continuo de este tipo de práctica y evidenciar el incumplimiento por parte de las autoridades municipales de sus obligaciones legales respecto de la gestión de residuos. 

 

Conoce más de esta experiencia de ciencia ciudadana. 

 

En junio de 2025, la comunidad poqomam obtuvo el respaldo de la justicia guatemalteca cuando un tribunal de amparo ordenó a la municipalidad de Chinautla responder efectivamente a las peticiones del litigio para frenar la contaminación de los ríos y suelos de Santa Cruz Chinautla.

Es la primera vez que un tribunal guatemalteco reconoce el derecho de un pueblo a un ambiente sano y su papel central en la búsqueda de soluciones. 

 

Entérate de los detalles de la victoria judicial. 

 

Situación actual

Desde la emisión de la sentencia, la municipalidad de Chinautla realizó una serie de "mesas técnicas de trabajo" con representantes del gobierno central, de la sociedad civil y de la comunidad. Luego se creó un grupo más pequeño conformado por personas técnicas con la tarea de elaborar un plan de trabajo con metas claras. Han pasado varios meses sin que la municipalidad convoque a las mesas de trabajo.

Por otro lado, en diciembre de 2025, la CIDH advirtió en su informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala que la cuenca del río Motagua enfrenta una severa crisis de contaminación que ha generado impactos profundos en la biodiversidad y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades locales, incluido el pueblo maya poqomam.

Y, en mayo de 2026, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales canceló la licencia de la empresa arenera Piedrinera San Luis por el "incumplimiento de los compromisos ambientales".

AIDA continúa haciendo seguimiento a la ejecución del fallo judicial para garantizar el derecho a un ambiente sano de la comunidad maya poqomam y de todas las personas que habitan en la cuenca del Motagua. Mientras, la población de Santa Cruz Chinautla sigue organizada y movilizada para mejorar su entorno y defender sus derechos.  

Niña frente a un mural contra la contaminación en Santa Cruz Chinautla, Guatemala

Fracking

Seminario virtual "El avance del fracking en América Latina: Herramientas para prevenirlo y detenerlo"

El fracking de hidrocarburos no convencionales puede ocasionar daños graves e irreversibles en la salud de las personas y el ambiente. Mientras países o regiones como Francia, Holanda o el Estado de Nueva York (EE.UU.), han prohibido o declarado la moratoria del fracking en sus territorios, varios países de América Latina están impulsando a ciegas esta técnica, ignorando los daños graves que puede ocasionar. Con todo, la sociedad civil y las y los tomadores de decisiones tienen herramientas legales para prevenir o detener al fracking. Grabación Presentaciones Recursos útiles citados en el seminario Principio de precaución. Herramienta jurídica ante los impactos del fracking (publicación). "Territorio Crudo" (video sobre los daños ocasionados por el fracking en Argentina). Mapas interactivos sobre el fracking en México. Mapas, artículos y otros recursos sobre el fracking en EE.UU. Compendio de hallazgos científicos, médicos y de medios de comunicación que demuestran los riesgos y daños del fracking.

Leer más

El reto del próximo Gobierno peruano es dar una solución integral y sostenible a La Oroya

Hacemos un llamado al Presidente electo para que cualquier evaluación y decisión sobre La Oroya tome en cuenta los derechos de la población afectada por la contaminación. La Oroya, Perú. Ante las declaraciones públicas del presidente electo Pedro Pablo Kuczynski, quien el 6 de julio pasado visitó el Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) y anunció a sus trabajadores que era necesario lograr que el próximo Congreso de la República apruebe una ley que prorrogue por un año más la liquidación en marcha del Complejo. Con ello, dijo, se daría la oportunidad para que con inversionistas se termine el circuito de cobre. Pidió además a los trabajadores y a la población de La Oroya respaldar la propuesta marchando hacia Congreso. Al respecto, la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) expresamos lo siguiente: La ciudad de La Oroya merece la atención plena de todos los niveles y sectores de gobierno para resolver de manera integral, especializada y sostenible las demandas de la población que en diferentes momentos de su historia ha sufrido y continúa sufriendo vulneraciones a sus derechos humanos como la vida, la integridad, la salud, el trabajo y el ambiente sano. En cuanto al derecho al trabajo, La Oroya requiere una evaluación de fondo que permita al Estado proponer e implementar acciones no solo paliativas, sino que garanticen trabajo digno y duradero para sostener condiciones de vida adecuadas para la población. Ninguna medida resuelve el problema de fondo si no contempla garantizar la salud pública en La Oroya. En ese sentido, nos permitimos recordarle al Presidente electo que desde 2007 un grupo de pobladores de La Oroya es beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para salvaguardar su vida e integridad personal ante las afectaciones a su salud derivadas de altos índices de contaminación del aire, suelo y agua. En mayo de 2016, la CIDH amplió las medidas cautelares a nuevos beneficiarios. En su resolución de ampliación, resaltó que las daños a la salud de los beneficiarios se ven exacerbadas debido a la falta de atención médica integral por parte del Estado. Asimismo, le recordamos que la CIDH tiene bajo su conocimiento un caso en el que se alega la responsabilidad del Estado peruano por la violación, entre otros, de los derechos a la salud, la integridad y la vida de dichos pobladores, entre ellos los derechos de niños y niñas, por la falta de control de la contaminación en La Oroya y las omisiones en la prestación de atención médica a los afectados. En este contexto, hacemos un llamado al Presidente electo para que cualquier evaluación y decisión sobre La Oroya tome en cuenta los derechos de la población afectada por la contaminación. Ello debe hacerse con responsabilidad y con una visión integral que implique garantizar la vida, la integridad, la salud, el trabajo y el ambiente sano. Es inconcebible anteponer el desarrollo de cualquier actividad económica a la salud de las personas. El gobierno entrante tiene el reto de brindar una solución integral y sostenible a La Oroya, con pleno respeto sus obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y ambiente.  

Leer más

Derechos Humanos

Pronunciamiento de AIDA sobre el asesinato de defensoras ambientales en Honduras y Brasil

¡Las amenazas, la intimidación, los hostigamientos y los asesinatos a defensores y defensoras del ambiente deben cesar ya! Ayer se conoció la noticia lamentable de que Lesbia Yaneth Urquía Urquía, defensora de la naturaleza y de los derechos de los pueblos indígenas frente a la construcción de la represa hidroeléctrica Aurora I en el municipio de La Paz, Honduras, fue asesinada. Similar tragedia ocurrió en Brasil, país en el que se encontró el cuerpo sin vida de Nilce de Souza Magalhães, reconocida lideresa comunitaria del Movimiento de Afectados por Represas (MAB) que trabajaba a favor de los derechos de comunidades asentadas en la selva amazónica afectadas por hidroeléctricas, prácticas de pesca depredadoras y otras amenazas. Ambos hechos refuerzan una tendencia trágica en América Latina, región en la que están siete de los 10 países más peligrosos del mundo para las defensoras y defensores ambientales. Según Global Witness, en 2015, 185 activistas ambientales fueron asesinados en todo el mundo, dos tercios de ellos en la región. Es tiempo, más que nunca, de exigir rendición de cuentas. El trabajo de Lesbia Yaneth estaba vinculado al del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Su muerte ocurrió 4 meses y 4 días después del asesinato de Berta Cáceres, lideresa del Consejo. Nilce había desaparecido en enero y su cuerpo fue hallado el 21 de junio en el lago formado por la hidroeléctrica Jirau, contra la que se había enfrentado en defensa de los derechos de su comunidad. El que sigue es el pronunciamiento de AIDA en voz de María José Veramendi Villa, abogada sénior del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA, acerca de estas lamentables muertes. “Las crecientes cifras de asesinatos de defensoras y defensores ambientales en América Latina son alarmantes. Los Estados deben garantizar un entorno propicio para que estas personas realicen su labor de protección de la naturaleza. Deben además investigar y sancionar efectivamente estos hechos. Las muertes de las personas que valientemente defienden el ambiente no pueden quedar impunes. ¡Las amenazas, la intimidación, los hostigamientos y los asesinatos a defensores y defensoras del ambiente deben cesar ya!”.  

Leer más