Project

Shutterstock.

Contaminación del río Motagua en Guatemala: La búsqueda de justicia ambiental del pueblo maya poqomam

La cuenca del río Motagua, el más extenso e importante de Guatemala, está gravemente contaminada con aguas residuales, desechos sólidos y otro tipo de desperdicios.

La problemática es transfronteriza porque las aguas contaminadas del Motagua desembocan en el mar Caribe, alcanzan las costas de Honduras y amenazan al Sistema Arrecifal Mesoamericano.  

Esto ha vulnerado por décadas los derechos a la salud, al agua, al desarrollo y al ambiente sano de todas las personas que viven en la cuenca.

En junio de 2025, la comunidad maya poqomam de Santa Cruz Chinautla —apoyada por AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— logró una victoria judicial sin precedentes para detener la degradación en la cuenca. Como respuesta al litigio que interpuso, un tribunal guatemalteco ordenó a la municipalidad de Chinautla cumplir una serie de obligaciones para frenar la contaminación de los ríos y suelos de la zona.  

La respuesta gubernamental al fallo se ha limitado al momento a reuniones de mesas técnicas de trabajo. Mientras, la comunidad continúa trabajando para que la sentencia se implemente adecuadamente y realizando otras acciones para defender su territorio y sus derechos. 

 

Antecedentes

Con 486 km de longitud, el río Motagua atraviesa 96 municipios y 14 departamentos de Guatemala. Nace en Quiché, departamento ubicado al noroeste, y desemboca en el mar Caribe.

Las actividades contaminantes ocurren en toda su cuenca, incluyendo subcuencas y microcuencas. El mayor volumen de contaminación proviene de la ciudad de Guatemala, capital del país, transportado por las aguas del río Las Vacas, que a su vez recibe una gran cantidad de desperdicios del río Chinautla.

El río Chinautla, que atraviesa el municipio del mismo nombre, lleva los desechos sólidos de un vertedero ubicado en la Zona 3 capitalina —a donde llega la basura de al menos 14 municipios del departamento de Guatemala—, además de las aguas negras generadas por unas 500 mil personas que viven en la parte norte de la capital y que no reciben ningún tratamiento previo de limpieza.

Otras fuentes de contaminación son los numerosos vertederos ilegales que hay en el municipio de Chinautla, los desechos que vehículos particulares y camiones recolectores descargan a orillas de sus ríos, así como las empresas areneras —que comenzaron a instalarse en el territorio entre 1996 y 1997— cuyas operaciones debilitan las cuencas, haciendo que los desechos sólidos sean arrastrados más fácilmente por los caudales.

Foto: Mayela Sánchez García.

 

La situación trasciende fronteras. El Motagua vierte cada año unas 20 mil toneladas de plástico al mar Caribe, siendo así en uno de los ríos que más contaminación plástica aporta al océano a nivel mundial, según estimaciones contenidas en un informe de 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El caudal confluye en su desembocadura con el Arrecife Mesoamericano, por lo que la contaminación amenaza también con degradar uno de los arrecifes transfronterizos más grandes y biodiversos del planeta, que abarca las aguas territoriales de Belice, Guatemala, Honduras y México.

Además, las aguas contaminadas llegan a las costas de Honduras y se esparcen a la bahía de Amatique, situada a lo largo de la costa oriental de Guatemala, afectando al mar Caribe.

Las raíces de esta problemática crónica y transfronteriza son estructurales. Datos del proyecto Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dan cuenta que en Guatemala el 66% de los desechos sólidos urbanos no se recolectan y no hay garantía de que el 34% restante se elimine adecuadamente. Además, del total de vertederos del territorio nacional, el 88,32% son ilegales o no tienen autorización municipal.

Dicho de otro modo, las causas centrales que combatir son el mal manejo de desechos sólidos y de los recursos hídricos en Guatemala; el incumplimiento de las regulaciones existentes sobre el vertimiento de aguas residuales, disposición y tratamiento de desechos y residuos sólidos; así como la falta de una ley de aguas. 

 

La búsqueda de justicia del pueblo maya poqomam

Los ríos de Santa Cruz Chinautla, comunidad del pueblo maya poqomam, ubicada a tan solo doce kilómetros de la Ciudad de Guatemala, se han convertido en conductos de contaminación que degradan el río Motagua.  

Por décadas, su población ha visto dañada su salud y sus medios de vida —entre ellos la alfarería, una de las principales actividades económicas y fuente de identidad— debido a la falta de gestión de los residuos del municipio de Chinautla y de la zona urbana de la capital del país, así como a las actividades de empresas areneras.

Foto: Mario Winter.

 

Voces por el río Motagua: Olga Vázquez.

Voces por el río Motagua: Nazario Pascual. 

 

A comienzos del año 2000, la comunidad maya se organizó para detener la extracción de arena en su territorio. En ese momento, las empresas tenían licencias mineras que estuvieron vigentes hasta 2021 y 2022. Y, aunque los permisos vencieron, algunas empresas siguieron operando tras solicitar prórrogas. En junio de 2022, las autoridades indígenas del pueblo poqomam iniciaron un plantón de resistencia frente a la empresa Piedrinera San Luis, que mantuvieron por cuatro años.

En julio de 2024, el Relator Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH visitó Santa Cruz Chinautla. Durante su visita, autoridades ancestrales e integrantes de la comunidad expusieron sobre los impactos ambientales, al agua, la salud, la economía y la cultura de la contaminación de sus ríos.

Ese mismo año, en octubre, la comunidad —con apoyo de AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— interpuso un litigio (petición de amparo) contra la municipalidad de Chinautla por la falta de medidas para atender la contaminación de sus ríos y suelos causada por el manejo inadecuado de desechos sólidos y la existencia de vertederos ilegales.  

El equipo científico de AIDA, junto con vecinos y autoridades de la comunidad, recolectó información clave sobre los vertederos ilegales que hay en el territorio. Este ejercicio de ciencia ciudadana sustentó el litigio al visibilizar la gravedad de la contaminación, demostrar el uso continuo de este tipo de práctica y evidenciar el incumplimiento por parte de las autoridades municipales de sus obligaciones legales respecto de la gestión de residuos. 

 

Conoce más de esta experiencia de ciencia ciudadana. 

 

En junio de 2025, la comunidad poqomam obtuvo el respaldo de la justicia guatemalteca cuando un tribunal de amparo ordenó a la municipalidad de Chinautla responder efectivamente a las peticiones del litigio para frenar la contaminación de los ríos y suelos de Santa Cruz Chinautla.

Es la primera vez que un tribunal guatemalteco reconoce el derecho de un pueblo a un ambiente sano y su papel central en la búsqueda de soluciones. 

 

Entérate de los detalles de la victoria judicial. 

 

Situación actual

Desde la emisión de la sentencia, la municipalidad de Chinautla realizó una serie de "mesas técnicas de trabajo" con representantes del gobierno central, de la sociedad civil y de la comunidad. Luego se creó un grupo más pequeño conformado por personas técnicas con la tarea de elaborar un plan de trabajo con metas claras. Han pasado varios meses sin que la municipalidad convoque a las mesas de trabajo.

Por otro lado, en diciembre de 2025, la CIDH advirtió en su informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala que la cuenca del río Motagua enfrenta una severa crisis de contaminación que ha generado impactos profundos en la biodiversidad y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades locales, incluido el pueblo maya poqomam.

Y, en mayo de 2026, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales canceló la licencia de la empresa arenera Piedrinera San Luis por el "incumplimiento de los compromisos ambientales".

AIDA continúa haciendo seguimiento a la ejecución del fallo judicial para garantizar el derecho a un ambiente sano de la comunidad maya poqomam y de todas las personas que habitan en la cuenca del Motagua. Mientras, la población de Santa Cruz Chinautla sigue organizada y movilizada para mejorar su entorno y defender sus derechos.  

Niña frente a un mural contra la contaminación en Santa Cruz Chinautla, Guatemala

La crisis del aire y el camino para hacerle frente

(Texto publicado originalmente en Animal Político) El ozono está provocando continuas alertas ambientales en la Ciudad de México, pero ¿sabías que ya existe un marco legislativo y regulatorio para combatir no sólo el ozono sino otros contaminantes climáticos de vida corta (CCVC)?  La Ciudad de México estuvo recientemente a punto de entrar en emergencia por la mala calidad del aire. Faltó muy poco para que se ordenara el cierre de las gasolineras, se prohibiera la circulación de la mitad de los vehículos, se suspendieran clases y el trabajo de oficinas de gobierno, se cerraran varios comercios gastronómicos y se redujeran a 60% ciertas actividades industriales, entre otras medidas extremas. El protagonista de una crisis que no se vivía en 14 años es el ozono tropósferico, considerado uno de los contaminantes climáticos de vida corta (CCVC), grupo en el que también entran el carbono negro, al metano y los hidrofluorocarbonos (HFC). Los CCVC son agentes atmosféricos que contribuyen al cambio climático y degradan la calidad del aire. Se les llama así porque tienen una vida útil relativamente corta en la atmósfera, de entre algunos días hasta décadas. Por ello la reducción de sus emisiones supone una oportunidad inmediata para lograr resultados a corto plazo en la mitigación de los efectos del cambio climático y en la mejora de la calidad del aire en México y el mundo, lo que incide en la salud de las personas. Cerca del colapso En la Ciudad de México se utiliza un parámetro llamado IMECA (Índice Metropolitano de la Calidad del Aire) para medir el equilibrio químico del aire con números enteros y fáciles de entender. El 5 de mayo, el ozono (O3) llegó a 192 puntos IMECA, lo que equivale a 0.1929 ppm (partículas por millón). Cuando este contaminante llega a 0.2 ppm (alrededor de los 200 IMECA) puede provocar lesiones en los tejidos de las personas. ¡Sólo faltaron ocho puntos para que eso ocurriera! La urbe lleva varios meses en un ir y venir de la Fase 1 del Plan de Contingencia Ambiental, cuya medida más famosa e impopular es el programa “Doble Hoy No Circula”, el cual dispone que los autos dejen de circular dos veces por semana en lugar de una, como es lo habitual. Sin embargo, de haberse declarado la Fase 2, la más extrema, se hubiera dividido a los autos en placas con números pares o nones y ordenado que una mitad no circulara. Pero circular o no, es lo menos importante, cuando nuestra salud está en juego. Sobre el ozono troposférico El ozono es un gas que existe en dos capas diferentes de la atmósfera. El que se encuentra en la estratósfera (la parte más alta) absorbe la radiación ultravioleta y nos protege de los rayos peligrosos del sol. El que está en la tropósfera (atmósfera inferior, desde el suelo hasta unos 10 o 15 kilómetros) es un gas de efecto invernadero que contribuye al calentamiento climático, además de perjudicar la salud humana y afectar el crecimiento de los cultivos agrícolas. El ozono troposférico es un contaminante secundario, lo que implica que no se emite directamente por fuente alguna. Es, más bien, el resultado de una reacción química entre el sol y otros gases conocidos como “gases precursores” que pueden ocurrir naturalmente o ser producidos por el hombre. Los precursores más importantes del ozono son el monóxido de carbono (CO), los óxidos de nitrógenos (NOx) y los compuestos orgánicos volátiles (COV). Estos últimos abarcan una amplia gama de sustancias, entre ellas el metano, y se generan principalmente en las gasolineras, la industria química y los hogares. Una vez que se forma, el ozono permanece en la atmósfera de algunos días hasta unas pocas semanas, lo que es muy poco comparado con otros gases, como el CO2 por ejemplo, que permanece en la atmósfera siglos e incluso milenios después de emitido. Esto es precisamente lo que hace que la mitigación del ozono sea una interesante oportunidad: si reducimos sus emisiones podremos ver los beneficios climáticos y de salud en el corto y mediano plazo. Los impactos del ozono en la salud humana se asocian con enfermedades como la bronquitis, el enfisema, el asma y cicatrices permanentes en el tejido pulmonar. De acuerdo con un informe de la Coalición del Clima y Aire Limpio, organismo internacional cuya misión es reducir los CCVC, el ozono troposférico es responsable cada año de alrededor de 150 mil muertes prematuras en el mundo. Además, afecta la seguridad alimentaria mundial, al disminuir la capacidad de los cultivos para absorber CO2, lo que reduce su rendimiento. En la Ciudad de México, el ozono ha aumentado a causa de la combinación de las altas temperaturas registradas últimamente, que rebasan los 30°C, la radiación solar y otras reacciones químicas. El tema es tan complejo que reducir la actividad vehicular puede incrementar el ozono. Así lo ha advertido el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Controlando los CCVC El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático estima que, en conjunto, los CCVC son responsables de más del 30% del calentamiento climático global, aunque estudios más recientes calculan que ese porcentaje está entre el 40 y 45%. De ello da cuenta el informe Controlando los contaminantes climáticos de vida corta: Una oportunidad para mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático. El caso de Brasil, Chile y México, elaborado por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) con el objetivo de incentivar la implementación de acciones para reducir los CCVC. En el documento se analiza la situación legislativa y regulatoria de los CCVC en los tres países mediante la revisión de políticas, leyes y programas sobre calidad del aire y cambio climático, relacionados con los CCVC. Según el informe, de los tres países estudiados, México es por ahora el único que ha incorporado a estos contaminantes en su política de cambio climático. Hace poco dio un paso más al incluir los CCVC en las contribuciones nacionales determinadas (INDC, por sus siglas en inglés) presentadas ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). “Sin embargo, el reconocimiento del concepto en diversos instrumentos de política pública no es suficiente para lograr su reducción efectiva. Para esto se necesitan mayores esfuerzos en el diseño de acciones concretas que puedan poner en práctica los diferentes instrumentos de política pública y fortalecer capacidades nacionales, generando sistemas de evaluación de políticas y programas que garanticen la aplicación efectiva de los instrumentos existentes. De igual forma, es necesario mejorar los sistemas de monitoreo de contaminantes y contar con recursos suficientes y confiables para aplicar las medidas diseñadas”, se lee en el informe. Lo que sucede en la Ciudad de México nos obliga no sólo a buscar soluciones urgentes y a pensar en las medidas que nos ayduarán a evitar contigencias ambientales similares. Los CCVC afectan la calidad del aire y aumentan el índice de muertes prematuras al causar enfermedades respiratorias y cardiacas. Además, reducen el rendimiento de los cultivos, causando importantes pérdidas económicas y poniendo en riesgo la alimentación mundial. Por ello, el desarrollo de estrategias que permitan identificar sus fuentes principales de emisión, así como acciones efectivas para reducirlos, debe ser prioridad de corto plazo no sólo para la capital mexicana, también para todos los gobiernos de América Latina.

Leer más

Derechos Humanos

Carta a los Estados Miembros de la OEA ante la crisis financiera de la CIDH

AIDA se une a más de 300 organizaciones en el llamado a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) para actuar rápidamente ante la crisis financiera que afecta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La carta llama a una acción urgente para garantizar el inmediato financiamiento de esta importante institución protectora de los derechos humanos, así como la creación de un fondo sostenible que dé continuidad a su financiamiento. Estados miembro de la Organización de los Estados Americanos, La Coalición de organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, además de otras redes regionales y globales de sociedad civil, queremos mostrar nuestra preocupación por la grave crisis financiera que atraviesa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Es por eso que suscribimos la presente carta, apelando a todos los Estados miembro de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para que tomen las medidas necesarias que garanticen su inmediato y adecuado financiamiento. Asimismo, hacemos un llamado urgente a la creación de un fondo sostenible de financiamiento para los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), a fin de atender la precaria  situación que se viene dando desde hace años, tanto en la Comisión como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La CIDH es uno de los órganos principales de protección cuyo mandato consiste en promover la observancia de los derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la OEA en la materia. Es el único mecanismo regional que supervisa las obligaciones de todos los países miembros de la OEA en esta materia, y constituye el último recurso de defensa frente a violaciones de los derechos fundamentales en el continente. La CIDH es un referente internacional por su gran labor de protección a miles de defensoras y defensores de derechos humanos, que viven amenazados y criminalizados en las Américas. Este órgano, vela por los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, de las mujeres y niñas, personas con discapacidad y de las personas LGTBI, entre otros colectivos, en su lucha por erradicar la discriminación. El rol de la CIDH, no sólo en el ámbito de protección de los derechos humanos, sino también en el de acción para promover su cumplimiento, alcanza a casi mil millones de habitantes a lo largo y ancho de la región. A pesar de ello, la Comisión Interamericana ha contado, históricamente, con un presupuesto exiguo, que actualmente ha llegado al grado de comprometer la efectiva realización de sus funciones básicas y de su mandato, asignado por los Estados Miembro de la OEA. La propia Comisión anunció que el 31 de julio de 2016 se vencen los contratos del 40% de su personal y que no cuenta con los fondos, ni con la expectativa de recibirlos, para poder renovarlos. Además informó la suspensión de las visitas a países previstas para este año, así como la de los Períodos de Sesiones 159 y 160, programados originalmente para julio y octubre de este año. En contraste con otros órganos de protección de derechos humanos, nacionales e internacionales, el financiamiento que recibe la CIDH del fondo regular de la OEA, es decir, de los Estados miembro, es contradictorio con los deseos de los países de aspirar a una región más democrática. En 2016, dicho fondo le asignó un monto de alrededor de 5.4287,9 millones de dólares, lo que constituye un 6,44% del total del presupuesto anual de la OEA ⎯el Consejo de Europa destina el 41,5% de su presupuesto a la promoción y protección de los derechos humanos. Si bien la Asamblea General de la OEA, ha aprobado en el pasado resoluciones comprometiéndose a atender esta situación, las mismas no se han materializado con el necesario aumento de recursos que le permita tanto a la Comisión Interamericana como a la Corte ⎯la cual, si nada cambia, verá reducido su presupuesto una tercera parte, para finales de este año⎯, contar con el financiamiento adecuado para llevar a cabo sus mandatos. Así, esta petición tiene como fin no sólo el que la CIDH pueda continuar con sus actividades programadas para el año en curso, que pueda renovar los contratos del 40% de su personal, así como llevar a cabo sus períodos 159 y 160, sino también el que se pueda crear definitivamente una estructura que convierta en una práctica sostenible la financiación de este órgano y el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aumentando significativamente el presupuesto que la OEA asigna a la SIDH. Las organizaciones de la sociedad civil firmantes, vemos en esta crisis una oportunidad única para consolidar el compromiso de los Estados miembro de la OEA, con los derechos humanos en el continente. Es por eso que les emplazamos a encontrar la manera de construir una estructura sólida y robusta, que garantice la protección de las herramientas que el SIDH proporciona a millones de personas en las Américas. 

Leer más

Pronunciamiento de AIDA, APRODEH y Justiça Global sobre la grave crisis financiera que afecta a la CIDH

Las organizaciones consideran el hecho una afrenta a la protección de los derechos humanos en la región e instan a los Estados miembros de la OEA a cumplir su responsabilidad de financiar adecuadamente a la Comisión. Washington, Estados Unidos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció en un comunicado el día de ayer, que la grave crisis financiera por la que atraviesa la ha llevado a suspender todas las visitas previstas para este año, las audiencias de julio y octubre y a la inminente pérdida del 40% de su personal. La CIDH lleva casi dos décadas gestionando que los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), organismo del que es parte, le garanticen un presupuesto estable que le permita realizar su labor de forma efectiva.  En su comunicado, la CIDH hace un llamado a que en la Asamblea General de la OEA, a llevarse a cabo en junio en República Dominicana, los Estados miembros adopten “una decisión histórica y trascendental, que refleje [su] compromiso con la defensa de los derechos humanos en la región”, aumentando radicalmente el presupuesto del fondo regular de la OEA y asignando a la CIDH y al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) en general los recursos necesarios para el cumplimiento del mandato asignado por los propios Estados. La Comisión es un órgano autónomo de la OEA. Su mandato es promover la promoción y la protección de los derechos humanos en el continente americano. Conforma, junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIDH), el cual constituye en muchos casos la última esperanza para aquellas personas y comunidades cuyos derechos humanos han sido vulnerados y no encuentran verdad, justicia y reparación en la administración de justicia de sus propios países. Este es el pronunciamiento acerca del tema de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) de Perú y Justiça Global de Brasil: “La inminente pérdida de casi la mitad del personal de la CIDH, es un serio agravio para la protección de los derechos humanos en la región y refleja la falta de voluntad política de los Estados miembros de la OEA con la Comisión Interamericana.  La Comisión ya enfrentaba serias limitaciones de recursos financieros y humanos para el cumplimiento de su labor, ahora, con casi la mitad su personal, su efectividad se verá seriamente afectada.  Miles de víctimas de violaciones de derechos humanos en el hemisferio han depositado su confianza y sus últimas esperanzas de justicia en la CIDH y en el Sistema. Es el caso de las personas intoxicadas por metales pesados en La Oroya, Perú, quienes, tras haber presentado su denuncia en 2006, aún esperan un informe de fondo. También están las comunidades que han perdido su modo de vida a causa de la construcción de la represa Belo Monte en Brasil, quienes pese a la inauguración de la represa continúan esperando que el caso avance en la Comisión y se haga justicia por la violación a sus derechos. Al no financiar adecuadamente un órgano que ellos mismos crearon, los Estados ponen un obstáculo más para que estas personas accedan a la justicia.  Hacemos un llamado a los Estados miembros de la OEA a que, en tanto la Asamblea General atiende esta situación, hagan inmediatamente una contribución voluntaria de emergencia que permita a la CIDH mantener a su personal, realizar las visitas que tenía previstas, así como llevar a cabo sus periodos de sesiones de julio y octubre. Los Estados miembros tienen una responsabilidad con el Sistema Interamericano. Esperamos que cumplan con ella, no a través de discursos y resoluciones de buenas intenciones, sino con acciones concretas e inmediatas de financiamiento.”   

Leer más