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Contaminación del río Motagua en Guatemala: La búsqueda de justicia ambiental del pueblo maya poqomam

La cuenca del río Motagua, el más extenso e importante de Guatemala, está gravemente contaminada con aguas residuales, desechos sólidos y otro tipo de desperdicios.

La problemática es transfronteriza porque las aguas contaminadas del Motagua desembocan en el mar Caribe, alcanzan las costas de Honduras y amenazan al Sistema Arrecifal Mesoamericano.  

Esto ha vulnerado por décadas los derechos a la salud, al agua, al desarrollo y al ambiente sano de todas las personas que viven en la cuenca.

En junio de 2025, la comunidad maya poqomam de Santa Cruz Chinautla —apoyada por AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— logró una victoria judicial sin precedentes para detener la degradación en la cuenca. Como respuesta al litigio que interpuso, un tribunal guatemalteco ordenó a la municipalidad de Chinautla cumplir una serie de obligaciones para frenar la contaminación de los ríos y suelos de la zona.  

La respuesta gubernamental al fallo se ha limitado al momento a reuniones de mesas técnicas de trabajo. Mientras, la comunidad continúa trabajando para que la sentencia se implemente adecuadamente y realizando otras acciones para defender su territorio y sus derechos. 

 

Antecedentes

Con 486 km de longitud, el río Motagua atraviesa 96 municipios y 14 departamentos de Guatemala. Nace en Quiché, departamento ubicado al noroeste, y desemboca en el mar Caribe.

Las actividades contaminantes ocurren en toda su cuenca, incluyendo subcuencas y microcuencas. El mayor volumen de contaminación proviene de la ciudad de Guatemala, capital del país, transportado por las aguas del río Las Vacas, que a su vez recibe una gran cantidad de desperdicios del río Chinautla.

El río Chinautla, que atraviesa el municipio del mismo nombre, lleva los desechos sólidos de un vertedero ubicado en la Zona 3 capitalina —a donde llega la basura de al menos 14 municipios del departamento de Guatemala—, además de las aguas negras generadas por unas 500 mil personas que viven en la parte norte de la capital y que no reciben ningún tratamiento previo de limpieza.

Otras fuentes de contaminación son los numerosos vertederos ilegales que hay en el municipio de Chinautla, los desechos que vehículos particulares y camiones recolectores descargan a orillas de sus ríos, así como las empresas areneras —que comenzaron a instalarse en el territorio entre 1996 y 1997— cuyas operaciones debilitan las cuencas, haciendo que los desechos sólidos sean arrastrados más fácilmente por los caudales.

Foto: Mayela Sánchez García.

 

La situación trasciende fronteras. El Motagua vierte cada año unas 20 mil toneladas de plástico al mar Caribe, siendo así en uno de los ríos que más contaminación plástica aporta al océano a nivel mundial, según estimaciones contenidas en un informe de 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El caudal confluye en su desembocadura con el Arrecife Mesoamericano, por lo que la contaminación amenaza también con degradar uno de los arrecifes transfronterizos más grandes y biodiversos del planeta, que abarca las aguas territoriales de Belice, Guatemala, Honduras y México.

Además, las aguas contaminadas llegan a las costas de Honduras y se esparcen a la bahía de Amatique, situada a lo largo de la costa oriental de Guatemala, afectando al mar Caribe.

Las raíces de esta problemática crónica y transfronteriza son estructurales. Datos del proyecto Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dan cuenta que en Guatemala el 66% de los desechos sólidos urbanos no se recolectan y no hay garantía de que el 34% restante se elimine adecuadamente. Además, del total de vertederos del territorio nacional, el 88,32% son ilegales o no tienen autorización municipal.

Dicho de otro modo, las causas centrales que combatir son el mal manejo de desechos sólidos y de los recursos hídricos en Guatemala; el incumplimiento de las regulaciones existentes sobre el vertimiento de aguas residuales, disposición y tratamiento de desechos y residuos sólidos; así como la falta de una ley de aguas. 

 

La búsqueda de justicia del pueblo maya poqomam

Los ríos de Santa Cruz Chinautla, comunidad del pueblo maya poqomam, ubicada a tan solo doce kilómetros de la Ciudad de Guatemala, se han convertido en conductos de contaminación que degradan el río Motagua.  

Por décadas, su población ha visto dañada su salud y sus medios de vida —entre ellos la alfarería, una de las principales actividades económicas y fuente de identidad— debido a la falta de gestión de los residuos del municipio de Chinautla y de la zona urbana de la capital del país, así como a las actividades de empresas areneras.

Foto: Mario Winter.

 

Voces por el río Motagua: Olga Vázquez.

Voces por el río Motagua: Nazario Pascual. 

 

A comienzos del año 2000, la comunidad maya se organizó para detener la extracción de arena en su territorio. En ese momento, las empresas tenían licencias mineras que estuvieron vigentes hasta 2021 y 2022. Y, aunque los permisos vencieron, algunas empresas siguieron operando tras solicitar prórrogas. En junio de 2022, las autoridades indígenas del pueblo poqomam iniciaron un plantón de resistencia frente a la empresa Piedrinera San Luis, que mantuvieron por cuatro años.

En julio de 2024, el Relator Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH visitó Santa Cruz Chinautla. Durante su visita, autoridades ancestrales e integrantes de la comunidad expusieron sobre los impactos ambientales, al agua, la salud, la economía y la cultura de la contaminación de sus ríos.

Ese mismo año, en octubre, la comunidad —con apoyo de AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— interpuso un litigio (petición de amparo) contra la municipalidad de Chinautla por la falta de medidas para atender la contaminación de sus ríos y suelos causada por el manejo inadecuado de desechos sólidos y la existencia de vertederos ilegales.  

El equipo científico de AIDA, junto con vecinos y autoridades de la comunidad, recolectó información clave sobre los vertederos ilegales que hay en el territorio. Este ejercicio de ciencia ciudadana sustentó el litigio al visibilizar la gravedad de la contaminación, demostrar el uso continuo de este tipo de práctica y evidenciar el incumplimiento por parte de las autoridades municipales de sus obligaciones legales respecto de la gestión de residuos. 

 

Conoce más de esta experiencia de ciencia ciudadana. 

 

En junio de 2025, la comunidad poqomam obtuvo el respaldo de la justicia guatemalteca cuando un tribunal de amparo ordenó a la municipalidad de Chinautla responder efectivamente a las peticiones del litigio para frenar la contaminación de los ríos y suelos de Santa Cruz Chinautla.

Es la primera vez que un tribunal guatemalteco reconoce el derecho de un pueblo a un ambiente sano y su papel central en la búsqueda de soluciones. 

 

Entérate de los detalles de la victoria judicial. 

 

Situación actual

Desde la emisión de la sentencia, la municipalidad de Chinautla realizó una serie de "mesas técnicas de trabajo" con representantes del gobierno central, de la sociedad civil y de la comunidad. Luego se creó un grupo más pequeño conformado por personas técnicas con la tarea de elaborar un plan de trabajo con metas claras. Han pasado varios meses sin que la municipalidad convoque a las mesas de trabajo.

Por otro lado, en diciembre de 2025, la CIDH advirtió en su informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala que la cuenca del río Motagua enfrenta una severa crisis de contaminación que ha generado impactos profundos en la biodiversidad y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades locales, incluido el pueblo maya poqomam.

Y, en mayo de 2026, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales canceló la licencia de la empresa arenera Piedrinera San Luis por el "incumplimiento de los compromisos ambientales".

AIDA continúa haciendo seguimiento a la ejecución del fallo judicial para garantizar el derecho a un ambiente sano de la comunidad maya poqomam y de todas las personas que habitan en la cuenca del Motagua. Mientras, la población de Santa Cruz Chinautla sigue organizada y movilizada para mejorar su entorno y defender sus derechos.  

Niña frente a un mural contra la contaminación en Santa Cruz Chinautla, Guatemala

Derechos Humanos

Infografía: Empresas y Derechos Humanos en México

Con motivo de la visita oficial a México del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU, una coalición de organizaciones de la sociedad civil elaboramos un INFORME que documenta 68 casos de violaciones de derechos humanos por parte del Estado y empresas, así como una INFOGRAFÍA ilustrativa sobre el tema:

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Sociedad civil pide a la ONU documentar violaciones a derechos humanos por parte de empresas

Entregan reporte con más de 60 casos de violaciones en todo el país. Los proyectos de minería, infraestructura y energéticos —incluyendo hidroeléctricas y parques eólicos—, presentan mayores casos de abusos contra derechos humanos.   Ciudad de México, México. Con motivo de la visita oficial a México del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que inicia el lunes 29 de agosto, un colectivo de más de 100 organizaciones, movimientos y redes de la sociedad civil elaboraron un informe en el que se da cuenta de las principales violaciones a derechos humanos por parte de las empresas y documenta más de 60 casos en todo el territorio nacional. El reporte profundiza en la crisis de derechos humanos que vive México, reconocida por diversos organismos de Naciones Unidas[1] y por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos[2], así como el peligro para quiénes protegen los derechos humanos y la tierra y el territorio[3]. En los casos documentados de abusos a derechos humanos por las actividades empresariales se vieron implicadas 99 empresas: 41 nacionales, 50 extranjeras y 8 públicas. En más de la mitad de los casos hubo algún tipo de intimidación y/o ataque contra defensores de derechos humanos y las violaciones más recurrentes fueron contra el derecho a la tierra y territorio; el derecho al acceso a la información; a un medio ambiente sano; impactos negativos a la salud, y falta de cumplimiento de los derechos indígenas. Debido a la gravedad de los casos, durante las visitas regionales del Grupo de la ONU, la sociedad civil y comunidades afectadas le darán a conocer de primera mano los impactos de las empresas vinculadas con los sectores de minería, energía eólica, presas hidroeléctricas, agroindustria, infraestructura (carreteras y aeropuertos), explotación de hidrocarburos y gasoductos, inmobiliario, turismo y maquilas, entre otros. Particularmente, por los impactos negativos ocasionados y, por sugerencia de sociedad civil, el Grupo se reunirá con las empresas Grupo México, Grupo Higa, Grupo BAL, Bimbo, Goldcorp, Transcanada, Eólica del Sur y CEMEX, así como con las Empresas Productivas del Estado, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Las situaciones que sistemáticamente se presentan en el país y que obstaculizan el avance de los Principios Rectores de la ONU en materia de empresas y derechos humanos son: Captura del Estado: complicidad, corrupción e impunidad. En muchos casos documentados, el Estado mexicano, a niveles federal, estatal y municipal, está al servicio de los intereses empresariales, por encima de la protección del interés público. Ejemplo de ello han sido la promulgación de normas y reglamentación que favorecen intereses empresariales en detrimento de los derechos humanos; el uso de la fuerza pública en contra de la movilización social pacífica; el favorecimiento a proyectos extractivos en contra de intereses de las comunidades; la falta de investigación y sanción, por parte del poder judicial, de denuncias de violaciones a derechos humanos; así como la criminalización de los defensores ambientales.   Reformas estructurales que debilitan la protección de los derechos humanos y favorecen a las empresas, como es el caso de la reforma energética, la cual no siempre considera sus impactos en los derechos humanos o garantiza la participación e información de las comunidades afectadas. Falta de consulta previa y consentimiento previo, libre, informado, culturalmente adecuado y de buena fe; de debida diligencia por parte de las empresas; y proliferación de megaproyectos con diversos impactos negativos para los derechos humanos. Falta de acceso a la justicia e incumplimiento de normas y sentencias por parte de las empresas y el Estado. En múltiples ocasiones, las víctimas que denuncian han reportado ataques contra su persona y aun cuando existen decisiones judiciales a favor, incluso de la Suprema Corte de la Nación, éstas no se cumplen. Reducción de espacios de participación y abusos contra defensores y defensoras de derechos humanos que protegen sus derechos respecto de actividades empresariales. Los casos evidencian el aumento de asesinatos, criminalización, amenazas y ataques a defensores de derechos humanos frente a proyectos o actividades empresariales. En 2011, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió los “Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos”, con el fin de que los Estados ejerzan control sobre las actividades empresariales y garanticen que se actúe con la debida diligencia y que las víctimas tengan acceso a medidas efectivas y adecuadas de reparación. Con el fin de vigilar el cumplimiento de estos principios, el Consejo creó el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos, que visita México del 29 de agosto al 7 de septiembre de 2016, siendo su segunda visita a América Latina. Las más de 100 organizaciones y las comunidades que hemos preparado este informe y apoyado la organización de las reuniones en México, esperamos que las conclusiones a las que llegue el Grupo de Trabajo al final de su visita estén a la altura de lo que México necesita, y exhortamos a las empresas que operan en México, así como al Estado mexicano a recibir las recomendaciones con seriedad y voluntad para aplicarlas. Más información en redes sociales #ONUenMx   El informe fue realizado con la participación de las siguientes organizaciones y grupos de derechos humanos (en orden alfabético): Alianza de la Costa Verde Ambiente y Desarrollo Humano Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Bios Iguana Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País Cartocrítica Casa del Migrante Saltillo Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas” Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria” Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Centro Prodh) Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH) Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL) Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios” Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) Colectivo sí a la vida No al basurero tóxico en Noria de la Sabina Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CODIGODH) Comité de Derechos Humanos de Tabasco (CODEHUTAB) Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) Consejo en Defensa de la Vida y el Territorio Tiyat Tlali DECA Equipo Pueblo DH Rayoactivo El Barzón Chihuahua EcoRed Feminista la Lechuza Buza Enfoque DH Estancia del Migrante en Querétaro Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) Fundar, Centro de Análisis e Investigación Foro de Derechos Humanos y Resistencias de la Sierra de Puebla Greenpeace México Grupo de Estudios Ambientales Grupo Focal sobre Empresas y Derechos Humanos Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4) Organic Consumers Association (México) Oxfam México Programa Universitario de Derechos Humanos, Programa de Incidencia, Programa de Medio Ambiente, UIA Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) Semillas de Vida SMR, Scalabrinianas: misión con Migrantes y Refugiados Serapaz, Servicios y Asesoría para la Paz   Y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana).   El proceso fue acompañado por Peace Brigrades International México (PBI)   La información fue recolectada con base en el cuestionario de referencia para la documentación de abusos de empresas elaborado por el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH) y la Red DESC  https://goo.gl/YLhbSM [1] Declaración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, en su visita a México el 7 de octubre de 2015: http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16578&LangID=E [2] Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  Situación de los derechos humanos en México, (OAS. Documentos oficiales; OEA/Ser.L) ISBN I. Title. II.  Series. OAS. Documentos oficiales; OEA/Ser.L. OEA/Ser.L/V/II.Doc. 44/15 p. 11 http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf [3] Institute for Economics & Peace, Global Peace Index 2015 Measuring peace, its causes and its economic value p. 8 http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2015/06/Global-Peace-Index-Report-2015_0.pdf Mexico´s Rank 140 out of 163 http://www.visionofhumanity.org/#page/indexes/global-peace-index/2016/MEX/OVER  

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Sociedad civil pide a la ONU documentar violaciones a derechos humanos por parte de empresas

Entregan reporte con más de 60 casos de violaciones en todo el país. Los proyectos de minería, infraestructura y energéticos —incluyendo hidroeléctricas y parques eólicos—, presentan mayores casos de abusos contra derechos humanos.   Ciudad de México, México. Con motivo de la visita oficial a México del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que inicia el lunes 29 de agosto, un colectivo de más de 100 organizaciones, movimientos y redes de la sociedad civil elaboraron un informe en el que se da cuenta de las principales violaciones a derechos humanos por parte de las empresas y documenta más de 60 casos en todo el territorio nacional. El reporte profundiza en la crisis de derechos humanos que vive México, reconocida por diversos organismos de Naciones Unidas[1] y por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos[2], así como el peligro para quiénes protegen los derechos humanos y la tierra y el territorio[3]. En los casos documentados de abusos a derechos humanos por las actividades empresariales se vieron implicadas 99 empresas: 41 nacionales, 50 extranjeras y 8 públicas. En más de la mitad de los casos hubo algún tipo de intimidación y/o ataque contra defensores de derechos humanos y las violaciones más recurrentes fueron contra el derecho a la tierra y territorio; el derecho al acceso a la información; a un medio ambiente sano; impactos negativos a la salud, y falta de cumplimiento de los derechos indígenas. Debido a la gravedad de los casos, durante las visitas regionales del Grupo de la ONU, la sociedad civil y comunidades afectadas le darán a conocer de primera mano los impactos de las empresas vinculadas con los sectores de minería, energía eólica, presas hidroeléctricas, agroindustria, infraestructura (carreteras y aeropuertos), explotación de hidrocarburos y gasoductos, inmobiliario, turismo y maquilas, entre otros. Particularmente, por los impactos negativos ocasionados y, por sugerencia de sociedad civil, el Grupo se reunirá con las empresas Grupo México, Grupo Higa, Grupo BAL, Bimbo, Goldcorp, Transcanada, Eólica del Sur y CEMEX, así como con las Empresas Productivas del Estado, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Las situaciones que sistemáticamente se presentan en el país y que obstaculizan el avance de los Principios Rectores de la ONU en materia de empresas y derechos humanos son: Captura del Estado: complicidad, corrupción e impunidad. En muchos casos documentados, el Estado mexicano, a niveles federal, estatal y municipal, está al servicio de los intereses empresariales, por encima de la protección del interés público. Ejemplo de ello han sido la promulgación de normas y reglamentación que favorecen intereses empresariales en detrimento de los derechos humanos; el uso de la fuerza pública en contra de la movilización social pacífica; el favorecimiento a proyectos extractivos en contra de intereses de las comunidades; la falta de investigación y sanción, por parte del poder judicial, de denuncias de violaciones a derechos humanos; así como la criminalización de los defensores ambientales.   Reformas estructurales que debilitan la protección de los derechos humanos y favorecen a las empresas, como es el caso de la reforma energética, la cual no siempre considera sus impactos en los derechos humanos o garantiza la participación e información de las comunidades afectadas. Falta de consulta previa y consentimiento previo, libre, informado, culturalmente adecuado y de buena fe; de debida diligencia por parte de las empresas; y proliferación de megaproyectos con diversos impactos negativos para los derechos humanos. Falta de acceso a la justicia e incumplimiento de normas y sentencias por parte de las empresas y el Estado. En múltiples ocasiones, las víctimas que denuncian han reportado ataques contra su persona y aun cuando existen decisiones judiciales a favor, incluso de la Suprema Corte de la Nación, éstas no se cumplen. Reducción de espacios de participación y abusos contra defensores y defensoras de derechos humanos que protegen sus derechos respecto de actividades empresariales. Los casos evidencian el aumento de asesinatos, criminalización, amenazas y ataques a defensores de derechos humanos frente a proyectos o actividades empresariales. En 2011, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió los “Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos”, con el fin de que los Estados ejerzan control sobre las actividades empresariales y garanticen que se actúe con la debida diligencia y que las víctimas tengan acceso a medidas efectivas y adecuadas de reparación. Con el fin de vigilar el cumplimiento de estos principios, el Consejo creó el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos, que visita México del 29 de agosto al 7 de septiembre de 2016, siendo su segunda visita a América Latina. Las más de 100 organizaciones y las comunidades que hemos preparado este informe y apoyado la organización de las reuniones en México, esperamos que las conclusiones a las que llegue el Grupo de Trabajo al final de su visita estén a la altura de lo que México necesita, y exhortamos a las empresas que operan en México, así como al Estado mexicano a recibir las recomendaciones con seriedad y voluntad para aplicarlas. 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Documentos oficiales; OEA/Ser.L) ISBN I. Title. II.  Series. OAS. Documentos oficiales; OEA/Ser.L. OEA/Ser.L/V/II.Doc. 44/15 p. 11 http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf [3] Institute for Economics & Peace, Global Peace Index 2015 Measuring peace, its causes and its economic value p. 8 http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2015/06/Global-Peace-Index-Report-2015_0.pdf Mexico´s Rank 140 out of 163 http://www.visionofhumanity.org/#page/indexes/global-peace-index/2016/MEX/OVER  

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