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Contaminación del río Motagua en Guatemala: La búsqueda de justicia ambiental del pueblo maya poqomam

La cuenca del río Motagua, el más extenso e importante de Guatemala, está gravemente contaminada con aguas residuales, desechos sólidos y otro tipo de desperdicios.

La problemática es transfronteriza porque las aguas contaminadas del Motagua desembocan en el mar Caribe, alcanzan las costas de Honduras y amenazan al Sistema Arrecifal Mesoamericano.  

Esto ha vulnerado por décadas los derechos a la salud, al agua, al desarrollo y al ambiente sano de todas las personas que viven en la cuenca.

En junio de 2025, la comunidad maya poqomam de Santa Cruz Chinautla —apoyada por AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— logró una victoria judicial sin precedentes para detener la degradación en la cuenca. Como respuesta al litigio que interpuso, un tribunal guatemalteco ordenó a la municipalidad de Chinautla cumplir una serie de obligaciones para frenar la contaminación de los ríos y suelos de la zona.  

La respuesta gubernamental al fallo se ha limitado al momento a reuniones de mesas técnicas de trabajo. Mientras, la comunidad continúa trabajando para que la sentencia se implemente adecuadamente y realizando otras acciones para defender su territorio y sus derechos. 

 

Antecedentes

Con 486 km de longitud, el río Motagua atraviesa 96 municipios y 14 departamentos de Guatemala. Nace en Quiché, departamento ubicado al noroeste, y desemboca en el mar Caribe.

Las actividades contaminantes ocurren en toda su cuenca, incluyendo subcuencas y microcuencas. El mayor volumen de contaminación proviene de la ciudad de Guatemala, capital del país, transportado por las aguas del río Las Vacas, que a su vez recibe una gran cantidad de desperdicios del río Chinautla.

El río Chinautla, que atraviesa el municipio del mismo nombre, lleva los desechos sólidos de un vertedero ubicado en la Zona 3 capitalina —a donde llega la basura de al menos 14 municipios del departamento de Guatemala—, además de las aguas negras generadas por unas 500 mil personas que viven en la parte norte de la capital y que no reciben ningún tratamiento previo de limpieza.

Otras fuentes de contaminación son los numerosos vertederos ilegales que hay en el municipio de Chinautla, los desechos que vehículos particulares y camiones recolectores descargan a orillas de sus ríos, así como las empresas areneras —que comenzaron a instalarse en el territorio entre 1996 y 1997— cuyas operaciones debilitan las cuencas, haciendo que los desechos sólidos sean arrastrados más fácilmente por los caudales.

Foto: Mayela Sánchez García.

 

La situación trasciende fronteras. El Motagua vierte cada año unas 20 mil toneladas de plástico al mar Caribe, siendo así en uno de los ríos que más contaminación plástica aporta al océano a nivel mundial, según estimaciones contenidas en un informe de 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El caudal confluye en su desembocadura con el Arrecife Mesoamericano, por lo que la contaminación amenaza también con degradar uno de los arrecifes transfronterizos más grandes y biodiversos del planeta, que abarca las aguas territoriales de Belice, Guatemala, Honduras y México.

Además, las aguas contaminadas llegan a las costas de Honduras y se esparcen a la bahía de Amatique, situada a lo largo de la costa oriental de Guatemala, afectando al mar Caribe.

Las raíces de esta problemática crónica y transfronteriza son estructurales. Datos del proyecto Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dan cuenta que en Guatemala el 66% de los desechos sólidos urbanos no se recolectan y no hay garantía de que el 34% restante se elimine adecuadamente. Además, del total de vertederos del territorio nacional, el 88,32% son ilegales o no tienen autorización municipal.

Dicho de otro modo, las causas centrales que combatir son el mal manejo de desechos sólidos y de los recursos hídricos en Guatemala; el incumplimiento de las regulaciones existentes sobre el vertimiento de aguas residuales, disposición y tratamiento de desechos y residuos sólidos; así como la falta de una ley de aguas. 

 

La búsqueda de justicia del pueblo maya poqomam

Los ríos de Santa Cruz Chinautla, comunidad del pueblo maya poqomam, ubicada a tan solo doce kilómetros de la Ciudad de Guatemala, se han convertido en conductos de contaminación que degradan el río Motagua.  

Por décadas, su población ha visto dañada su salud y sus medios de vida —entre ellos la alfarería, una de las principales actividades económicas y fuente de identidad— debido a la falta de gestión de los residuos del municipio de Chinautla y de la zona urbana de la capital del país, así como a las actividades de empresas areneras.

Foto: Mario Winter.

 

Voces por el río Motagua: Olga Vázquez.

Voces por el río Motagua: Nazario Pascual. 

 

A comienzos del año 2000, la comunidad maya se organizó para detener la extracción de arena en su territorio. En ese momento, las empresas tenían licencias mineras que estuvieron vigentes hasta 2021 y 2022. Y, aunque los permisos vencieron, algunas empresas siguieron operando tras solicitar prórrogas. En junio de 2022, las autoridades indígenas del pueblo poqomam iniciaron un plantón de resistencia frente a la empresa Piedrinera San Luis, que mantuvieron por cuatro años.

En julio de 2024, el Relator Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH visitó Santa Cruz Chinautla. Durante su visita, autoridades ancestrales e integrantes de la comunidad expusieron sobre los impactos ambientales, al agua, la salud, la economía y la cultura de la contaminación de sus ríos.

Ese mismo año, en octubre, la comunidad —con apoyo de AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— interpuso un litigio (petición de amparo) contra la municipalidad de Chinautla por la falta de medidas para atender la contaminación de sus ríos y suelos causada por el manejo inadecuado de desechos sólidos y la existencia de vertederos ilegales.  

El equipo científico de AIDA, junto con vecinos y autoridades de la comunidad, recolectó información clave sobre los vertederos ilegales que hay en el territorio. Este ejercicio de ciencia ciudadana sustentó el litigio al visibilizar la gravedad de la contaminación, demostrar el uso continuo de este tipo de práctica y evidenciar el incumplimiento por parte de las autoridades municipales de sus obligaciones legales respecto de la gestión de residuos. 

 

Conoce más de esta experiencia de ciencia ciudadana. 

 

En junio de 2025, la comunidad poqomam obtuvo el respaldo de la justicia guatemalteca cuando un tribunal de amparo ordenó a la municipalidad de Chinautla responder efectivamente a las peticiones del litigio para frenar la contaminación de los ríos y suelos de Santa Cruz Chinautla.

Es la primera vez que un tribunal guatemalteco reconoce el derecho de un pueblo a un ambiente sano y su papel central en la búsqueda de soluciones. 

 

Entérate de los detalles de la victoria judicial. 

 

Situación actual

Desde la emisión de la sentencia, la municipalidad de Chinautla realizó una serie de "mesas técnicas de trabajo" con representantes del gobierno central, de la sociedad civil y de la comunidad. Luego se creó un grupo más pequeño conformado por personas técnicas con la tarea de elaborar un plan de trabajo con metas claras. Han pasado varios meses sin que la municipalidad convoque a las mesas de trabajo.

Por otro lado, en diciembre de 2025, la CIDH advirtió en su informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala que la cuenca del río Motagua enfrenta una severa crisis de contaminación que ha generado impactos profundos en la biodiversidad y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades locales, incluido el pueblo maya poqomam.

Y, en mayo de 2026, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales canceló la licencia de la empresa arenera Piedrinera San Luis por el "incumplimiento de los compromisos ambientales".

AIDA continúa haciendo seguimiento a la ejecución del fallo judicial para garantizar el derecho a un ambiente sano de la comunidad maya poqomam y de todas las personas que habitan en la cuenca del Motagua. Mientras, la población de Santa Cruz Chinautla sigue organizada y movilizada para mejorar su entorno y defender sus derechos.  

Niña frente a un mural contra la contaminación en Santa Cruz Chinautla, Guatemala

Belo Monte incumple condiciones para operar: concluye autoridad ambiental

Altamira, Brazil. El Instituto Brasileño de Ambiente y Recursos Naturales (IBAMA) publicó ayer el análisis técnico de la represa de Belo Monte concluyendo que las condiciones para otorgar la Licencia de Operación no se han cumplido.  Diez de las doce condiciones identificadas por IBAMA son consideradas esenciales para otorgar la licencia.  Hasta que el consorcio Norte Energia cumpla esas condiciones la continuidad del proyecto será interrumpida y el embalse no podrá comenzar a llenarse. "Recibimos positivamente la evaluación detallada de IBAMA para Belo Monte, una represa que ya ha causado graves impactos a los derechos humanos y al ambiente" dijo Astrid Puentes Riaño, codirectora de AIDA.  "En el futuro es crucial que todas las condiciones se cumplan integralmente y que existan medidas efectivas para proteger a las personas del Xingú y al ambiente, antes de otorgar la licencia".   Por más de cinco años, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) ha ayudado a organizaciones y a comunidades indígenas y locales en la dura lucha para denunciar las irregularidades del proyecto Belo Monte.  Las conclusiones de IBAMA reafirman los argumentos de quienes por años se han opuesto a la represa debido a los impactos socioambientales negativos.   "Si el gobierno de Brasil aprueba la licencia de operación sin antes garantizar la protección del ambiente y de los derechos humanos, estará violando sus compromisos internacionales", dijo María José Veramendi, abogada de AIDA.   AIDA y organizaciones aliadas hemos argumentado que no existen condiciones para la aprobación de las licencias de Belo Monte.  Siguen pendientes aspectos esenciales como agua potable, saneamiento y servicios de salud y la garantía de los derechos mínimos a la población desplazada.   En 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en favor de comunidades indígenas afectadas en la cuenca del río Xingú.  La gravedad de las violaciones a los derechos humanos se evidencia en un informe del Instituto Socioambiental (ISA) de Brasil, al que AIDA contribuyó, así como en información de autoridades gubernamentales de protección de pueblos indígenas, de salud y por el Ministerio Público Federal.   AIDA espera que el informe técnico de IBAMA sea seriamente atendido en la decisión final con respecto a la licencia de operación.  La negación de la licencia podría finalmente servir como un cambio positivo hacia futuros proyectos planeados en la Amazonía de Brasil y en toda la región, enviando un mensaje positivo que proyectos de desarrollo económico no pueden implicar violaciones a derechos humanos.

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Arrecifes de coral, Océanos

Entregan a SEMARNAT más de 30 mil firmas pidiendo proteger Los Tuxtlas y Arrecife Veracruzano

Exitosa y muy participativa la iniciativa en la plataforma change.org/conservaveracruz La Reserva de los Tuxtlas y el Sistema Arrecifal Veracruzano están en riesgo por la autorización que Semarnat otorgó para las obras de ampliación del Puerto de Veracruz. Alertan organizaciones ante el Comité Científico de la Comisión Interamericana para la Protección de las Tortugas la amenaza de este proyecto para las tortugas marinas. Organizaciones de la sociedad civil entregaron a José Luis Juan Bravo Soto, Director de Atención Ciudadana de SEMARNAT y David Gutiérrez Carbonell, Director General de Conservación para el Desarrollo de CONANP, las más de 30 mil firmas para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) revoque la autorización en materia de impacto ambiental otorgada para la extracción de roca basáltica de la Reserva de la Biósfera Los Tuxtlas (RBLT), que pretende utilizarse en la ampliación del Puerto de Veracruz. La autorización expedida a favor de la Administración Portuaria Integral de Veracruz (APIVER) por parte del gobierno en junio del 2014 profundizará los daños que históricamente el puerto ha ocasionado a la barrera coralina y pondrá en peligro a dos de los tesoros naturales más importantes de México y el mundo. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), y las organizaciones Resistencia Organizada por la Conservación Ambiental (La Roca) y la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA) señalaron en conferencia de prensa que, actualmente, el Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV) se encuentra en riesgo debido a la autorización que otorgó Semarnat para que se modificara, sin la suficiente información técnica y científica, la superficie del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV), de forma que sea posible ampliar el Puerto de Veracruz. Adicionalmente, el gobierno federal permitió la explotación de una mina de piedra basáltica en la Reserva de la Biósfera Los Tuxtlas para la construcción de las escolleras del nuevo puerto, aun cuando el programa de manejo de la reserva prohíbe expresamente el uso de explosivos en el área. Esta región es una de las últimas selvas húmedas de México, un muro natural contra huracanes y tormentas tropicales, refugio de millones de especies vegetales y animales, y hogar de muchas comunidades. Además de las acciones emprendidas hasta el momento, CEMDA y AIDA presentaron el 22 de septiembre de este año, un informe al Comité Científico de la Comisión Interamericana para la Protección de las Tortugas (CIT), sobre los impactos que la ampliación del puerto de Veracruz, así como los proyectos indirectos de éste (como la construcción de almacenes de roca) tendrán sobre las tortugas marinas y su hábitat. Cabe recordar que el Sistema Arrecifal Veracruzano es el mayor ecosistema de coral del Golfo de México. Funciona como barrera contra olas y tormentas, como cuando en 2010 protegió a la ciudad de Veracruz del huracán Karl. Asimismo, alberga una gran variedad de flora y fauna . Particularmente, las costas de Veracruz, incluyendo el PNSAV, reciben en diferentes épocas del año a cinco especies de tortugas marinas neotropicales . APIVER, promotora del proyecto de ampliación del puerto, señaló en su manifestación de impacto ambiental que “nunca se hará afectación directa sobre especies bajo protección” . Sin embargo, no presentó medidas de protección para las tortugas marinas, particularmente para la carey, catalogada como especie amenazada conforme a la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas (CIT) y la legislación mexicana. Esta especie se distribuye dentro del PNSAV y tiene rutas migratorias a lo largo del Golfo de México. Semarnat autorizó el proyecto en diciembre de 2013, sin requerir condicionantes o plan de manejo especial para conservar a esta especie . Esta situación es contraria a la obligación del Estado mexicano de promover la protección, conservación y recuperación de las poblaciones de tortugas marinas y de los hábitats de los cuales dependen -particularmente de los lugares de desove y alimentación-; debido a que no restringe las actividades humanas que puedan afectar a los quelonios, particularmente durante los periodos de reproducción e incubación. El Sistema Arrecifal Veracruzano fue declarado Área Natural Protegida en 1992 y en 2004 fue registrado como Humedal de Importancia Internacional de acuerdo a las características establecidas por la Convención Ramsar, por lo que la autorización otorgada por la autoridad ambiental contraviene normas nacionales e internacionales y no considera apropiadamente los impactos acumulativos que el proyecto tendrá en ese ecosistema. Asimismo, se incumple con la responsabilidad del Estado mexicano de proteger la biodiversidad de su territorio y se incumplen la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad y las disposiciones de la Convención de Diversidad Biológica.  

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Tajamar: Destrucción de manglares en Cancún

Por Jennifer Roberti Tuve la fortuna de haber crecido en la ciudad de Cancún, ubicada al sureste de México y bendecida con playas paradisiacas y vegetación exuberante. Al haber estado rodeada de naturaleza, aprendí a quererla y a reconocer su importancia para la existencia del ser humano. Por ello veo con preocupación la destrucción de uno de los tesoros naturales de Cancún: sus manglares. Ecosistemas vitales Los manglares son humedales que se desarrollan en regiones costeras tropicales o subtropicales, en zonas  donde la tierra está cubierta por aguas poco profundas (no más de seis metros). El mangle, la principal especie vegetal que conforma estos entornos, es tolerante a la sal y a las inundaciones. Los manglares son de mucha utilidad para el hombre debido, entre otras cosas, a que: Son barreras naturales que nos protegen de tormentas, ciclones y  huracanes. Al haber vivido el paso del huracán Wilma por Cancún, sé de primera mano que la ciudad requiere de esta protección. Ayudan a combatir el cambio climático ya que son sumideros de carbono. En consecuencia, al ser destruidos, liberan el carbono acumulado a lo largo de los años, contribuyendo a las emisiones contaminantes.  Son hábitat de una gran diversidad de fauna como cocodrilos, peces, camarones y aves. Filtran contaminantes, evitando que éstos lleguen a los mares. Pese a su importancia y a ser un ecosistema protegido desde 2007 por el artículo 60 ter de la Ley General de Vida Silvestre, la destrucción de manglares en México continúa. El caso más reciente es el de la zona de Tajamar, en Cancún. ¿Que está pasando? En 2005, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) aprobó la autorización de impacto ambiental (AIA) para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) construya un centro urbano-turístico con oficinas, comercios, departamentos y un hotel en el predio conocido como el Manglar Tajamar en Cancún. FONATUR vendió luego el predio a la empresa BI & DI Real Estate de México, la cual inició recientemente el desmonte y tala del manglar para dar paso a la construcción. La principal preocupación sobre el desarrollo en Tajamar es el incumplimiento de las condicionantes de la autorización. La SEMARNAT obligó al titular de la autorización a presentar un programa de rescate de vegetación y traslado de fauna como paso previo al inicio de obras. No obstante, especies de fauna protegidas por la legislación mexicana y la Norma Oficial Mexicana de especies en riesgo o peligro de extinción, como los cocodrilos, estaban presentes cuando comenzó el desmonte del manglar, lo cual provocó su muerte. Acción ciudadana Ante lo ocurrido en Tajamar, se presentó ante la Procuraduría Federal para la Protección del Ambiente (PROFEPA) una denuncia ciudadana y una colectiva (respaldada por 4,333 firmas ciudadanas) por el incumplimiento de las condicionantes de la autorización de impacto ambiental del proyecto. Después de realizar varias inspecciones, la PROFEPA ordenó la suspensión total y temporal de las actividades y la realización de medidas correctivas en el lugar. El caso sigue siendo procesado por la Procuraduría, entidad que deberá tomar una decisión definitiva después de considerar las pruebas y alegatos de la empresa. Por otro lado, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) presentó una acción legal para combatir la autorización del centro urbano-turístico en Tajamar. Lo hizo bajo el argumento de que la empresa omitió mencionar que el predio es 65% manglar. Ello quiere decir que la empresa presentó información falsa para obtener el permiso, el cual afecta además al interés colectivo. Si CEMDA gana el juicio, la autorización será anulada, así como cualquier otro permiso derivado de la misma, y se ordenará la restauración del sitio. Este caso es un buen ejemplo del rol crucial que la sociedad civil tiene en el cumplimiento efectivo de las leyes y regulaciones. Gracias a la movilización social, el tema recibió atención nacional, y se están empleando las herramientas disponibles para exigir la implementación de las leyes. En AIDA trabajamos para lograr la protección efectiva de los manglares a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, contribuimos a la defensa del estatus de protección legal del Humedal Bahía de Panamá y también participamos en la 12ª Conferencia de las Partes de la Convención de Ramsar (tratado internacional para la protección de humedales) como organización observadora de la sociedad civil.

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