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Contaminación del río Motagua en Guatemala: La búsqueda de justicia ambiental del pueblo maya poqomam
La cuenca del río Motagua, el más extenso e importante de Guatemala, está gravemente contaminada con aguas residuales, desechos sólidos y otro tipo de desperdicios.
La problemática es transfronteriza porque las aguas contaminadas del Motagua desembocan en el mar Caribe, alcanzan las costas de Honduras y amenazan al Sistema Arrecifal Mesoamericano.
Esto ha vulnerado por décadas los derechos a la salud, al agua, al desarrollo y al ambiente sano de todas las personas que viven en la cuenca.
En junio de 2025, la comunidad maya poqomam de Santa Cruz Chinautla —apoyada por AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— logró una victoria judicial sin precedentes para detener la degradación en la cuenca. Como respuesta al litigio que interpuso, un tribunal guatemalteco ordenó a la municipalidad de Chinautla cumplir una serie de obligaciones para frenar la contaminación de los ríos y suelos de la zona.
La respuesta gubernamental al fallo se ha limitado al momento a reuniones de mesas técnicas de trabajo. Mientras, la comunidad continúa trabajando para que la sentencia se implemente adecuadamente y realizando otras acciones para defender su territorio y sus derechos.
Antecedentes
Con 486 km de longitud, el río Motagua atraviesa 96 municipios y 14 departamentos de Guatemala. Nace en Quiché, departamento ubicado al noroeste, y desemboca en el mar Caribe.
Las actividades contaminantes ocurren en toda su cuenca, incluyendo subcuencas y microcuencas. El mayor volumen de contaminación proviene de la ciudad de Guatemala, capital del país, transportado por las aguas del río Las Vacas, que a su vez recibe una gran cantidad de desperdicios del río Chinautla.
El río Chinautla, que atraviesa el municipio del mismo nombre, lleva los desechos sólidos de un vertedero ubicado en la Zona 3 capitalina —a donde llega la basura de al menos 14 municipios del departamento de Guatemala—, además de las aguas negras generadas por unas 500 mil personas que viven en la parte norte de la capital y que no reciben ningún tratamiento previo de limpieza.
Otras fuentes de contaminación son los numerosos vertederos ilegales que hay en el municipio de Chinautla, los desechos que vehículos particulares y camiones recolectores descargan a orillas de sus ríos, así como las empresas areneras —que comenzaron a instalarse en el territorio entre 1996 y 1997— cuyas operaciones debilitan las cuencas, haciendo que los desechos sólidos sean arrastrados más fácilmente por los caudales.
Foto: Mayela Sánchez García.
La situación trasciende fronteras. El Motagua vierte cada año unas 20 mil toneladas de plástico al mar Caribe, siendo así en uno de los ríos que más contaminación plástica aporta al océano a nivel mundial, según estimaciones contenidas en un informe de 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El caudal confluye en su desembocadura con el Arrecife Mesoamericano, por lo que la contaminación amenaza también con degradar uno de los arrecifes transfronterizos más grandes y biodiversos del planeta, que abarca las aguas territoriales de Belice, Guatemala, Honduras y México.
Además, las aguas contaminadas llegan a las costas de Honduras y se esparcen a la bahía de Amatique, situada a lo largo de la costa oriental de Guatemala, afectando al mar Caribe.
Las raíces de esta problemática crónica y transfronteriza son estructurales. Datos del proyecto Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dan cuenta que en Guatemala el 66% de los desechos sólidos urbanos no se recolectan y no hay garantía de que el 34% restante se elimine adecuadamente. Además, del total de vertederos del territorio nacional, el 88,32% son ilegales o no tienen autorización municipal.
Dicho de otro modo, las causas centrales que combatir son el mal manejo de desechos sólidos y de los recursos hídricos en Guatemala; el incumplimiento de las regulaciones existentes sobre el vertimiento de aguas residuales, disposición y tratamiento de desechos y residuos sólidos; así como la falta de una ley de aguas.
La búsqueda de justicia del pueblo maya poqomam
Los ríos de Santa Cruz Chinautla, comunidad del pueblo maya poqomam, ubicada a tan solo doce kilómetros de la Ciudad de Guatemala, se han convertido en conductos de contaminación que degradan el río Motagua.
Por décadas, su población ha visto dañada su salud y sus medios de vida —entre ellos la alfarería, una de las principales actividades económicas y fuente de identidad— debido a la falta de gestión de los residuos del municipio de Chinautla y de la zona urbana de la capital del país, así como a las actividades de empresas areneras.
Foto: Mario Winter.
Voces por el río Motagua: Olga Vázquez.
Voces por el río Motagua: Nazario Pascual.
A comienzos del año 2000, la comunidad maya se organizó para detener la extracción de arena en su territorio. En ese momento, las empresas tenían licencias mineras que estuvieron vigentes hasta 2021 y 2022. Y, aunque los permisos vencieron, algunas empresas siguieron operando tras solicitar prórrogas. En junio de 2022, las autoridades indígenas del pueblo poqomam iniciaron un plantón de resistencia frente a la empresa Piedrinera San Luis, que mantuvieron por cuatro años.
En julio de 2024, el Relator Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH visitó Santa Cruz Chinautla. Durante su visita, autoridades ancestrales e integrantes de la comunidad expusieron sobre los impactos ambientales, al agua, la salud, la economía y la cultura de la contaminación de sus ríos.
Ese mismo año, en octubre, la comunidad —con apoyo de AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— interpuso un litigio (petición de amparo) contra la municipalidad de Chinautla por la falta de medidas para atender la contaminación de sus ríos y suelos causada por el manejo inadecuado de desechos sólidos y la existencia de vertederos ilegales.
El equipo científico de AIDA, junto con vecinos y autoridades de la comunidad, recolectó información clave sobre los vertederos ilegales que hay en el territorio. Este ejercicio de ciencia ciudadana sustentó el litigio al visibilizar la gravedad de la contaminación, demostrar el uso continuo de este tipo de práctica y evidenciar el incumplimiento por parte de las autoridades municipales de sus obligaciones legales respecto de la gestión de residuos.
Conoce más de esta experiencia de ciencia ciudadana.
En junio de 2025, la comunidad poqomam obtuvo el respaldo de la justicia guatemalteca cuando un tribunal de amparo ordenó a la municipalidad de Chinautla responder efectivamente a las peticiones del litigio para frenar la contaminación de los ríos y suelos de Santa Cruz Chinautla.
Es la primera vez que un tribunal guatemalteco reconoce el derecho de un pueblo a un ambiente sano y su papel central en la búsqueda de soluciones.
Entérate de los detalles de la victoria judicial.
Situación actual
Desde la emisión de la sentencia, la municipalidad de Chinautla realizó una serie de "mesas técnicas de trabajo" con representantes del gobierno central, de la sociedad civil y de la comunidad. Luego se creó un grupo más pequeño conformado por personas técnicas con la tarea de elaborar un plan de trabajo con metas claras. Han pasado varios meses sin que la municipalidad convoque a las mesas de trabajo.
Por otro lado, en diciembre de 2025, la CIDH advirtió en su informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala que la cuenca del río Motagua enfrenta una severa crisis de contaminación que ha generado impactos profundos en la biodiversidad y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades locales, incluido el pueblo maya poqomam.
Y, en mayo de 2026, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales canceló la licencia de la empresa arenera Piedrinera San Luis por el "incumplimiento de los compromisos ambientales".
AIDA continúa haciendo seguimiento a la ejecución del fallo judicial para garantizar el derecho a un ambiente sano de la comunidad maya poqomam y de todas las personas que habitan en la cuenca del Motagua. Mientras, la población de Santa Cruz Chinautla sigue organizada y movilizada para mejorar su entorno y defender sus derechos.
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CAPS: Cuando la comunidad trabaja por el acceso al agua potable
Por Tania Paz, asistente general de AIDA,@TaniaNinoshka “Si estamos en problemas, la misma agua es viva, se nos seca; entonces ¿qué tenemos que hacer? Organizarnos más...querernos más”. Luis Adolfo Fargas, CAPS- San Francisco de Asís, Rivas, Nicaragua Millones de personas carecen de agua potable alrededor del mundo. La mayoría de ellas vive en el campo. UNICEF (2012) determinó que “de los 783 millones de personas aún sin fuentes mejoradas de agua potable en 2010, 653 millones son de las zonas rurales”. Lleva agua a casa. En países con altos niveles de pobreza como Nicaragua, donde los gobiernos centrales y locales no pueden abastecer de agua potable a toda la población, cobran relevancia otros actores que buscan defender este derecho humano. Uno de estos actores son los llamados Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS) que trabajan en la zona rural del país. Según la ley especial para los Comités de Agua Potable y Saneamiento (Ley 722), los CAPS son organizaciones comunitarias sin fines de lucro e integradas por personas naturales electas democráticamente por la comunidad, como instrumentos que contribuyen al desarrollo económico y social, a la democracia participativa y la justicia social de la nación; creando, en este caso, las condiciones necesarias para garantizar el acceso al agua potable y el saneamiento a la población en general. En Nicaragua existen unos 5,200 CAPS que benefician a casi 1 millón 200 mil personas. La Red Centroamericana de Acción del Agua FANCA indica que “en Centroamérica existen más de 30 mil comunidades abastecidas por sistemas de acueductos comunales, autogestionarios, sin fines de lucro que proveen de agua a cerca de 15 millones de personas, lo que representa casi un 30% de la población regional”. ¿Cómo llevan agua a la comunidad? “La necesidad es la madre de los todos los inventos”, versa un famoso refrán. Y es que la necesidad constituye precisamente el primer paso para la formación de un CAPS. Cuando la comunidad visualiza que carecer de agua potable afecta fuertemente su calidad de vida, y que los gobiernos no darán respuesta a este problema, deciden financiar la construcción de sistemas de agua potable. Para ello, los pobladores no sólo donan parte de su dinero, sino también mano de obra para las labores de construcción: de ella participan hombres, mujeres, adolescentes y niños de la propia comunidad. Una vez construido el sistema de agua, la comunidad formula y diseña las normas de operación del sistema, y las reglas que regirán su aprovechamiento. Es por eso que los CAPS se conocen como grupos auto gestionados en los que ninguna autoridad gubernamental interviene. La instalación de sistemas de agua en las comunidades mejora la calidad de vida de las personas, dado que sus habitantes ya no tienen que caminar más de 1 o 2 km diarios para ir por agua hasta otra población. Ahora acceden a agua más limpia y de calidad y, en el caso de las mujeres, esto representa un cambio significativo en su forma de vida. Algunos de los retos Son muchos los desafíos que grupos de ciudadanos como los CAPS enfrentan para dar continuidad a su trabajo y/o para lograr el pleno cumplimiento del derecho humano al agua potable y saneamiento. En el documental El Agua junta a la Comunidad, Reyneris Soza, miembro de la Asociación para el Desarrollo de Municipios (ADM), señala que algunos de los retos son la promoción de tecnologías para la mitigación y adaptación al cambio climático, así como la obtención de tecnologías que permitan un mejor uso y aprovechamiento del agua. Por su parte, una experiencia en Tanzania (2008) reveló que en las comunidades se asignómayor prioridad al abastecimiento de agua potable que a las labores de saneamiento e higiene, debido a que este último rubro es considerado como cuestión privada e inpidual (dentro del hogar o la familia) y no como algo público o comunitario. Se trata de un desafío clave para grupos como los CAPS y para usuarios de servicios de provisión de agua en general. Por último, una de las principales tareas que los CAPS deben cumplir es pasar de un modelo de aseguramiento del acceso al agua potable a uno de protección de las fuentes de agua, a través, por ejemplo, de la incidencia en las políticas públicas. La existencia de los CAPS en el contexto local y nacional de Nicaragua representa no sólo un gran paso para el cumplimiento del derecho humano al agua potable y saneamiento. Son muestra también de la generación de nuevos espacios de participación, aquellos que, a decir de Andrea Cornwall (2002), generan sociedad civil y, sobre todo, ciudadanía.
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La francesa Danone y las estadounidenses Coca Cola y PepsiCo controlan 82% de las ventas de agua embotellada en México, informó el diario El Economista de México en octubre de 2010. Esta acumulación de mercado en manos de empresas extranjeras muestra un triple fracaso de los gobiernos de México: Por incumplir su obligación de proporcionar agua potable de llave. Por no informar sobre la calidad del agua y dar paso a la desconfianza. Por dejar avanzar el domino de empresas de otros países. Por miedo a enfermedades intestinales o por una verdadera deficiencia en la calidad de este recurso natural, los mexicanos tenemos que gastas entre 2 y 5 mil pesos al año en agua de garrafa y botella, cuando el derecho al agua quedó establecido en la Constitución de México en 2011 y como un derecho humano por las Naciones Unidas en 2010. Las marcas de agua embotellada con más presencia son: Bonafont (adquirida por los franceses en 1985) del Grupo Danone, que recauda 38% de los ingresos que genera el rubro; Ciel de Coca Cola (que llegó a México en 1996), con 25% de recaudación y EPura (creada en 2004) de Pepsico, con 19%. Electropura, ahora también de capital extranjero, fue adquirida por Pepsico en 2002. De acuerdo con información de su sitio en internet, la empresa registra ganancias anuales por 65 mil millones de dólares, es decir, 845 mil millones de pesos, aproximadamente cuatro veces el presupuesto anual con el que cuenta la Secretaría de Educación en México. Con esos presupuestos, pueden armar campañas inmensas en medios que el gobierno ni siquiera crea. También podos hablar del caso Peñafiel. La firma poblana creada en los años 20 cambió de nombre a Manantiales Peñafiel en 1958 y fue adquirida en 1992 por el grupo británico Cadbury Schweppes. Años después, tomó el nombre de Dr. Pepper Snapple Group. Aunque en México la empresa recuperó la denominación de Grupo Peñafiel, la mayoría de sus ganancias se van al extranjero. Esta multinacional es hoy la tercera refresquera más importante del país, según El Financiero. Pureza Vital y Santa María de Nestlé, también envían sus ganancias a Francia. Santa María es producida por Water Partners Mexico, empresa conformada por Nestle Waters y Grupo Modelo. Esta última es quien distribuye el producto desde hace algunos años. El director general de Water Partners Mexico, Gerard C. Signoret, dijo que el mercado del agua embotellada en México está siendo impulsado por la estrategia del gobierno y de la comunidad para modificar los hábitos de la gente. “El mercado crece y se mantiene esa tendencia”, afirmó el prominente empresario, a finales de 2011, en declaraciones a El Financiero. La botella De acuerdo con El Economista, aproximadamente 90% del costo del agua embotellada se debe al envase y el líquido puede llegar a venderse hasta 10,000 veces más caro que su costo de obtención. Así lo menciona el texto firmado por Leticia Gasca Serrano. Así, por el mismo precio de una botella de agua (que varía entre 3 y 40 pesos) podríamos obtener 3,000 litros del líquido vital de grifo. En algunos casos, sorprendentemente, un litro de agua embotellada resulta más caro que uno de gasolina. Una botella PET, en la que se comercializa el agua, puede tardar hasta 1,000 años en biodegradarse. Ello significa que lo que se consume hoy terminará su proceso “ecológico” en al menos 15 generaciones, informó El Economista. Pero las marcas ponen el logotipo de reciclado en sus botellas y se anuncian como empresas responsables y hasta diseñan los envases con colores verdes y sellos de “ecológicos”. 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Si fuera Estado, ¿obedecería sólo cuando me guste o me convenga?
Por Astrid Puentes Riaño, co-directora de AIDA, @astridpuentes En 2012, Colombia y Guatemala recibieron importantes sentencias de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), respectivamente. Ambos Estados están en desacuerdo con las decisiones, la primera por diferendo limítrofe y la segunda por violaciones a derechos humanos por masacres y desapariciones durante los años 80, y por ello amenazaron con incumplirlas o reinterpretarlas. ¿Estarán perdiendo fuerza el derecho internacional y sus cortes y disminuyendo la voluntad de los —o de algunos— Estados para acatar los fallos? O ¿se estarán volviendo demagógicos los gobiernos y para complacer a algunos, amenazan con incumplir las sentencias internacionales? Estas reacciones evidencian que estamos ante una parte de ambos escenarios, los dos igualmente preocupantes. Espero que los gobiernos y los Estados analicen la situación y rectifiquen. 2007: “Lo que defina la corte de La Haya, lo respetamos totalmente”, ¿y ahora? En noviembre de 2012, la CIJ decidió el conflicto limítrofe por las Islas de San Andrés y Providencia, los cayos y el mar territorial, entre Colombia y Nicaragua. Aunque la Corte le dio la razón a Colombia en la mayoría de los puntos, redefinió el límite del mar territorial dando a Nicaragua una importante franja marina, hasta el momento colombiana. Esto fue lo que más trascendió en Colombia y generó una dura reacción en algunos sectores, quienes exigieron al presidente Juan Manuel Santos incumplir la decisión. Incluso el ex presidente Álvaro Uribe dijo que “Colombia no debe acatar el fallo”, aunque en 2007, siendo Presidente prometió a Daniel Ortega, su par nicaragüense, respetar “totalmente” la decisión, cualquiera que fuera. La rebeldía contra la CIJ llegó a tal punto que Colombia anunció su retiro del Pacto de Bogotá: el tratado firmado en 1948 para solucionar pacíficamente controversias entre estados. Es irónico que el país donde se firmó el Pacto se retire del mismo para evitar que se cumpla. Esto además no tiene efectos prácticos a futuro. Colombia renuncia también a la tradición de respeto a las normas internacionales. ¿Habría entonces que cambiarle de nombre al Pacto? Corte IDH: Guatemala violó derechos humanos para construir la represa Chixoy La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó en septiembre de 2012 una sentencia contra Guatemala por la violación de derechos humanos derivada de la masacre a la comunidad de Río Negro, realizada durante los años 80 para construir la represa de Chixoy. En consecuencia, la Corte ordenó a Guatemala investigar los hechos y sancionar a los responsables; indemnizar a los familiares de las víctimas; y mejorar la infraestructura de la comunidad afectada por los hechos, entre otras cosas. Tres meses y otras dos sentencias condenatorias de la Corte IDH después, el Gobierno guatemalteco publicó un acuerdo “reinterpretando” la voluntad del Estado, y en consecuencia, desconociendo las sentencias referidas ahechos ocurridos antes de 1987, es decir, prácticamente todos los cubiertos por las tres sentencias. Tras grandes presiones internas y externas de persos sectores, incluyendo la propia Procuraduría de Guatemala, el gobierno echó para atrás este acuerdo y por ende se presume que reitera su voluntad de cumplir. Dura lex, sed lex (Dura es la ley, pero es la ley) Jurídicamente, rechazar el resultado de estas cortes es inviable, dado que ambos Estados han reconocido su jurisdicción (autoridad) para decidir sobre casos relacionados con dichos países y las circunstancias que se discuten. Los Estados pueden arrepentirse de que las cortes decidan, pero esto tiene una consecuencia futura. La razón es obvia: todos los Estados que pierdan una decisión buscarían excusas para incumplirla, justamente como hacen ahora Colombia y Guatemala. Desde el punto de vista político, los Estados pueden negarse a cumplir. Sin embargo, ello viola la buena fe de las partes, elemento fundacional del derecho internacional que garantiza que los Estados que se someten a ciertas reglas tengan la expectativa cierta que sean cumplidas, sin discriminación respecto de quién se trate. Después de todo, es algo esencial en la existencia del derecho que evita arbitrariedades y la solución de controversias por la fuerza. Al final, se trata de la protección que tenemos todos: Estados y ciudadanos. Por ello, el mensaje que mandan los gobiernos de Colombia y Guatemala (que afortunadamente rectificó) es peligroso porque incluso cuando estos Estados necesiten protección frente a posibles agresiones o malos entendidos con otros Estados, habrán perdido su autoridad para recurrir al derecho internacional en su defensa. De otra parte y según estas reacciones, los ciudadanos podríamos obedecer las normas y las decisiones de los jueces sólo cuando éstas favorezcan nuestros intereses. Así, podría comenzar a pagar los impuestos que me parezcan justos y a pararen los semáforos cuando lo considere conveniente. Sin duda, esto suena extremo, pero interpretar o rechazar la decisión de una corte internacional, que es la suprema autoridad en la materia, me parece igualmente extremo. Celebro que Guatemala haya retrocedido en su decisión y reconocido su error. Entiendo que las violaciones a derechos humanos por las que se le condenó son duras y vergonzosas para el país. Justamente ahora tienen la oportunidad de admitirlo y remediar la situación, demostrando que los años de impunidad para estas violaciones han terminado. En cuanto a Colombia, espero que después de la aparentemente patriótica reacción al anunciar el retiro del Pacto de Bogotá, el gobierno de Santos recapacite y decida continuar honrando la tradición y el Pacto que lleva su nombre. Ojalá haga un balance de lo que perdería el país al rechazar la decisión y busque alternativas, en el marco de las normas, para proteger a las comunidades afectadas con la decisión de la CIJ. Mi postura puede explicarse quizás porque soy abogada y tengo el hábito de pensar que todo se debe resolver mediante las normas, pero me parece la decisión más inteligente y más honrosa que se puede tomar.
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