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Alberto Peña Kay
Cuidando al Páramo de Santurbán de los daños de la mineria
En la región andina, ecosistemas de alta montaña, llamados páramos, capturan agua de la niebla y la suministran a tierras bajas. Uno de ellos es el páramo de Santurbán, que abastece de agua dulce a más de dos millones de personas en Colombia.
Santurbán, como los otros páramos del continente, también captura grandes cantidades de carbono, siendo así un aliado clave para la mitigación de la crisis climática. Es además refugio para cientos de especies amenazadas, incluyendo al icónico oso de anteojos.
La tierra en y alrededor del páramo contiene oro y otros minerales. Ello ha puesto a Santurbán en la mira de la industria minera multinacional que, por décadas, ha buscado instalar proyectos de gran escala en el ecosistema que amenazan con degradarlo.
El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán —una coalición de personas defensoras ambientales— ha frenado estos intentos continuos, apoyado por AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil.
Antecedentes
El páramo de Santurbán está en medio de la cordillera Oriental de los Andes colombianos, en los departamentos de Santander y Norte de Santander, a una altura que va de los 2.200 a los 4.290 metros sobre el nivel del mar.
Comprende una superficie de 129.743 hectáreas, en las que alberga 57 lagunas. Es hábitat de 457 especies de plantas y de 293 de fauna vertebrada.
En Santurbán existen yacimientos mineros, sobre todo de oro, pero también de plata y cobre. A ello se debe la tradición minera de la región, particularmente en la parte del páramo que está en Santander, en la provincia de Soto Norte. Las comunidades de la zona han construido su cultura e identidad en torno a la extracción de oro, principalmente artesanal y de pequeña escala.
Pero los depósitos de oro en el páramo también han atraído, desde los años 90, a conglomerados mineros extranjeros que han buscado desarrollar proyectos de gran escala. Esto ha generado preocupación en la población que se abastece de las fuentes hídricas de Santurbán, quienes se han movilizado en defensa del agua, el territorio y la vida.
Pese a que normas nacionales e internacionales prohíben la minería en páramos, el gobierno colombiano ha otorgado títulos mineros a empresas transnacionales en Santurbán.
Foto: Keishpixl / Pixabay.
El largo camino de defensa del páramo
Una de las empresas que buscó desarrollar gran minería en Santurbán es Eco Oro Minerals Corp. —antes Greystar Resources—, empresa canadiense que pretendía instalar allí la mina a cielo abierto Angostura para extraer oro y plata. Entre 1994 y 1995, la empresa adquirió sus títulos mineros e hizo exploraciones. Y en 2010 solicitó el permiso de explotación minera.
Fue en ese año cuando AIDA se involucró en la defensa del ecosistema, apoyando al Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. Nuestro trabajo legal contribuyó a que, en mayo de 2011, el gobierno colombiano negara la licencia ambiental a la mina.
En enero de 2013, el gobierno declaró una parte del páramo (11.700 hectáreas) como Parque Natural Regional. Ese año —junto con el comité y organizaciones aliadas—, realizamos una campaña y trabajo de incidencia para que el gobierno reconociera la totalidad de Santurbán como ecosistema de páramo mediante una delimitación con base en criterios científicos. En diciembre de 2014, el Ministerio de Ambiente realizó una delimitación que protegía el 76 % del páramo (98.954 hectáreas).
Por otro lado, fruto de un litigio apoyado por AIDA, en febrero de 2016, el más alto tribunal de Colombia reafirmó que la minería en páramos está prohibida.
Ese mismo año, en diciembre, la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Grupo del Banco Mundial para el sector privado, retiró su inversión en Eco Oro Minerals. Este logro resultó de un proceso iniciado en 2012, cuando el comité —asesorado y acompañado por AIDA y organizaciones internacionales aliadas— presentó un reclamo ante un mecanismo independiente de quejas, el cual concluyó que la inversión de la CFI en el proyecto Angostura no tomó en cuenta los impactos sociales y ambientales del mismo, contradiciendo las políticas internas de la institución financiera.
También en 2016, Eco Oro Minerals presentó una demanda de arbitraje contra el Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) argumentando afectaciones por las decisiones estatales orientadas a la protección de los páramos del país, incluida la delimitación de Santurbán.
En 2017, la Corte Constitucional invalidó la delimitación porque no se consultó a las comunidades afectadas. El alto tribunal ordenó hacer una delimitación participativa.
Y ese año surgió una nueva amenaza para Santurbán cuando la multinacional canadiense Aris Mining solicitó el permiso ambiental para Soto Norte, un proyecto de minería de oro ubicado en las cercanías del páramo. Tras movilizaciones ciudadanas y cuestionamientos técnicos, en octubre de 2020, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales archivó el proyecto.
Foto: Aztlec.
Situación actual
En marzo de 2025, el gobierno colombiano declaró al costado occidental del macizo de Santurbán como zona de reserva temporal de recursos naturales renovables, delimitando y protegiendo un área de 75.344,65 hectáreas. Esto implicó la suspensión por dos años del proyecto Soto Norte. No obstante, continúa vigente el contrato que tiene Aris Mining para formalizar las actividades mineras de pequeña escala de la empresa Calimineros mediante la compra y procesamiento de material mineralizado.
Además, la minera canadiense continúa impulsando el proyecto. En septiembre de 2025, publicó su estudio de prefactibilidad, replanteando el diseño original de la mina.
De otro lado, quienes integran el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán enfrentan amenazas y estigmatización por su labor. En marzo de 2025, Relatorías Especiales y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU denunciaron esos hechos mediante comunicaciones enviadas a los gobiernos de Colombia, Canadá y Emiratos Árabes Unidos; así como a las empresas Aris Mining y MDC Industry Holding Company LLC, antigua copropietaria del proyecto Soto Norte.
En cuanto a la demanda de arbitraje presentada por Eco Oro Minerals, en julio de 2024, el CIADI falló a favor del Estado colombiano y rechazó el reclamo de indemnización por USD 1.100 millones presentado por la empresa canadiense.
Respecto de la delimitación de Santurbán, en julio de 2026, el Ministerio de Ambiente expidió una resolución que introduce el concepto de “delimitación progresiva”. Con esa base, el gobierno propone delimitar progresivamente el páramo, abarcando 29.199 hectáreas en 19 municipios, aquellos donde ya concluyeron los acuerdos participativos exigidos por la Corte Constitucional en su fallo de 2017. Plantea también dos medidas sobre creación y ampliación de reservas para restringir la minería en el ecosistema.
Conoce más de los impactos de la minería en los páramos de América Latina
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Pronunciamiento sobre el asesinato de Dilma Ferreira Silva, lideresa del Movimiento de Afectados por Represas de Brasil
Ante el brutal crimen cometido el 22 de marzo contra una coordinadora del Movimiento de Afectados por Represas de Brasil, las organizaciones de defensa de los derechos humanos y del ambiente, abajo firmantes, hacen un llamado a las autoridades brasileñas y a los organismos multilaterales para garantizar que las obligaciones del Estado relativas a la protección de defensores y defensoras sean implementadas. Con profunda tristeza e indignación, recibimos la noticia de que Dilma Ferreira Silva, coordinadora regional del Movimiento de Afectados por Represas (MAB), juntamente con su esposo Claudionor Costa da Silva y Hilton Lopes, un amigo de la familia, fueron asesinados el viernes 22 de marzo en el estado amazónico de Pará (Brasil). Las tres personas fueron encontradas en su casa con signos de tortura. Dilma Ferreira Silva era una destacada activista y reconocida líder que, durante más de tres décadas, luchó por los derechos de las personas afectadas por Tucuruí, una gran hidroeléctrica construida en el río Tocantins de la Amazonía brasileña durante la dictadura militar, que provocó el desplazamiento de 32 mil personas y graves daños ambientales. Este no es el primer caso de un brutal asesinato perpetrado contra una persona defensora de los derechos humanos en la región de la represa de Tucuruí. En abril de 2009, Raimundo Nonato do Carmo, un dirigente sindical que luchó en nombre de aquellos cuyas vidas fueron arruinadas por la represa de Tucuruí, fue asesinado cuando salía de un supermercado en la calle donde vivía, en el pueblo de Tucuruí, por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta y que le profirieron siete disparos. Dilma dedicó su vida a promover una política nacional que tuviera en cuenta los derechos de las y los afectados por represas, incluyendo un enfoque de género para las mujeres afectadas. Dilma vivía en el asentamiento Salvador Allende, área regularizada en 2012 por el gobierno federal para agricultores familiares como fruto de la movilización del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierras (MST) con apoyo del MAB. Sin embargo, la zona era objeto de interés económico para ganaderos y especuladores que invaden las tierras comunales. Es el caso de Fernando Ferreira Rosa Filho “Fernandinho”, arrestado por la Policía Civil de Pará y encarcelado como el principal sospecho de encomendar el asesinato de Dilma Ferreira, Claudionor Costa da Silva y Hilton Lopes. El asesinato de Dilma Ferreira Silva evidencia la grave situación en que se encuentran las y los defensores de derechos humanos y de la naturaleza en Brasil, que en 2017 fue el país con mayor número de muertes de personas defensoras, registrándose un asesinato cada seis días. La nueva administración del presidente Jair Bolsonaro ha intensificado los intentos de minar la legislación progresiva brasileña sobre la protección ambiental y las garantías de los derechos humanos, especialmente de los pueblos indígenas, quilombolas (descendientes de esclavos africanos), campesinos y otras poblaciones tradicionales. Estos intentos han entrado en conflicto con la propia Constitución Federal de Brasil, aprobada en 1988 durante un periodo de redemocratización después de la dictadura militar. Retroceder en las políticas públicas, junto con declaraciones públicas que incitan a la violencia en áreas conflictivas, está incrementando seriamente los riesgos que enfrentan los defensores y defensoras del ambiente y de los derechos humanos como Dilma Ferreira Silva. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos y del ambiente abajo firmantes expresamos nuestra solidaridad con la familia de Dilma y con el Movimiento de Afectados por Represas. Sin duda, su asesinato es una pérdida enorme para la defensa del ambiente y los derechos humanos en la Amazonía. Apoyamos al Concejo de Derechos Humanos de la ONU en su exigencia de investigaciones completas, independientes e imparciales del asesinato de Dilma Ferreira Silva, así como del castigo ejemplar de los autores materiales e intelectuales de este crimen. 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Business & Human Rights Center 19. Center for International Environmental Law - CIEL 20. CIDSE - International family of Catholic social justice organizations 21. Coalition for Human Rights in Development 22. Colegiado Mar RBMA/Reserva da Biosfera da Mata Atlântica - Grupo Conexão Abrolhos -Trindade 23. Coletivo de Mulheres do Xingu 24. Coletivo de Mulheres Negras de Altamira 25. Comisión Ecumenica de Derechos Humanos 26. Comité Ambiental en Defensa de la Vida 27. Conectas Direitos Humanos 28. Conseil Régional des Organisations Non Gouvernementales de Développement en RDC 29. Conselho Indigenista Missionário - CIMI 30. Corporación SOS Ambiental 31. Crescente Fértil 32. Derecho Ambiente y Recursos Naturales - DAR 33. Derechos Humanos y Medio Ambiente - DHUMA 34. Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno - Perú 35. DKA Austria 36. ECOA - Ecologia e Ação 37. Ecological Center DRONT 38. Ecolur Information NGO 39. Environmental Investigation Agency 40. Fastenopfer Switzerland 41. Focsiv - Federation of Italian Christian NGOs 42. Fórum em Defesa de Altamira 43. Foundation Sami Heritage and Development 44. Frente por uma Nova Política Energética para o Brasil 45. Front Line Defenders 46. Fundação Avina 47. Fundação Grupo ESQUEL 48. Future for Everyone 49. Global Witness 50. Green Dubna 51. Greenpeace Brasil 52. In Difesa Di - per i Diritti Umani e chi li difende 53. Indigenous Peoples Movement for Self-determination and Liberation (IPMSDL) 54. Instituto Igarapé 55. Instituto Terramar 56. Institutos Ethos 57. International Indigenous Fund for Development and Solidarity "Batani" dos EUA 58. International Land Coalition Secretariat 59. International Rivers 60. Katribu Kalipunan ng Katutubong Mamamayan ng Pilipinas (Katribu national alliance of indigenous peoples in the Philippines) 61. Kazan Federal University 62. Latin America Working Group 63. London Mining Network 64. Lumiere Synergie pour le Developpement 65. MAB - Movimento dos Atingidos por Barragens 66. Maryknoll Office for Global Concerns 67. MISEREOR 68. Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLM) 69. Movimento Negro 70. Movimento Paulo Jackson - Ética, Justiça, Cidadania 71. Movimento Tapajós Vivo 72. Movimento Xingu Vivo para Sempre 73. Movimiento de Afectados por Represas de America Latina - MAR 74. O Movimento Nacional das Cidadãs Posithivas (MNCP) 75. ONG Guajiru 76. Oyu Tolgoi Watch 77. Pax Christi - Comisión Solidaridad Un Mundo Alemania 78. Pax Christi Internacional 79. Pax Christi Toronto 80. Projeto Saúde e Alegria 81. Protection International 82. Public Interest law Center (PILC/CHAD) 83. Red de Comités Ambientales del Tolima 84. Red de Género y Medio Ambiente de México 85. REDE GTA 86. Resource Rights Africa da Uganda 87. Rivers without Boundaries - Mongolia 88. Rivers without Boundaries International Coalition 89. SAPÊ - Sociedade Agrense de Proteção Ecológica 90. SCIAF - Scottish Catholic International Aid Fund 91. Serpaj Chile 92. Siberian Environmental Organization 93. Socio-ecological Union International 94. Tatarstan Organization of the All-Russian Society for the Conservation of Nature 95. Terra 1530 96. The Canadian Catholic Organization for Development and Peace/Caritas 97. The Volunteer Movement Save Utrish 98. The Society for Threatened Peoples International STPI - Gesellschaft für bedrohte Völker-International, GfbV-International 99. Toxisphera - Associação de Saúde Ambiental 100. Tutela Legal Maria Julia Hernández 101. Uma Gota no Oceano 102. Uniafro Brasil 103. Washington Office on Latin America - Wola 104. WoMin African Alliance 105. World Wide Fund for Nature – WWF/Brasil
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