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Alberto Peña Kay
Cuidando al Páramo de Santurbán de los daños de la mineria
En la región andina, ecosistemas de alta montaña, llamados páramos, capturan agua de la niebla y la suministran a tierras bajas. Uno de ellos es el páramo de Santurbán, que abastece de agua dulce a más de dos millones de personas en Colombia.
Santurbán, como los otros páramos del continente, también captura grandes cantidades de carbono, siendo así un aliado clave para la mitigación de la crisis climática. Es además refugio para cientos de especies amenazadas, incluyendo al icónico oso de anteojos.
La tierra en y alrededor del páramo contiene oro y otros minerales. Ello ha puesto a Santurbán en la mira de la industria minera multinacional que, por décadas, ha buscado instalar proyectos de gran escala en el ecosistema que amenazan con degradarlo.
El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán —una coalición de personas defensoras ambientales— ha frenado estos intentos continuos, apoyado por AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil.
Antecedentes
El páramo de Santurbán está en medio de la cordillera Oriental de los Andes colombianos, en los departamentos de Santander y Norte de Santander, a una altura que va de los 2.200 a los 4.290 metros sobre el nivel del mar.
Comprende una superficie de 129.743 hectáreas, en las que alberga 57 lagunas. Es hábitat de 457 especies de plantas y de 293 de fauna vertebrada.
En Santurbán existen yacimientos mineros, sobre todo de oro, pero también de plata y cobre. A ello se debe la tradición minera de la región, particularmente en la parte del páramo que está en Santander, en la provincia de Soto Norte. Las comunidades de la zona han construido su cultura e identidad en torno a la extracción de oro, principalmente artesanal y de pequeña escala.
Pero los depósitos de oro en el páramo también han atraído, desde los años 90, a conglomerados mineros extranjeros que han buscado desarrollar proyectos de gran escala. Esto ha generado preocupación en la población que se abastece de las fuentes hídricas de Santurbán, quienes se han movilizado en defensa del agua, el territorio y la vida.
Pese a que normas nacionales e internacionales prohíben la minería en páramos, el gobierno colombiano ha otorgado títulos mineros a empresas transnacionales en Santurbán.
Foto: Keishpixl / Pixabay.
El largo camino de defensa del páramo
Una de las empresas que buscó desarrollar gran minería en Santurbán es Eco Oro Minerals Corp. —antes Greystar Resources—, empresa canadiense que pretendía instalar allí la mina a cielo abierto Angostura para extraer oro y plata. Entre 1994 y 1995, la empresa adquirió sus títulos mineros e hizo exploraciones. Y en 2010 solicitó el permiso de explotación minera.
Fue en ese año cuando AIDA se involucró en la defensa del ecosistema, apoyando al Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. Nuestro trabajo legal contribuyó a que, en mayo de 2011, el gobierno colombiano negara la licencia ambiental a la mina.
En enero de 2013, el gobierno declaró una parte del páramo (11.700 hectáreas) como Parque Natural Regional. Ese año —junto con el comité y organizaciones aliadas—, realizamos una campaña y trabajo de incidencia para que el gobierno reconociera la totalidad de Santurbán como ecosistema de páramo mediante una delimitación con base en criterios científicos. En diciembre de 2014, el Ministerio de Ambiente realizó una delimitación que protegía el 76 % del páramo (98.954 hectáreas).
Por otro lado, fruto de un litigio apoyado por AIDA, en febrero de 2016, el más alto tribunal de Colombia reafirmó que la minería en páramos está prohibida.
Ese mismo año, en diciembre, la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Grupo del Banco Mundial para el sector privado, retiró su inversión en Eco Oro Minerals. Este logro resultó de un proceso iniciado en 2012, cuando el comité —asesorado y acompañado por AIDA y organizaciones internacionales aliadas— presentó un reclamo ante un mecanismo independiente de quejas, el cual concluyó que la inversión de la CFI en el proyecto Angostura no tomó en cuenta los impactos sociales y ambientales del mismo, contradiciendo las políticas internas de la institución financiera.
También en 2016, Eco Oro Minerals presentó una demanda de arbitraje contra el Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) argumentando afectaciones por las decisiones estatales orientadas a la protección de los páramos del país, incluida la delimitación de Santurbán.
En 2017, la Corte Constitucional invalidó la delimitación porque no se consultó a las comunidades afectadas. El alto tribunal ordenó hacer una delimitación participativa.
Y ese año surgió una nueva amenaza para Santurbán cuando la multinacional canadiense Aris Mining solicitó el permiso ambiental para Soto Norte, un proyecto de minería de oro ubicado en las cercanías del páramo. Tras movilizaciones ciudadanas y cuestionamientos técnicos, en octubre de 2020, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales archivó el proyecto.
Foto: Aztlec.
Situación actual
En marzo de 2025, el gobierno colombiano declaró al costado occidental del macizo de Santurbán como zona de reserva temporal de recursos naturales renovables, delimitando y protegiendo un área de 75.344,65 hectáreas. Esto implicó la suspensión por dos años del proyecto Soto Norte. No obstante, continúa vigente el contrato que tiene Aris Mining para formalizar las actividades mineras de pequeña escala de la empresa Calimineros mediante la compra y procesamiento de material mineralizado.
Además, la minera canadiense continúa impulsando el proyecto. En septiembre de 2025, publicó su estudio de prefactibilidad, replanteando el diseño original de la mina.
De otro lado, quienes integran el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán enfrentan amenazas y estigmatización por su labor. En marzo de 2025, Relatorías Especiales y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU denunciaron esos hechos mediante comunicaciones enviadas a los gobiernos de Colombia, Canadá y Emiratos Árabes Unidos; así como a las empresas Aris Mining y MDC Industry Holding Company LLC, antigua copropietaria del proyecto Soto Norte.
En cuanto a la demanda de arbitraje presentada por Eco Oro Minerals, en julio de 2024, el CIADI falló a favor del Estado colombiano y rechazó el reclamo de indemnización por USD 1.100 millones presentado por la empresa canadiense.
Respecto de la delimitación de Santurbán, en julio de 2026, el Ministerio de Ambiente expidió una resolución que introduce el concepto de “delimitación progresiva”. Con esa base, el gobierno propone delimitar progresivamente el páramo, abarcando 29.199 hectáreas en 19 municipios, aquellos donde ya concluyeron los acuerdos participativos exigidos por la Corte Constitucional en su fallo de 2017. Plantea también dos medidas sobre creación y ampliación de reservas para restringir la minería en el ecosistema.
Conoce más de los impactos de la minería en los páramos de América Latina
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AIDA celebra la entrada en vigor del Tratado de Alta Mar e insta a su efectiva implementación
La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) celebra que el Tratado de Alta Mar (Acuerdo BBNJ, por sus siglas en inglés) haya alcanzado las 60 ratificaciones necesarias para activar su entrada en vigor, que ocurrirá el 17 de enero de 2026, lo cual representa un hito histórico para la defensa del océano y el bienestar de millones de personas en América Latina y el mundo. "Desde América Latina, celebramos la entrada en vigor del Tratado de Alta Mar como un hito global que nos acerca a la construcción de una gobernanza del océano más sostenible, equitativa y justa. AIDA también reconoce el papel de los países latinoamericanos defensores del océano que ratificaron el acuerdo, así como la participación de toda la región, desde las negociaciones hasta su entrada en vigor", señaló María José González-Bernat, Directora del Programa de Océano de AIDA. "Seguiremos trabajando con gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, academia, pueblos indígenas y comunidades locales para la aplicación efectiva de este instrumento que busca proteger nuestro futuro", dijo.AIDA ha tenido una participación activa en el proceso, coliderando como parte de la High Seas Alliance las contribuciones de la sociedad civil de América Latina para alcanzar un acuerdo sólido e incorporar en las estrategias de la alianza las realidades, expectativas y desafíos del continente.Además, ha brindado apoyo técnico a las delegaciones de la región para su participación en las sesiones del Comité Preparatorio, instancia de Naciones Unidas que trabaja para avanzar los temas que deberán abordarse en la primera Conferencia de las Partes (COP) del acuerdo, la cual tendrá lugar 120 días después de la entrada en vigor.El Tratado de Alta Mar —nombre corto para el Acuerdo sobre Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ Agreement, por sus siglas en inglés)— plantea, entre otros beneficios, la creación y el manejo adecuado de áreas marinas protegidas en alta mar para conservar y rescatar la rica biodiversidad albergada en el océano.Establece además que cualquier actividad nueva en alta mar está sujeta a evaluaciones de impacto ambiental que incluyan los impactos acumulativos de múltiples actividades en un solo ecosistema.Más allá de la ratificación del tratado, es necesario que todos los países —no solo 60— se adhieran al acuerdo para lograr la gobernanza justa, equitativa y sostenible de la biodiversidad en alta mar. Ello garantizará la implementación efectiva del acuerdo, incluyendo el cumplimiento de sus objetivos de conservación y la participación de los países en sus beneficios.Desde AIDA seguiremos trabajando con un enfoque latinoamericano para asegurar que el Tratado de Alta Mar se traduzca en acciones concretas para la protección y uso sostenible de alta mar, una obligación de todos los gobiernos.Conoce la opinión de los miembros de la High Seas Alliance.Contacto de prensaVíctor Quintanilla, [email protected]
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Pese a la sentencia de la SCJN, autoridades impulsan nuevas obras en el puerto de Veracruz que amenazan arrecifes y ecosistemas terrestres
El Gobierno de México anunció que en septiembre iniciará la construcción de la escollera sur del puerto de Veracruz sobre el arrecife La Gallega, con más de 3 km de extensión. Con esto se sigue incumpliendo lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).El anuncio del avance del proyecto, hecho por la Secretaría de Marina, implica repetir prácticas que violan el derecho a un ambiente sano, al permitir fragmentar la evaluación ambiental y ocultar sus verdaderos impactos.Organizaciones de la sociedad civil exigen una evaluación de impacto ambiental integral, seria e independiente para proteger al Sistema Arrecifal Veracruzano y los ecosistemas costeros.Organizaciones de la sociedad civil advierten que el Gobierno de México insiste en poner en riesgo los ecosistemas costeros y marinos del Golfo de México al avanzar con la ampliación del puerto de Veracruz, fragmentando de nuevo la evaluación ambiental del proyecto, pues el pasado 23 de julio, durante la Mañanera de la presidenta Sheinbaum, el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina, informó que en septiembre próximo iniciarán los trabajos de construcción de la escollera sur, con una longitud de más de 3 kilómetros, actualmente en proceso de licitación.Lo anunciado por el Secretario de Marina implica un grave retroceso, al poner nuevamente en riesgo ecosistemas frágiles como los arrecifes del Sistema Arrecifal Veracruzano —en particular el arrecife La Gallega, así como ecosistemas terrestres aún no identificados, manglares y la biodiversidad marina. También preocupa la falta de información sobre los sitios de extracción de piedra para las obras y el eventual uso de áreas naturales protegidas como bancos de materiales.En marzo de 2022, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el amparo en revisión 54/2022, interpuesto por ciudadanos de Veracruz y organizaciones, dejando sin efecto las autorizaciones ambientales que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) había otorgado desde 2004.La Corte determinó que dichas autorizaciones eran inconstitucionales porque evaluaron el proyecto de manera fragmentada, y sin utilizar la mejor ciencia disponible, vulnerando así el derecho humano a un ambiente sano de las y los veracruzanos. En consecuencia, la SCJN ordenó realizar una nueva evaluación ambiental integral considerando la totalidad del proyecto y de sus impactos sobre arrecifes y humedales en la zona de influencia.La fragmentación de la evaluación ambiental de los proyectos es una estrategia que violenta el derecho a un ambiente sano, pues impide conocer los verdaderos impactos acumulados del proyecto portuario y, con ello, el riesgo ambiental que conlleva. La falta de información y por tanto la falta de evaluación ambiental de los sitios de donde se extraerá la roca representan un nuevo incumplimiento de la sentencia.Ante estas graves omisiones, hacemos un llamado urgente a las autoridades mexicanas a detener las obras y actividades de ampliación del puerto de Veracruz hasta que se realice una evaluación de impacto ambiental holística, integral e independiente conforme a lo ordenado por la Suprema Corte. Solo así se podrá garantizar la protección de los arrecifes, la biodiversidad, los ecosistemas marinos y terrestres y el futuro ambiental de Veracruz.Contactos de [email protected], C. +52 (1) 5584625917Víctor Quintanilla, AIDA, [email protected], +52 (1) 5570522107
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