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Alberto Peña Kay
Cuidando al Páramo de Santurbán de los daños de la mineria
En la región andina, ecosistemas de alta montaña, llamados páramos, capturan agua de la niebla y la suministran a tierras bajas. Uno de ellos es el páramo de Santurbán, que abastece de agua dulce a más de dos millones de personas en Colombia.
Santurbán, como los otros páramos del continente, también captura grandes cantidades de carbono, siendo así un aliado clave para la mitigación de la crisis climática. Es además refugio para cientos de especies amenazadas, incluyendo al icónico oso de anteojos.
La tierra en y alrededor del páramo contiene oro y otros minerales. Ello ha puesto a Santurbán en la mira de la industria minera multinacional que, por décadas, ha buscado instalar proyectos de gran escala en el ecosistema que amenazan con degradarlo.
El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán —una coalición de personas defensoras ambientales— ha frenado estos intentos continuos, apoyado por AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil.
Antecedentes
El páramo de Santurbán está en medio de la cordillera Oriental de los Andes colombianos, en los departamentos de Santander y Norte de Santander, a una altura que va de los 2.200 a los 4.290 metros sobre el nivel del mar.
Comprende una superficie de 129.743 hectáreas, en las que alberga 57 lagunas. Es hábitat de 457 especies de plantas y de 293 de fauna vertebrada.
En Santurbán existen yacimientos mineros, sobre todo de oro, pero también de plata y cobre. A ello se debe la tradición minera de la región, particularmente en la parte del páramo que está en Santander, en la provincia de Soto Norte. Las comunidades de la zona han construido su cultura e identidad en torno a la extracción de oro, principalmente artesanal y de pequeña escala.
Pero los depósitos de oro en el páramo también han atraído, desde los años 90, a conglomerados mineros extranjeros que han buscado desarrollar proyectos de gran escala. Esto ha generado preocupación en la población que se abastece de las fuentes hídricas de Santurbán, quienes se han movilizado en defensa del agua, el territorio y la vida.
Pese a que normas nacionales e internacionales prohíben la minería en páramos, el gobierno colombiano ha otorgado títulos mineros a empresas transnacionales en Santurbán.
Foto: Keishpixl / Pixabay.
El largo camino de defensa del páramo
Una de las empresas que buscó desarrollar gran minería en Santurbán es Eco Oro Minerals Corp. —antes Greystar Resources—, empresa canadiense que pretendía instalar allí la mina a cielo abierto Angostura para extraer oro y plata. Entre 1994 y 1995, la empresa adquirió sus títulos mineros e hizo exploraciones. Y en 2010 solicitó el permiso de explotación minera.
Fue en ese año cuando AIDA se involucró en la defensa del ecosistema, apoyando al Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. Nuestro trabajo legal contribuyó a que, en mayo de 2011, el gobierno colombiano negara la licencia ambiental a la mina.
En enero de 2013, el gobierno declaró una parte del páramo (11.700 hectáreas) como Parque Natural Regional. Ese año —junto con el comité y organizaciones aliadas—, realizamos una campaña y trabajo de incidencia para que el gobierno reconociera la totalidad de Santurbán como ecosistema de páramo mediante una delimitación con base en criterios científicos. En diciembre de 2014, el Ministerio de Ambiente realizó una delimitación que protegía el 76 % del páramo (98.954 hectáreas).
Por otro lado, fruto de un litigio apoyado por AIDA, en febrero de 2016, el más alto tribunal de Colombia reafirmó que la minería en páramos está prohibida.
Ese mismo año, en diciembre, la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Grupo del Banco Mundial para el sector privado, retiró su inversión en Eco Oro Minerals. Este logro resultó de un proceso iniciado en 2012, cuando el comité —asesorado y acompañado por AIDA y organizaciones internacionales aliadas— presentó un reclamo ante un mecanismo independiente de quejas, el cual concluyó que la inversión de la CFI en el proyecto Angostura no tomó en cuenta los impactos sociales y ambientales del mismo, contradiciendo las políticas internas de la institución financiera.
También en 2016, Eco Oro Minerals presentó una demanda de arbitraje contra el Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) argumentando afectaciones por las decisiones estatales orientadas a la protección de los páramos del país, incluida la delimitación de Santurbán.
En 2017, la Corte Constitucional invalidó la delimitación porque no se consultó a las comunidades afectadas. El alto tribunal ordenó hacer una delimitación participativa.
Y ese año surgió una nueva amenaza para Santurbán cuando la multinacional canadiense Aris Mining solicitó el permiso ambiental para Soto Norte, un proyecto de minería de oro ubicado en las cercanías del páramo. Tras movilizaciones ciudadanas y cuestionamientos técnicos, en octubre de 2020, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales archivó el proyecto.
Foto: Aztlec.
Situación actual
En marzo de 2025, el gobierno colombiano declaró al costado occidental del macizo de Santurbán como zona de reserva temporal de recursos naturales renovables, delimitando y protegiendo un área de 75.344,65 hectáreas. Esto implicó la suspensión por dos años del proyecto Soto Norte. No obstante, continúa vigente el contrato que tiene Aris Mining para formalizar las actividades mineras de pequeña escala de la empresa Calimineros mediante la compra y procesamiento de material mineralizado.
Además, la minera canadiense continúa impulsando el proyecto. En septiembre de 2025, publicó su estudio de prefactibilidad, replanteando el diseño original de la mina.
De otro lado, quienes integran el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán enfrentan amenazas y estigmatización por su labor. En marzo de 2025, Relatorías Especiales y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU denunciaron esos hechos mediante comunicaciones enviadas a los gobiernos de Colombia, Canadá y Emiratos Árabes Unidos; así como a las empresas Aris Mining y MDC Industry Holding Company LLC, antigua copropietaria del proyecto Soto Norte.
En cuanto a la demanda de arbitraje presentada por Eco Oro Minerals, en julio de 2024, el CIADI falló a favor del Estado colombiano y rechazó el reclamo de indemnización por USD 1.100 millones presentado por la empresa canadiense.
Respecto de la delimitación de Santurbán, en julio de 2026, el Ministerio de Ambiente expidió una resolución que introduce el concepto de “delimitación progresiva”. Con esa base, el gobierno propone delimitar progresivamente el páramo, abarcando 29.199 hectáreas en 19 municipios, aquellos donde ya concluyeron los acuerdos participativos exigidos por la Corte Constitucional en su fallo de 2017. Plantea también dos medidas sobre creación y ampliación de reservas para restringir la minería en el ecosistema.
Conoce más de los impactos de la minería en los páramos de América Latina
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Recientemente, tuvimos oportunidad de hacer un ejercicio de ciencia ciudadana que nos llevó a reflexiones y aprendizajes sobre cómo aprovechar esta metodología colaborativa y de conocimiento compartido. El conocimiento local como respuesta frente a la degradación ambientalEn abril de 2024, a solicitud de la comunidad maya Poqomam de Santa Cruz Chinautla—una aldea cercana a la capital guatemalteca— Javier Oviedo, científico sénior de AIDA, y Bryslie Cifuentes, abogada de la organización, hicieron una visita de campo para recolectar información y evaluar el problema de contaminación por residuos sólidos que afecta a la comunidad desde hace años.Uno de los objetivos era ubicar vertederos ilegales de basura en las márgenes del río Chinautla. 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Cuando las ciencias están al servicio de la justicia ambiental
Por David Cañas y Mayela Sánchez* La ciencia o más bien las ciencias son el conjunto de sistemas de conocimientos que diferentes grupos sociales han desarrollado a lo largo de la historia para describir los fenómenos de la naturaleza y de las sociedades. Gracias a ellas se han encontrado soluciones a problemas que la humanidad ha enfrentado y hoy, más que nunca, deben responder a crisis globales como la climática, la de contaminación y la de pérdida de biodiversidad.Comprender los procesos ecosistémicos es fundamental para la protección del ambiente y para brindar sustento comprobable y replicable a los fenómenos de la naturaleza y a los impactos de actividades humanas sobre ella. Permite además desarrollar soluciones creativas para su protección y recuperación. Para que las ciencias aporten a la justicia ambiental —concepto enfocado en garantizar que todas las personas disfruten de un ambiente sano— es necesario que el trabajo científico esté en contacto con la realidad de las personas y comunidades afectadas por la degradación ambiental, que habitan o dependen de ecosistemas vulnerables a daños ambientales; que se construya desde la empatía y el respeto por otros saberes; y que busque reducir las asimetrías sociales.En AIDA, las ciencias son un elemento clave de nuestro trabajo pues respaldan y complementan los litigios estratégicos que desarrollamos para proteger el ambiente sano en América Latina. Es a través y gracias a las ciencias que podemos demostrar los impactos al ambiente causados por actividades humanas y exigir rendición de cuentas a quienes resulten responsables. ¿Cómo hacemos ciencia en AIDA?El equipo científico de AIDA es un grupo multidisciplinario de profesionales que se especializan en distintas áreas del conocimiento, entre ellas la geografía, geología, biología, biología marina, oceanografía, antropología y economía.Entre otras cosas, recaban y construyen evidencia científica para fortalecer los argumentos legales de los casos que acompañamos en nuestras distintas líneas de trabajo, que van desde protección del océano y otros ecosistemas clave hasta la defensa de derechos humanos como la salud o el acceso a fuentes de agua potable.El uso estratégico de las ciencias ha estado presente desde que AIDA nació como organización ambiental, hace más de 25 años, con el caso de La Oroya en Perú, donde un grupo de residentes demandó al Estado por la falta de protección frente a décadas de contaminación con metales pesados proveniente de un complejo metalúrgico. Analizamos los reportes de emisiones atmosféricas de la empresa a cargo del complejo, reportes de la calidad del aire en la zona y la capacidad de las estaciones de monitoreo atmosférico cercanas, entre otros datos. Hicimos lo que no se había hecho: conectar los estudios existentes con la realidad de La Oroya. Con ello comprendimos la relevancia del caso y pudimos demostrar el vínculo entre la contaminación y los impactos en la salud de los habitantes de la ciudad. Nuestro análisis, compilado en el informe La Oroya No Espera, sirvió para construir el caso legal y para formular propuestas al Estado peruano de medidas correctivas y preventivas para atender el problema.En 2024, en una decisión que marcó un precedente histórico para la fiscalización de la contaminación industrial por parte de los Estado, la Corte Interamericana de Derechos Humano estableció la responsabilidad del Estado peruano y le ordenó adoptar medidas de reparación integral.Entre los aportes recientes del equipo científico está el análisis geoespacial del Salar del Hombre Muerto, en las provincias argentinas de Catamarca y Salta, para documentar con base en mapas e imágenes satelitales la pérdida de agua en este ecosistema a causa de la minería de litio.Otro ejemplo es el peritaje sobre la contaminación por residuos sólidos en afluentes del río Motagua, en Guatemala, en el que hicimos un registro y caracterización de vertederos ilegales a orillas del río Chinautla. Este trabajo ayudó a que las comunidades afectadas reunieran las pruebas necesarias para el litigio que presentaron contra la municipalidad de Chinautla por la falta de medidas para atender la contaminación en ríos y suelos causada por el manejo inadecuado de residuos sólidos. La ciencia como un derecho Cuando las ciencias están al servicio de la justicia social y ambiental, sus beneficios llegan a todas las personas. Este propósito fue recientemente reivindicado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva 32, en la que reconoce el “derecho a la ciencia” como la posibilidad de todas las personas de disfrutar de los beneficios que resulten de progresos científicos y tecnológicos; así como de tener oportunidades de contribuir a la actividad científica sin discriminación.Además, la Corte reconoció los saberes indígenas, tradicionales y locales como otras formas de conocimiento a la par del científico. Es un reconocimiento de cómo el conocimiento profundo que pueblos indígenas y comunidades locales tienen de su entorno, su cosmovisión basada en el respeto y la interdependencia y su relación espiritual con la naturaleza, han sido fundamentales para la conservación de los ecosistemas.Como organización que utiliza las ciencias como herramienta para la protección del ambiente, creemos en una ciencia que comparta estos principios, es decir una ciencia construida a partir del diálogo de distintas formas de conocimiento, cuyos beneficios sean para todas las personas y que sirva para avanzar hacia la transformación socioecológica que el planeta necesita con urgencia. *David Cañas es el director interino de Ciencias de AIDA; Mayela Sánchez es nuestra especialista en comunidad digital.
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Por David Cañas y Mayela Sánchez* La ciencia o más bien las ciencias son el conjunto de sistemas de conocimientos que diferentes grupos sociales han desarrollado a lo largo de la historia para describir los fenómenos de la naturaleza y de las sociedades. Gracias a ellas se han encontrado soluciones a problemas que la humanidad ha enfrentado y hoy, más que nunca, deben responder a crisis globales como la climática, la de contaminación y la de pérdida de biodiversidad.Comprender los procesos ecosistémicos es fundamental para la protección del ambiente y para brindar sustento comprobable y replicable a los fenómenos de la naturaleza y a los impactos de actividades humanas sobre ella. Permite además desarrollar soluciones creativas para su protección y recuperación. 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