Project

Foto: Alberto Peña Kay

Cuidando al Páramo de Santurbán de los daños de la mineria

En la región andina, bosques y humedales situados a gran altitud, llamados páramos, capturan agua de la niebla y la suministran a tierras bajas. En Colombia, cerca de dos millones de personas dependen del páramo de Santurbán para su provisión de agua.

Los páramos en buen estado capturan además grandes cantidades de carbono, mitigando el cambio climático, y son refugio para cientos de especies amenazadas, incluyendo al icónico ojo de anteojos.

La tierra en y alrededor del páramo de Santurbán contiene oro y otros minerales. Una empresa canadiense, Eco Oro Minerals, quiere construir la mina de oro Angostura, la cual liberaría grandes cantidades de cianuro y arsénico en el agua que viene del páramo.

El trabajo legal de AIDA ayudó a convencer al Gobierno colombiano de:

  • Negar una licencia ambiental a la mina Angostura en mayo de 2011. 
  • Proteger, en 2013, 76 por ciento del páramo de Santurbán de actividades industriales, un porcentaje mayor al propuesto inicialmente.

De otro lado, AIDA, junto con sus socios, abogó para que el Banco Mundial retire su inversión de la mina Angostura, lo que finalmente ocurrió en diciembre de 2016.

Apoyamos también el litigio que condujo a que el más alto tribunal de Colombia reafirmara en febrero de 2016 que la minería en páramos está prohibida.

Sin embargo, 24 por ciento de Santurbán aún está desprotegido porque no fue designado oficialmente como páramo en la delimitación hecha por el gobierno, la cual fue además invalidada por la justicia en noviembre de 2017 porque no se consultó a las comunidades afectadas.

El gobierno debe ahora realizar un nuevo proceso de delimitación en diálogo con la población de la zona. Y las amenazas para Santurbán continúan ya que Eco Oro todavía quiere construir su mina y existe otro proyecto minero que se busca implementar en sus cercanías.

 


Derechos Humanos

Carta de agradecimiento a Monseñor Barreto, Arzobispo de Huancayo, Perú

Estimado Monseñor Barreto, Por medio de la presente, desde la Asociación Interamericana para la Defensa de Ambiente (AIDA), la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y la Escuela de Salud Pública y Justicia Social de la Universidad de Saint Louis Missouri, queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento y admiración por el trabajo que día a día realiza en defensa de los derechos humanos vinculados con la protección de un ambiente sano en América Latina y en particular en La Oroya. En AIDA y APRODEH trabajamos para defender el bienestar de comunidades en situación de desventaja y expuestas a la grave degradación ambiental proveniente en particular de industrias extractivas y de infraestructura. A partir de nuestro trabajo en La Oroya desde hace casi 20 años y actuando en representación de las víctimas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el apoyo científico de la Escuela de Salud Pública y Justicia Social de la Universidad de Saint Louis Missouri, hemos tenido la oportunidad de reunirnos con Usted en diversas ocasiones y conocer de cerca su trabajo comprometido por la salud de sus habitantes. Con ocasión de la presentación de la Carta Encíclica Laudato Si’ del Santo Padre Francisco sobre el cuidado de la casa común, desde AIDA, APRODEH y la Escuela de Salud Pública y Justicia Social de la Universidad de Saint Louis Missouri queremos agradecerle por contribuir, con su trabajo constante, dedicación y valentía en defensa del ambiente y de la población en situación de vulnerabilidad, a este largo proceso para que la Encíclica sea una realidad. Consideramos que la Encíclica es un momento histórico que renueva y le da un gran impulso a nuestro trabajo y a la necesidad de cambios sustanciales en el planeta. Agradecemos además la mención al trabajo de las organizaciones, así como su afán por integrar minería y cuidado del ambiente, inversión y defensa de la dignidad de la persona. Sin más por el momento, nos ponemos a sus órdenes para continuar trabajando conjuntamente en defensa de las personas y el ambiente. Voces como la de Usted son imprescindibles en nuestra región. Siga adelante, Monseñor. 

Leer más

Océanos, Minería

¡Cuidado! La minería propone llevar sus desechos al mar

Por Florencia Ortúzar, abogada de AIDA, y Karol Rodríguez, pasante de AIDA La minería implica un problema grave: la producción de desechos generados por la extracción de mineral. Éstos son acumulados en “relaves mineros”, un conjunto de desechos tóxicos con alto potencial de dañar el ambiente. En Chile ya no quedan espacios en tierra para depositar estos desperdicios y ahora las empresas mineras apuntan a dejarlos en el fondo del mar. La historia nos ha enseñado, a duros golpes, que estos desechos pueden tener efectos nefastos en las comunidades cercanas a los lugares donde son depositados. Por ello su manejo responsable es clave en la minería si queremos un desarrollo económico que traiga más beneficios que problemas. En Chile, los desastres causados por la mala disposición de relaves mineros son cuantiosos. Las empresas mineras se están quedando sin lugares para deshacerse de estos peligrosos subproductos. Nadie los quiere cerca ni lejos de su hogar o comunidad. Depositarlos en zonas alejadas o en zonas áridas con poca biodiversidad no es garantía, porque fenómenos naturales como la lluvia o los aluviones arrastran los contaminantes hasta las comunidades. En ese contexto, a las empresas mineras en Chile se les ocurrió una idea “brillante”: depositar los relaves mineros en el mar, a través de un ducto que llevaría toneladas de residuos a una especie de valle en el fondo marino. El océano: Misteriosa y delicada cuna de vida El océano es uno de los grandes misterios del planeta. De hecho, 95% del fondo marino no ha sido mapeado, lo que significa que conocemos apenas un 5% de él. Podemos decir que hoy se conoce más sobre la superficie lunar que de las profundidades oceánicas. Más aún, los océanos son los ecosistemas más complejos del planeta. Las variables involucradas en su salud y dinámica son infinitas. Por todo lo anterior, es imposible predecir el comportamiento que tendrían los desechos mineros una vez depositados en el fondo del mar. Esta incertidumbre es razón suficiente para aplicar el tan importante Principio Precautorio, clave para prevenir la degradación de la naturaleza por actividades económicas humanas. No sabemos cómo los desechos podrían afectar al tan complejo ecosistema marino, a sus especies y a nosotros, quienes nos nutrimos de la pesca. ¿Cómo podríamos entonces dormir tranquilos mientras un ducto deja caer residuos contaminantes y ciertamente peligrosos? Los efectos del daño ambiental podrían serían amplios e incontrolables, pues una vez que los desechos son liberados en el fondo marino, no hay vuelta atrás. Un taller internacional para discutir la idea Para saber más de esta preocupante iniciativa, dos renombrados ambientalistas chilenos —Juan Pablo Orrego, presidente de Ecosistemas, y Flavia Liberona, directora ejecutiva de la Fundación Terram— asistieron en junio a un taller internacional realizado en Lima, en el cual se discutió la viabilidad de depositar relaves mineros en el mar. El taller fue organizado por el Grupo Conjunto de Expertos Sobre los Aspectos Científicos de la Protección Ambiental Marina y la Organización Marítima Internacional. Consulta aquí el artículo que Orrego escribió sobre el tema. En el taller se conoció que la idea de llevar desperdicios mineros al mar no es nueva. Es algo que ya ocurre en Canadá, Turquía, Papúa Nueva Guinea y en  algunos países africanos como Togo. El Gobierno noruego autorizó hace poco el uso de un fiordo (estrecha entrada de mar) prístino como depósito para los relaves de una mina de rutilo. En el taller, un funcionario del Gobierno de Noruega argumentó la decisión señalando que “el beneficio social de la mina es superior a la destrucción del fiordo”. ¿Según quién? Los partidarios de la propuesta consideran que tirar relaves al mar no conlleva necesariamente un peligro. Afirman que los riesgos son mínimos porque, al no haber oxígeno en el fondo del mar, no se produce el efecto químico que hace que los relaves contaminen cuando están en la superficie. En este sentido, Leonel Sierralta J., ex funcionario del Ministerio de Medio Ambiente de Chile y actual Director Científico de Iniciativas Sustentables para la Minería, escribió una carta abierta en respuesta al artículo de Orrego. En ella expresa que aunque ha habido casos desastrosos de depósitos mineros al mar, también existen casos en los que la iniciativa se ha llevado a cabo en países desarrollados siguiendo criterios ambientales exigentes y basados en la ciencia. Esos argumentos no convencen a quienes se oponen a la propuesta. Es el caso de los cinco senadores chilenos que presentaron un proyecto de ley para prohibir la descarga de relaves en el mar.  Una alternativa: Neutralizar el peligro Orrego propone regular la minería de forma más severa, exigiendo que antes de depositar los relaves, las empresas mineras extraigan de ellos todos los  metales pesados y neutralicen sus químicos. De ese modo sería factible depositar relaves prácticamente inertes en lugares apropiados, tales como antiguos piques mineros (perforaciones verticales profundas). Las empresas tendrían incluso una oportunidad de negocio al extraer y reciclar los elementos peligrosos. La neutralización de los relaves es una alternativa adecuada para no seguir degradando el ambiente. La propuesta es sensata. Es razonable que las actividades económicas riesgosas para el ambiente continúen sólo en la medida en que puedan neutralizar sus impactos. Si generamos más desechos de los que podemos tratar es porque no estamos actuando sosteniblemente, lo que significa, que no estamos asegurando la conservación de un planeta sano para nuestra descendencia. Por ello en AIDA trabajamos a diario para preservar la salud de los ecosistemas frente a la contaminación de actividades como la minería.

Leer más

Pronunciamiento ante los hechos de violencia registrados en La Oroya

La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), como organizaciones dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos y el ambiente, manifestamos nuestra profunda preocupación ante los hechos de violencia que se vienen suscitando en la ciudad de La Oroya, departamento de Junín.   De acuerdo con información de conocimiento público, desde las primeras horas de ayer martes 11 de agosto el paro organizado por los trabajadores del Complejo Metalúrgico de La Oroya propiedad de la empresa Doe Run Perú S.A. conllevó el bloqueo de la Carretera Central, lo que ha producido enfrentamientos entre los manifestantes y efectivos de la Policía Nacional del Perú.  Lo anterior, ha traído como consecuencia el fallecimiento de una persona, el señor Edwar Soto de la Cruz (41) y alrededor de 67 personas heridas, entre ellas, cuatro heridas de bala e identificadas por el propio Ministerio Público como Yimer Bazán Daza (18), Willian Ronald Barja Lara (40), Alan Colca Cotera (23) y Vidal Barzola Vila (52), las mismas que no pueden ser debidamente atendidas, ya que el hospital de ESSALUD de La Oroya ha colapsado por no contar con suficiente personal médico para atender la emergencia. En vista de dicha situación manifestamos que: El derecho a la protesta social es un derecho legítimo que tiene todo ciudadano para ejercer un justo reclamo ante el Estado, no obstante, éste debe de ser ejercido de forma pacífica. El Estado peruano debe garantizar el pleno respeto a la vida e integridad de la población de conformidad con la Constitución Política y sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.  En ese sentido, en su tarea de mantener el orden público, la Policía Nacional del Perú debe respetar el protocolo de intervención policial en conflictos sociales y no puede hacer un uso indiscriminado de la fuerza letal. Información difundida a través los medios de comunicación constata el uso de fuerza letal por parte de la Policía en La Oroya. Exigimos al Poder Ejecutivo la inmediata promulgación de la “Ley que regula el empleo de la fuerza por parte del personal de la Policía Nacional del Perú”, al amparo de las facultades legislativas, norma que permitirá regular el empleo de la fuerza por personal de la Policía Nacional del Perú en cumplimiento de su finalidad constitucional, que es mantener y restablecer el orden interno. Expresamos nuestro rechazo y condenamos todo acto violencia, por lo que hacemos un llamado al diálogo que permita llegar a una solución oportuna y pacífica, evitando de esta manera que el número de víctimas se acreciente con el paso de las horas. Ante el reclamo de parte de los trabajadores del Complejo Metalúrgico de La Oroya de respeto a su derecho al trabajo, el Estado tiene la obligación de atender la demanda social y generar alternativas que además, garanticen los derechos a un ambiente sano, a la vida, a la integridad y a la salud de la población de La Oroya. Finalmente, solicitamos que el Ministerio Público realice una pronta y exhaustiva investigación del uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional y que de manera urgente, el Estado brinde los recursos necesarios al Hospital de ESSALUD de La Oroya a efectos de que pueda atender adecuadamente a las víctimas.

Leer más