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Alberto Peña Kay
Cuidando al Páramo de Santurbán de los daños de la mineria
En la región andina, ecosistemas de alta montaña, llamados páramos, capturan agua de la niebla y la suministran a tierras bajas. Uno de ellos es el páramo de Santurbán, que abastece de agua dulce a más de dos millones de personas en Colombia.
Santurbán, como los otros páramos del continente, también captura grandes cantidades de carbono, siendo así un aliado clave para la mitigación de la crisis climática. Es además refugio para cientos de especies amenazadas, incluyendo al icónico oso de anteojos.
La tierra en y alrededor del páramo contiene oro y otros minerales. Ello ha puesto a Santurbán en la mira de la industria minera multinacional que, por décadas, ha buscado instalar proyectos de gran escala en el ecosistema que amenazan con degradarlo.
El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán —una coalición de personas defensoras ambientales— ha frenado estos intentos continuos, apoyado por AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil.
Antecedentes
El páramo de Santurbán está en medio de la cordillera Oriental de los Andes colombianos, en los departamentos de Santander y Norte de Santander, a una altura que va de los 2.200 a los 4.290 metros sobre el nivel del mar.
Comprende una superficie de 129.743 hectáreas, en las que alberga 57 lagunas. Es hábitat de 457 especies de plantas y de 293 de fauna vertebrada.
En Santurbán existen yacimientos mineros, sobre todo de oro, pero también de plata y cobre. A ello se debe la tradición minera de la región, particularmente en la parte del páramo que está en Santander, en la provincia de Soto Norte. Las comunidades de la zona han construido su cultura e identidad en torno a la extracción de oro, principalmente artesanal y de pequeña escala.
Pero los depósitos de oro en el páramo también han atraído, desde los años 90, a conglomerados mineros extranjeros que han buscado desarrollar proyectos de gran escala. Esto ha generado preocupación en la población que se abastece de las fuentes hídricas de Santurbán, quienes se han movilizado en defensa del agua, el territorio y la vida.
Pese a que normas nacionales e internacionales prohíben la minería en páramos, el gobierno colombiano ha otorgado títulos mineros a empresas transnacionales en Santurbán.
Foto: Keishpixl / Pixabay.
El largo camino de defensa del páramo
Una de las empresas que buscó desarrollar gran minería en Santurbán es Eco Oro Minerals Corp. —antes Greystar Resources—, empresa canadiense que pretendía instalar allí la mina a cielo abierto Angostura para extraer oro y plata. Entre 1994 y 1995, la empresa adquirió sus títulos mineros e hizo exploraciones. Y en 2010 solicitó el permiso de explotación minera.
Fue en ese año cuando AIDA se involucró en la defensa del ecosistema, apoyando al Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. Nuestro trabajo legal contribuyó a que, en mayo de 2011, el gobierno colombiano negara la licencia ambiental a la mina.
En enero de 2013, el gobierno declaró una parte del páramo (11.700 hectáreas) como Parque Natural Regional. Ese año —junto con el comité y organizaciones aliadas—, realizamos una campaña y trabajo de incidencia para que el gobierno reconociera la totalidad de Santurbán como ecosistema de páramo mediante una delimitación con base en criterios científicos. En diciembre de 2014, el Ministerio de Ambiente realizó una delimitación que protegía el 76 % del páramo (98.954 hectáreas).
Por otro lado, fruto de un litigio apoyado por AIDA, en febrero de 2016, el más alto tribunal de Colombia reafirmó que la minería en páramos está prohibida.
Ese mismo año, en diciembre, la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Grupo del Banco Mundial para el sector privado, retiró su inversión en Eco Oro Minerals. Este logro resultó de un proceso iniciado en 2012, cuando el comité —asesorado y acompañado por AIDA y organizaciones internacionales aliadas— presentó un reclamo ante un mecanismo independiente de quejas, el cual concluyó que la inversión de la CFI en el proyecto Angostura no tomó en cuenta los impactos sociales y ambientales del mismo, contradiciendo las políticas internas de la institución financiera.
También en 2016, Eco Oro Minerals presentó una demanda de arbitraje contra el Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) argumentando afectaciones por las decisiones estatales orientadas a la protección de los páramos del país, incluida la delimitación de Santurbán.
En 2017, la Corte Constitucional invalidó la delimitación porque no se consultó a las comunidades afectadas. El alto tribunal ordenó hacer una delimitación participativa.
Y ese año surgió una nueva amenaza para Santurbán cuando la multinacional canadiense Aris Mining solicitó el permiso ambiental para Soto Norte, un proyecto de minería de oro ubicado en las cercanías del páramo. Tras movilizaciones ciudadanas y cuestionamientos técnicos, en octubre de 2020, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales archivó el proyecto.
Foto: Aztlec.
Situación actual
En marzo de 2025, el gobierno colombiano declaró al costado occidental del macizo de Santurbán como zona de reserva temporal de recursos naturales renovables, delimitando y protegiendo un área de 75.344,65 hectáreas. Esto implicó la suspensión por dos años del proyecto Soto Norte. No obstante, continúa vigente el contrato que tiene Aris Mining para formalizar las actividades mineras de pequeña escala de la empresa Calimineros mediante la compra y procesamiento de material mineralizado.
Además, la minera canadiense continúa impulsando el proyecto. En septiembre de 2025, publicó su estudio de prefactibilidad, replanteando el diseño original de la mina.
De otro lado, quienes integran el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán enfrentan amenazas y estigmatización por su labor. En marzo de 2025, Relatorías Especiales y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU denunciaron esos hechos mediante comunicaciones enviadas a los gobiernos de Colombia, Canadá y Emiratos Árabes Unidos; así como a las empresas Aris Mining y MDC Industry Holding Company LLC, antigua copropietaria del proyecto Soto Norte.
En cuanto a la demanda de arbitraje presentada por Eco Oro Minerals, en julio de 2024, el CIADI falló a favor del Estado colombiano y rechazó el reclamo de indemnización por USD 1.100 millones presentado por la empresa canadiense.
Respecto de la delimitación de Santurbán, en julio de 2026, el Ministerio de Ambiente expidió una resolución que introduce el concepto de “delimitación progresiva”. Con esa base, el gobierno propone delimitar progresivamente el páramo, abarcando 29.199 hectáreas en 19 municipios, aquellos donde ya concluyeron los acuerdos participativos exigidos por la Corte Constitucional en su fallo de 2017. Plantea también dos medidas sobre creación y ampliación de reservas para restringir la minería en el ecosistema.
Conoce más de los impactos de la minería en los páramos de América Latina
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Se concluye que las medidas preventivas y de control actuales no han sido suficientes para disminuir la afectación de estos recursos. El avance en el deterioro de las pesquerías es tan rápido que es posible que ocurran nuevos colapsos de pesquerías comerciales en varias regiones del mundo. Por tanto, queda en manos de los tomadores de decisiones, los consumidores y los mismos pescadores implementar medidas más eficientes (presentadas en los siguientes capítulos) para evitar que se repitan situaciones tan graves como los ejemplos que se desarrollan en este capítulo inicial. Capítulo 2. Ordenamiento pesquero En el capítulo se aborda el tema de los ordenamientos pesqueros, cuya existencia en la mayoría de los países es una herramienta importante para controlar las actividades pesqueras, aunque no constituye la única respuesta al declive de las pesquerías. Tras definir el término, se habla de las medidas de ordenación y de su clasificación: técnicas, controles de insumo o esfuerzo y de producto o captura. A continuación, se menciona los planes de ordenación como aquellos que reúnen en un solo instrumento los elementos mencionados anteriormente. Se toca además el contenido de dichos planes, el procedimiento para su diseño y algunos aspectos destacados del mismo. Este capítulo también hace mención a la necesidad de contar con registros actualizados periódicamente de los permisos de pesca otorgados como requisito para un manejo sostenible. Concluye que la apremiante situación de las pesquerías debe obligar a los Estados a ordenarlas para garantizar su recuperación y disponibilidad para las generaciones futuras. Capítulo 3. Control del esfuerzo pesquero Este capítulo describe y analiza de manera puntual los distintos instrumentos regulatorios que se usan para controlar el esfuerzo pesquero en distintas partes del mundo. Éstos incluyen programas para reducir licencias vigentes de barcos, programas para decomisar barcos, programas de reentrenamiento de pescadores, y programas de reducción del tiempo de lance. Asimismo, plantea las medidas que se deben tomar en cuenta para que estos programas cumplan con sus objetivos. De igual manera, incluye ejemplos de programas específicos diseñados e implementados en otros países para que sean de utilidad a quienes estén interesados en el diseño de cualquier programa. Capítulo 4. Control de capturas pesqueras Aquí se estudian las medidas que se implementan para ejercer control sobre las capturas pesqueras. 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Así, se discuten diferentes alternativas de medidas, ejemplificadas con experiencias reales a lo largo del planeta, destacando su éxito o fracaso y extrayendo lecciones aprendidas. Conclusión Lee el Resumen Ejecutivo Agradecimientos Agradecemos a todas las personas que de una u otra forma han contribuido a esta publicación con sus conocimientos y experiencia en el tema. Reconocemos en especial el apoyo de Rolando Castro, miembro de la Junta Directiva de AIDA; Sofía Cortina, Isabel Calle, Samantha Namnum, Gladys Martinez, Sandra Moguel, Florencia Ortúzar, María Giménez, Mónica Ribadeneira, John Kaltenstein y Phil Eager, Haydée Rodríguez, Víctor Quintanilla, Clarissa Castillo, Diego Alvarez, abogados y abogadas expertas en temas de conservación marina; y a todos los pasantes que nos han ayudado a que esto sea posible. Y gracias a Anna Cedestav y Astrid Puentes, Codirectoras Ejecutivas de AIDA.
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Controlando los Contaminantes Climáticos de Vida Corta: Una oportunidad para mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático
El informe revisa la institucionalidad, el marco legislativo y reglamentario, así como los programas gubernamentales vigentes relacionados con el control y monitoreo de los CCVC en tres países estratégicos de América Latina: Brasil, Chile y México. Los contaminantes climáticos de vida corta (CCVC) son agentes atmosféricos que contribuyen al cambio climático y degradan la calidad del aire. Se les llama así porque tienen una vida útil relativamente corta en la atmósfera, de entre algunos días hasta décadas. Se consideran CCVC al carbono negro, al metano (CH4), al ozono troposférico (O3) y a los hidrofluorocarbonos (HFC). De ese modo, la investigación permitirá identificar espacios de oportunidad y posibles vacíos para que los tres países avancen en la mitigación de estos contaminantes. Ello implica beneficios para la lucha contra el cambio climático, así como para la protección de la salud humana y de los ecosistemas. El informe fue elaborado por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), en colaboración con el Instituto de Energia e Meio Ambiente (IEMA) y con la participación del Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) de Argentina, y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), parte de la Red Latinoamericana de Contaminantes Climáticos de Corta Vida (RedRacc).Agradecemos especialmente a Romina Picolotti del Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA); Laura Gallardo y Nicolás Huneeus del Centro del Clima y Resiliencia de la Universidad de Chile; Gianni López del Centro Mario Molina Chile; Gabriela Niño y Giselle García del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Erika Rosenthal de Earthjustice; Sandra Guzmán del Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC); Stela Herschmann del Institute for Governance & Sustainable Development (IGSD); Evangelina Vormitagg del Instituto Saúde e Sustentabilidade de Brasil; Marcelo Mena del Ministerio de Medio Ambiente de Chile; Flavia Liberona y Javiera Valencia de Fundación TERRAM de Chile; Luis Cifuentes de la Universidad Católica de Chile; Maria de Fatima Andrade y Paulo Hilário Nascimento Saldiva de la Universidad de São Paulo; y a Sebastián Tolvett de la Universidad Técnico Metropolitana de Chile, por sus comentarios y apoyo.Lee y descarga el informeLee y descarga el resumen ejecutivo
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