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Alberto Peña Kay
Cuidando al Páramo de Santurbán de los daños de la mineria
En la región andina, ecosistemas de alta montaña, llamados páramos, capturan agua de la niebla y la suministran a tierras bajas. Uno de ellos es el páramo de Santurbán, que abastece de agua dulce a más de dos millones de personas en Colombia.
Santurbán, como los otros páramos del continente, también captura grandes cantidades de carbono, siendo así un aliado clave para la mitigación de la crisis climática. Es además refugio para cientos de especies amenazadas, incluyendo al icónico oso de anteojos.
La tierra en y alrededor del páramo contiene oro y otros minerales. Ello ha puesto a Santurbán en la mira de la industria minera multinacional que, por décadas, ha buscado instalar proyectos de gran escala en el ecosistema que amenazan con degradarlo.
El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán —una coalición de personas defensoras ambientales— ha frenado estos intentos continuos, apoyado por AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil.
Antecedentes
El páramo de Santurbán está en medio de la cordillera Oriental de los Andes colombianos, en los departamentos de Santander y Norte de Santander, a una altura que va de los 2.200 a los 4.290 metros sobre el nivel del mar.
Comprende una superficie de 129.743 hectáreas, en las que alberga 57 lagunas. Es hábitat de 457 especies de plantas y de 293 de fauna vertebrada.
En Santurbán existen yacimientos mineros, sobre todo de oro, pero también de plata y cobre. A ello se debe la tradición minera de la región, particularmente en la parte del páramo que está en Santander, en la provincia de Soto Norte. Las comunidades de la zona han construido su cultura e identidad en torno a la extracción de oro, principalmente artesanal y de pequeña escala.
Pero los depósitos de oro en el páramo también han atraído, desde los años 90, a conglomerados mineros extranjeros que han buscado desarrollar proyectos de gran escala. Esto ha generado preocupación en la población que se abastece de las fuentes hídricas de Santurbán, quienes se han movilizado en defensa del agua, el territorio y la vida.
Pese a que normas nacionales e internacionales prohíben la minería en páramos, el gobierno colombiano ha otorgado títulos mineros a empresas transnacionales en Santurbán.
Foto: Keishpixl / Pixabay.
El largo camino de defensa del páramo
Una de las empresas que buscó desarrollar gran minería en Santurbán es Eco Oro Minerals Corp. —antes Greystar Resources—, empresa canadiense que pretendía instalar allí la mina a cielo abierto Angostura para extraer oro y plata. Entre 1994 y 1995, la empresa adquirió sus títulos mineros e hizo exploraciones. Y en 2010 solicitó el permiso de explotación minera.
Fue en ese año cuando AIDA se involucró en la defensa del ecosistema, apoyando al Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. Nuestro trabajo legal contribuyó a que, en mayo de 2011, el gobierno colombiano negara la licencia ambiental a la mina.
En enero de 2013, el gobierno declaró una parte del páramo (11.700 hectáreas) como Parque Natural Regional. Ese año —junto con el comité y organizaciones aliadas—, realizamos una campaña y trabajo de incidencia para que el gobierno reconociera la totalidad de Santurbán como ecosistema de páramo mediante una delimitación con base en criterios científicos. En diciembre de 2014, el Ministerio de Ambiente realizó una delimitación que protegía el 76 % del páramo (98.954 hectáreas).
Por otro lado, fruto de un litigio apoyado por AIDA, en febrero de 2016, el más alto tribunal de Colombia reafirmó que la minería en páramos está prohibida.
Ese mismo año, en diciembre, la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Grupo del Banco Mundial para el sector privado, retiró su inversión en Eco Oro Minerals. Este logro resultó de un proceso iniciado en 2012, cuando el comité —asesorado y acompañado por AIDA y organizaciones internacionales aliadas— presentó un reclamo ante un mecanismo independiente de quejas, el cual concluyó que la inversión de la CFI en el proyecto Angostura no tomó en cuenta los impactos sociales y ambientales del mismo, contradiciendo las políticas internas de la institución financiera.
También en 2016, Eco Oro Minerals presentó una demanda de arbitraje contra el Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) argumentando afectaciones por las decisiones estatales orientadas a la protección de los páramos del país, incluida la delimitación de Santurbán.
En 2017, la Corte Constitucional invalidó la delimitación porque no se consultó a las comunidades afectadas. El alto tribunal ordenó hacer una delimitación participativa.
Y ese año surgió una nueva amenaza para Santurbán cuando la multinacional canadiense Aris Mining solicitó el permiso ambiental para Soto Norte, un proyecto de minería de oro ubicado en las cercanías del páramo. Tras movilizaciones ciudadanas y cuestionamientos técnicos, en octubre de 2020, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales archivó el proyecto.
Foto: Aztlec.
Situación actual
En marzo de 2025, el gobierno colombiano declaró al costado occidental del macizo de Santurbán como zona de reserva temporal de recursos naturales renovables, delimitando y protegiendo un área de 75.344,65 hectáreas. Esto implicó la suspensión por dos años del proyecto Soto Norte. No obstante, continúa vigente el contrato que tiene Aris Mining para formalizar las actividades mineras de pequeña escala de la empresa Calimineros mediante la compra y procesamiento de material mineralizado.
Además, la minera canadiense continúa impulsando el proyecto. En septiembre de 2025, publicó su estudio de prefactibilidad, replanteando el diseño original de la mina.
De otro lado, quienes integran el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán enfrentan amenazas y estigmatización por su labor. En marzo de 2025, Relatorías Especiales y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU denunciaron esos hechos mediante comunicaciones enviadas a los gobiernos de Colombia, Canadá y Emiratos Árabes Unidos; así como a las empresas Aris Mining y MDC Industry Holding Company LLC, antigua copropietaria del proyecto Soto Norte.
En cuanto a la demanda de arbitraje presentada por Eco Oro Minerals, en julio de 2024, el CIADI falló a favor del Estado colombiano y rechazó el reclamo de indemnización por USD 1.100 millones presentado por la empresa canadiense.
Respecto de la delimitación de Santurbán, en julio de 2026, el Ministerio de Ambiente expidió una resolución que introduce el concepto de “delimitación progresiva”. Con esa base, el gobierno propone delimitar progresivamente el páramo, abarcando 29.199 hectáreas en 19 municipios, aquellos donde ya concluyeron los acuerdos participativos exigidos por la Corte Constitucional en su fallo de 2017. Plantea también dos medidas sobre creación y ampliación de reservas para restringir la minería en el ecosistema.
Conoce más de los impactos de la minería en los páramos de América Latina
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Día Internacional de los Derechos Humanos en la COP21
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Alianza Latinoamericana frente al Fracking; “Avance ciego del fracking en América Latina” (infografía), septiembre de 2015. Ver en: http://www.opsur.org.ar/blog/2015/09/04/mapa-del-fracking-en-america-latina-2/ [4] Cfr. OPSur “Alto Valle Perforado” (Ed. Jinete Insomne, 2015) [5] Cfr. Pablo Bertinat et al; “20 Mitos y Realidades del Fracking”; 2014. Ver en: http://www.rosalux.org.ec/attachments/article/819/20_Mitos_LIBRO_FRL_PRINT.pdf [6] Cfr. Alianza Latinoamericana frente al Fracking, “Avance ciego del fracking en América Latina” (infografía), septiembre de 2015. Ver en: http://www.opsur.org.ar/blog/2015/09/04/mapa-del-fracking-en-america-latina-2/
Leer másUn enfoque de derechos humanos para abordar el cambio climático
Por María José Veramendi Villa, abogada sénior de AIDA, y Camila Bustos, investigadora de Nivela Unos cuantos días antes del inicio de las negociaciones climáticas en París, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos envió a la 21ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático un documento oficial sobre “entender los derechos humanos y el cambio climático”. Para muchos, la relación entre ambos aún no es clara. ¿No existen ya otros acuerdos internacionales que abordan este tema en profundidad? ¿Cuál es el punto de incluir un lenguaje de derechos humanos en un acuerdo sobre cambio climático? El vínculo entre derechos humanos y cambio climático ha sido reconocido hace mucho tiempo por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el cual ha aprobado varias resoluciones para llamar la atención sobre este asunto. Varios países ya están sintiendo los impactos del cambio climático: aumento del nivel del mar, sequías, sucesos climáticos extremos e inundaciones, entre otros desastres, son cada vez más comunes. América Latina y el Caribe es una de las regiones más vulnerables al cambio climático. A lo largo del continente, personas y comunidades están sufriendo impactos devastadores como el derretimiento de glaciares en los Andes, el aumento de los niveles del mar y la acidificación del océano. Muchos enfrentan el riesgo de perder sus modos de vida tradicionales y ser desplazados. Los impactos del cambio climático en el disfrute de los derechos humanos en América Latina han sido ampliamente documentados por la AIDA en su informe de 2011. Uno de los efectos más dramáticos es la reducción drástica del agua en la región. Para el 2025, el derretimiento de los glaciares, la degradación de los humedales, las sequías intensas y los patrones meteorológicos erráticos limitar el acceso al agua de más de 50 millones de personas en la región Andina tropical. Otros efectos anticipados incluyen inundaciones y cambios en los patrones de lluvia. En Colombia, las inundaciones afectan a más de 2,2 millones de personas y, solo en 2010, generaron pérdidas por 300 millones de dólares. Respecto de la transición a una economía resiliente y baja en carbono, los países ya están trabajando para diseñar e implementar proyectos que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero y protejan a los ciudadanos de los impactos del cambio climático. Hacer referencia a los derechos humanos en la sección operativa del acuerdo puede garantizar que los mismos sean tomados en cuenta en el proceso de desarrollo e implementación de políticas climáticas. Esa referencia permitiría: Fortalecer el acuerdo y hacerlo más ambicioso, promoviendo que la implementación del mismo garantice que los Estados partes cumplan sus obligaciones ya existentes en materia de derechos humanos. Apoyar los objetivos del acuerdo al prevenir la discriminación, exclusión y desigualdad. Las comunidades afectadas tienen que tener voz y voto en las políticas y proyectos destinados a ayudarlas. Evitar la creación de obligaciones adicionales, pero asegurar coherencia en el régimen internacional. Los Estados partes ya están obligados a cumplir con otros instrumentos de derechos humanos, incluyendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A medida que el mundo vuelca su atención en París, no podemos olvidarnos de humanizar el cambio climático. Debemos recordar que aquello que contribuyeron menos al problema son y continuarán siendo los más afectados. Si queremos asegurar un planeta habitable para las generaciones futuras, el nuevo acuerdo climático debe incluir el respeto, protección, promoción y cumplimiento de los derechos humanos. Exhortamos a todos los Estados partes, y especialmente a aquellos de América Latina, a que apoyen la inclusión de protecciones de los derechos humanos en el acuerdo.
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