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Alberto Peña Kay
Cuidando al Páramo de Santurbán de los daños de la mineria
En la región andina, ecosistemas de alta montaña, llamados páramos, capturan agua de la niebla y la suministran a tierras bajas. Uno de ellos es el páramo de Santurbán, que abastece de agua dulce a más de dos millones de personas en Colombia.
Santurbán, como los otros páramos del continente, también captura grandes cantidades de carbono, siendo así un aliado clave para la mitigación de la crisis climática. Es además refugio para cientos de especies amenazadas, incluyendo al icónico oso de anteojos.
La tierra en y alrededor del páramo contiene oro y otros minerales. Ello ha puesto a Santurbán en la mira de la industria minera multinacional que, por décadas, ha buscado instalar proyectos de gran escala en el ecosistema que amenazan con degradarlo.
El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán —una coalición de personas defensoras ambientales— ha frenado estos intentos continuos, apoyado por AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil.
Antecedentes
El páramo de Santurbán está en medio de la cordillera Oriental de los Andes colombianos, en los departamentos de Santander y Norte de Santander, a una altura que va de los 2.200 a los 4.290 metros sobre el nivel del mar.
Comprende una superficie de 129.743 hectáreas, en las que alberga 57 lagunas. Es hábitat de 457 especies de plantas y de 293 de fauna vertebrada.
En Santurbán existen yacimientos mineros, sobre todo de oro, pero también de plata y cobre. A ello se debe la tradición minera de la región, particularmente en la parte del páramo que está en Santander, en la provincia de Soto Norte. Las comunidades de la zona han construido su cultura e identidad en torno a la extracción de oro, principalmente artesanal y de pequeña escala.
Pero los depósitos de oro en el páramo también han atraído, desde los años 90, a conglomerados mineros extranjeros que han buscado desarrollar proyectos de gran escala. Esto ha generado preocupación en la población que se abastece de las fuentes hídricas de Santurbán, quienes se han movilizado en defensa del agua, el territorio y la vida.
Pese a que normas nacionales e internacionales prohíben la minería en páramos, el gobierno colombiano ha otorgado títulos mineros a empresas transnacionales en Santurbán.
Foto: Keishpixl / Pixabay.
El largo camino de defensa del páramo
Una de las empresas que buscó desarrollar gran minería en Santurbán es Eco Oro Minerals Corp. —antes Greystar Resources—, empresa canadiense que pretendía instalar allí la mina a cielo abierto Angostura para extraer oro y plata. Entre 1994 y 1995, la empresa adquirió sus títulos mineros e hizo exploraciones. Y en 2010 solicitó el permiso de explotación minera.
Fue en ese año cuando AIDA se involucró en la defensa del ecosistema, apoyando al Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. Nuestro trabajo legal contribuyó a que, en mayo de 2011, el gobierno colombiano negara la licencia ambiental a la mina.
En enero de 2013, el gobierno declaró una parte del páramo (11.700 hectáreas) como Parque Natural Regional. Ese año —junto con el comité y organizaciones aliadas—, realizamos una campaña y trabajo de incidencia para que el gobierno reconociera la totalidad de Santurbán como ecosistema de páramo mediante una delimitación con base en criterios científicos. En diciembre de 2014, el Ministerio de Ambiente realizó una delimitación que protegía el 76 % del páramo (98.954 hectáreas).
Por otro lado, fruto de un litigio apoyado por AIDA, en febrero de 2016, el más alto tribunal de Colombia reafirmó que la minería en páramos está prohibida.
Ese mismo año, en diciembre, la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Grupo del Banco Mundial para el sector privado, retiró su inversión en Eco Oro Minerals. Este logro resultó de un proceso iniciado en 2012, cuando el comité —asesorado y acompañado por AIDA y organizaciones internacionales aliadas— presentó un reclamo ante un mecanismo independiente de quejas, el cual concluyó que la inversión de la CFI en el proyecto Angostura no tomó en cuenta los impactos sociales y ambientales del mismo, contradiciendo las políticas internas de la institución financiera.
También en 2016, Eco Oro Minerals presentó una demanda de arbitraje contra el Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) argumentando afectaciones por las decisiones estatales orientadas a la protección de los páramos del país, incluida la delimitación de Santurbán.
En 2017, la Corte Constitucional invalidó la delimitación porque no se consultó a las comunidades afectadas. El alto tribunal ordenó hacer una delimitación participativa.
Y ese año surgió una nueva amenaza para Santurbán cuando la multinacional canadiense Aris Mining solicitó el permiso ambiental para Soto Norte, un proyecto de minería de oro ubicado en las cercanías del páramo. Tras movilizaciones ciudadanas y cuestionamientos técnicos, en octubre de 2020, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales archivó el proyecto.
Foto: Aztlec.
Situación actual
En marzo de 2025, el gobierno colombiano declaró al costado occidental del macizo de Santurbán como zona de reserva temporal de recursos naturales renovables, delimitando y protegiendo un área de 75.344,65 hectáreas. Esto implicó la suspensión por dos años del proyecto Soto Norte. No obstante, continúa vigente el contrato que tiene Aris Mining para formalizar las actividades mineras de pequeña escala de la empresa Calimineros mediante la compra y procesamiento de material mineralizado.
Además, la minera canadiense continúa impulsando el proyecto. En septiembre de 2025, publicó su estudio de prefactibilidad, replanteando el diseño original de la mina.
De otro lado, quienes integran el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán enfrentan amenazas y estigmatización por su labor. En marzo de 2025, Relatorías Especiales y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU denunciaron esos hechos mediante comunicaciones enviadas a los gobiernos de Colombia, Canadá y Emiratos Árabes Unidos; así como a las empresas Aris Mining y MDC Industry Holding Company LLC, antigua copropietaria del proyecto Soto Norte.
En cuanto a la demanda de arbitraje presentada por Eco Oro Minerals, en julio de 2024, el CIADI falló a favor del Estado colombiano y rechazó el reclamo de indemnización por USD 1.100 millones presentado por la empresa canadiense.
Respecto de la delimitación de Santurbán, en julio de 2026, el Ministerio de Ambiente expidió una resolución que introduce el concepto de “delimitación progresiva”. Con esa base, el gobierno propone delimitar progresivamente el páramo, abarcando 29.199 hectáreas en 19 municipios, aquellos donde ya concluyeron los acuerdos participativos exigidos por la Corte Constitucional en su fallo de 2017. Plantea también dos medidas sobre creación y ampliación de reservas para restringir la minería en el ecosistema.
Conoce más de los impactos de la minería en los páramos de América Latina
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5 Recomendaciones para Integrar la Acción Climática en el Sector Financiero
Esta entrada fue elaborada en colaboración con Andrea Rodríguez, abogada sénior del Programa de Cambio Climático de AIDA. Durante las negociaciones climáticas de París, tuve el honor de participar en un panel sobre el clima y el sector financiero. Discutimos la importancia de asegurar que la lucha contra el cambio climático sea integrada de manera consciente en todas las decisiones financieras. El financiamiento es uno de los desafíos principales que ha retrasado, a nivel mundial, un progreso efectivo con relación al cambio climático. Ello se debe a que muchos países no tienen los recursos que necesitan y aquellos que los tienen no han contribuido en la medida que deberían. Actualmente, las instituciones financieras no están otorgando el financiamiento suficiente para combatir el cambio climático. De hecho, la mayoría de los recursos mundiales aún son invertidos en combustible fósiles o en otras actividades que tienen impactos negativos en el clima. AIDA ha estado abogando en los niveles más altos por un financiamiento climático más efectivo y que dure más de cinco años. Nos hemos enfocado en asegurar que la asignación de financiamiento climático sea transparente, participativa, respetuosa de los derechos humanos, y sensible a las necesidades del Sur Global. Hemos abogado por la inclusión y cumplimiento de esos principios ante instituciones financieras nacionales e internacionales, así como ante un nuevo mecanismo global: el Fondo Verde del Clima. Para avanzar en la discusión, AIDA solicitó un evento paralelo en las negociaciones climáticas de París. Resultó que, simultáneamente, una institución financiera regional solicitó un evento paralelo para presentar sus principios voluntarios para integrar el cambio climático dentro del sector financiero. Dado que existen cientos de solicitudes para eventos paralelos y un espacio limitado, el Secretariado de la Convención fusionó los dos eventos. Es así como AIDA coorganizó un evento junto con una coalición de instituciones financieras. Aunque las instituciones no habían planeado incluir comentarios de la sociedad civil en su presentación, estuvieron de acuerdo en colaborar. Este giro del destino creó una gran oportunidad para que las instituciones presenten sus principios, y para que nosotros demos una retroalimentación temprana desde el punto de vista de la sociedad civil. Veinte y seis instituciones han apoyado los principios voluntarios hasta ahora, incluyendo el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el Banco Europeo de Inversiones, el Grupo del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Los Cinco Principios Voluntarios descritos por las instituciones son: COMPROMETERSE con estrategias climáticas. MANEJAR riesgos climáticos. PROMOVER objetivos climáticos inteligentes. MEJORAR el desempeño climático. DAR CUENTA de tu acción climática. Una evaluación inicial No es mi intención, en este momento, hacer un análisis exhaustivo de los principios. Mi objetivo por ahora es simplemente asegurar que los principios sean conocidos, y compartir un análisis preliminar, incluyendo observaciones iniciales y las cinco recomendaciones que presenté en el panel del evento. Como organización de la sociedad civil, AIDA celebra las iniciativas destinadas a avanzar en la acción climática, la rendición de cuentas y la participación. Por tanto, consideramos que los principios voluntarios son una iniciativa positiva del sector financiero, y un buen lugar desde el cual empezar a buscar formas concretas para que éste integre plenamente el cambio climático en sus actividades. Consideramos que la incorporación del financiamiento climático es un proceso continuo y vemos estos principios como un elemento más del mismo. Desde la perspectiva de AIDA, los principios en realidad beneficiarán al sector y ayudarán a disminuir los riesgos financieros y de otro tipo en las instituciones financieras. De ser implementados efectivamente, los principios pueden ayudar a incrementar las acciones climáticas, protegiendo a comunidades y ecosistemas, y a luchar contra la pobreza y la desigualdad, dos de los retos más importantes que el mundo enfrenta. Dicho esto, mejorar el acceso a la información es fundamental para asegurar que los principios impacten positivamente en el cambio climático. Información esencial debe estar públicamente disponible, incluyendo la cantidad de recursos, los tipos de actividad o sectores, y los proyectos en los cuales las instituciones financieras están invirtiendo. 5 Recomendaciones para una mejor integración 1. Incluir una perspectiva de derechos humanos e incorporar evaluaciones de riesgo social Las inversiones financieras que no incorporan las perspectivas social y de derechos humanos pueden contribuir a violaciones de derechos humanos y tener impactos severos en comunidades. Además de las consecuencias que tales inversiones tienen en las personas, éstas se convierten en un riesgo financiero para la institución. Incorporar una perspectiva de derechos humanos en las evaluaciones de riesgo puede ayudar también a avanzar en las metas relacionadas con la luchas contra la pobreza y la desigualdad, aplicables particularmente a las entidades financieras públicas. 2. Definir conceptos comunes Conceptos como desarrollo sostenible, cambio climático y financiamiento climático pueden interpretarse muy ampliamente y generar confusión. 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Está bien que las instituciones financieras resaltaran la necesidad de evitar la duplicación e incorporar las lecciones aprendidas. Sin embargo, para asegurar que los principios sean tan efectivos como sea posible, es importante también incorporar experiencias de mecanismos de rendición de cuentas existentes, así como la aplicación de salvaguardas. La iniciativa actual considera un grupo de planificación que, según entendemos, no ha sido creado, aunque existe la sugerencia de cómo debería estar conformado. En línea con la intención de las instituciones de incluir a otros actores interesados, este grupo de planificación debería involucrar a participantes ajenos al sector financiero para incrementar el impacto de las inversiones. El plan de trabajo debería incluir mecanismos efectivos para medir el avance, y ser lo suficientemente flexible para hacer la mejoras necesarias. Debería ser visto como un proceso dinámico que incorpore las lecciones aprendidas, y no como un mandato rígido. 4. Sumarse a la oportunidad que las economías bajas en carbono representan El sector financiero tiene un rol único que desempeñar en el fomento de acciones climáticas, ayudando a sus clientes a evitar el mismo y anticuado desarrollo de uso intensivo de carbono. Las instituciones financieras tienen el poder de dejar atrás este tipo de desarrollo e implementar soluciones reales y efectivas para el siglo 21. Pueden ser proactivas y fortalecer la capacidad de otros actores interesados en integrar plenamente estrategias climáticas en sus operaciones. El sector financiero se desarrolla naturalmente en la asunción del riesgo y la innovación. Las economías bajas en carbono representan una oportunidad importante de crecimiento. 5. Aumentar la rendición de cuentas En el panel se planteó la cuestión de si los principios deberían o no ser vinculantes. Si hay una voluntad fuerte de implementar los principios y mecanismos adecuados para medir los avances y hacer ajustes, tener un acuerdo vinculante no es el aspecto más importante. La rendición de cuentas es clave en este proceso y de ahí la importancia del Principio Cinco. El cambio climático es la amenaza más importante para la raza humana. Es un asunto urgente que impacta más profundamente en las poblaciones más vulnerables del mundo. No hay más tiempo que perder. Acciones efectivas deben seguir siendo implementadas y el sector financiero tiene una oportunidad importante de contribuir a las soluciones y no al problema. Es tiempo de que las instituciones financieras de todo el mundo pasen de las palabras a los hechos: es hora de que se comprometan seriamente a combatir el cambio climático y que empiecen a mostrar resultados. Para nosotros, como miembros de la sociedad civil, la oportunidad de sentarnos al lado de los representantes cuando presentaron públicamente sus cinco principios, fue un comienzo interesante. Ahora tenemos que dar seguimiento para que las instituciones financieras pongan en práctica estos principios, especialmente el Principio 5: rendir cuentas. Tener como base estos comentarios, y contar con recomendaciones de otros actores interesados en este ámbito, será un importante segundo paso.
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