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Alberto Peña Kay
Cuidando al Páramo de Santurbán de los daños de la mineria
En la región andina, ecosistemas de alta montaña, llamados páramos, capturan agua de la niebla y la suministran a tierras bajas. Uno de ellos es el páramo de Santurbán, que abastece de agua dulce a más de dos millones de personas en Colombia.
Santurbán, como los otros páramos del continente, también captura grandes cantidades de carbono, siendo así un aliado clave para la mitigación de la crisis climática. Es además refugio para cientos de especies amenazadas, incluyendo al icónico oso de anteojos.
La tierra en y alrededor del páramo contiene oro y otros minerales. Ello ha puesto a Santurbán en la mira de la industria minera multinacional que, por décadas, ha buscado instalar proyectos de gran escala en el ecosistema que amenazan con degradarlo.
El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán —una coalición de personas defensoras ambientales— ha frenado estos intentos continuos, apoyado por AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil.
Antecedentes
El páramo de Santurbán está en medio de la cordillera Oriental de los Andes colombianos, en los departamentos de Santander y Norte de Santander, a una altura que va de los 2.200 a los 4.290 metros sobre el nivel del mar.
Comprende una superficie de 129.743 hectáreas, en las que alberga 57 lagunas. Es hábitat de 457 especies de plantas y de 293 de fauna vertebrada.
En Santurbán existen yacimientos mineros, sobre todo de oro, pero también de plata y cobre. A ello se debe la tradición minera de la región, particularmente en la parte del páramo que está en Santander, en la provincia de Soto Norte. Las comunidades de la zona han construido su cultura e identidad en torno a la extracción de oro, principalmente artesanal y de pequeña escala.
Pero los depósitos de oro en el páramo también han atraído, desde los años 90, a conglomerados mineros extranjeros que han buscado desarrollar proyectos de gran escala. Esto ha generado preocupación en la población que se abastece de las fuentes hídricas de Santurbán, quienes se han movilizado en defensa del agua, el territorio y la vida.
Pese a que normas nacionales e internacionales prohíben la minería en páramos, el gobierno colombiano ha otorgado títulos mineros a empresas transnacionales en Santurbán.
Foto: Keishpixl / Pixabay.
El largo camino de defensa del páramo
Una de las empresas que buscó desarrollar gran minería en Santurbán es Eco Oro Minerals Corp. —antes Greystar Resources—, empresa canadiense que pretendía instalar allí la mina a cielo abierto Angostura para extraer oro y plata. Entre 1994 y 1995, la empresa adquirió sus títulos mineros e hizo exploraciones. Y en 2010 solicitó el permiso de explotación minera.
Fue en ese año cuando AIDA se involucró en la defensa del ecosistema, apoyando al Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. Nuestro trabajo legal contribuyó a que, en mayo de 2011, el gobierno colombiano negara la licencia ambiental a la mina.
En enero de 2013, el gobierno declaró una parte del páramo (11.700 hectáreas) como Parque Natural Regional. Ese año —junto con el comité y organizaciones aliadas—, realizamos una campaña y trabajo de incidencia para que el gobierno reconociera la totalidad de Santurbán como ecosistema de páramo mediante una delimitación con base en criterios científicos. En diciembre de 2014, el Ministerio de Ambiente realizó una delimitación que protegía el 76 % del páramo (98.954 hectáreas).
Por otro lado, fruto de un litigio apoyado por AIDA, en febrero de 2016, el más alto tribunal de Colombia reafirmó que la minería en páramos está prohibida.
Ese mismo año, en diciembre, la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Grupo del Banco Mundial para el sector privado, retiró su inversión en Eco Oro Minerals. Este logro resultó de un proceso iniciado en 2012, cuando el comité —asesorado y acompañado por AIDA y organizaciones internacionales aliadas— presentó un reclamo ante un mecanismo independiente de quejas, el cual concluyó que la inversión de la CFI en el proyecto Angostura no tomó en cuenta los impactos sociales y ambientales del mismo, contradiciendo las políticas internas de la institución financiera.
También en 2016, Eco Oro Minerals presentó una demanda de arbitraje contra el Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) argumentando afectaciones por las decisiones estatales orientadas a la protección de los páramos del país, incluida la delimitación de Santurbán.
En 2017, la Corte Constitucional invalidó la delimitación porque no se consultó a las comunidades afectadas. El alto tribunal ordenó hacer una delimitación participativa.
Y ese año surgió una nueva amenaza para Santurbán cuando la multinacional canadiense Aris Mining solicitó el permiso ambiental para Soto Norte, un proyecto de minería de oro ubicado en las cercanías del páramo. Tras movilizaciones ciudadanas y cuestionamientos técnicos, en octubre de 2020, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales archivó el proyecto.
Foto: Aztlec.
Situación actual
En marzo de 2025, el gobierno colombiano declaró al costado occidental del macizo de Santurbán como zona de reserva temporal de recursos naturales renovables, delimitando y protegiendo un área de 75.344,65 hectáreas. Esto implicó la suspensión por dos años del proyecto Soto Norte. No obstante, continúa vigente el contrato que tiene Aris Mining para formalizar las actividades mineras de pequeña escala de la empresa Calimineros mediante la compra y procesamiento de material mineralizado.
Además, la minera canadiense continúa impulsando el proyecto. En septiembre de 2025, publicó su estudio de prefactibilidad, replanteando el diseño original de la mina.
De otro lado, quienes integran el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán enfrentan amenazas y estigmatización por su labor. En marzo de 2025, Relatorías Especiales y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU denunciaron esos hechos mediante comunicaciones enviadas a los gobiernos de Colombia, Canadá y Emiratos Árabes Unidos; así como a las empresas Aris Mining y MDC Industry Holding Company LLC, antigua copropietaria del proyecto Soto Norte.
En cuanto a la demanda de arbitraje presentada por Eco Oro Minerals, en julio de 2024, el CIADI falló a favor del Estado colombiano y rechazó el reclamo de indemnización por USD 1.100 millones presentado por la empresa canadiense.
Respecto de la delimitación de Santurbán, en julio de 2026, el Ministerio de Ambiente expidió una resolución que introduce el concepto de “delimitación progresiva”. Con esa base, el gobierno propone delimitar progresivamente el páramo, abarcando 29.199 hectáreas en 19 municipios, aquellos donde ya concluyeron los acuerdos participativos exigidos por la Corte Constitucional en su fallo de 2017. Plantea también dos medidas sobre creación y ampliación de reservas para restringir la minería en el ecosistema.
Conoce más de los impactos de la minería en los páramos de América Latina
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ONG celebran la suspensión de las fumigaciones aéreas con glifosato como avance en la protección del ambiente y la salud en Colombia
Resaltan la aplicación del principio de precaución en la resolución por la cual la Agencia Nacional de Licencias Ambientales suspendió las fumigaciones. Piden permanecer alertas ante la amenaza del uso manual del glifosato o su reemplazo con otro químico nocivo. Bogotá, Colombia. Organizaciones de la sociedad civil celebran por fin la suspensión temporal y con carácter preventivo de las fumigaciones aéreas con glifosato como avance en la protección de la salud pública y del derecho a un ambiente sano en el país. Destacan que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) aplicara el principio de precaución en la resolución por la cual ordenó la suspensión de una técnica empleada por más de dos décadas para erradicar cultivos de coca y amapola de uso ilícito. El 29 de mayo, el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) decidió suspender las fumigaciones con glifosato (Resolución 006). Para que la medida se hiciera efectiva, la ANLA debía suspender o revocar el Plan de Manejo Ambiental del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión Aérea con Glifosato (PECIG), lo que ocurrió con la Resolución 1214 del pasado 30 de septiembre. La resolución está fundamentada en el principio de precaución y sigue las recomendaciones del Ministerio de Salud y el CNE, instancias que en su momento se basaron en el dictamen de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, el cual concluye que el glifosato es “probablemente cancerígeno para humanos”. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) considera que la aplicación del principio de precaución es un progreso en el derecho ambiental colombiano. “Hoy por fin podemos celebrar la suspensión de las fumigaciones, después de décadas de evidenciar daños en la salud, el ambiente, así como la ineficacia del programa”, dijo Astrid Puentes Riaño, codirectora de AIDA. Para Yamile Salinas Abdala, investigadora del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), “es necesario llamar la atención sobre la facultad que otorga la ANLA al CNE de reanudar las fumigaciones con glifosato y emplear otros herbicidas, bajo ciertas condiciones y previo concepto de las autoridades competentes, sin detallar cuáles son esas autoridades”. Por su lado, Pedro Arenas, coordinador Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos, señaló: “Ante la decisión del Presidente de la República y del CNE, era insostenible seguir asperjando glifosato. Sin embargo, es inexplicable que el Director de la Policía colombiana quiera seguir usándolo por medios manuales y que el Ministerio de Defensa amenace con reemplazarlo por otra molécula para seguir con la fumigación aérea; por eso debemos permanecer alertas.” En mayo, AIDA e INDEPAZ entregaron al Ministerio de Justicia de Colombia casi 25,000 firmas a una petición lanzada en la plataforma de internet Change.org para solicitar el fin de las fumigaciones aéreas con glifosato en Colombia. Ese mes, 10 organizaciones sociales (WOLA, LAWG, AIDA, CINEP, CCJ, Grupo Semillas, Planeta Paz, Mamacoca, Red de Justicia Ambiental y PCN) solicitaron al Consejo Nacional de Plaguicidas y al CNE la revocatoria del PECIG y desaconsejaron el uso de otros herbicidas. Esa solicitud recogía las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional (Auto 073 de 2014) y el Consejo de Estado (Rad. 2004-00227-01 de 2013), y las recomendaciones de la Comisión Asesora para la Política de Drogas en el informe “Lineamientos para un nuevo enfoque de la política de drogas en Colombia” de mayo de 2015.
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Las 6 cosas que debes saber sobre las negociaciones climáticas en París 2015
Comunidades en toda América Latina y el mundo entero están enfrentando los severos efectos del cambio climático. A medida que las inundaciones destruyen formas de vida ancestrales y las sequías amenazan la supervivencia de las comunidades, se hace cada vez más evidente la urgencia de que los líderes mundiales actúen. Bajo estas circunstancias apremiantes, líderes del mundo se reunirán este diciembre en París para celebrar la COP21, una reunión de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que será un parteaguas. Se espera que esta conferencia dé como resultado un nuevo acuerdo global que, esperamos, cree las condiciones para generar una economía más resiliente al cambio climático y con menos emisiones de carbono. 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