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Alberto Peña Kay
Cuidando al Páramo de Santurbán de los daños de la mineria
En la región andina, ecosistemas de alta montaña, llamados páramos, capturan agua de la niebla y la suministran a tierras bajas. Uno de ellos es el páramo de Santurbán, que abastece de agua dulce a más de dos millones de personas en Colombia.
Santurbán, como los otros páramos del continente, también captura grandes cantidades de carbono, siendo así un aliado clave para la mitigación de la crisis climática. Es además refugio para cientos de especies amenazadas, incluyendo al icónico oso de anteojos.
La tierra en y alrededor del páramo contiene oro y otros minerales. Ello ha puesto a Santurbán en la mira de la industria minera multinacional que, por décadas, ha buscado instalar proyectos de gran escala en el ecosistema que amenazan con degradarlo.
El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán —una coalición de personas defensoras ambientales— ha frenado estos intentos continuos, apoyado por AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil.
Antecedentes
El páramo de Santurbán está en medio de la cordillera Oriental de los Andes colombianos, en los departamentos de Santander y Norte de Santander, a una altura que va de los 2.200 a los 4.290 metros sobre el nivel del mar.
Comprende una superficie de 129.743 hectáreas, en las que alberga 57 lagunas. Es hábitat de 457 especies de plantas y de 293 de fauna vertebrada.
En Santurbán existen yacimientos mineros, sobre todo de oro, pero también de plata y cobre. A ello se debe la tradición minera de la región, particularmente en la parte del páramo que está en Santander, en la provincia de Soto Norte. Las comunidades de la zona han construido su cultura e identidad en torno a la extracción de oro, principalmente artesanal y de pequeña escala.
Pero los depósitos de oro en el páramo también han atraído, desde los años 90, a conglomerados mineros extranjeros que han buscado desarrollar proyectos de gran escala. Esto ha generado preocupación en la población que se abastece de las fuentes hídricas de Santurbán, quienes se han movilizado en defensa del agua, el territorio y la vida.
Pese a que normas nacionales e internacionales prohíben la minería en páramos, el gobierno colombiano ha otorgado títulos mineros a empresas transnacionales en Santurbán.

Foto: Keishpixl / Pixabay.
El largo camino de defensa del páramo
Una de las empresas que buscó desarrollar gran minería en Santurbán es Eco Oro Minerals Corp. —antes Greystar Resources—, empresa canadiense que pretendía instalar allí la mina a cielo abierto Angostura para extraer oro y plata. Entre 1994 y 1995, la empresa adquirió sus títulos mineros e hizo exploraciones. Y en 2010 solicitó el permiso de explotación minera.
Fue en ese año cuando AIDA se involucró en la defensa del ecosistema, apoyando al Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. Nuestro trabajo legal contribuyó a que, en mayo de 2011, el gobierno colombiano negara la licencia ambiental a la mina.
En enero de 2013, el gobierno declaró una parte del páramo (11.700 hectáreas) como Parque Natural Regional. Ese año —junto con el comité y organizaciones aliadas—, realizamos una campaña y trabajo de incidencia para que el gobierno reconociera la totalidad de Santurbán como ecosistema de páramo mediante una delimitación con base en criterios científicos. En diciembre de 2014, el Ministerio de Ambiente realizó una delimitación que protegía el 76 % del páramo (98.954 hectáreas).
Por otro lado, fruto de un litigio apoyado por AIDA, en febrero de 2016, el más alto tribunal de Colombia reafirmó que la minería en páramos está prohibida.
Ese mismo año, en diciembre, la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Grupo del Banco Mundial para el sector privado, retiró su inversión en Eco Oro Minerals. Este logro resultó de un proceso iniciado en 2012, cuando el comité —asesorado y acompañado por AIDA y organizaciones internacionales aliadas— presentó un reclamo ante un mecanismo independiente de quejas, el cual concluyó que la inversión de la CFI en el proyecto Angostura no tomó en cuenta los impactos sociales y ambientales del mismo, contradiciendo las políticas internas de la institución financiera.
También en 2016, Eco Oro Minerals presentó una demanda de arbitraje contra el Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) argumentando afectaciones por las decisiones estatales orientadas a la protección de los páramos del país, incluida la delimitación de Santurbán.
En 2017, la Corte Constitucional invalidó la delimitación porque no se consultó a las comunidades afectadas. El alto tribunal ordenó hacer una delimitación participativa.
Y ese año surgió una nueva amenaza para Santurbán cuando la multinacional canadiense Aris Mining solicitó el permiso ambiental para Soto Norte, un proyecto de minería de oro ubicado en las cercanías del páramo. Tras movilizaciones ciudadanas y cuestionamientos técnicos, en octubre de 2020, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales archivó el proyecto.

Foto: Aztlec.
Situación actual
En marzo de 2025, el gobierno colombiano declaró al costado occidental del macizo de Santurbán como zona de reserva temporal de recursos naturales renovables, delimitando y protegiendo un área de 75.344,65 hectáreas. Esto implicó la suspensión por dos años del proyecto Soto Norte. No obstante, continúa vigente el contrato que tiene Aris Mining para formalizar las actividades mineras de pequeña escala de la empresa Calimineros mediante la compra y procesamiento de material mineralizado.
Además, la minera canadiense continúa impulsando el proyecto. En septiembre de 2025, publicó su estudio de prefactibilidad, replanteando el diseño original de la mina.
De otro lado, quienes integran el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán enfrentan amenazas y estigmatización por su labor. En marzo de 2025, Relatorías Especiales y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU denunciaron esos hechos mediante comunicaciones enviadas a los gobiernos de Colombia, Canadá y Emiratos Árabes Unidos; así como a las empresas Aris Mining y MDC Industry Holding Company LLC, antigua copropietaria del proyecto Soto Norte.
En cuanto a la demanda de arbitraje presentada por Eco Oro Minerals, en julio de 2024, el CIADI falló a favor del Estado colombiano y rechazó el reclamo de indemnización por USD 1.100 millones presentado por la empresa canadiense.
Respecto de la delimitación de Santurbán, en julio de 2026, el Ministerio de Ambiente expidió una resolución que introduce el concepto de “delimitación progresiva”. Con esa base, el gobierno propone delimitar progresivamente el páramo, abarcando 29.199 hectáreas en 19 municipios, aquellos donde ya concluyeron los acuerdos participativos exigidos por la Corte Constitucional en su fallo de 2017. Plantea también dos medidas sobre creación y ampliación de reservas para restringir la minería en el ecosistema.
Conoce más de los impactos de la minería en los páramos de América Latina
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(México) Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (Guatemala) Medio Ambiente y Sociedad A.C. (México) Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida en B.C.S. (México) COMCAUSA AC (México) Acción Ecológica (Chile) Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Perú) Comisión de Justicia Social de la Diócesis de Chimbote (Perú) Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y la Paz (Perú) Ambiente y Sociedad (Colombia) Asociación Amigos de los Parques Nacionales de Argentina (Argentina) Centro de Estudios Mineros Colombia Punto Medio (Colombia) Instituto Runa de Desarrollo y Estudios sobre Género (Perú) Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Bolivia) Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Argentina) Liga de Defensa del Medio Ambiente (Bolivia) Asociación Ecologista Río Mocoretá (Argentina) Asociación Eco Raíces (Argentina) Fundación Myrna Mack (Guatemala) Paz y Esperanza (Perú) Foro del Buen Ayre (Argentina) Asociación Ambientalista Ecolapaz (Argentina) Asociación Ambientalista del Sur (Argentina) Asociación Ambientalista Mayu Sumaj (Argentina) Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (Argentina) Asociación Civil de Ecología Social (Argentina) Asociación Civil Red Ambiental (Argentina) Asociación Civil Tierra XXI (Argentina) Asociación de Protección al Ambiente Serrano - Calamuchita (Argentina) Asociación Ecologista PIUKE (Argentina) Asociación Lihue (Argentina) Asociación Vecinal Moronense (Argentina) Bios Argentina (Argentina) Centro Ambiental Argentino – Cambiar (Argentina) Centro Andino de Desarrollo e Investigación Ambiental (Argentina) Centro Argentino de Meteorólogos (Argentina) Centro de Protección a la Naturaleza (Argentina) Comisión Interdisciplinaria de Medio Ambiente (Argentina) Comisión Ecológica Ituzaingó (Argentina) Continental Nea (Argentina) Federación Amigos de la Tierra Argentina (Argentina) Foro de los Ríos (Argentina) Fundación Ambiente Ecológico (Argentina) Fundación Arandu (Argentina) Fundación Argentina de Energías Alternativas y Renovables (Argentina) Fundación Argentina de Etoecología (Argentina) Fundación Cullunche para la Conservación del Ambiente, la Flora y la Fauna (Argentina) Fundación Inti Cuyum (Argentina) Fundación Norte Ecológico (Argentina) Fundación Orden Ecológica (Argentina) Fundación Pacha Mama para el Medio Ambiente y Desarrollo (Argentina) Fundación para el Desarrollo Sustentable de Eco Regiones (Argentina) Fundación Pasos (Argentina) Fundación Península Raulí (Argentina) Fundación Proyectos Ambientales (Argentina) Fundación Red Informática Ecologista (Argentina) Grupo Ambiental para el Desarrollo (Argentina) Grupo Ecológico Bolívar (Argentina) Greenpeace Argentina (Argentina) Iniciativa Radial (Argentina) Instituto de Estudios e Investigaciones sobre Medio Ambiente (Argentina) Fundación Jorge Esteban Roulet (Argentina) Organización Argentina de Investigaciones Espeleológicas – Karst (Argentina) Movimiento Transfronterizo de ONG Ambientalistas de la Triple Frontera (Argentina, Brasil, Uruguay) Multimedios Ambiente Ecológico (Argentina) Observatorio de Políticas Sociales y Ambientales (Argentina) Red Eco-ambiental de Jujuy (Argentina) Taller ecologista Rótary Internacional (Argentina) Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (Honduras) Ágora Espacio Civil (Paraguay) Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (Regional) Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (Ecuador) Fundación Étnica Integral (República Dominicana) Corporación para el Desarrollo de Aysén (Chile) Asociación pro Derechos Humanos (Perú) Alianza Mexicana contra el Fracking (México) Blue Planet Project (Internacional) Fundación Instituto Boliviano de la Montaña (Bolivia) Red MUQUI (Perú) Red Regional Agua, Desarrollo y Democracia (Perú) Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (Regional) Organización Familia Pasta de Conchos (México) Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Local (Bolivia) GRUFIDES (Perú) Derechos Humanos y Medio Ambiente (Perú) Hnas. de la Misericordia de las Américas, comunidad de Argentina (Argentina) CADEP “José María Arguedas” (Perú) Red Latinoamericana Iglesias y Minería (Regional) Asociación Fe y Derechos Humanos (Perú) Food & Water Watch (EE.UU.) 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Comité de Derechos Humanos, Observaciones finales sobre el tercer informe periódico del Estado Plurinacional de Bolivia, 14 de octubre a 1 de noviembre de 2013, párrafo 24 http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/BOL/CCPR_C_BOL_CO_3_15635_S.doc [4] Cfr. http://www.noticiasfides.com/g/politica/la-onu-alerta-que-ley-sobre-ong-vulnera-el-derecho-a-la-libertad-de-asociacion-en-bolivia-34609/ [5] Cfr. http://www.cambio.bo/?q=oeneg%C3%A9s-que-perjudiquen-al-estado-se-ir%C3%A1n-del-pa%C3%ADs
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El seminario virtual abordó la conveniencia de optar o no por grandes represas, así como las alternativas en tiempos en los que el cambio climático impacta al planeta cada vez con más fuerza. Se analizaron los verdaderos costos de estos proyectos y su contribución al cambio climático en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero. Participaron destacados miembros de la sociedad civil y Philip Fearnside*, científico y experto en las emisiones contaminantes que las represas generan. Durante años, las grandes represas han sido una de las opciones preferidas para satisfacer las necesidades energéticas en América Latina. De hecho, en los últimos años hemos sido testigos de un nuevo "boom hidroeléctrico" que ha fomentado la construcción de estas enormes obras de infraestructura. Al mismo tiempo, la experiencia y la evidencia científica demuestran cada vez más que las grandes represas no son una solución eficiente y adecuada hoy en día, y que pueden generar, entre otras cosas, impactos climáticos irreversibles. Presentaciones: Astrid Puentes, Codirectora Ejecutiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA (ver presentación). Philip Fearnside*, Investigador Titular del Instituto Nacional de Investigación de la Amazonía, INPA (ver presentación). Pablo Bertinat, Observatorio de Energía y Sustentabilidad, Universidad Tecnológica Nacional de Rosario, Argentina, y miembro del Taller Ecologista (ver presentación). Notas Consúltelas aquí. * Philip Fearnside es Investigador Titular del Departamento de Dinámica Ambiental del Instituto Nacional de Investigación de la Amazonía (INPA) en Manaus, Brasil, donde ha vivido por 37 años. Es Doctor en Ecología y Biología Evolutiva por la Universidad de Michigan y autor de más de 500 publicaciones sobre medio ambiente y desarrollo (disponibles aquí). Ha realizado diversos estudios sobre los impactos de los embalses amazónicos. Su trabajo ha sido galardonado con el Premio Nacional de Ecología de Brasil, el Premio Conrad Wessel y el premio Chico Mendes, entre muchos otros reconocimientos.
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Dos textos para reconectarte con la Tierra
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