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Alberto Peña Kay
Cuidando al Páramo de Santurbán de los daños de la mineria
En la región andina, ecosistemas de alta montaña, llamados páramos, capturan agua de la niebla y la suministran a tierras bajas. Uno de ellos es el páramo de Santurbán, que abastece de agua dulce a más de dos millones de personas en Colombia.
Santurbán, como los otros páramos del continente, también captura grandes cantidades de carbono, siendo así un aliado clave para la mitigación de la crisis climática. Es además refugio para cientos de especies amenazadas, incluyendo al icónico oso de anteojos.
La tierra en y alrededor del páramo contiene oro y otros minerales. Ello ha puesto a Santurbán en la mira de la industria minera multinacional que, por décadas, ha buscado instalar proyectos de gran escala en el ecosistema que amenazan con degradarlo.
El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán —una coalición de personas defensoras ambientales— ha frenado estos intentos continuos, apoyado por AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil.
Antecedentes
El páramo de Santurbán está en medio de la cordillera Oriental de los Andes colombianos, en los departamentos de Santander y Norte de Santander, a una altura que va de los 2.200 a los 4.290 metros sobre el nivel del mar.
Comprende una superficie de 129.743 hectáreas, en las que alberga 57 lagunas. Es hábitat de 457 especies de plantas y de 293 de fauna vertebrada.
En Santurbán existen yacimientos mineros, sobre todo de oro, pero también de plata y cobre. A ello se debe la tradición minera de la región, particularmente en la parte del páramo que está en Santander, en la provincia de Soto Norte. Las comunidades de la zona han construido su cultura e identidad en torno a la extracción de oro, principalmente artesanal y de pequeña escala.
Pero los depósitos de oro en el páramo también han atraído, desde los años 90, a conglomerados mineros extranjeros que han buscado desarrollar proyectos de gran escala. Esto ha generado preocupación en la población que se abastece de las fuentes hídricas de Santurbán, quienes se han movilizado en defensa del agua, el territorio y la vida.
Pese a que normas nacionales e internacionales prohíben la minería en páramos, el gobierno colombiano ha otorgado títulos mineros a empresas transnacionales en Santurbán.
Foto: Keishpixl / Pixabay.
El largo camino de defensa del páramo
Una de las empresas que buscó desarrollar gran minería en Santurbán es Eco Oro Minerals Corp. —antes Greystar Resources—, empresa canadiense que pretendía instalar allí la mina a cielo abierto Angostura para extraer oro y plata. Entre 1994 y 1995, la empresa adquirió sus títulos mineros e hizo exploraciones. Y en 2010 solicitó el permiso de explotación minera.
Fue en ese año cuando AIDA se involucró en la defensa del ecosistema, apoyando al Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. Nuestro trabajo legal contribuyó a que, en mayo de 2011, el gobierno colombiano negara la licencia ambiental a la mina.
En enero de 2013, el gobierno declaró una parte del páramo (11.700 hectáreas) como Parque Natural Regional. Ese año —junto con el comité y organizaciones aliadas—, realizamos una campaña y trabajo de incidencia para que el gobierno reconociera la totalidad de Santurbán como ecosistema de páramo mediante una delimitación con base en criterios científicos. En diciembre de 2014, el Ministerio de Ambiente realizó una delimitación que protegía el 76 % del páramo (98.954 hectáreas).
Por otro lado, fruto de un litigio apoyado por AIDA, en febrero de 2016, el más alto tribunal de Colombia reafirmó que la minería en páramos está prohibida.
Ese mismo año, en diciembre, la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Grupo del Banco Mundial para el sector privado, retiró su inversión en Eco Oro Minerals. Este logro resultó de un proceso iniciado en 2012, cuando el comité —asesorado y acompañado por AIDA y organizaciones internacionales aliadas— presentó un reclamo ante un mecanismo independiente de quejas, el cual concluyó que la inversión de la CFI en el proyecto Angostura no tomó en cuenta los impactos sociales y ambientales del mismo, contradiciendo las políticas internas de la institución financiera.
También en 2016, Eco Oro Minerals presentó una demanda de arbitraje contra el Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) argumentando afectaciones por las decisiones estatales orientadas a la protección de los páramos del país, incluida la delimitación de Santurbán.
En 2017, la Corte Constitucional invalidó la delimitación porque no se consultó a las comunidades afectadas. El alto tribunal ordenó hacer una delimitación participativa.
Y ese año surgió una nueva amenaza para Santurbán cuando la multinacional canadiense Aris Mining solicitó el permiso ambiental para Soto Norte, un proyecto de minería de oro ubicado en las cercanías del páramo. Tras movilizaciones ciudadanas y cuestionamientos técnicos, en octubre de 2020, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales archivó el proyecto.
Foto: Aztlec.
Situación actual
En marzo de 2025, el gobierno colombiano declaró al costado occidental del macizo de Santurbán como zona de reserva temporal de recursos naturales renovables, delimitando y protegiendo un área de 75.344,65 hectáreas. Esto implicó la suspensión por dos años del proyecto Soto Norte. No obstante, continúa vigente el contrato que tiene Aris Mining para formalizar las actividades mineras de pequeña escala de la empresa Calimineros mediante la compra y procesamiento de material mineralizado.
Además, la minera canadiense continúa impulsando el proyecto. En septiembre de 2025, publicó su estudio de prefactibilidad, replanteando el diseño original de la mina.
De otro lado, quienes integran el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán enfrentan amenazas y estigmatización por su labor. En marzo de 2025, Relatorías Especiales y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU denunciaron esos hechos mediante comunicaciones enviadas a los gobiernos de Colombia, Canadá y Emiratos Árabes Unidos; así como a las empresas Aris Mining y MDC Industry Holding Company LLC, antigua copropietaria del proyecto Soto Norte.
En cuanto a la demanda de arbitraje presentada por Eco Oro Minerals, en julio de 2024, el CIADI falló a favor del Estado colombiano y rechazó el reclamo de indemnización por USD 1.100 millones presentado por la empresa canadiense.
Respecto de la delimitación de Santurbán, en julio de 2026, el Ministerio de Ambiente expidió una resolución que introduce el concepto de “delimitación progresiva”. Con esa base, el gobierno propone delimitar progresivamente el páramo, abarcando 29.199 hectáreas en 19 municipios, aquellos donde ya concluyeron los acuerdos participativos exigidos por la Corte Constitucional en su fallo de 2017. Plantea también dos medidas sobre creación y ampliación de reservas para restringir la minería en el ecosistema.
Conoce más de los impactos de la minería en los páramos de América Latina
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Prohibición del fracking en Francia: Lecciones para América Latina
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El proceso legal La “Ley Jacob”[1] (nombrada así por el diputado Christian Jacob, quien presentó el proyecto de ley), aprobada a mediados del 2011, durante la presidencia de Nicolas Sarkozy, prohíbe el uso del fracking para la exploración y explotación del gas de esquisto (un tipo de roca que contiene el hidrocarburo) en Francia. Posteriormente y aprovechando que el Partido Socialista estaba dividido, las empresas petroleras consiguieron el apoyo necesario para presentar un Recurso de Inconstitucionalidad contra la prohibición del fracking. Sin embargo, el 11 de octubre de 2011, el Consejo Constitucional, instancia ante la cual se presentó el recurso, reafirmó la validez de la “Ley Jacob” manifestando que la misma respeta todos los principios constitucionales. Así llegó a su fin el debate político entre los partidarios y opositores de la fractura hidráulica y Francia se convirtió en el primer país del mundo en darle la espalda al fracking. 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Permanecieron allí durante toda la contienda jurídico-política, hasta que finalmente la prohibición del fracking fue una realidad. Por ejemplo y como parte de la protesta, la Asociación “No Fracking France”: Durante el conocido y mediatizado evento deportivo “Vuelta a Francia” (Tour de France), llevó siempre una pancarta anti gas y aceite de esquisto firmada en el reverso por miles de personas. Como punto final del recorrido del Tour de France, hizo que un alpinista izara la pancarta en la cima del Mont Blanc. Realizó una conferencia de prensa sobre el tema en la Asamblea Nacional. Organizó numerosos coloquios informativos y científicos dirigidos a los intendentes de las Comunas afectadas. Produjo un video explicativo sobre el fracking dirigido a personas sordo-mudas. Llevó sus reclamos a los miembros del Parlamento. Resistencia en América Latina A diferencia de Francia, varios países de América Latina están abriendo sus puertas al fracking. Como respuesta a esta tendencia, AIDA está ayudando a facilitar y coordinar el trabajo de un grupo regional formado por organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas, y creado para generar información, promover el debate y unir fuerzas para prevenir y detener los impactos negativos del fracking en la región. Desde AIDA consideramos necesario que gobiernos y sociedad civil apliquen el principio de precaución. En el marco de ese principio y sus obligaciones constitucionales, los Estados de la región deben adoptar medidas efectivas para prevenir los daños graves al ambiente y la salud de las personas que el fracking puede ocasionar. Mientras no se garantice que los impactos del fracking pueden prevenirse y ser mitigados adecuadamente, este tipo de actividad no debe ser permitida. Generar conciencia en la ciudadanía y en los movimientos sociales es clave. Y los gobiernos de la región están obligados a generar información pública, veraz, e imparcial sobre las características, procesos, y componentes del fracking; y sobre sus impactos a largo plazo. Nuestras autoridades deben generar espacios plurales y adecuados para la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones sobre el futuro del fracking en nuestros territorios. Si no lo hacen, los ciudadanos tenemos el derecho y la obligación de comprometernos y movilizarnos para que nos oigan, aún quienes se resisten a hacerlo. [1] Fue una ceñida votación en la Cámara de Senadores de 176 votos a favor y 151 en contra. “Gaz de schiste: le Parlement interdit l’utilisation de la fracturation hydraulique”, Le Monde, 30/06/2011. Disponible en: http://www.lemonde.fr/planete/article/2011/06/30/gaz-de-schiste-le-parlement-interdit-l-utilisation-de-la-fracturation-hydraulique_1543252_3244.html [2] Este porcentaje representa un número aún mayor al porcentaje representativo de la sociedad contra la energía nuclear (principal fuente energética en Francia) conforme: Chu, Henry. “Pressure builds against France’s ban on fracking », LA Times, 22/06/2014. Disponible en: http://www.latimes.com/world/europe/la-fg-france-fracking-20140622-story.html#page=1 [3] GG En este sentido, el Colectivo 07 “Stop au Gaz de schiste” decía: « …debemos enorgullecernos de la eficacia de la movilización ciudadana que, si bien no ha ganado la guerra, ha claramente ganado una batalla. El compromiso de millones de ciudadanos, en nuestro departamento y en toda Francia, que cada día se manifestaron, resistieron, informaron, se organizaron, se movilizaron… a veces con la participación de los intendentes… ha dado sus frutos. Es una prueba que da esperanzas en relación a las luchas por venir…” . Ver: “Gaz de schiste: la mobilisation citoyenne a gagné une victoire, mais pas la guerre ». Bourg Socialisme avenir. Disponible en: http://www.bsavenir.fr/2011/10/01/gaz-de-schiste-la-mobilisation-citoyenne-a-gagne-une-victoire-mais-pas-la-guerre/ [4] http://thinkprogress.org/climate/2014/11/13/3591891/pew-poll-voters-oppo...#sthash.fywoFIAa.dpuf
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Belo Monte: Decididos a conseguir justicia
Por Flavia Amaral, abogada de AIDA Mientras la construcción de la represa hidroeléctrica Belo Monte, la tercera más grande del mundo, avanza en la Amazonía brasileña, los impactos sociales y disturbios asociados al proyecto continúan. Se tiene previsto que en los próximos meses cerca de 2.000 familias serán reubicadas de sus casas en Altamira, cerca del río Xingú, a viviendas de reciente construcción. Otras 2.000 familias fueron reasentadas el año pasado. La reconfiguración de la zona sigue creando problemas sociales. Los nuevos asentamientos están lejos del centro de Altamira, donde no existe transporte público. Muchas de las casas nuevas ya muestran problemas estructurales, y en los alrededores existe poca o ninguna infraestructura básica como centros de salud, escuelas e instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Además, para ser reubicadas, las familias deben manifestar que no tienen quejas o preocupaciones respecto de la represa Belo Monte o de la empresa responsable de su construcción, un requisito difícil de cumplir para quienes están perdiendo tanto. Muchas comunidades indígenas afirman que hay una explosión de tala ilegal en sus tierras. Norte Energía, el consorcio que construye Belo Monte, no ha implementado los sistemas de monitoreo requeridos ni ha construido estaciones de vigilancia que podrían evitar la tala. Como resultado, la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), entidad gubernamental que vela por los derechos indígenas en Brasil, informa que la situación es crítica y especialmente grave para las tierras del pueblo indígena Arara. Las protestas de quienes buscan justicia, reconocimiento y compensación continúan en toda la zona. El mes pasado, cientos de agricultores realizaron protestas exigiendo tenencia de tierra, crédito y mejoras para la agricultura familiar. Dos personas murieron después de ser golpeadas por un auto que irrumpió en el bloqueo de manifestantes. Esta situación representa la agitación y violencia que se respira en el lugar. Evidentemente, la construcción de Belo Monte ha causado un impacto enorme en la cuenca del río Xingú mucho antes de comenzar a operar. Hace cuatro años, tras la solicitud de AIDA y organizaciones colegas en Brasil, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio un importante paso a favor de las personas afectadas por la represa. Solicitó al Gobierno brasileño adoptar medidas cautelares para prevenir daños irreparables a los derechos de las comunidades indígenas cuya integridad cultural y forma de vida estaban en riesgo debido a la construcción de Belo Monte. Claramente, después de todos estos años, las amenazas se mantienen: Brasil no ha cumplido con las medidas cautelares. AIDA continuará trabajando para asegurar que el ambiente y los derechos de las comunidades de la cuenca del río Xingú de Brasil sean respetados plenamente. Creemos que la Comisión aún está a tiempo de actuar, y que el Gobierno de Brasil todavía puede replantear sus políticas y prácticas para convertirse en un modelo global de equidad y justicia. ¡Muchas gracias por el apoyo constante a nuestro trabajo a favor del ambiente y las personas en la Amazonía!
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Es un hecho innegable y preocupante: 76% de los humedales del mundo se han deteriorado en los últimos 40 años. En América Latina, los impactos de industrias extractivas como la minería y de proyectos inmobiliarios y turísticos son una de las principales causas para la pérdida y degradación de estos frágiles ecosistemas. AIDA ayudó a que dichas amenazas fueran reconocidas como preocupación prioritaria por el Secretariado de la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección de humedales. Lo hicimos durante nuestra participación en la 12ª Conferencia de las Partes de la Convención, realizada del 2 al 9 de junio en Punta del Este, Uruguay. AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil incluyeron esos factores de riesgo en una declaración pública presentada ante los representantes de los gobiernos. El Secretariado de Ramsar incorporó esas amenazas en el Plan Estratégico 2016-2024 de la Convención. “Este reconocimiento abre paso para que se hagan investigaciones y se establezcan lineamientos para combatir el problema; al aportar a la identificación de las causas para el deterioro de los humedales, sentamos las bases para que se adopten regulaciones y otras medidas efectivas de conservación de estos ecosistemas”, dijo Sandra Moguel, abogada de AIDA y quien asistió a la Conferencia. En esa misma línea y junto con organizaciones locales, presentamos una petición al Secretariado de Ramsar para alertar que el Gobierno de Colombia ha incumplido su obligación de proteger los páramos o humedales altoandinos del país conforme al tratado. En la petición llamamos la atención sobre los riesgos que actividades como la minería a gran escala implican para los páramos, fuente de más del 70% del agua en Colombia, y le pedimos al Secretariado monitorear la situación y tomar acciones según sus competencias. El Plan Estratégico de la Convención Ramsar para los próximos años también reconoce la necesidad de tener una mayor sinergia con otros tratados internacionales en materia ambiental como el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para que el uso sostenible y la conservación de los humedales adquieran mayor relevancia y se lleven a cabo de forma más efectiva. Esa correlación es clave. “Uno de los grandes desafíos de la Convención es vincular de forma apropiada e integral la implementación del tratado con la lucha contra el cambio climático”, señaló Carlos Lozano Acosta, abogado de AIDA, quien también participó en la Conferencia. Lozano Acosta destacó que en el evento se aprobaran una resolución que establece que los países deben reservar la cantidad de agua necesaria para la preservación de sus humedales, y otra que vincula la protección de esos ecosistemas con la mitigación de desastres naturales, pues los humedales son barrera natural frente a huracanes y tormentas. Pero lamentó que en la Conferencia aún no existan los espacios suficientes y adecuados para la participación de la sociedad civil. Para Moguel, fue un acierto que, gracias a las gestiones hechas por los representantes de países latinoamericanos, todas las resoluciones emitidas en la Conferencia incluyeran y reconocieran en su texto el manejo que los pueblos indígenas hacen de los humedales con base en sus conocimientos tradicionales. Finalmente, en un evento paralelo a la Conferencia organizado por la Iniciativa Internacional de Arrecifes de Coral, AIDA expuso su trabajo en defensa de esos ecosistemas. Presentamos nuestra guía de buenas prácticas de regulación para proteger corales y enfatizamos los casos del Sistema Arrecifal Veracruzano y Cabo Pulmo, en México, sitios en riesgo por infraestructura portuaria y turística respectivamente.
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