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Alberto Peña Kay
Cuidando al Páramo de Santurbán de los daños de la mineria
En la región andina, ecosistemas de alta montaña, llamados páramos, capturan agua de la niebla y la suministran a tierras bajas. Uno de ellos es el páramo de Santurbán, que abastece de agua dulce a más de dos millones de personas en Colombia.
Santurbán, como los otros páramos del continente, también captura grandes cantidades de carbono, siendo así un aliado clave para la mitigación de la crisis climática. Es además refugio para cientos de especies amenazadas, incluyendo al icónico oso de anteojos.
La tierra en y alrededor del páramo contiene oro y otros minerales. Ello ha puesto a Santurbán en la mira de la industria minera multinacional que, por décadas, ha buscado instalar proyectos de gran escala en el ecosistema que amenazan con degradarlo.
El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán —una coalición de personas defensoras ambientales— ha frenado estos intentos continuos, apoyado por AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil.
Antecedentes
El páramo de Santurbán está en medio de la cordillera Oriental de los Andes colombianos, en los departamentos de Santander y Norte de Santander, a una altura que va de los 2.200 a los 4.290 metros sobre el nivel del mar.
Comprende una superficie de 129.743 hectáreas, en las que alberga 57 lagunas. Es hábitat de 457 especies de plantas y de 293 de fauna vertebrada.
En Santurbán existen yacimientos mineros, sobre todo de oro, pero también de plata y cobre. A ello se debe la tradición minera de la región, particularmente en la parte del páramo que está en Santander, en la provincia de Soto Norte. Las comunidades de la zona han construido su cultura e identidad en torno a la extracción de oro, principalmente artesanal y de pequeña escala.
Pero los depósitos de oro en el páramo también han atraído, desde los años 90, a conglomerados mineros extranjeros que han buscado desarrollar proyectos de gran escala. Esto ha generado preocupación en la población que se abastece de las fuentes hídricas de Santurbán, quienes se han movilizado en defensa del agua, el territorio y la vida.
Pese a que normas nacionales e internacionales prohíben la minería en páramos, el gobierno colombiano ha otorgado títulos mineros a empresas transnacionales en Santurbán.
Foto: Keishpixl / Pixabay.
El largo camino de defensa del páramo
Una de las empresas que buscó desarrollar gran minería en Santurbán es Eco Oro Minerals Corp. —antes Greystar Resources—, empresa canadiense que pretendía instalar allí la mina a cielo abierto Angostura para extraer oro y plata. Entre 1994 y 1995, la empresa adquirió sus títulos mineros e hizo exploraciones. Y en 2010 solicitó el permiso de explotación minera.
Fue en ese año cuando AIDA se involucró en la defensa del ecosistema, apoyando al Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. Nuestro trabajo legal contribuyó a que, en mayo de 2011, el gobierno colombiano negara la licencia ambiental a la mina.
En enero de 2013, el gobierno declaró una parte del páramo (11.700 hectáreas) como Parque Natural Regional. Ese año —junto con el comité y organizaciones aliadas—, realizamos una campaña y trabajo de incidencia para que el gobierno reconociera la totalidad de Santurbán como ecosistema de páramo mediante una delimitación con base en criterios científicos. En diciembre de 2014, el Ministerio de Ambiente realizó una delimitación que protegía el 76 % del páramo (98.954 hectáreas).
Por otro lado, fruto de un litigio apoyado por AIDA, en febrero de 2016, el más alto tribunal de Colombia reafirmó que la minería en páramos está prohibida.
Ese mismo año, en diciembre, la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Grupo del Banco Mundial para el sector privado, retiró su inversión en Eco Oro Minerals. Este logro resultó de un proceso iniciado en 2012, cuando el comité —asesorado y acompañado por AIDA y organizaciones internacionales aliadas— presentó un reclamo ante un mecanismo independiente de quejas, el cual concluyó que la inversión de la CFI en el proyecto Angostura no tomó en cuenta los impactos sociales y ambientales del mismo, contradiciendo las políticas internas de la institución financiera.
También en 2016, Eco Oro Minerals presentó una demanda de arbitraje contra el Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) argumentando afectaciones por las decisiones estatales orientadas a la protección de los páramos del país, incluida la delimitación de Santurbán.
En 2017, la Corte Constitucional invalidó la delimitación porque no se consultó a las comunidades afectadas. El alto tribunal ordenó hacer una delimitación participativa.
Y ese año surgió una nueva amenaza para Santurbán cuando la multinacional canadiense Aris Mining solicitó el permiso ambiental para Soto Norte, un proyecto de minería de oro ubicado en las cercanías del páramo. Tras movilizaciones ciudadanas y cuestionamientos técnicos, en octubre de 2020, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales archivó el proyecto.
Foto: Aztlec.
Situación actual
En marzo de 2025, el gobierno colombiano declaró al costado occidental del macizo de Santurbán como zona de reserva temporal de recursos naturales renovables, delimitando y protegiendo un área de 75.344,65 hectáreas. Esto implicó la suspensión por dos años del proyecto Soto Norte. No obstante, continúa vigente el contrato que tiene Aris Mining para formalizar las actividades mineras de pequeña escala de la empresa Calimineros mediante la compra y procesamiento de material mineralizado.
Además, la minera canadiense continúa impulsando el proyecto. En septiembre de 2025, publicó su estudio de prefactibilidad, replanteando el diseño original de la mina.
De otro lado, quienes integran el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán enfrentan amenazas y estigmatización por su labor. En marzo de 2025, Relatorías Especiales y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU denunciaron esos hechos mediante comunicaciones enviadas a los gobiernos de Colombia, Canadá y Emiratos Árabes Unidos; así como a las empresas Aris Mining y MDC Industry Holding Company LLC, antigua copropietaria del proyecto Soto Norte.
En cuanto a la demanda de arbitraje presentada por Eco Oro Minerals, en julio de 2024, el CIADI falló a favor del Estado colombiano y rechazó el reclamo de indemnización por USD 1.100 millones presentado por la empresa canadiense.
Respecto de la delimitación de Santurbán, en julio de 2026, el Ministerio de Ambiente expidió una resolución que introduce el concepto de “delimitación progresiva”. Con esa base, el gobierno propone delimitar progresivamente el páramo, abarcando 29.199 hectáreas en 19 municipios, aquellos donde ya concluyeron los acuerdos participativos exigidos por la Corte Constitucional en su fallo de 2017. Plantea también dos medidas sobre creación y ampliación de reservas para restringir la minería en el ecosistema.
Conoce más de los impactos de la minería en los páramos de América Latina
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Represa Belo Monte podría empezar a operar pese al incumplimiento de condiciones socioambientales
Las condiciones para la protección de la salud, integridad y vida de la población afectada no se han cumplido. Organizaciones reiteran la vigencia de las medidas cautelares que la CIDH otorgó a favor de las comunidades indígenas de la cuenca del río Xingú, cuya situación de riesgo a causa de la represa persiste y ha empeorado. Altamira, Brasil; Washington, Estados Unidos. La represa Belo Monte está a punto de obtener la autorización para comenzar a operar. Ello podría ocurrir sin que se hayan cumplido las condiciones necesarias para proteger la salud, integridad y vida de la población afectada por el proyecto, incluidas las comunidades indígenas de la cuenca del río Xingú, sobre el cual se construye la hidroeléctrica con un avance de más del 70%. Ante tal situación, organizaciones de la sociedad civil solicitaron hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mantener las medidas cautelares otorgadas en 2011 a favor de las comunidades indígenas de la cuenca del río Xingú. Lo hicieron como respuesta al pedido del Gobierno brasileño de levantar las medidas, que fueron otorgadas para evitar daños irreparables a los derechos de las comunidades. El escrito fue presentado por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Justiça Global, la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos (SDDH) y el Movimiento Xingú Vivo para Siempre (MXPVS) en representación de comunidades indígenas y ribereñas afectadas por la represa Belo Monte. Las organizaciones argumentan ante la CIDH que la situación social y ambiental en torno a Belo Monte sigue siendo grave, urgente y que se causarían daños irremediables. Lo hacen con base a un informe reciente del Instituto Socioambiental (ISA) de Brasil y a datos oficiales del gobierno que incluyen información de las autoridades de salud y de protección indígena, y del Ministerio Público. El informe de ISA analiza a detalle la situación de Altamira, Pará, región donde se construye Belo Monte, enfatizando las violaciones de derechos humanos e irregularidades del proyecto. El informe alerta que no existen las condiciones necesarias para que el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA) otorgue la Licencia de Operación al proyecto y autorice el llenado de la represa, así como el desvío definitivo del Xingú, para que una parte de la hidroeléctrica comience a operar. Según el informe de ISA, las medidas para evitar los impactos del proyecto en salud, educación y saneamiento básico no se han cumplido. Ello derivará en otros daños como la desmembración de pueblos indígenas, la saturación de los servicios públicos de salud, menor calidad en la educación y mayor degradación forestal. “Las consecuencias que anunciamos hace años son ahora una realidad”, afirmó Astrid Puentes Riaño, codirectora de AIDA. “El llenado de la represa, previsto para fin de año, materializará la pérdida de viviendas, territorio y la modificación de los modos de vida tradicionales y fuentes de sustento de las comunidades del Xingú; por ello, las autoridades, de Brasil y la CIDH deben actuar efectivamente para evitar este desastre”. Todo apuntaría a que no existen las condiciones para que Norte Energía, consorcio a cargo del proyecto, obtenga la Licencia de Operación. El vicegobernador de Pará informó que aunque las obras de construcción registran un 70% de avance, sólo el 30% de las condicionantes se han cumplido. Del mismo modo, la Procuradora de República en Altamira, Thais Santi, dijo que el consorcio no está respetando el plan de protección de las tierras indígenas, la principal condicionante para la protección de los pueblos del Xingú. La decisión sobre la autorización del funcionamiento de Belo Monte deberá tomarse además en medio de un escándalo de corrupción que ha salpicado al proyecto. La investigación Lava Jato, iniciada hace un año, evidenció una masiva red de corrupción entre el gobierno y las grandes empresas constructoras en Brasil. Un alto ejecutivo, actualmente en prisión acusado de corrupción, mencionó en sus declaraciones cómo se habían pactado y ejecutado sobornos para la construcción de Belo Monte. Debido a ello la Contraloría General de la Unión (CGU) decidió investigar el uso de recursos públicos en el proyecto. “La falta de control efectivo en la ejecución del proyecto ha hecho que las consecuencias sean mucho peores a las previstas, por lo que dar vía libre a la operación de la represa implicaría en este momento cerrar por completo las opciones de evitar mayores desastres sociales y humanitarios en la zona”, dijo Sandy Faidherb, de la SDDH.
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