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Alberto Peña Kay
Cuidando al Páramo de Santurbán de los daños de la mineria
En la región andina, ecosistemas de alta montaña, llamados páramos, capturan agua de la niebla y la suministran a tierras bajas. Uno de ellos es el páramo de Santurbán, que abastece de agua dulce a más de dos millones de personas en Colombia.
Santurbán, como los otros páramos del continente, también captura grandes cantidades de carbono, siendo así un aliado clave para la mitigación de la crisis climática. Es además refugio para cientos de especies amenazadas, incluyendo al icónico oso de anteojos.
La tierra en y alrededor del páramo contiene oro y otros minerales. Ello ha puesto a Santurbán en la mira de la industria minera multinacional que, por décadas, ha buscado instalar proyectos de gran escala en el ecosistema que amenazan con degradarlo.
El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán —una coalición de personas defensoras ambientales— ha frenado estos intentos continuos, apoyado por AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil.
Antecedentes
El páramo de Santurbán está en medio de la cordillera Oriental de los Andes colombianos, en los departamentos de Santander y Norte de Santander, a una altura que va de los 2.200 a los 4.290 metros sobre el nivel del mar.
Comprende una superficie de 129.743 hectáreas, en las que alberga 57 lagunas. Es hábitat de 457 especies de plantas y de 293 de fauna vertebrada.
En Santurbán existen yacimientos mineros, sobre todo de oro, pero también de plata y cobre. A ello se debe la tradición minera de la región, particularmente en la parte del páramo que está en Santander, en la provincia de Soto Norte. Las comunidades de la zona han construido su cultura e identidad en torno a la extracción de oro, principalmente artesanal y de pequeña escala.
Pero los depósitos de oro en el páramo también han atraído, desde los años 90, a conglomerados mineros extranjeros que han buscado desarrollar proyectos de gran escala. Esto ha generado preocupación en la población que se abastece de las fuentes hídricas de Santurbán, quienes se han movilizado en defensa del agua, el territorio y la vida.
Pese a que normas nacionales e internacionales prohíben la minería en páramos, el gobierno colombiano ha otorgado títulos mineros a empresas transnacionales en Santurbán.
Foto: Keishpixl / Pixabay.
El largo camino de defensa del páramo
Una de las empresas que buscó desarrollar gran minería en Santurbán es Eco Oro Minerals Corp. —antes Greystar Resources—, empresa canadiense que pretendía instalar allí la mina a cielo abierto Angostura para extraer oro y plata. Entre 1994 y 1995, la empresa adquirió sus títulos mineros e hizo exploraciones. Y en 2010 solicitó el permiso de explotación minera.
Fue en ese año cuando AIDA se involucró en la defensa del ecosistema, apoyando al Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. Nuestro trabajo legal contribuyó a que, en mayo de 2011, el gobierno colombiano negara la licencia ambiental a la mina.
En enero de 2013, el gobierno declaró una parte del páramo (11.700 hectáreas) como Parque Natural Regional. Ese año —junto con el comité y organizaciones aliadas—, realizamos una campaña y trabajo de incidencia para que el gobierno reconociera la totalidad de Santurbán como ecosistema de páramo mediante una delimitación con base en criterios científicos. En diciembre de 2014, el Ministerio de Ambiente realizó una delimitación que protegía el 76 % del páramo (98.954 hectáreas).
Por otro lado, fruto de un litigio apoyado por AIDA, en febrero de 2016, el más alto tribunal de Colombia reafirmó que la minería en páramos está prohibida.
Ese mismo año, en diciembre, la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Grupo del Banco Mundial para el sector privado, retiró su inversión en Eco Oro Minerals. Este logro resultó de un proceso iniciado en 2012, cuando el comité —asesorado y acompañado por AIDA y organizaciones internacionales aliadas— presentó un reclamo ante un mecanismo independiente de quejas, el cual concluyó que la inversión de la CFI en el proyecto Angostura no tomó en cuenta los impactos sociales y ambientales del mismo, contradiciendo las políticas internas de la institución financiera.
También en 2016, Eco Oro Minerals presentó una demanda de arbitraje contra el Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) argumentando afectaciones por las decisiones estatales orientadas a la protección de los páramos del país, incluida la delimitación de Santurbán.
En 2017, la Corte Constitucional invalidó la delimitación porque no se consultó a las comunidades afectadas. El alto tribunal ordenó hacer una delimitación participativa.
Y ese año surgió una nueva amenaza para Santurbán cuando la multinacional canadiense Aris Mining solicitó el permiso ambiental para Soto Norte, un proyecto de minería de oro ubicado en las cercanías del páramo. Tras movilizaciones ciudadanas y cuestionamientos técnicos, en octubre de 2020, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales archivó el proyecto.
Foto: Aztlec.
Situación actual
En marzo de 2025, el gobierno colombiano declaró al costado occidental del macizo de Santurbán como zona de reserva temporal de recursos naturales renovables, delimitando y protegiendo un área de 75.344,65 hectáreas. Esto implicó la suspensión por dos años del proyecto Soto Norte. No obstante, continúa vigente el contrato que tiene Aris Mining para formalizar las actividades mineras de pequeña escala de la empresa Calimineros mediante la compra y procesamiento de material mineralizado.
Además, la minera canadiense continúa impulsando el proyecto. En septiembre de 2025, publicó su estudio de prefactibilidad, replanteando el diseño original de la mina.
De otro lado, quienes integran el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán enfrentan amenazas y estigmatización por su labor. En marzo de 2025, Relatorías Especiales y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU denunciaron esos hechos mediante comunicaciones enviadas a los gobiernos de Colombia, Canadá y Emiratos Árabes Unidos; así como a las empresas Aris Mining y MDC Industry Holding Company LLC, antigua copropietaria del proyecto Soto Norte.
En cuanto a la demanda de arbitraje presentada por Eco Oro Minerals, en julio de 2024, el CIADI falló a favor del Estado colombiano y rechazó el reclamo de indemnización por USD 1.100 millones presentado por la empresa canadiense.
Respecto de la delimitación de Santurbán, en julio de 2026, el Ministerio de Ambiente expidió una resolución que introduce el concepto de “delimitación progresiva”. Con esa base, el gobierno propone delimitar progresivamente el páramo, abarcando 29.199 hectáreas en 19 municipios, aquellos donde ya concluyeron los acuerdos participativos exigidos por la Corte Constitucional en su fallo de 2017. Plantea también dos medidas sobre creación y ampliación de reservas para restringir la minería en el ecosistema.
Conoce más de los impactos de la minería en los páramos de América Latina
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Sociedad civil allana el camino para la ratificación del Tratado de Alta MarEl equipo de AIDA se unió a representantes de gobiernos de América Latina y personas expertas en una serie de reuniones informativas para esclarecer dudas acerca del Tratado de Alta Mar —orientado a proteger la vida en la zona del océano situada más allá de las aguas nacionales— y resaltar la importancia de su ratificación, además transferir conocimientos y experiencias entre países. Se abordaron temas como el mecanismo de reparto equitativo de beneficios, el fortalecimiento de capacidades y el papel de la sociedad civil en la implementación del tratado, con énfasis en las realidades de cada nación. Con este antecedente, en octubre, Panamá ratificó el acuerdo. Para que entre en vigor, el tratado debe ser ratificado por 60 países.Conoce MásEn nuestro Informe Anual 2024 encontrarás más información de estos logros y nuestro balance del año.
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Regulaciones y estrategias de la Unión Europea ponen en riesgo la transición energética justa en Latinoamérica
Reducir la producción y el consumo de minerales, y profundizar en su política de circularidad podría permitir a la UE abordar las crisis sociales y ambientales de forma equitativa, sin exacerbar las desigualdades ni comprometer el bienestar humano en las zonas del sur global donde se extraen. Bruselas, Bélgica. Tras la Semana de las Materias Primas en UE, que se celebró del 9 al 13 de diciembre en Bruselas, organizaciones de la sociedad civil de América Latina alertan de que las regulaciones de la Unión Europea no respetan derechos de las comunidades afectadas o en riesgo de ser impactadas por proyectos de extracción de minerales utilizados para la transición energética y otras industrias, profundizando las desigualdades en el sur global.Mientras el debate en torno a la futura dinámica de las materias primas en Europa –bajo el lema “La Unión Europea es negocio. La Unión Europea es una potencia”– pretendía fomentar las oportunidades de inversión entre la industria de la UE y los países del sur global, el evento ha ignorado las realidades de los territorios en los que se extraen estos minerales. La participación efectiva de la sociedad civil de América Latina ha sido prácticamente inexistente, y se han excluido las voces de las comunidades locales afectadas o en riesgo de serlo por los proyectos de “minerales críticos” promovidos en el evento.“Las actuales políticas de materias primas y de comercio de la UE contradicen la pretensión y la retórica de Europa de defender los derechos humanos y las normas ambientales más estrictas y de apoyar a los países ricos en minerales en la creación de valor agregado y en su propia transición energética”, sostuvo Teresa Hoffmann, experta en políticas de materias primas de la UE e integrante de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). “En lugar de avanzar rápidamente en la aplicación de los derechos humanos y las normas ambientales, se corre el peligro incluso de desregular las leyes existentes en nombre de la ‘competitividad a través de la simplificación’”. Paradigma de competitividadLa agenda del evento mostró el paradigma que impulsa la Comisión Europea en el marco de la competitividad frente a otros países como China y Estados Unidos, que también buscan controlar el mercado de las llamadas “tecnologías limpias” y de otras industrias como la militar y aeroespacial. Este enfoque se sustenta en el Informe Draghi que destaca la importancia de reforzar la posición de Europa en el mercado global.Esta narrativa enmarca la competitividad desde una perspectiva de crecimiento perpetuo, ignorando elementos claves como la sostenibilidad ambiental, la justicia social y la necesidad de adoptar medidas genuinas para que la UE adopte medidas para reducir su demanda de minerales y su consumo de energía.“El nuevo paradigma de competitividad no toma en cuenta las limitaciones del planeta, ni las crisis climáticas, de biodiversidad y del agua, arriesgando perpetuar y profundizar las relaciones de asimetría y desigualdad que existen entre países del sur y el norte global y promoviendo políticas que impiden una transición energética global justa”, señaló Pía Marchegiani, directora ejecutiva adjunta y del área de Política Ambiental de FARN. Regulación Europea de Materias Primas Fundamentales (CRMR)Bajo esta lógica, la Comisión discutió esta semana sobre la implementación de la Regulación Europea de Materias Primas Fundamentales (Critical Raw Materials Regulation, CRMR) vía los ‘proyectos estratégicos’ y ‘asociaciones estratégicas’ en y con países del sur global.Es crítico que a pesar de que la regulación será ampliamente implementada en Latinoamérica donde gran parte de estos minerales se encuentran en ecosistemas estratégicos para la vida y territorios indígenas, esta no incluya mecanismos sólidos de debida diligencia de derechos humanos y ambientales adecuadas al contexto sociocultural de esta región. Por el contrario, la regulación permite que las empresas europeas se autorregulen en el cumplimiento de estándares de derechos humanos y ambientales mediante esquemas que no dan cuenta de la complejidad de los impactos agregados y sinérgicos de las actividades extractivas que se expanden a gran velocidad debido a la demanda europea y global.“Desde Europa se busca asegurar el acceso a minerales y energía por medio de la modernización de tratados de libre comercio, acuerdos bilaterales de inversión y la propia CRMR. Desde esta nueva ley, se promueven mecanismos privados de participación multiactor y estándares mineros en materia ambiental o de transparencia que no pueden ser entendidos como sustituto de los procedimientos y regulaciones contempladas en las leyes de países. Actualmente, son utilizados por las mismas empresas y estados que en conjunto niegan sistemáticamente el derecho a la consulta libre, previa e informada de pueblos muchas veces afectados simultáneamente por megaproyectos mineros y energéticos”, indicó Ramón Balcázar, investigador y director ejecutivo de Fundación Tantí. Realidades territoriales fuera de la agenda de la UEEn América Latina existe evidencia suficiente de que la extracción a gran escala de minerales se traduce en degradación y conflictividad socioambiental, trayendo consigo graves riesgos para las comunidades locales y los defensores del ambiente.En el Salar de Atacama, en Chile, y el Salar del Hombre Muerto, en Argentina, la extracción de litio ha generado conflictos medioambientales, debilitado el tejido social, profundizado la violencia estatal y afectado significativamente a estos sensibles ecosistemas.A pesar de lo anterior, representantes gubernamentales de varias provincias argentinas que participaron en el evento no se refirieron a la falta de licencia social y la grave conflictividad socioambiental a la que se enfrentan. Por el contrario, subrayaron las oportunidades de inversión en esas provincias ricas en minerales, promoviendo reformas que generan un grave retroceso en los derechos humanos y ambientales como el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Así fue denunciado por la organización Argentina FARN en reciente comunicación.“La Unión Europea cuenta con regulaciones cuyos procesos de implementación no están respetando los derechos de acceso y el derecho internacional ambiental”, señaló Yeny Rodríguez, abogada senior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Esto es sumamente preocupante, pues sabemos, que hay 49 proyectos estratégicos para la extracción de minerales de transición que no están dentro de la UE (de 170 propuestas en total), pero no tenemos información sobre cuáles son. Es posible que estén en el sur global y, más preocupantemente, proyectados en tierras indígenas y ecosistemas estratégicos para el clima, que deberían ser reconocidos como No-Go Zones por la UE, es decir, espacios libres de minería”.Hacemos un llamado para que las UE adopte rápidamente soluciones efectivas de reducción de la producción y el consumo de minerales en la UE, y profundice su política de circularidad, a fin de que aborde las crisis sociales y ecológicas intergeneracionalmente de forma justa, sin generar nuevas desigualdades o comprometer el bienestar humano de América Latina, tal y como fue solicitado recientemente por la misma Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas. Contactos de prensaAnna Miller (EE. UU.), AIDA, [email protected], +17166029553Belén Felix (Argentina), FARN, [email protected], +5491134214728Felipe Fontecilla (Chile), Fundación Tantí, [email protected], +56954460903
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COP29: La meta climática desilusiona e invita a buscar esperanza en otro lado
La vigésimo novena Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP29), celebrada en Bakú, Azerbaiyán, fue llamada “la COP del financiamiento” ya que la decisión más esperada era el establecimiento de la Nueva Meta Colectiva y Cuantificable (NCQG, por sus siglas en inglés) de financiamiento climático global, el monto al que se comprometerían los países desarrollados para financiar la acción climática en los países en desarrollo. El tema acaparó toda la atención, dejando en sombras todo lo demás. Además, la reciente reelección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, acompañada por su amenaza de abandonar el Acuerdo de París y revertir la acción climática del país, marcó el tono de las negociaciones.Las negociaciones, previstas del 11 al 22 de noviembre, fueron intensas y finalizaron recién en la madrugada del domingo 24, casi dos días después del cierre planeado, con la aprobación de un texto que generó gran desilusión. Aun así, la invitación es a no dejarnos enceguecer por la decepción. Por mucho que lo queramos, demandemos y esperemos, las negociaciones climáticas internacionales no entregan lo que tan desesperadamente necesitamos. Busquemos la esperanza en lo que sí sucede y funciona, como los proyectos locales, liderados por comunidades, y el trabajo de la sociedad civil, que no se rinde.A continuación, un balance de la COP29 basado en lo acordado respecto del financiamiento climático y otros temas relevantes. Nueva meta de financiamiento climáticoEl mandato era claro: la nueva meta debía superar la anterior, de 100 mil millones de dólares anuales, y responder a las necesidades y prioridades de los países en desarrollo. Sin embargo, mientras estos pedían 1.3 trillons (millón de millones) anuales, la oferta fue de apenas 300 mil millones (menos de un tercio y apenas el 12% del presupuesto militar mundial en 2023) para 2035. “Is this a joke?” (¿es una broma?) exclamó al respecto el jefe de la delegación boliviana en una rueda de prensa.Los países en desarrollo también demandaban que el financiamiento fuera adecuado, es decir, basado principalmente en fondos públicos, bajo la forma de donaciones e instrumentos altamente concesionales que no agravaran las pesadas deudas que ya soportan. Además, pedían una inclusión explícita de las pérdidas y daños como uno de los objetivos del financiamiento (junto con la mitigación y adaptación), así como una meta específica para la adaptación.Pero nada de eso se consiguió. La meta quedó abierta al financiamiento privado, diluyendo aún más la responsabilidad de los países desarrollados. Tampoco se estableció una meta específica para adaptación ni se incluyó mención alguna a las pérdidas y los daños. Por si quedaba alguna duda, toda referencia a los derechos humanos fue eliminada del texto final.Cómo único alivio, se hizo un llamado a movilizar 1.3 trillons de dólares anuales en financiamiento climático de una amplia base de fuentes, a través del denominado Roadmap Bakú-Belem (Hoja de Ruta Bakú-Belém), con miras a alcanzar este objetivo para 2035. Sin embargo, se trata de un “llamado” y no de un compromiso vinculante, cuyos resultados concretos dependen de la voluntad política en los próximos años. Balance Global y temas de géneroNo se logró ningún avance significativo en cuanto a los resultados del Balance Global del estado de implementación del Acuerdo de París, presentados el año pasado, particularmente en cuanto a la transición de los combustibles fósiles. El tema fue postergado para la COP30, que tendrá lugar el próximo año en la ciudad brasileña de Belém do Pará.Aunque los temas de género tampoco prosperaron lo suficiente, deben reconocerse ciertos avances, como la extensión por 10 años del Programa de Trabajo de Lima, que sienta las bases para el desarrollo de un Plan de Acción de Género y ofrece la oportunidad de seguir profundizando la integración de la equidad de género en la acción climática, particularmente mientras los países elaboran las actualizaciones de sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés).Además, el texto del NCQG reconoce a las mujeres como beneficiarias de los fondos, pero no se asegura el abordaje de las circunstancias específicas y las discriminaciones interseccionales que enfrentan muchas mujeres. Mercados de carbonoLo que sí vio la luz fueron los mercados de carbono, con la aprobación de las reglas para un mercado global. Los mercados de carbono son sistemas comerciales en los que se venden y compran créditos de carbono. Cada crédito representa una tonelada de CO₂, o su equivalente en otros gases de efecto invernadero, eliminada de la atmósfera. Los créditos los generan proyectos que reducen emisiones (conservación de bosques, energía renovable o eficiencia energética, entre otros). Los compradores son empresas contaminantes que buscan compensar emisiones para permanecer en norma. El tema llevaba más de una década en conversaciones por la dificultad de garantizar la credibilidad del sistema para reducir emisiones. Aunque representa el último pendiente del Acuerdo de París, firmado hace más de 10 años, la sociedad civil no celebra. Estos mercados permiten a las empresas seguir contaminando, siempre que paguen por reducciones de carbono en otro lugar del mundo. Reducción de emisiones de metanoUn hecho prometedor fue la firma, por más de 30 países, de la Declaración sobre la reducción del metano de residuos orgánicos. Los signatarios, que representan casi la mitad de las emisiones mundiales de ese tipo, se comprometieron a establecer objetivos sectoriales específicos para la reducción de metano en sus futuras NDC, enfatizando la relevancia de la gestión de residuos orgánicos en la lucha contra el cambio climático. En conclusiónAl final, los resultados no son sorprendentes. Las COP sobre cambio climático suelen dar poco que celebrar, pero no debemos olvidar que son un espacio único donde todos los países se sientan a buscar consensos para avanzar en un objetivo común. La existencia misma de esta instancia refleja una intención de reconocer las responsabilidades históricas, en favor de la justicia y de un mundo donde podamos coexistir en armonía. Es una plataforma desde la cual empujar, por más que traiga más frustración que resultados. Por otro lado, resulta tremendamente esperanzador y motivante ver a la sociedad civil en acción. Cientos de representantes de diferentes organizaciones y movimientos dan lo mejor de sí para lograr resultados que reflejen el cumplimiento de los compromisos internacionales de los países desarrollados hacia sus pares en desarrollo, el clima y el equilibrio natural de nuestro planeta. Finalmente, los eventos paralelos que se dan en las COP son fuente de inspiración. Por los costados y sin mucho revuelo, se mueven personas de comunidades y pueblos indígenas que están implementando soluciones climáticas en sus territorios, con resultados exitosos concretos. Esas personas, como semillas que germinan silenciosamente, representan una poderosa fuente de esperanza.
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