
Project
Foto: Alberto Peña KayCuidando al Páramo de Santurbán de los daños de la mineria
En la región andina, bosques y humedales situados a gran altitud, llamados páramos, capturan agua de la niebla y la suministran a tierras bajas. En Colombia, cerca de dos millones de personas dependen del páramo de Santurbán para su provisión de agua.
Los páramos en buen estado capturan además grandes cantidades de carbono, mitigando el cambio climático, y son refugio para cientos de especies amenazadas, incluyendo al icónico ojo de anteojos.
La tierra en y alrededor del páramo de Santurbán contiene oro y otros minerales. Una empresa canadiense, Eco Oro Minerals, quiere construir la mina de oro Angostura, la cual liberaría grandes cantidades de cianuro y arsénico en el agua que viene del páramo.
El trabajo legal de AIDA ayudó a convencer al Gobierno colombiano de:
- Negar una licencia ambiental a la mina Angostura en mayo de 2011.
- Proteger, en 2013, 76 por ciento del páramo de Santurbán de actividades industriales, un porcentaje mayor al propuesto inicialmente.
De otro lado, AIDA, junto con sus socios, abogó para que el Banco Mundial retire su inversión de la mina Angostura, lo que finalmente ocurrió en diciembre de 2016.
Apoyamos también el litigio que condujo a que el más alto tribunal de Colombia reafirmara en febrero de 2016 que la minería en páramos está prohibida.
Sin embargo, 24 por ciento de Santurbán aún está desprotegido porque no fue designado oficialmente como páramo en la delimitación hecha por el gobierno, la cual fue además invalidada por la justicia en noviembre de 2017 porque no se consultó a las comunidades afectadas.
El gobierno debe ahora realizar un nuevo proceso de delimitación en diálogo con la población de la zona. Y las amenazas para Santurbán continúan ya que Eco Oro todavía quiere construir su mina y existe otro proyecto minero que se busca implementar en sus cercanías.
Partners:

Proyectos relacionados
Líderes de movimientos brasileños en contra de Belo Monte amenazados con cárcel por protestas legales
Grupos internacionales denuncian ante la OEA y organismos de derechos humanos de la ONU intentos de criminalizar a la sociedad civil. Altamira (PA), Brasil. Movimientos sociales y organizaciones brasileñas de la sociedad civil enfrentan juicios por motivos políticos, dada su oposición legítima a la construcción de la presa de Belo Monte, según una de las principales organizaciones internacionales de derechos humanos y ambiente. En un informe enviado a los órganos de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de las Naciones Unidas (ONU), grupos brasileños e internacionales denunciaron los intentos de procesar a los activistas ambientales y de derechos humanos, y de solicitar la detención de 11 líderes de la sociedad civil, incluyendo un periodista local y los demandantes en el caso internacional correspondiente a la controversial represa. Entre los acusados están un periodista local, los líderes del Movimiento Xingu Vivo para Siempre, un sacerdote que dio una misa antes de la protesta, una monja católica, un documentalista que filmó el evento y un pescador cuya casa fue demolida para dar paso a la presa. “Las quejas presentadas por el consorcio de la represa y las solicitudes de arresto están basadas en información fabricada y en grandes distorsiones de los hechos, con la clara intención de criminalizar a los líderes de un movimiento social legítimo que se opone a la obsesión del gobierno federal de construir Belo Monte, a pesar de los costos humanos y ambientales y de la violación a las normas” dijo Marco Apolo, abogado y co-director de SDDH, una conocida ONG de derechos humanos del estado de Pará, Brasil. La policía estatal de Brasil solicitó una orden de arresto en una corte local que aún está pendiente de aprobación, y se dio en respuesta a una queja del consorcio que construye la presa, después de las protestas pacíficas organizadas por grupos brasileños de la sociedad civil para celebrar los 23 años de resistencia al megaproyecto de la represa. La protesta tuvo lugar en San Antonio, un pequeño poblado agrícola, que ya fue desplazado por la construcción de la presa. En un hecho aislado un pequeño grupo de personas de manera independiente entraron a la oficina del consorcio y causaron algunos daños. A pesar de la ausencia de evidencia que vincule el incidente con los líderes del movimiento, la policía solicitó el arresto por los cargos de daños a la propiedad, robo, incendio y alteración del orden público. "Esperamos una pronta respuesta de la OEA y de la ONU con respecto a este intento rampante de intimidar y criminalizar a los defensores derechos humanos y medio ambiente, quienes trabajan para proteger a las comunidades afectadas por Belo Monte” declaró Joelson Cavalcante, abogado brasileño de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), quien es co-autor del informe. "El gobierno brasileño no puede silenciar las críticas a su política de desarrollo, arrestando a quienes protestan", puntualizó. Algunos de los acusados también son demandantes en un caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra Brasil, por no consultar a las comunidades locales y por ignorar las salvaguardias esenciales para proteger los derechos humanos y el ambiente de los pueblos afectados por la represa. En abril de 2011, la Comisión Interamericana solicitó medidas especiales para proteger los derechos de las 12 comunidades indígenas, una resolución que el gobierno brasileño hasta ahora, se ha negado a cumplir. Grupos brasileños e internacionales, incluyendo AIDA, han interpuesto varias denuncias de violaciones a los derechos humanos relacionadas con el desarrollo de la represa Belo Monte. El proyecto causará serios daños a las tierras de las comunidades indígenas y rurales y sus modos de vida, incluyendo las tribus no contactadas en aislamiento voluntario. La represa sería la tercera más grande del mundo y desplazaría a unas 40, 000 familias. Los intentos por silenciar las protestas en contra del proyecto surgen justo después de las recientes recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que llamó al gobierno brasileño a salvaguardar el trabajo de los defensores de derechos humanos y proteger los derechos humanos de las comunidades indígenas y afro descendientes. “Belo Monte es un ejemplo triste de la política de desarrollo mal dirigida” declaró Astrid Puentes, Co-Directora de AIDA. “Esperamos que Brasil por fin prestará atención a las recomendaciones de la ONU y la OEA y promoverá un verdadero desarrollo justo y sostenible, demostrando que lo dicho en Río+20 es realidad. Detener la criminalización injustificada de defensores y defensoras de derechos humanos en el Xingu sería un paso positivo en esa dirección.” Para más información: www.xinguvivo.org.br
Leer más
Cuatro años sin haberse creado el reglamento de pesca en México
Por Sandra Moguel, asesora legal de AIDA, @sandra_moguel Una de las causas por las cuales los recursos pesqueros escasean en México es la falta de políticas y reglamentos claros e integrales que ataquen problemas de sobrepesca. Desde el 24 de julio de 2007 se publicó la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables en el Diario Oficial de la Federación con los objetivos de mejorar la calidad de vida de los pescadores, generar aprovechamiento de estos recursos por parte de las comunidades y grupos indígenas, y desarrollar ordenamientos pesqueros, entre otros. La misma Ley cataloga al manejo de los recursos pesqueros como asunto de seguridad, por lo que en su artículo Sexto Transitorio obliga a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) a expedir el Reglamento de esta ley en un término de seis meses a partir de su entrada en vigor, es decir, a más tardar el 22 de octubre de 2007. A casi cuatro años, esto todavía no sucede. La Ley mencionada no desarrolla suficiente y detalladamente aspectos como cuotas de captura, el procedimiento para la creación de zonas de refugio, derechos de propiedad en las concesiones, aspectos de inspección y vigilancia, incluyendo sanciones a las violaciones a la misma ley. Indiferencia a la presión social y política Varios grupos de la sociedad civil han solicitado a las autoridades pesqueras que se expida el Reglamento; también los Senadores exhortaron a la CONAPESCA con carácter de urgente para expedir el Reglamento. En elexhorto señalan que se trata de un vacío injustificable que no sólo afecta al ambiente marino y su biopersidad, sino también impactalos derechos humanos a la alimentación y trabajo de las personas. Es lamentable que CONAPESCA ignore la participación de los pescadores y sector conservación ambiental incumpliendo así disposiciones delCódigo de Conducta de Pesca Responsable de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO, cuyo texto señala que los Estados deberían facilitar la consulta y la efectiva participación de la industria, trabajadores de la pesca, las organizaciones ambientalistas y otras interesadas, en la toma de decisiones con respecto a la elaboración de normas y políticas relacionadas con la ordenación y el desarrollo pesqueros, y el crédito y la ayuda internacionales. México tiene la obligación de aplicar el principio precautorio de laDeclaración de Río en todas sus acciones gubernamentales; este principio reconoce que la ciencia puede no ser exacta, por lo que es necesario prevenir la ocurrencia de más daños como los que se han presentado. Por esto, el Reglamento de Pesca debe expedirse a la brevedad posible para evitar daños severos en los ecosistemas marinos causados por la sobrepesca. Para ello, cuando exista la posibilidad de ocasionar “daños graves e irreversibles”, se deberán implementar medidas eficaces para evitarlos. Dicho principio ha sido aplicado en los tribunales mexicanos. Costa Rica, el ejemplo Una legislación pesquera estricta y adecuada de la pesca podría evitar la extinción masiva; desafortunadamente, los gobiernos con frecuencia deben presionarse por sectores sociales o por grupos de la sociedad civil organizada para lograr que se apeguen a las leyes de protección al ambiente y de conservación marina. Esto sucedió en Costa Rica cuando AIDA junto con otras organizaciones socias presentaron unademanda de amparo en donde se requiere la expedición del Reglamento de la Ley de Pesca y Acuicultura de Costa Rica; este caso es muy parecido al de México, en donde la autoridad pesquera había incumplido su obligación de reglamentar las disposiciones de la Ley en un plazo de ocho meses a partir de su entrada en vigor. Como resultado de esta acción legal, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica ordenó a la autoridad de pesca a promulgar el Reglamento mencionado con la participación de la sociedad civil. El Estado mexicano a través de la CONAPESCA debe expedir el Reglamento para cumplir con el artículo 4 Constitucional que protege el derecho al medio ambiente sano de los mexicanos, el principio precautorio, los derechos humanos, así como las obligaciones contenidas en los tratados internacionales. Las organizaciones civiles difundiremos dicho incumplimiento y coordinaremos a los afectados para que la presión social y política, al menos, no por su profesionalismo, sino por la presión mediática, atiendan esta necesidad urgente para el país.
Leer másQueja interpuesta contra el Grupo del Banco Mundial por el financiamiento de mina de oro de Eco Oro Minerals en frágiles humedales colombianos
Comunidad que habita aguas abajo del proyecto presentó queja ante el Ombudsman de la CFI. Bucaramanga, Colombia. Hoy, grupos locales de Bucaramanga, Colombia presentaron una denuncia contra la inversión del Grupo del Banco Mundial en el proyecto de mina “Angostura”, de la empresa minera Eco Oro Mineral, ante la Oficina del Ombudsman y Asesor en materia de Observancia (CAO, por sus siglas en inglés), mecanismo de quejas independiente de la Corporación Financiera Internacional (CFI). La denuncia cita, entre las diez principales preocupaciones de la población, el fracaso de la CFI para evaluar los impactos, potencialmente graves e irreversibles, tanto sociales como ambientales del proyecto. Éste es una mina de oro de gran escala ubicada en un frágil humedal de alta montaña, llamado páramo de Santurbán, que proporciona agua a más de 2,2 millones de colombianos. El Comité por la Defensa del Agua y del Páramo Santurbán, una alianza de casi 40 grupos que viven aguas abajo del proyecto en Bucaramanga, afirma que la CFI (brazo financiero del Banco Mundial para el sector privado) ignoró sus políticas al invertir USD 11,79 millones en el proyecto de Greystar Resources - ahora Eco Oro Mineral - en 2009. La CFI apoyó el proyecto minero antes de que la empresa cumpliera con las evaluaciones de impacto ambiental y social, exigidas por la legislación colombiana. “Podría haber una veintena de municipios afectados por este proyecto. Creemos que es indignante que una iniciativa tan perjudicial como la minería cuente con el respaldo del Grupo del Banco Mundial, cuya misión es promover el desarrollo real y sostenible”, dijo el abogado Miguel Ramos, miembro del Comité, que incluye un variado grupo de representantes de derechos humanos, medio ambiente, estudiantes y organizaciones empresariales. Luego de fuertes protestas de más de 40.000 personas y polémicas audiencias, el Ministerio de Medio Ambiente colombiano rechazó la solicitud inicial de una licencia ambiental presentada por la compañía con sede en Vancouver. El Ministerio basó su decisión en el derecho ambiental y constitucional del país, que prohíbe la actividad minera en los humedales de páramo. Los páramos son ecosistemas frágiles que suministran aproximadamente el 75% del agua dulce de Colombia, incluyendo el agua potable de millones de personas, y desempeñan un papel clave en la mitigación y adaptación al cambio climático. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL) y Alerta Minera Canadá, apoyan la petición del Comité en relación a que la CAO realice la auditoria del proyecto y recomienda una retirada total de los fondos de la CFI. “La CFI se promociona como un líder internacional en estándares ambientales y sociales”, comentó Natalia Jiménez Galindo, abogada de AIDA. “Sin embargo el proyecto Angostura de Eco Oro indica lo contrario e incentiva a que futuros inversionistas no cumplan con las obligaciones en materia de medio ambiente, ya a que en este caso, la CFI ni siquiera garantiza una protección mínima para el medio ambiente, exigiendo una evaluación de impacto ambiental y social”. De hecho, el Proyecto de Eco Oro ya ha estimulado las inversiones de por lo menos otras cinco empresas en áreas próximas al mismo, representando más del doble de la superficie de las concesiones mineras en el páramo de Santurbán. “La CFI invirtió en la mina de Eco Oro, declarando explícitamente que sería un éxito impulsar otras inversiones en el sector minero de Colombia. Sin embargo, la CFI no toma en cuenta las graves consecuencias ambientales, sociales y económicas, particularmente en un área que ha sido zona de conflicto. Por ello deberían reevaluar su inversión y retirarla,” Expresó, Jen Moore, Coordinadora del Programa América Latina de Alerta Minera Canadá. La queja alega que la CFI ha pasado por alto los potenciales problemas de seguridad relacionados con el proyecto Angostura de Eco Oro. Se proporciona evidencia que de actos de violencia asociados por grupos de guerrilleros y paramilitares despues del establecimiento de instalaciones militares en la zona en 2003, lo cual contradice afirmaciones de la empresa minera. Eco Oro posee derechos mineros de aproximadamente 30.000 hectáreas de tierra en el páramo de Santurbán, cerca de la ciudad de Bucaramanga, en el departamento de Santander. En respuesta al rechazo de su propuesta de proyecto minero a cielo abierto del año 2009, la compañía habría dicho en 2011 que perseguiría una operación minera completamente bajo tierra. Pero las personas de Bucaramanga continúan absolutamente en desacuerdo con el proyecto. Se considera que la región alberga importantes depósitos de oro, carbón y otros minerales.
Leer más