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Alberto Peña Kay
Cuidando al Páramo de Santurbán de los daños de la mineria
En la región andina, ecosistemas de alta montaña, llamados páramos, capturan agua de la niebla y la suministran a tierras bajas. Uno de ellos es el páramo de Santurbán, que abastece de agua dulce a más de dos millones de personas en Colombia.
Santurbán, como los otros páramos del continente, también captura grandes cantidades de carbono, siendo así un aliado clave para la mitigación de la crisis climática. Es además refugio para cientos de especies amenazadas, incluyendo al icónico oso de anteojos.
La tierra en y alrededor del páramo contiene oro y otros minerales. Ello ha puesto a Santurbán en la mira de la industria minera multinacional que, por décadas, ha buscado instalar proyectos de gran escala en el ecosistema que amenazan con degradarlo.
El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán —una coalición de personas defensoras ambientales— ha frenado estos intentos continuos, apoyado por AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil.
Antecedentes
El páramo de Santurbán está en medio de la cordillera Oriental de los Andes colombianos, en los departamentos de Santander y Norte de Santander, a una altura que va de los 2.200 a los 4.290 metros sobre el nivel del mar.
Comprende una superficie de 129.743 hectáreas, en las que alberga 57 lagunas. Es hábitat de 457 especies de plantas y de 293 de fauna vertebrada.
En Santurbán existen yacimientos mineros, sobre todo de oro, pero también de plata y cobre. A ello se debe la tradición minera de la región, particularmente en la parte del páramo que está en Santander, en la provincia de Soto Norte. Las comunidades de la zona han construido su cultura e identidad en torno a la extracción de oro, principalmente artesanal y de pequeña escala.
Pero los depósitos de oro en el páramo también han atraído, desde los años 90, a conglomerados mineros extranjeros que han buscado desarrollar proyectos de gran escala. Esto ha generado preocupación en la población que se abastece de las fuentes hídricas de Santurbán, quienes se han movilizado en defensa del agua, el territorio y la vida.
Pese a que normas nacionales e internacionales prohíben la minería en páramos, el gobierno colombiano ha otorgado títulos mineros a empresas transnacionales en Santurbán.
Foto: Keishpixl / Pixabay.
El largo camino de defensa del páramo
Una de las empresas que buscó desarrollar gran minería en Santurbán es Eco Oro Minerals Corp. —antes Greystar Resources—, empresa canadiense que pretendía instalar allí la mina a cielo abierto Angostura para extraer oro y plata. Entre 1994 y 1995, la empresa adquirió sus títulos mineros e hizo exploraciones. Y en 2010 solicitó el permiso de explotación minera.
Fue en ese año cuando AIDA se involucró en la defensa del ecosistema, apoyando al Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. Nuestro trabajo legal contribuyó a que, en mayo de 2011, el gobierno colombiano negara la licencia ambiental a la mina.
En enero de 2013, el gobierno declaró una parte del páramo (11.700 hectáreas) como Parque Natural Regional. Ese año —junto con el comité y organizaciones aliadas—, realizamos una campaña y trabajo de incidencia para que el gobierno reconociera la totalidad de Santurbán como ecosistema de páramo mediante una delimitación con base en criterios científicos. En diciembre de 2014, el Ministerio de Ambiente realizó una delimitación que protegía el 76 % del páramo (98.954 hectáreas).
Por otro lado, fruto de un litigio apoyado por AIDA, en febrero de 2016, el más alto tribunal de Colombia reafirmó que la minería en páramos está prohibida.
Ese mismo año, en diciembre, la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Grupo del Banco Mundial para el sector privado, retiró su inversión en Eco Oro Minerals. Este logro resultó de un proceso iniciado en 2012, cuando el comité —asesorado y acompañado por AIDA y organizaciones internacionales aliadas— presentó un reclamo ante un mecanismo independiente de quejas, el cual concluyó que la inversión de la CFI en el proyecto Angostura no tomó en cuenta los impactos sociales y ambientales del mismo, contradiciendo las políticas internas de la institución financiera.
También en 2016, Eco Oro Minerals presentó una demanda de arbitraje contra el Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) argumentando afectaciones por las decisiones estatales orientadas a la protección de los páramos del país, incluida la delimitación de Santurbán.
En 2017, la Corte Constitucional invalidó la delimitación porque no se consultó a las comunidades afectadas. El alto tribunal ordenó hacer una delimitación participativa.
Y ese año surgió una nueva amenaza para Santurbán cuando la multinacional canadiense Aris Mining solicitó el permiso ambiental para Soto Norte, un proyecto de minería de oro ubicado en las cercanías del páramo. Tras movilizaciones ciudadanas y cuestionamientos técnicos, en octubre de 2020, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales archivó el proyecto.
Foto: Aztlec.
Situación actual
En marzo de 2025, el gobierno colombiano declaró al costado occidental del macizo de Santurbán como zona de reserva temporal de recursos naturales renovables, delimitando y protegiendo un área de 75.344,65 hectáreas. Esto implicó la suspensión por dos años del proyecto Soto Norte. No obstante, continúa vigente el contrato que tiene Aris Mining para formalizar las actividades mineras de pequeña escala de la empresa Calimineros mediante la compra y procesamiento de material mineralizado.
Además, la minera canadiense continúa impulsando el proyecto. En septiembre de 2025, publicó su estudio de prefactibilidad, replanteando el diseño original de la mina.
De otro lado, quienes integran el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán enfrentan amenazas y estigmatización por su labor. En marzo de 2025, Relatorías Especiales y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU denunciaron esos hechos mediante comunicaciones enviadas a los gobiernos de Colombia, Canadá y Emiratos Árabes Unidos; así como a las empresas Aris Mining y MDC Industry Holding Company LLC, antigua copropietaria del proyecto Soto Norte.
En cuanto a la demanda de arbitraje presentada por Eco Oro Minerals, en julio de 2024, el CIADI falló a favor del Estado colombiano y rechazó el reclamo de indemnización por USD 1.100 millones presentado por la empresa canadiense.
Respecto de la delimitación de Santurbán, en julio de 2026, el Ministerio de Ambiente expidió una resolución que introduce el concepto de “delimitación progresiva”. Con esa base, el gobierno propone delimitar progresivamente el páramo, abarcando 29.199 hectáreas en 19 municipios, aquellos donde ya concluyeron los acuerdos participativos exigidos por la Corte Constitucional en su fallo de 2017. Plantea también dos medidas sobre creación y ampliación de reservas para restringir la minería en el ecosistema.
Conoce más de los impactos de la minería en los páramos de América Latina
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Proyecto Angostura será investigado por auditor independiente del Banco Mundial
La decisión da la razón a denunciantes que afirman que la Corporación Financiera Internacional no evaluó adecuadamente los impactos ambientales y sociales del proyecto en Colombia.Washington/Bogotá/Ottawa. La Oficina del Asesor en Cumplimiento (CAO, por sus siglas en inglés), mecanismo de rendición de cuentas de la Corporación Financiera Internacional (CFI), realizará una auditoría a la compra de acciones de la CFI en Eco Oro Minerals (antes Greystar Resources Ltd.) por US$18.2 millones. Dicha empresa canadiense pretende ejecutar un proyecto minero de oro llamado Angostura en el páramo de Santurbán, ubicado entre los departamentos colombianos de Santander y Norte de Santander.La decisión responde a la queja presentada en junio de 2012 por el Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán con apoyo de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL) y MiningWatch Canadá. Los peticionarios argumentaron que la inversión no cumplió con las políticas de sostenibilidad social y ambiental de la CFI, entidad parte del Grupo del Banco Mundial.“Celebramos la decisión de la CAO de avanzar la queja a una auditoría. Esto se suma a nuestros argumentos sobre la inviabilidad de la mina Angostura en Santurbán”, sostuvo Miguel Ramos, abogado miembro del Comité. “Si la CAO concluye que el proyecto no está cumpliendo y no va a cumplir con sus estándares, la CFI debería vender sus acciones”. Los páramos, humedales de gran altitud, son fuente de agua dulce y refugio para especies endémicas y amenazadas como el oso de anteojos y el cóndor andino. Así lo reconoce incluso la CFI. Además son ecosistemas esenciales para la mitigación del cambio climático. Las normas colombianas e internacionales prohíben la minería en páramos. Por ello, en mayo de 2011, el Ministerio de Ambiente de ese país negó la licencia ambiental al proyecto, propuesto inicialmente como mina a cielo abierto y ahora como mina subterránea.“Consideramos que una mina a cielo abierto o subterránea causaría daños irremediables a un ecosistema esencial para Colombia y para la región por su alta biodiversidad, su importancia para mitigar el cambio climático y por ser fuente de agua dulce para dos millones de personas. Por lo tanto y en cumplimiento de las normas, no debería implementarse”, indicó Astrid Puentes, co-directora ejecutiva de AIDA.La investigación de la CAO se enfocará en conocer si la evaluación de los riesgos sociales y ambientales se realizó de manera adecuada, en especial de aquellos acumulativos y de largo plazo.“La CFI invirtió para impulsar el sector minero en Colombia sin tener la información necesaria de los impactos, tanto del proyecto como del posible desarrollo de un distrito minero en la zona de Santurbán, una región que ha sido afectada por el conflicto armado y donde 70,000 hectáreas han sido concesionadas a varias empresas desde que Eco Oro llegó”, afirmó Jennifer Moore, coordinadora del Programa para América Latina de MiningWatch Canadá. “Esto demuestra que es una política irresponsable e inmanejable".La decisión de la CAO llega dos semanas después de otra similar, la de hacer una auditoría a una mina de cobre en Perú. En ese caso, la CFI compró acciones en un proyecto en etapa preliminar sin evaluar los impactos.“Desde nuestra perspectiva, de continuar aceptando este tipo de inversiones, la CFI podría incumplir con sus estándares. Es un patrón sumamente preocupante”, manifestó Kristen Genovese, abogada de CIEL.Las organizaciones que presentaron la queja esperan que el resultado de la investigación que realizará la CAO sea comprehensivo y que cuestione en profundidad la política actual de la CFI de impulsar la minería a gran escala a través de la compra de acciones en empresas mineras de exploración llamadas "junior". Vea la versión en PDF del informe de la CAO (sólo en inglés).Consulta la traducción no oficial a español del resumen del informe.
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A propósito de la consulta previa y las grandes represas
Por Sandra Moguel, asesora legal de AIDA, @sandra_moguel Jake Sully es un guerrero reclutado para una misión en un sitio denominado Pandora. Un consorcio corporativo está extrayendo un mineral que resolverá la crisis energética de la Tierra y su objetivo es infiltrarse entre los Na'vi, tribu que obstaculiza la actividad minera. La historia da un giro pues Jake aprende a respetar el modo de vida de los Na'vi y llega a comprenderlos. Lo descrito corresponde a la trama de Avatar, película que vi el fin de semana y a partir de la cual reflexioné sobre el problema de la consulta previa a los pueblos indígenas en proyectos hidroeléctricos. Las empresas y autoridades deben saber que lo que se busca con la consulta es la inclusión de los grupos vulnerables en la toma de decisiones gubernamentales. Además, las comunidades indígenas tienen derecho a decidir cómo quieren vivir y, según el caso, a rechazar la construcción de hidroeléctricas en sus territorios o el uso que esos proyectos hagan de los recursos naturales con los que conviven desde sus ancestros. El Artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que los Estados están obligados a “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. Y en su Artículo 7 establece que estos pueblos “deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera (…)”. De lo anterior se desprende que los Estados deben diseñar, organizar y llevar a cabo la consulta. El problema es que aún no logran internalizar procesos transparentes para ello. Tres ejemplos de la falta de consulta en la región 1. Belo Monte La construcción de grandes represas aqueja a muchos pueblos indígenas en América Latina. En Brasil, por ejemplo, se construye la tercera hidroeléctrica más grande del mundo: Belo Monte. Las autoridades de ese país argumentan que proyectos de este tipo son baratos y de bajo impacto, pero no consideran los otros usos del río en los análisis de costo-beneficio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (al otorgar medidas cautelares) y el Comité de Expertos del Convenio 169 de la OIT (en la Observación CEACR 2011/82) establecieron que el Estado brasileño debió explicar el proyecto —de buena fe y de manera culturalmente apropiada— a las comunidades afectadas por la represa para llegar a un acuerdo con ellas. Los daños de la construcción de hidroeléctricas al ambiente son innumerables. Y en el aspecto humano, los pueblos indígenas pierden el acceso al agua en sus tierras ancestrales, a sus tradiciones, sitios sagrados y a su forma de vida (si por ejemplo se dedican a la pesca como actividad económica primaria). 2. Urra I En Colombia, la sentencia T652/98 bde la Corte Constitucional estableció lo siguiente respecto de la hidroeléctrica Urrá I: “El procedimiento para la expedición de la licencia ambiental que permitió la construcción de la hidroeléctrica Urrá I fue irregular, y con violación de los derechos fundamentales del pueblo Embera-Katío del Alto Sinú, pues se omitió la consulta que formal y sustancialmente debió hacérsele”. En este caso, la construcción de la hidroeléctrica ya se había consumado con perjuicios irreversibles. La justicia ordenó a la empresa Urrá indemnizar durante 20 años a cada indígena afectado de la comunidad Embera, “en la cuantía que garantice su supervivencia física, mientras elabora los cambios culturales, sociales y económicos”. Aunque dicha disposición se haya cumplido, el daño ya estaba hecho. 3. Las Cruces La Comisión Federal de Electricidad (CFE) planea construir la represa Las Cruces sobre el río San Pedro Mezquital en Nayarit, México. El proyecto tendrá una capacidad de 480 MW, divididos en dos turbinas y una cortina de 176 metros de alto y 445 metros de largo. Su construcción no sólo afectaría a Marismas Nacionales, sino también a los derechos de las comunidades Náyeri (Cora). Al momento, no sólo no se han realizado ejercicios de consulta previa, sino que se han celebrado asambleas ejidales ilegales para recabar el permiso necesario de los ejidatarios y comuneros para que la CFE continúe con sus estudios de exploración y factibilidad. La consulta previa va más allá de una simple reunión informativa con las comunidades afectadas o de la notificación a éstas. Los indígenas deben recibir información del proyecto de forma entendible, en su idioma nativo, conforme a sus costumbres e incluso participar en la preparación de la manifestación de impacto ambiental. Esto no ha sucedido en el caso de Las Cruces. Metodologías para evaluar impactos y consultar a las comunidades International Rivers publicó una Guía Ciudadana derivada del Informe de la Comisión Mundial sobre Represas para evaluar impactos de las grandes hidroeléctricas. Aunque no es una panacea, el documento contiene una valoración de impactos o riesgos y de derechos. Esta metodología se enfoca en evaluar la afectación al derecho de las comunidades con la construcción de la represa y busca la reducción de tal impacto. De otro lado tenemos el Protocolo para la Evaluación de la Sustentabilidad de la Asociación Internacional de Hidroeléctricas, severamente criticado porque excluye la participación de representantes de comunidades afectadas y no hace énfasis en el consentimiento previo, libre e informado. El Protocolo tampoco utiliza lenguaje débil como “mejores prácticas”, lo cual permite al evaluador anotar una calificación en favor del proyecto y no de las comunidades. Además, la metodología no revisa detalladamente el desplazamiento, la compensación a las poblaciones afectadas, ni toma en cuenta las implicaciones en cuanto a cambio climático. Los Estados deben facilitar recursos para que los pueblos indígenas planifiquen, ejerzan y controlen sus recursos naturales. Sin consulta previa, no sólo se vulneran los derechos de los pueblos indígenas, sino también el de los ciudadanos en general. Si los proyectos hidroeléctricos no son rentables, ¿quiénes pagarán los sacos rotos con sus impuestos? Al igual que Jake se abrió en Avatara entender una percepción diferente, la de la tribu Na´vi; el derecho de las comunidades indígenas a decidir sobre el cambio de vida que las grandes represas suponen también debe ser respetado y comprendido
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Un balance de la Asamblea General de la OEA y su relación con el medio ambiente
Por Astrid Puentes Riaño, co-directora ejecutiva de AIDA, @astridpuentes La primera semana de junio de cada año, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) —formada por Ministros y Ministras de Relaciones Exteriores de los 34 Estados que integran el organismo— se reúne para discutir y acordar temas prioritarios para el hemisferio. Este 2013, el tema central de la Asamblea fue “Por una política integral frente al problema mundial de las drogas en las Américas”. La ciudad de Antigua, Guatemala, acogió el evento del 4 al 6 de junio. Además del tema central, se abordaron asuntos administrativos relevantes como la elección de Comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la aprobación de dos Convenciones contra la discriminación y por la tolerancia. Este año, como en 2012, tuve el honor de asistir a la Asamblea como parte de los observadores de sociedad civil. Mis objetivos ahora eran: 1) dar seguimiento al proceso de “fortalecimiento” del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) que finalizó en la Asamblea Extraordinaria de marzo pasado; y 2) contribuir a la inclusión del enfoque ambiental en el debate sobre la política de las drogas, aportando la experiencia adquirida en AIDA con el seguimiento a los programas de erradicación de coca y amapola en Colombia (1999-2007). A continuación comparto mis conclusiones acerca del evento desde cuatro ángulos: Lo que salió bien La Declaración de la Asamblea sobre la necesidad de evaluar la hasta ahora fallida política contra las drogas. Los Estados reconocieron sus impactos negativos en el ambiente y los derechos humanos, así como la importancia de tenerlos en cuenta en futuras iniciativas de solución. Se aprobaron y abrieron a firma la "Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial, y formas conexas de intolerancia" y la "Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia". Esperamos que ambas sean ratificadas y cumplidas por todos los Estados para erradicar así acciones que atentan contra la dignidad y la vida de cualquier persona. La culminación del proceso de “fortalecimiento” del SIDH, iniciado en 2011. Al respecto, me limitaré a recordar que, lejos de fortalecer, las propuestas de algunos Estados amenazaron con debilitar el Sistema (ver blog anterior). En marzo, se acordaron importantes reformas a la CIDH que se aplicarán desde agosto. Aunque sin estar vigentes esos cambios, algunos Estados buscaban otros más. Dado que una situación de eterna reforma está destinada al fracaso, fue positivo que por ahora los Estados no acordaran nuevas revisiones a la CIDH o a la Corte. También fue positivo el diálogo franco y abierto (aunque a veces duro) entre Estados, la CIDH, la Corte IDH, la sociedad civil y otros usuarios del Sistema. Muchos temas quedaron pendientes, pero lo importante es fortalecer un diálogo en el que usuarios e interesados en el SIDH participen efectivamente y en el que la verdadera protección de los derechos humanos sea la única guía. En cuanto a la elección de Comisionados a la CIDH, los seis candidatos presentaron sus propuestas el pasado 1º de mayo en un foro realizado en el Consejo Permanente. A pesar de la inconveniencia del día, el hemisferio (excepto el Norte) celebraba el Día de Trabajo, escuchamos a los candidatos (todos hombres esta vez) y conocimos sus perspectivas respecto de la CIDH. Esta práctica debería ser sistemática en todas las elecciones de la OEA. Lo que no me gustó La falta de claridad e interrupciones en espacios destinados a la sociedad civil. Reconozco que se han logrado avances hacia una mayor y más significativa participación de ese sector en la OEA, aunque los mecanismos aún distan de ser perfectos. Dos ejemplos de la Asamblea en Antigua, que espero evitemos en adelante, ilustran lo señalado: 1. Durante el diálogo de sociedad civil con el Sr. Insulza, Secretario General de la OEA, el representante de un Estado tomó la palabra. Sin importar el contenido de la intervención o qué gobierno lo haga, esto va en contra de la definición del espacio, abierto sólo al Secretario de la OEA y a los delegados de la sociedad civil. Es sin duda un punto a mejorar de inmediato. 2. En el diálogo entre sociedad civil y las y los Cancilleres, la situación se tornó compleja. Se acostumbra que por el poco tiempo disponible para las intervenciones (20 minutos en total esta vez), las organizaciones decidan antes los temas y oradores. En esta ocasión, un grupo de organizaciones insistía en tener la palabra aunque su tema no fue escogido. Pese a ello, se le dio la palabra a una persona adicional sin una coordinación y acuerdo previos. Aunque esto buscó dar voz a todas las perspectivas de un grupo perso, como lo es la sociedad civil, abrió la posibilidad de deslegitimar el esfuerzo de cientos de organizaciones para organizarnos, valga la redundancia. Además, el hecho conlleva el riesgo de que organizaciones o personas cuyos temas no hayan sido seleccionados por el resto, pero que sean cercanas a las cancillerías, participen más que otras. Lo que quedó pendiente… Lograr mayor participación de otros sectores de la sociedad civil como pueblos indígenas, campesinos y afro-descendientes; aunque, a diferencia del pasado, ahora hubo más presencia de éste último grupo, lo cual es positivo. Dar continuidad a la urgencia de que los Estados renueven y prueben su voluntad de cumplir con las decisiones del SIDH. Este tema, considero, es el gran elefante en la sala. Aunque es parte de las recomendaciones del Grupo de Trabajo que los propios Estados crearon para el “fortalecimiento”, ninguno de ellos ha vuelto a mencionar el asunto, el cual tampoco está en la Resolución que da por cerrado el proceso pese a ser un elemento fundamental para el verdadero fortalecimiento del Sistema. Esta Asamblea desafortunadamente evidenció de nuevo la falta de transparencia para la elección de Comisionados. Pese a lo rescatable del foro, mencionado arriba, los procesos participativos y transparentes de selección en cada país estuvieron ausentes. Durante la Asamblea, otra vez se aplicó el mecanismo tradicional en el que cada Estado nomina y hace campaña por su candidato. Ello se presta a la negociación diplomática de votos que al final son secretos, lo que minimiza la rendición de cuentas a la que todos tenemos derecho respecto de nuestros gobernantes. Lo más bonito Sin duda, la sede: Antigua. Las personas son increíblemente amables. Es una ciudad lindísima que con mucha razón fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Está llena de rincones hermosos, arquitectura colonial, casas con balcones y jardines. Imponentes montañas la rodean y, entre ellas, mi favorita: el Volcán de Agua, a sólo 3 kilómetros y medio de la urbe. Pude disfrutar de una perfecta e inspiradora vista las mañanas que salí a correr bien temprano para despejar la mente y seguir pendiente de las importantes, aunque para mi gusto a veces lentas, discusiones. Compartir de cerca con personas respetadas como María José, mi colega en AIDA, y colegas de organizaciones de toda la región con quienes es un placer reencontrarse. La anterior es mi visión de la más reciente Asamblea General de la OEA. Me encantaría recibir sus comentarios, oír acuerdos y desacuerdos al respecto.
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