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Alberto Peña Kay
Cuidando al Páramo de Santurbán de los daños de la mineria
En la región andina, ecosistemas de alta montaña, llamados páramos, capturan agua de la niebla y la suministran a tierras bajas. Uno de ellos es el páramo de Santurbán, que abastece de agua dulce a más de dos millones de personas en Colombia.
Santurbán, como los otros páramos del continente, también captura grandes cantidades de carbono, siendo así un aliado clave para la mitigación de la crisis climática. Es además refugio para cientos de especies amenazadas, incluyendo al icónico oso de anteojos.
La tierra en y alrededor del páramo contiene oro y otros minerales. Ello ha puesto a Santurbán en la mira de la industria minera multinacional que, por décadas, ha buscado instalar proyectos de gran escala en el ecosistema que amenazan con degradarlo.
El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán —una coalición de personas defensoras ambientales— ha frenado estos intentos continuos, apoyado por AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil.
Antecedentes
El páramo de Santurbán está en medio de la cordillera Oriental de los Andes colombianos, en los departamentos de Santander y Norte de Santander, a una altura que va de los 2.200 a los 4.290 metros sobre el nivel del mar.
Comprende una superficie de 129.743 hectáreas, en las que alberga 57 lagunas. Es hábitat de 457 especies de plantas y de 293 de fauna vertebrada.
En Santurbán existen yacimientos mineros, sobre todo de oro, pero también de plata y cobre. A ello se debe la tradición minera de la región, particularmente en la parte del páramo que está en Santander, en la provincia de Soto Norte. Las comunidades de la zona han construido su cultura e identidad en torno a la extracción de oro, principalmente artesanal y de pequeña escala.
Pero los depósitos de oro en el páramo también han atraído, desde los años 90, a conglomerados mineros extranjeros que han buscado desarrollar proyectos de gran escala. Esto ha generado preocupación en la población que se abastece de las fuentes hídricas de Santurbán, quienes se han movilizado en defensa del agua, el territorio y la vida.
Pese a que normas nacionales e internacionales prohíben la minería en páramos, el gobierno colombiano ha otorgado títulos mineros a empresas transnacionales en Santurbán.

Foto: Keishpixl / Pixabay.
El largo camino de defensa del páramo
Una de las empresas que buscó desarrollar gran minería en Santurbán es Eco Oro Minerals Corp. —antes Greystar Resources—, empresa canadiense que pretendía instalar allí la mina a cielo abierto Angostura para extraer oro y plata. Entre 1994 y 1995, la empresa adquirió sus títulos mineros e hizo exploraciones. Y en 2010 solicitó el permiso de explotación minera.
Fue en ese año cuando AIDA se involucró en la defensa del ecosistema, apoyando al Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. Nuestro trabajo legal contribuyó a que, en mayo de 2011, el gobierno colombiano negara la licencia ambiental a la mina.
En enero de 2013, el gobierno declaró una parte del páramo (11.700 hectáreas) como Parque Natural Regional. Ese año —junto con el comité y organizaciones aliadas—, realizamos una campaña y trabajo de incidencia para que el gobierno reconociera la totalidad de Santurbán como ecosistema de páramo mediante una delimitación con base en criterios científicos. En diciembre de 2014, el Ministerio de Ambiente realizó una delimitación que protegía el 76 % del páramo (98.954 hectáreas).
Por otro lado, fruto de un litigio apoyado por AIDA, en febrero de 2016, el más alto tribunal de Colombia reafirmó que la minería en páramos está prohibida.
Ese mismo año, en diciembre, la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Grupo del Banco Mundial para el sector privado, retiró su inversión en Eco Oro Minerals. Este logro resultó de un proceso iniciado en 2012, cuando el comité —asesorado y acompañado por AIDA y organizaciones internacionales aliadas— presentó un reclamo ante un mecanismo independiente de quejas, el cual concluyó que la inversión de la CFI en el proyecto Angostura no tomó en cuenta los impactos sociales y ambientales del mismo, contradiciendo las políticas internas de la institución financiera.
También en 2016, Eco Oro Minerals presentó una demanda de arbitraje contra el Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) argumentando afectaciones por las decisiones estatales orientadas a la protección de los páramos del país, incluida la delimitación de Santurbán.
En 2017, la Corte Constitucional invalidó la delimitación porque no se consultó a las comunidades afectadas. El alto tribunal ordenó hacer una delimitación participativa.
Y ese año surgió una nueva amenaza para Santurbán cuando la multinacional canadiense Aris Mining solicitó el permiso ambiental para Soto Norte, un proyecto de minería de oro ubicado en las cercanías del páramo. Tras movilizaciones ciudadanas y cuestionamientos técnicos, en octubre de 2020, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales archivó el proyecto.

Foto: Aztlec.
Situación actual
En marzo de 2025, el gobierno colombiano declaró al costado occidental del macizo de Santurbán como zona de reserva temporal de recursos naturales renovables, delimitando y protegiendo un área de 75.344,65 hectáreas. Esto implicó la suspensión por dos años del proyecto Soto Norte. No obstante, continúa vigente el contrato que tiene Aris Mining para formalizar las actividades mineras de pequeña escala de la empresa Calimineros mediante la compra y procesamiento de material mineralizado.
Además, la minera canadiense continúa impulsando el proyecto. En septiembre de 2025, publicó su estudio de prefactibilidad, replanteando el diseño original de la mina.
De otro lado, quienes integran el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán enfrentan amenazas y estigmatización por su labor. En marzo de 2025, Relatorías Especiales y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU denunciaron esos hechos mediante comunicaciones enviadas a los gobiernos de Colombia, Canadá y Emiratos Árabes Unidos; así como a las empresas Aris Mining y MDC Industry Holding Company LLC, antigua copropietaria del proyecto Soto Norte.
En cuanto a la demanda de arbitraje presentada por Eco Oro Minerals, en julio de 2024, el CIADI falló a favor del Estado colombiano y rechazó el reclamo de indemnización por USD 1.100 millones presentado por la empresa canadiense.
Respecto de la delimitación de Santurbán, en julio de 2026, el Ministerio de Ambiente expidió una resolución que introduce el concepto de “delimitación progresiva”. Con esa base, el gobierno propone delimitar progresivamente el páramo, abarcando 29.199 hectáreas en 19 municipios, aquellos donde ya concluyeron los acuerdos participativos exigidos por la Corte Constitucional en su fallo de 2017. Plantea también dos medidas sobre creación y ampliación de reservas para restringir la minería en el ecosistema.
Conoce más de los impactos de la minería en los páramos de América Latina
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Las ciudades, nuestro ecosistema
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Organizaciones piden investigar asesinato de Jairo Mora en Costa Rica
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“¿Cómo se le habla al desaparecido?, con la emoción apretando por dentro” (Rubén Blades, cantautor panameño). El pasado 25 de junio se cumplieron 34 años de la desaparición forzada de mi tío Beto, hermano menor de mi mamá. Tenía 15 años cuando fue capturado por miembros de la Guardia Nacional de Nicaragua, al mando del dictador Anastasio Somoza Debayle. Luego de ese día, jamás se supo de él. A mis hermanas y a mí nos tocó conocerlo a través de las historias familiares. Como la mía, muchas familias a lo largo de la historia reciente han enfrentado el dolor y la incertidumbre de tener un familiar o un ser querido desaparecido. Amnistía Internacional y otros organismos estiman que 90,000 personas desaparecieron en América Latina durante las dictaduras existentes a partir de la década de los sesenta. Otra causa, cada vez más común, para las desapariciones son los desastres naturales como huracanes y tsunamis. En Centroamérica, el Huracán Mitch dejó más de 9,000 muertos e igual cifra de desaparecidos. Producto del tsunami ocurrido en diciembre de 2004 en el Océano Índico, se tenían registrados, a enero del 2005, 4,636 desaparecidos provenientes de 62 diferentes países. Estas cifras podrían aumentar tomando en cuenta que, como efecto del cambio climático y del calentamiento global, los desastres son cada vez más devastadores, tal como lo indicó el Observatorio de la NASA (2013). Familias separadas En el documento “Privacy and Missing Persons after Natural Disasters” se establece que “identificar a personas luego de un desastre natural es un gran reto dado que algunos de estos desastres pueden destruir diferentes medios de comunicación desde la infraestructura vial hasta centros de información de gobierno”, haciendo esta labor mucho más difícil. Tras un desastre natural, las personas pueden ser declaradas como desaparecidas por diversas razones. Pueden estar heridas gravemente y por ende no poder comunicarse con sus familias o, por efectos del desastre, haber sido separadas de los suyos como se observa en la película Lo imposible (2012), basada en la historia real de María Belón y su familia: sobrevivientes del tsunami de 2004 en Tailandia. Un dato interesante es que los procesos de evacuación, antes y durante un desastre natural, también pueden separar familias, generando así incertidumbre sobre la condición real de cada uno de sus miembros. El golpe de la ausencia ¿Cómo se mide la ausencia de quien desaparece? La pregunta es difícil de contestar. La exposición fotográfica ¿Cómo retratar la ausencia de los desaparecidos? nos da una idea al respecto. Sin embargo, surgen otras interrogantes: ¿cuánto pierde un país por cierta cantidad de personas desaparecidas? ¿de qué forma impacta el hecho en la vida económica, el tejido y la dinámica social de sus localidades? Gracias al avance de las ciencias económicas se ha podido determinar el valor de la salud de las persona a través de medidas económicas sobre el costo de las enfermedades y la salud (QUALYS y DALYS). Pero de qué manera se puede medir y determinar el valor de los desaparecidos, sobre todo cuando éstos formaban parte de la población económicamente activa (PEA) y eran el soporte económico de sus familias. La pregunta queda abierta. Posibles acciones de contención y prevención Decir que es posible evitar la desaparición o muerte de personas luego de un desastre natural es mentir, dado que en dicha situación intervienen diversos factores como la disponibilidad y voluntad de las personas para ser evacuadas antes y durante el hecho. No obstante, sí pueden emprenderse tareas preventivas para disminuir los impactos: Implementar sistemas eficientes y eficaces de atención y prevención de desastres naturales, sobre todo sistemas con un enfoque de derechos humanos y basados en procesos de capacitación a la población. Contar, desde los gobiernos, con medidas de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. Apostar, desde el gobierno, a la planificación del territorio y de los asentamientos humanos para que ello no sea un factor que agrave los daños ante un desastre. Que los países y las organizaciones nacionales e internacionales tengan sistemas eficientes de información para localizar a los desaparecidos y reunirlos con sus familias. Estos sistemas deben ser congruentes con las leyes sobre protección de la información, privacidad y los derechos humanos de las personas afectadas. Es obligación de los gobiernos nacionales y locales hacer lo necesario para disminuir el impacto de los desastres naturales en la población y, en especial, en los grupos más vulnerables. Las autoridades deben tomar en cuenta no sólo los daños materiales, sino sobre todo la pérdida de vidas humanas.
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