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Foto: Alberto Peña KayCuidando al Páramo de Santurbán de los daños de la mineria
En la región andina, bosques y humedales situados a gran altitud, llamados páramos, capturan agua de la niebla y la suministran a tierras bajas. En Colombia, cerca de dos millones de personas dependen del páramo de Santurbán para su provisión de agua.
Los páramos en buen estado capturan además grandes cantidades de carbono, mitigando el cambio climático, y son refugio para cientos de especies amenazadas, incluyendo al icónico ojo de anteojos.
La tierra en y alrededor del páramo de Santurbán contiene oro y otros minerales. Una empresa canadiense, Eco Oro Minerals, quiere construir la mina de oro Angostura, la cual liberaría grandes cantidades de cianuro y arsénico en el agua que viene del páramo.
El trabajo legal de AIDA ayudó a convencer al Gobierno colombiano de:
- Negar una licencia ambiental a la mina Angostura en mayo de 2011.
- Proteger, en 2013, 76 por ciento del páramo de Santurbán de actividades industriales, un porcentaje mayor al propuesto inicialmente.
De otro lado, AIDA, junto con sus socios, abogó para que el Banco Mundial retire su inversión de la mina Angostura, lo que finalmente ocurrió en diciembre de 2016.
Apoyamos también el litigio que condujo a que el más alto tribunal de Colombia reafirmara en febrero de 2016 que la minería en páramos está prohibida.
Sin embargo, 24 por ciento de Santurbán aún está desprotegido porque no fue designado oficialmente como páramo en la delimitación hecha por el gobierno, la cual fue además invalidada por la justicia en noviembre de 2017 porque no se consultó a las comunidades afectadas.
El gobierno debe ahora realizar un nuevo proceso de delimitación en diálogo con la población de la zona. Y las amenazas para Santurbán continúan ya que Eco Oro todavía quiere construir su mina y existe otro proyecto minero que se busca implementar en sus cercanías.
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Un milagro llamado Reglamento de Pesca de Costa Rica
Por Gladys Martínez, asesora legal de AIDA Tengo dos hijos, Daniela y Agustín. Con mi esposo, vamos frecuentemente a la playa. Dani y Agus disfrutan muchísimo la arena y el mar y les encanta ver la naturaleza en su máxima exposición. Si observan las aves las siguen y si nos metemos al mar y algo que se mueve les toca los piecitos se ponen felices y buscan lo que puede ser, hasta encontrarse con algún pececito que los vino a visitar. Ver la naturaleza desde los ojitos de Dani y Agus me ha renovado las energías para seguir luchando por la defensa del ambiente, aún cuando implique años de esfuerzo. Transcurrieron cinco años, cinco meses y cinco días para que en Costa Rica se emitiera el Reglamento a la Ley de Pesca de Acuicultura (LPA). El pasado 30 de septiembre de 2011 fue muy emocionante ver publicado en el Diario Oficial el nuevo Reglamento. AIDA fue una ONG líder en esto proceso y la constancia fue el factor determinante para que se lograra obtener el producto final y es muy valioso recuperar lo que sucedió para dejar el registro de una acción positiva en favor del medio ambiente vía la gestión con gobierno. El origen Todo inicia el 25 de abril de 2005 cuando se aprueba la LPA y se otorgan 90 días al Poder Ejecutivo (INCOPESCA en este caso sería la autoridad responsable) para emitir el Reglamento. Durante el primer año INCOPESCA argumentó que ha contratado un consultor externo que está trabajando en el texto. AIDA monitoró el proceso cercanamente e invitan a ONG ticas a dar seguimiento. Transcurren tres años de múltiples comunicaciones, reuniones y excusas (por parte de INCOPESCA), sin que la sociedad civil tuviera aún un borrador de Reglamento. Los recursos En el 2009 AIDA decide demandar al Estado por incumplimiento del plazo de emisión. Buscamos a la “academia” para realizar un Recurso de Amparo ante la Sala Constitucional. Hicimos un estudio de diferentes Facultades de Derecho en Costa Rica y seleccionamos a la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica; con el objetivo que presenten un amparo colectivo contra INCOPESCA por la falta de emisión del Reglamento y por la negativa de permitir la participación de la sociedad civil en el proceso. AIDA brindó la información legal necesaria y trabaja con el grupo de estudiantes y profesor que los supervisa. La conclusión Para acompañar el amparo AIDA y otras ONG presentamos una coadyuvancia, la cual fue clave ya que brinda los argumentos de derecho comparado e internacional que utilizan los jueces en su sentencia. Finalmente el 13 de mayo de 2009 ganamos el amparo ante la Sala Constitucional, la cual falla a favor de AIDA señalando en la sentencia lo siguiente: 1) Otorga al Poder Ejecutivo (en la figura de INCOPESCA) un plazo de 3 meses para emitir el Reglamento; y 2) Obliga a que haya un proceso participativo de la sociedad civil en la redacción del Reglamento. El proceso participativo fue irreal pues solamente se otorgaron tres días para analizar 72 páginas. Sin embargo AIDA ofreció comentarios y recomendaciones. Pasan dos años más sin tener un reglamento…. En julio del 2011 AIDA solicita la ejecución de la sentencia y finalmente ¡En septiembre de 2011 tenemos un Reglamento a la Ley Pesca y Acuicultura! Todo este largo y desgastante proceso finalmente se ve recompensado con la emisión del Reglamento y puedo dormir más tranquila pensando que Dani va a poder probar un pescadito de vez en cuando.
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Omisión en cobertura del Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto
Alejandro Cardenas, communications advisor AIDA, @cardenaslopeza Except for the daily La Jornada, Image Gulf and mentions in social networks, it goes unnoticed in Mexico one of the countries with mining in the world. Only two media in Mexico covered on Sunday July 22 the " World Day Against Mining Tóxica Open Air " promoted by Persian civil organizations in Mexico and otroas countries held protests against the worst type of mining being done, by the use of hazardous chemicals and explosives, as it has documented AIDA. The newspaper La Jornada in the city of Mexico and Image Gulf in Veracruz covered the protests by citizens, one in the Ministry of Economy in Mexico City, one in the Canadian embassy and one in Orizaba. It is important that the media cover mining in Mexico because according to the " Summary of Basic Indicators Mining " held by the Federal Government, in 2011, the production value of Mexican mining reached a total of 259.5 billion pesos, an amount representing an increase of 38.4% over the previous year. " That amount, which means eight times the budget of the National Autonomous University of Mexico (UNAM), reflects that it is a very important in the country, industry where most foreign companies that have concessions from Canada. The little coverage was confirmed after a thorough review in social networks, Google and specialized information services by words and topics . Perhaps you have covered most but what is clear is that was omitted in major national media, television and radio. PAN government and concessions At the end of the presidency of Felipe Calderon, Mexico reached the 27 000 mining concessions, 15.7% of the national territory, "and many of these indigenous communities. Some, like Wirikuta or the Mountain of Guerrero, fighting to defend their territory and They demand its cancellation , "published in April this year, the Sunday magazine El Universal. This contradiction to the overwhelming mining presence in Mexico, shows the power of the industry that mutes any kind of expression linked to this business. For decades they have demonstrated systematic abuses of mining companies that have been evidenced both environmental authorities corruption, violation of international law and attacks against local villagers. Media companies in Mexico little space and importance give coverage of environmental issues. Also the Congress has responsibility since the protest urge to immediately ban this method of mining work and remove the public amenity value to the extraction of minerals , including reforms to the 1992 Act. More information " The exploitation of mining will destroy 30% of the country in 10 years s " La Jornada Last Sunday the World Day was held against opencast mining. University voice Protest under the World Day against opencast mining Cencos World Day Against Megaminería: Organizations demand the full implementation of the Glaciers Law in San Juan Greenpeace Argentina July 22, World Day Against Mining open pit Broad Opposition Front Mina San Xavier Opencast mining Mexico Do Something
Leer másGrupo del Banco Mundial inicia caso sobre mina de oro de Eco Oro Minerals ubicada en frágiles humedales colombianos
El Ombudsman de la CFI examinará denuncias de las comunidades aguas abajo. Bucaramanga, Colombia. El Grupo del Banco Mundial admitió el pasado jueves una queja sobre su inversión en el proyecto de Eco Oro Minerals (antes Greystar) Angostura—un proyecto de mina de oro a gran escala ubicada en el páramo de Santurbán que es un frágil humedal de alta montaña y que abastece de agua a más de dos millones de colombianos. La Oficina del Asesor de Cumplimiento Ombudsman (CAO, por sus siglas en inglés) que el mecanismo independiente de rendición de cuentas de la Corporación Financiera Internacional (CFI), revisará minuciosamente las denuncias que alegan que la CFI no evaluó los impactos sociales y ambientales del proyecto minero, a pesar que son potencialmente graves e irreversibles. La decisión de la CAO se dio como consecuencia de una denuncia presentada el mes pasado por grupos potencialmente afectados por el proyecto minero en Bucaramanga, Colombia. La denuncia afirma que la CFI, entidad del Grupo del Banco Mundial que presta al sector privado, desconoció sus propias políticas al invertir USD $11,79 millones en el proyecto de la compañía con sede en Vancouver, Canadá. "Es indignante que una iniciativa minera tan perjudicial esté respaldada por el Grupo del Banco Mundial, cuya misión es promover un desarrollo real y sostenible", dijo el abogado Miguel Ramos, del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, coalición de casi 40 grupos locales, que promovió la denuncia ante la CAO. "Hay una veintena de municipios cuyas aguas se verían afectadas por este proyecto". El Ombudsman de la CAO evaluará el caso antes de que la CAO determine si es procedente realizar una auditoría completa del proyecto, que en caso de hacerse, examinaría si se han violado las políticas ambientales y sociales de la CFI. En mayo de 2011, después de controversiales audiencias y protestas donde participaron decenas de miles de personas, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible colombiano negó la solicitud para la licencia ambiental de Eco Oro, citando normas ambientales constitucionales e internacionales que prohíben la actividad minera en páramos, que son humedales de alta montaña. Los páramos son ecosistemas frágiles que suministran aproximadamente el 75% del agua dulce de Colombia, incluyendo el agua potable de millones de personas; además, desempeñan un papel clave en la mitigación y adaptación al cambio climático. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL) y Alerta Minera Canadá apoyan la solicitud de auditoría al proyecto minero del Comité ante la CAO, y recomiendan la retirada de la inversión de la CFI. "La CFI determina el estándar para este tipo de inversiones en el país por lo cual debe ser muy cuidadosa para evitar financiar proyectos insostenibles como el de Angostura", dijo Astrid Puentes Riaño, Co-Directora de AIDA. "Tenemos confianza que esta investigación demostrará que la CFI no garantizó una protección mínima para las comunidades y el ambiente, al dejar de evaluar los impactos integralmente antes de invertir". "La presencia previa de conflicto armado en esta área podría exacerbar los impactos nocivos que este proyecto tendría en las comunidades y sus fuentes de agua. No obstante, la CFI invirtió en la mina con la esperanza de promover mayor inversión en el sector minero de Colombia,” expresó Jen Moore, Coordinadora del Programa América Latina de Alerta Minera Canadá. "Este proceso de revisión tiene fundamentos por lo cual la CFI debe retirar su inversión". La CAO evaluará las denuncias respecto a que la CFI subestimó los problemas de seguridad potenciales relacionados con el proyecto Eco Oro. La queja cuestiona la evaluación inicial de la CFI y presenta evidencia de violencia asociada con guerrilla y paramilitarismo, tras una operación militar y el establecimiento de instalaciones militares en la zona en 2003. Eco Oro posee títulos mineros en cerca de 30.000 hectáreas de tierra en el páramo de Santurbán, cercano a la ciudad de Bucaramanga, en el departamento de Santander al noreste de Colombia. Este proyecto minero de Eco Oro ya ha fomentado inversiones de por lo menos otras cinco empresas en el área inmediata, aumentando en más del doble la superficie de concesiones mineras en el páramo. Texto completo de la queja aquí.
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