Project
Alberto Peña Kay
Cuidando al Páramo de Santurbán de los daños de la mineria
En la región andina, ecosistemas de alta montaña, llamados páramos, capturan agua de la niebla y la suministran a tierras bajas. Uno de ellos es el páramo de Santurbán, que abastece de agua dulce a más de dos millones de personas en Colombia.
Santurbán, como los otros páramos del continente, también captura grandes cantidades de carbono, siendo así un aliado clave para la mitigación de la crisis climática. Es además refugio para cientos de especies amenazadas, incluyendo al icónico oso de anteojos.
La tierra en y alrededor del páramo contiene oro y otros minerales. Ello ha puesto a Santurbán en la mira de la industria minera multinacional que, por décadas, ha buscado instalar proyectos de gran escala en el ecosistema que amenazan con degradarlo.
El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán —una coalición de personas defensoras ambientales— ha frenado estos intentos continuos, apoyado por AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil.
Antecedentes
El páramo de Santurbán está en medio de la cordillera Oriental de los Andes colombianos, en los departamentos de Santander y Norte de Santander, a una altura que va de los 2.200 a los 4.290 metros sobre el nivel del mar.
Comprende una superficie de 129.743 hectáreas, en las que alberga 57 lagunas. Es hábitat de 457 especies de plantas y de 293 de fauna vertebrada.
En Santurbán existen yacimientos mineros, sobre todo de oro, pero también de plata y cobre. A ello se debe la tradición minera de la región, particularmente en la parte del páramo que está en Santander, en la provincia de Soto Norte. Las comunidades de la zona han construido su cultura e identidad en torno a la extracción de oro, principalmente artesanal y de pequeña escala.
Pero los depósitos de oro en el páramo también han atraído, desde los años 90, a conglomerados mineros extranjeros que han buscado desarrollar proyectos de gran escala. Esto ha generado preocupación en la población que se abastece de las fuentes hídricas de Santurbán, quienes se han movilizado en defensa del agua, el territorio y la vida.
Pese a que normas nacionales e internacionales prohíben la minería en páramos, el gobierno colombiano ha otorgado títulos mineros a empresas transnacionales en Santurbán.
Foto: Keishpixl / Pixabay.
El largo camino de defensa del páramo
Una de las empresas que buscó desarrollar gran minería en Santurbán es Eco Oro Minerals Corp. —antes Greystar Resources—, empresa canadiense que pretendía instalar allí la mina a cielo abierto Angostura para extraer oro y plata. Entre 1994 y 1995, la empresa adquirió sus títulos mineros e hizo exploraciones. Y en 2010 solicitó el permiso de explotación minera.
Fue en ese año cuando AIDA se involucró en la defensa del ecosistema, apoyando al Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. Nuestro trabajo legal contribuyó a que, en mayo de 2011, el gobierno colombiano negara la licencia ambiental a la mina.
En enero de 2013, el gobierno declaró una parte del páramo (11.700 hectáreas) como Parque Natural Regional. Ese año —junto con el comité y organizaciones aliadas—, realizamos una campaña y trabajo de incidencia para que el gobierno reconociera la totalidad de Santurbán como ecosistema de páramo mediante una delimitación con base en criterios científicos. En diciembre de 2014, el Ministerio de Ambiente realizó una delimitación que protegía el 76 % del páramo (98.954 hectáreas).
Por otro lado, fruto de un litigio apoyado por AIDA, en febrero de 2016, el más alto tribunal de Colombia reafirmó que la minería en páramos está prohibida.
Ese mismo año, en diciembre, la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Grupo del Banco Mundial para el sector privado, retiró su inversión en Eco Oro Minerals. Este logro resultó de un proceso iniciado en 2012, cuando el comité —asesorado y acompañado por AIDA y organizaciones internacionales aliadas— presentó un reclamo ante un mecanismo independiente de quejas, el cual concluyó que la inversión de la CFI en el proyecto Angostura no tomó en cuenta los impactos sociales y ambientales del mismo, contradiciendo las políticas internas de la institución financiera.
También en 2016, Eco Oro Minerals presentó una demanda de arbitraje contra el Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) argumentando afectaciones por las decisiones estatales orientadas a la protección de los páramos del país, incluida la delimitación de Santurbán.
En 2017, la Corte Constitucional invalidó la delimitación porque no se consultó a las comunidades afectadas. El alto tribunal ordenó hacer una delimitación participativa.
Y ese año surgió una nueva amenaza para Santurbán cuando la multinacional canadiense Aris Mining solicitó el permiso ambiental para Soto Norte, un proyecto de minería de oro ubicado en las cercanías del páramo. Tras movilizaciones ciudadanas y cuestionamientos técnicos, en octubre de 2020, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales archivó el proyecto.
Foto: Aztlec.
Situación actual
En marzo de 2025, el gobierno colombiano declaró al costado occidental del macizo de Santurbán como zona de reserva temporal de recursos naturales renovables, delimitando y protegiendo un área de 75.344,65 hectáreas. Esto implicó la suspensión por dos años del proyecto Soto Norte. No obstante, continúa vigente el contrato que tiene Aris Mining para formalizar las actividades mineras de pequeña escala de la empresa Calimineros mediante la compra y procesamiento de material mineralizado.
Además, la minera canadiense continúa impulsando el proyecto. En septiembre de 2025, publicó su estudio de prefactibilidad, replanteando el diseño original de la mina.
De otro lado, quienes integran el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán enfrentan amenazas y estigmatización por su labor. En marzo de 2025, Relatorías Especiales y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU denunciaron esos hechos mediante comunicaciones enviadas a los gobiernos de Colombia, Canadá y Emiratos Árabes Unidos; así como a las empresas Aris Mining y MDC Industry Holding Company LLC, antigua copropietaria del proyecto Soto Norte.
En cuanto a la demanda de arbitraje presentada por Eco Oro Minerals, en julio de 2024, el CIADI falló a favor del Estado colombiano y rechazó el reclamo de indemnización por USD 1.100 millones presentado por la empresa canadiense.
Respecto de la delimitación de Santurbán, en julio de 2026, el Ministerio de Ambiente expidió una resolución que introduce el concepto de “delimitación progresiva”. Con esa base, el gobierno propone delimitar progresivamente el páramo, abarcando 29.199 hectáreas en 19 municipios, aquellos donde ya concluyeron los acuerdos participativos exigidos por la Corte Constitucional en su fallo de 2017. Plantea también dos medidas sobre creación y ampliación de reservas para restringir la minería en el ecosistema.
Conoce más de los impactos de la minería en los páramos de América Latina
Partners:
Proyectos relacionados
Últimas Noticias
Mecanismo del Banco Mundial alerta sobre riesgos de proyecto minero en Santurbán
La Oficina del Asesor en Cumplimiento Ombudsman concluyó que la Corporación Financiera Internacional no previó impactos ambientales de la mina Angostura y aún así invirtió, desconociendo sus políticas internas. Washington/Ottawa/Bogotá/Ámsterdam. La Oficina del Asesor en Cumplimiento Ombudsman (CAO, por sus siglas en inglés), mecanismo independiente de rendición de cuentas de la Corporación Financiera Internacional (CFI), advirtió que esa institución incumplió estándares del Grupo del Banco Mundial, del que es parte, al invertir en el proyecto minero Angostura en el páramo de Santurbán, Colombia. Entre las pautas incumplidas está la evaluación de los impactos potenciales de la mina en la biodiversidad del lugar. Así lo establece la CAO en su informe final resultado del procedimiento de queja iniciado contra la inversión. Por ello la CFI debería retirar su inversión. La queja fue presentada por el Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, con el apoyo del Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL), el Centro para la Investigación de Corporaciones Multinacionales (SOMO), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y MiningWatch Canadá. La CFI es el brazo financiero para el sector privado del Grupo del Banco Mundial. “La biodiversidad existente en Santurbán es crítica para la provisión de agua. Por tanto, cualquier amenaza sobre la misma afecta el suministro del líquido en el área metropolitana de Bucaramanga”, sostuvo Alix Mancilla, del Comité de Santurbán. Según el informe, la CFI falló también en su obligación de asegurar la evaluación de los impactos de la totalidad del proyecto minero, pues se concentró solo en aquellos de la etapa de exploración. Lo hizo pese a que, para justificar su inversión, manifestó que todo el proyecto era viable, incluyendo la explotación de la mina. En el informe, la CAO señaló que la posibilidad de que la etapa de exploración cumpliera con los estándares era “incierta y potencialmente compleja”. El mecanismo independiente dio cuenta además que "uno de los propósitos declarados de la inversión de la CFI era desarrollar los informes necesarios para determinar si el proyecto podría cumplir con los estándares” de la propia institución. Ello incluía la realización de un estudio de los impactos ambientales y sociales del proyecto, así como la evaluación de la biodiversidad y el hábitat crítico del lugar del proyecto, aspectos que Eco Oro Minerals, empresa canadiense a cargo de la mina, no hizo. A pesar de ello, "la CFI no ha procurado remediación, pero ha realizado posteriores inversiones en la compañía", menciona la CAO. "Si el propósito de la inversión era evaluar la viabilidad del proyecto, no hay razón que justifique la falta de estudios necesarios para dicha valoración. No es posible dar luz verde a un proyecto en una región tan crítica para los habitantes de Santurbán sin valorar sus consecuencias reales", declaró Carla García Zendejas, de CIEL. En su respuesta al informe, la CFI no reconoce culpa ni se compromete a hacerle frente a los hallazgos de la CAO. Al contrario, reitera su justificación para invertir en el proyecto, indicando que la mina traerá empleo y ganancias. “Es muy grave que pese a las fallas en la evaluación de los riesgos, la CFI haya seguido invirtiendo en el proyecto minero Angostura”, agregó Kris Genovese, de SOMO. "Una vez más, es decepcionante, pero no sorprendente, la falta de respuesta de la CFI ante el fallo de la CAO". Por su lado, Carlos Lozano Acosta, abogado de AIDA, dijo que “el proyecto es ilegal, por eso la licencia fue negada en 2011 y la Corte Constitucional ratificó la prohibición de minería en páramos. Nos preocupa también que la CFI invirtió en una empresa cuyo proyecto desde el comienzo era inviable y que demandó internacionalmente al Estado colombiano, que es parte del Banco Mundial.” De acuerdo con el informe de la CAO, la CFI tiene una política explícita para invertir en empresas mineras junior con poca capacidad socioambiental y en países donde existe poca regulación en estos términos. “Es hora que la CFI retire su inversión de Eco Oro y deje de estimular las inversiones en empresas mineras junior, tal como ha venido haciendo en Colombia y otros países, sabiendo los serios daños socioambientales que esto implica y el contexto de impunidad en que operan las empresas”, sostuvo Jen Moore, de MiningWatch. “Las comunidades afectadas por la mina seguiremos desafiando el proyecto y usaremos todos los medios legales a nuestra disposición para frenarlo”, afirmó Elizabeth Martinez, del Comité de Santurbán. La Corte Constitucional de Colombia estudia una acción de tutela interpuesta por el Comité de Santurbán y elaborada por el Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez sobre la falta de participación ciudadana en la delimitación del páramo de Santurbán. La acción será resuelta próximamente. Ante el incumplimiento de sus propios estándares y los resultados del informe de la CAO, la CFI debería retirar la inversión en la empresa Eco Oro, y así actuar en consecuencia con sus políticas internas. Informe de la CAO: http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/CAOComplianceInvestigationReportonIFCinvestmentinEcoOroMinerals-Spanish.pdf Comunicado de la CAO (inglés): http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/CAOCommuniqueEcoOroSummaryofFindingsAugust252016.pdf Respuesta de la CFI (inglés): http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/EcoOro-IFCManagementResponsetoCAOInvestigationReport-5August2016.pdf Contactos de prensa Miguel Ramos, Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, [email protected], +57 3118806350 Carlos Lozano Acosta, AIDA, [email protected], +57 300 56 40 282 Carla García Zendejas, CIEL, [email protected], +1 202 374 2550 Jennifer Moore, MiningWatch Canadá, [email protected], +001 613 569 3439 Kris Genovese, SOMO, [email protected], +31 65 277 3272
Leer más
Organizaciones repudian reclamación internacional de Eco Oro contra el Estado colombiano por la protección de los páramos
La empresa canadiense pretende desarrollar la mina Angostura en el páramo de Santurbán y anuncia un posible arbitraje internacional por las medidas adoptadas en el país para proteger sus páramos, valiosas fuentes de agua y esenciales para mitigar el cambio climático. Washington/Ottawa/Bogotá/Bucaramanga/Ámsterdam. Organizaciones de la sociedad civil repudian el anuncio de la empresa canadiense Eco Oro Minerals Corp. de iniciar una disputa de arbitraje internacional en contra del Estado colombiano. Eco Oro ha declarado su intención de demandar a Colombia a través del capítulo de inversión del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Colombia por las medidas que el Estado andino ha asumido para proteger Santurbán y el resto de los páramos del país de actividades nocivas como la minería a gran escala. Eco Oro Minerals pretende desarrollar el proyecto minero de oro Angostura en Santurbán con inversión de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial. La empresa argumenta haber sido afectada por la delimitación de ese ecosistema y el reciente fallo de la Corte Constitucional de Colombia, que reafirma la prohibición de desarrollar minería en todos los páramos del país. Asimismo, indicó en un boletín de prensa tener la opción de remitir la disputa “a un arbitraje internacional” y de buscar “compensación monetaria por los daños”. “Desde el comienzo de Angostura era claro que la Constitución y normas aplicables protegen los páramos, que el proyecto podría afectar Santurbán y que por ende podría no ser autorizado. Los Estados no deben ser sancionados por proteger sus fuentes de agua, cumpliendo las obligaciones nacionales e internacionales”, dijo Carlos Lozano Acosta, abogado de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Los páramos son fuente del 70% del agua dulce que se consume en Colombia y esenciales para mitigación del cambio climático. El Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán presentó una queja sobre el proyecto ante la oficina del Asesor en Cumplimiento de la Corporación Financiera Internacional (CFI), la institución del Grupo del Banco Mundial dedicada exclusivamente al sector privado. Se espera el informe de la investigación en los próximos meses. “Nos preguntamos si la CFI tendrá conocimiento que su inversión en Eco Oro podrá ser presuntamente utilizada en litigios contra Estados miembros del mismo Banco Mundial. Ya es hora de que la CFI retire su inversión de esta empresa”, manifestó Carla García Zendejas, del Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL). “En 2011, el Ministerio de Ambiente de Colombia negó la licencia ambiental a la mina Angostura, lo cual demostró ya la inviabilidad del proyecto. La decisión de la Corte Constitucional de Colombia lo reafirmó, sosteniendo que el derecho al agua y la protección de los páramos prima sobre las expectativas económicas de quienes desarrollan proyectos mineros en esos ecosistemas”, sostuvo Miguel Ramos, del Comité de Santurbán. “Tal como ocurre en El Salvador, en cuyo caso el Estado está siendo demandado por US$250 millones por no haber otorgado a una empresa canadiense un permiso minero que incumplía los requisitos normativos de tal país, el sistema de arbitraje internacional creado en los acuerdos neoliberales de inversión entre países es una amenaza real a la soberanía de los Estados y de los pueblos a decidir sobre temas tan transcendentales como el agua”, afirmó Jen Moore, de MiningWatch. Las organizaciones llaman a la empresa a desistir de su amenaza de llevar al Estado colombiano al arbitraje internacional y señalan el riesgo de que otras empresas con intereses en el páramo de Santurbán sigan el ejemplo de Eco Oro. Encuentra aquí más información sobre el tema.
Leer más
AIDA celebra la decisión de la Corte Constitucional que protege páramos de Colombia
El pasado lunes, la Corte Constitucional de Colombia declaró inconstitucional una norma del Plan Nacional de Desarrollo que permite la minería en páramos. Bogotá, Colombia. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) celebra la decisión de la Corte Constitucional de Colombia que prohíbe la minería en los páramos de ese país. El fallo, que declaró inconstitucional una norma del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, es vital para la preservación de las fuentes de agua dulce, y debe servir como ejemplo a otros países en la región. Si bien solo ocupan el 1.7 por ciento del territorio nacional, los páramos colombianos proveen el 70 por ciento de su agua dulce. Estos ecosistemas sensibles son reservas estratégicas para la biodiversidad, y actúan como sumideros de carbono vitales para mitigar el cambio climático. AIDA y sus organizaciones asociadas presentaron un amicus curiae en respaldo a la acción judicial instaurada por la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. La determinación de la Corte hace justicia a los ecosistemas de agua dulce y a las comunidades que dependen de ellos en Colombia. La decisión del alto tribunal es crucial para la protección del páramo de Santurbán, del que dependen miles de personas del área metropolitana de Bucaramanga. AIDA ha trabajado de cerca con socios locales para defender ese ecosistema de proyectos extractivos y apoyar a las comunidades afectadas. AIDA insta al Ministerio de Ambiente y al Estado colombiano en su conjunto a hacer efectivo cuanto antes el fallo de la Corte, y proteger así todos los páramos de Colombia de los impactos de la minería a gran escala.
Leer más