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Fortaleciendo la Protección Mediante el Sistema de Derechos Humanos de la ONU
Lo vemos una y otra vez. Industrias arrojan contaminantes tóxicos al aire. Operaciones de fracking contaminan el agua con químicos venenosos. Grandes represas inundan poblaciones y desplazan personas. Minas dañan tierras de cultivo. Personas pierden su salud, su trabajo, su acceso al agua, e incluso su hogar. Todos estos hechos violan derechos humanos básicos protegidos por normas internacionales.
Hacer cumplir la legislación sobre derechos humanos brinda otra estrategia efectiva para poner en la mira problemas causados por degradación ambiental. El Sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ofrece varios mecanismos que AIDA usa para proteger derechos humanos —incluido el derecho a un ambiente sano— en América Latina.
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Tárcoles: El río más contaminado de Centroamérica
El sol nace en el río Grande de Tárcoles. Guacamayas descansan en los árboles de alrededor y, en la orilla, cocodrilos se asoman imponentes. Cientos de turistas se detienen a fotografiar del paisaje cuando, dentro del cauce, la corriente arrastra un pedazo de chatarra. Esta es la dinámica en el caudal del Grande de Tárcoles, el río más contaminado no sólo de Costa Rica, sino de toda Centroamérica. Si bien el país ha logrado grandes avances para dejar atrás el uso de combustibles fósiles en la generación de energía, aún tiene mucho por hacer en cuanto a manejo de desechos. El origen de la contaminación Son dos las razones principales para la excesiva contaminación del gigantesco río: la creciente urbanización y la burocracia gubernamental. Por un lado, en su enorme caudal —aproximadamente 4,2% del territorio costarricense— desembocan todas las aguas sucias del Gran Área Metropolitana del país. En 2013, el informe del Estado de la Nación reveló que sólo un 4% del total de las aguas residuales del país eran tratadas antes de ir a los ríos. Lo que ocurre en el Grande de Tárcoles es un gran ejemplo de las consecuencias de esa deficiencia. Actualmente, el río es la “alcantarilla” de la zona urbana. Recibe un equivalente a 100 piscinas olímpicas de agua sin tratamiento proveniente de la zona urbana, según el Instituto de Acueductos y Alcantarillados. Sus aguas han sido también víctima de leyes anticuadas que por años favorecieron la actividad económica y el vertido de los desechos de sectores comerciales, por encima de la salud ambiental del río. También en el ámbito legal, aunque se estableció el pago de una multa por el vertido de aguas residuales y agentes contaminantes al río, la medida no fue respetada. Como resultado, la cantidad de derrames ilegales de agua sucia, basura tecnológica o chatarra al Grande de Tárcoles permaneció igual de alta. Gracias a todo esto, el laboratorio de análisis ambiental de la Universidad Nacional calcula que si no se adoptan medidas más efectivas, para el año 2040, la recuperación del río sería imposible Esto comenzó a saturar de contaminación al río hasta llegar a la actual y crítica situación actual. Riqueza ambiental en riesgo A pesar de la contaminación, la riqueza biológica en la desembocadura del río es exorbitante. Allí habita la población de cocodrilo americano más grande del país y alrededor de 50 especies de aves. Además, el río desemboca y alimenta con sus aguas al manglar de Guacalillo, hogar de una gran variedad de especies animales. En ese sitio están cuatro de las cinco especies de manglar observadas de Costa Rica. Por otro lado, este rico ecosistema aporta pesca y turismo para la subsistencia de las comunidades locales, quienes se enorgullecen de la belleza natural del lugar. Lo que se ha hecho y lo que falta Se han hecho esfuerzos por mitigar el impacto de la contaminación en el río y rescatar su gran biodiversidad. Uno de ellos es la puesta en marcha de la planta de tratamiento de aguas Los Tajos, que limpia un 20% de las aguas que llegan al Grande de Tárcoles. También está el aporte de campañas aisladas de limpieza. En 2007, una limpieza del río recolectó de sus aguas una cantidad aproximada de mil neumáticos. Esto favoreció la emisión de un decreto en favor de las comunidades locales y con la intención de garantizarles su derecho a un ambiente sano. El decreto reconoce la importancia biológica del río y el deterioro que ha sufrido, creando la Comisión de Gestión Integral de la Cuenca del Río Grande de Tárcoles, cuyo objetivo es planificar vías alternas y sostenibles para proteger al río. Sin embargo, son necesarias acciones más significativas para la recuperación total del Tárcoles antes que el daño sea irreparable. La Comisión no ha sido capaz al momento de mitigar significativamente la contaminación. Requiere una mejor organización y recursos para actuar. Además, haciendo partícipes a las comunidades locales, la Comisión necesita poner manos a la obra y realizar limpiezas masivas de la cuenca del Grande de Tárcoles. Además, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados debe actuar eficientemente para tratar adecuadamente las aguas residuales, prevenir derrames ilegales y limpiarlo para restaurar la salud de este gigante enfermo. El reto es grande, pero la belleza natural del caudal hace que un esfuerzo mayor valga la pena.
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El uso de agua para proyectos en Panamá debe ser sometido a consulta ciudadana
Un tribunal de ese país anuló una norma que permitía que grandes proyectos como represas hidroeléctricas usen hasta el 90% del agua de ríos, lagos y otros ecosistemas. De ese modo se estableció que las autoridades ambientales deben realizar consultas ciudadanas y asegurar la disponibilidad de agua para comunidades y otros usuarios, antes de otorgar concesiones para el uso del recurso en esos proyectos. Ciudad de Panamá, Panamá. La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia anuló una resolución emitida en 2012 por la entonces Autoridad Nacional del Ambiente, actual Ministerio de Ambiente, que disponía que hasta el 90% del agua de ríos, lagos y otras fuentes naturales de ese recurso podía ser usada por grandes proyectos de infraestructura como hidroeléctricas. Tras la decisión judicial, la autoridad ambiental no podrá otorgar concesiones para el uso de agua en esos proyectos sin antes realizar consultas ciudadanas y garantizar la disponibilidad presente y futura del recurso para comunidades y otros usuarios. La anulación de la norma constituye una victoria para el Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM) que, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, demandaron ante la justicia que la resolución fuera derogada. Presentaron además una propuesta para regular el caudal ambiental en el país de manera sostenible y protegiendo los derechos humanos. El caudal ambiental es el flujo de agua que un río u otro cauce debe tener para mantener sus valores ecológicos —refugio de amínales y plantas, preservación del paisaje y disolución de contaminantes, entre otros— y sus valores sociales o su uso por parte de comunidades e individuos. La resolución de 2012 limitaba ese flujo a tan solo el 10% para todos los entornos que son fuente de agua y permitía que el porcentaje restante (90%) quede libre para ser usado en grandes proyectos. “La Corte de Panamá basó su decisión en los compromisos internacionales que el país tiene de proteger los recursos hídricos y de garantizar los derechos humanos de las personas que dependen de ellos. Esas obligaciones nacen de los tratados que el país ha firmado. Nos complace que la Corte se haya referido además al vínculo entre derechos humanos y protección del recurso hídrico. Se trata de un gran precedente que esperamos sea replicado en otros países de la región”, dijo Gladys Martínez, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). AIDA apoyó la demanda judicial contra la resolución, así como la propuesta para regular el caudal ambiental en Panamá, mediante un escrito (Amicus Curiae) y una carta, documentos en los que presentó argumentos de derecho internacional para preservar el agua y el acceso a la misma para todos. Contacto de prensa: Gladys Martínez, AIDA, [email protected], +506 8321 4263
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Tsunami de Odebrecht: ¿a recuperar el interés público o sólo el dinero?
(Columna publicada originalmente en El País) La corrupción en América Latina y el Caribe no es noticia. Incluso algunos, aberrantemente, la consideran normal. Pero en todo hay niveles. Por ello la magnitud de la corrupción desarrollada por la multinacional brasileña Odebrecht ha tenido un impacto singular: un tsunami que no solo se llevó grandes cantidades de dinero, sino también el interés público. Debemos preguntarnos entonces si los más de 100 proyectos involucrados en el caso Odebrecht eran realmente obras de infraestructura para beneficio común o únicamente excusas para el pago de coimas millonarias. Los detalles de la compleja maquinaria corrupta salieron a la luz el 21 de diciembre pasado. Ese día, el Departamento de Justicia y la Fiscalía de Estados Unidos publicaron la confesión en la que directivos de la empresa admiten haber pagado aproximadamente 788 millones de dólares en 11 países de América Latina y Mozambique. Según el documento, “…entre 2001 y 2016, Odebrecht, junto con sus coconspiradores, con conocimiento y voluntariamente, conspiraron y acordaron con otros proveer de forma corrupta cientos de millones de dólares… para el beneficio de funcionarios extranjeros, partidos políticos extranjeros, funcionarios de partidos políticos y candidatos de partidos políticos extranjeros…para obtener y retener negocios”. La confesión delata la prostitución del interés público. Los directivos involucraron a docenas de gobiernos, incluyendo jefes de Estado —entre ellos Juan Manuel Santos, presidente de Colombia y reciente Nobel de Paz—, ministros, senadores y otras personas que hoy son investigadas o que ya fueron encarceladas. La indignación y la exigencia inmediata de justicia son evidentes. Aunque no fue posible acceder a la lista completa de proyectos, la información pública en cada país da cuenta de los siguientes: Argentina: gasoductos, potabilización de agua, obtención de potasio y el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, entre otros. Brasil: cientos de proyectos, incluyendo industrias extractivas y la represa Belo Monte, que desde su planeación ha ocasionado graves violaciones de derechos humanos. Colombia: la Ruta del Sol y la navegabilidad el Río Magdalena, las dos obras de alta ingeniería más importantes del país. Ecuador: hidroeléctrica Manduriacu y refinería del Pacífico. Si bien la administración de Rafael Correa declaró que los posibles sobornos ocurrieron antes de 2007, el Gobierno de Estados Unidos asegura tener pruebas de sobornos posteriores. México: proyecto petroquímico Etileno XXI, el más grande de América Latina, y el gasoducto Los Ramones II Norte. Perú: Carretera Interoceánica Norte Sur, el proyecto hidroenergético Alto Piura y el tren eléctrico de Lima. República Dominicana: la termoeléctrica Punta Catalina y la hidroeléctrica Pinalito. En todos los países, los sobornos involucran proyectos energéticos o de infraestructura, proclamados como esenciales para el desarrollo, por gobiernos, organismos internacionales y empresas. Pero también son proyectos sobre los que, por décadas, comunidades y organizaciones han denunciado impactos negativos en los derechos humanos y el ambiente, incluyendo su contribución al cambio climático. Proyectos que las grandes represas y las termoeléctricas, afectan también el interés público y para los cuales existen alternativas sostenibles y más efectivas. Las denuncias, en su mayoría, fueron ignoradas. La represa Belo Monte, por ejemplo, comenzó a operar pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó detener su construcción y proteger a los pueblos indígenas afectados. Los pedidos de justicia fueron además reprimidos, en ocasiones por gobiernos que, según la evidencia, recibieron sobornos para implementar proyectos. La situación es aún más grave si consideramos que América Latina es la región más peligrosa para los defensores de derechos humanos, especialmente para quienes protegen el ambiente, la tierra y el territorio de proyectos como los mencionados. Ante una industria de corrupción sin precedentes, es vital analizar cada uno de los proyectos del caso Odebrecht para determinar su verdadera utilidad pública. Es muy posible que en gran parte de ellos, los costos socioambientales hayan sido mayores que los beneficios. Esos daños también deben ser sancionados. El caso podría ser solo la punta del iceberg porque la problemática es regional, aunque más grave en algunos países. Cada Estado y empresa del continente debe adoptar medidas efectivas anticorrupción, y evaluar sus procesos de planificación e implementación de proyectos, los que fallaron estrepitosamente en los proyectos implicados en el escándalo. Una lección clara es la necesidad urgente de fortalecer el cumplimiento independiente y objetivo de las normas internacionales y nacionales de planeación y protección ambiental y de los derechos humanos. Se debe garantizar, en los grandes proyectos, transparencia y la participación de los afectados y de cualquier persona interesada en proteger el interés público. Dado que en algunos casos la investigación de la corrupción recae en administraciones afines a las personas involucradas en el delito, una buena idea sería crear un Observatorio Independiente Ciudadano regional para indagar los impactos de grandes proyectos y las mejores opciones para resarcir los daños. Deberíamos asegurar de una vez que las personas a cargo de decisiones transcendentales sirvan realmente al interés público y no a las empresas que buscan implementarlas, o a sus propios bolsillos. Toda la ciudadanía puede contribuir a que ello sea una realidad.
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