Project
Fortaleciendo la Protección Mediante el Sistema de Derechos Humanos de la ONU
Lo vemos una y otra vez. Industrias arrojan contaminantes tóxicos al aire. Operaciones de fracking contaminan el agua con químicos venenosos. Grandes represas inundan poblaciones y desplazan personas. Minas dañan tierras de cultivo. Personas pierden su salud, su trabajo, su acceso al agua, e incluso su hogar. Todos estos hechos violan derechos humanos básicos protegidos por normas internacionales.
Hacer cumplir la legislación sobre derechos humanos brinda otra estrategia efectiva para poner en la mira problemas causados por degradación ambiental. El Sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ofrece varios mecanismos que AIDA usa para proteger derechos humanos —incluido el derecho a un ambiente sano— en América Latina.
Proyectos relacionados
Suprema Corte de Justicia ordena proteger los arrecifes y humedales veracruzanos
En su sentencia, determina de manera unánime que las autoridades violaron el derecho al medio ambiente sano de los veracruzanos al autorizar la ampliación del Puerto de Veracruz.Las autoridades ambientales no utilizaron la mejor información científica; tampoco analizaron la expansión portuaria de manera integral ni mucho menos consideraron todos sus impactos.El fallo implica que las autorizaciones para el proyecto quedan infundadas y que sus impactos deben evaluarse nuevamente, esta vez de manera integral, para determinar la viabilidad de la obra. Este miércoles 9 de febrero, residentes veracruzanos lograron una victoria ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en una acción de amparo interpuesta para defender el Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV) y sus servicios ambientales frente al proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz. Por unanimidad, las y los ministros que integran la Primera Sala de la Suprema Corte votaron a favor del proyecto de sentencia que protege los arrecifes veracruzanos y que transforma la manera como opera el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. Está decisión apuntala la protección al derecho al medio ambiente sano que viene haciendo la Suprema Corte y, sobre todo, cambiará la manera en que las autoridades ambientales realizan la Evaluación de Impacto Ambiental. La Corte sostuvo que “la protección de los humedales es una prioridad nacional e internacional que ha llevado a nuestro país a emitir una estricta regulación de este ecosistema y, en términos de la normativa citada, cualquier análisis que se haga con relación a los humedales debe guiarse por un criterio de máxima precaución y prevención”. En este sentido, señaló que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), violó el derecho al medio ambiente sano de las personas al autorizar el proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz, toda vez que “no atendió a la mejor información científica disponible; no analizó ni evaluó de manera completa cada uno de los diferentes impactos ambientales que el proyecto y su modificación podrían ocasionar, además de que el proyecto y las obras vinculadas al mismo se analizaron de manera fragmentada”. Como resultado, la SCJN ordenó dejar insubsistentes las autorizaciones para tal ampliación y volver a evaluar de manera completa, para así poder pronunciarse sobre los impactos ambientales de manera plena y determinar la consecuente viabilidad o no de la obra. “CEMDA presentó este amparo, junto con la comunidad, para proteger y contribuir a la conservación del Sistema Arrecifal Veracruzano, así como a los arrecifes y los servicios que brindan, toda vez que son clave para el bienestar de las personas que viven en la conurbación de Veracruz-Boca del río-Medellín”, explicó Xavier Martínez Esponda, Director Operativo de CEMDA. Para el CEMDA este caso es un precedente que transformará la manera en la que la Semarnat y las autoridades estatales realizan la Evaluación de Impacto Ambiental en el país. Martínez Esponda señaló que, “con esta decisión, los principios de prevención y precaución deberán arraigarse mucho más en los procesos de toma de decisiones. Asimismo, las autoridades e inversionistas deberán aprender la lección de que resulta más caro, en todos los sentidos, no presentar sus proyectos de manera completa, que cumplir en tiempo y forma con la Evaluación de Impacto Ambiental”. El Sistema Arrecifal Veracruzano es un Parque Nacional y un humedal de importancia internacional, según la Convención Ramsar. Tiene un gran valor ambiental siendo el sistema de arrecife de mayor tamaño de la región centro del Golfo de México. Este sistema de arrecifes alberga la mayor biodiversidad de especies del oeste del Golfo de México y es, además, el hogar de varias especies protegidas, tales como la tortuga carey, la cual está en peligro crítico. El SAV contribuye también a mitigar el impacto de las olas producidas por tormentas y huracanes, fenómenos que se han incrementado en frecuencia e intensidad como consecuencia del cambio climático. El proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz se fraguó a finales de los noventa y su ejecución incluyó planes para nuevas obras de rompeolas, canales de acceso y navegación, accesos terrestres, terminales e instalaciones portuarias. Estas obras vulnerarán arrecifes y pastos marinos en el área, pues serían impactados por el aumento de sedimentación ocasionado por las obras de construcción. Por la importancia del caso, organizaciones internacionales de protección ambiental acompañaron el proceso. Al respecto, Alejandra Serrano Pavón, abogada de la organización internacional Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW), se interesó en el caso por la oportunidad de animar a la Corte a interpretar de manera amplia el derecho al acceso a la justicia en defensa del ambiente. ELAW presentó un escrito legal (Amicus Curiae) que apoya el amparo, a través del cual brindó ejemplos de diversos países alrededor del mundo que reconocen una amplia interpretación de este derecho, el cual permite a “cualquier organización de la sociedad civil o, al menos residentes de un lugar, entablar una acción judicial para proteger al medio ambiente”. Las organizaciones internacionales Earthjustice y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) también entregaron de manera conjunta a la Suprema Corte un escrito legal de apoyo al amparo. Guillermo Zuñiga, abogado colaborador de Earthjustice, enfatizó que sus vínculos con estos arrecifes son importantes y personales: “Yo crecí en Veracruz. Soy xalapeño. Esa zona me vio nacer”. Recordó “estar en ríos y playas veracruzanas, disfrutando, creciendo junto con mi familia. Yo quiero que los niños de Veracruz tengan la oportunidad de disfrutar la riqueza de biodiversidad como yo lo hice”. Por su parte, Sandra Moguel, abogada de AIDA, enfatizó que “no es la proximidad de un proyecto lo que determina quiénes son las personas afectadas y quiénes deberían tener acceso a la justicia para defender su derecho a un medio ambiente sano”. En el escrito, AIDA explica que el derecho internacional obliga al gobierno mexicano a permitir que toda persona, cuyos derechos fundamentales sean amenazados por el daño ambiental, acceda a recursos judiciales, incluso si su conexión con el ecosistema amenazado es indirecta o remota. Por las razones anteriormente expuestas, celebramos ampliamente esta decisión de la Primera Sala de la Suprema Corte y hacemos votos para que en el proceso de ejecución de la sentencia, la Semarnat cumpla con lo que se le ha mandado bajo el estándar más alto de protección consagrado en el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú. Suscriben: AIDA Earthjustice ELAW CEMDA Contactos de prensa: Ricardo Ruiz, CEMDA, [email protected], 5559644162 Victor Quintanilla, AIDA, [email protected], 5570522107
Leer más
BID debe garantizar su salida responsable del proyecto Hidroituango
Continúa investigación del financiamiento del proyecto independientemente del pago anticipado del préstamo por las Empresas Públicas de Medellín (EPM). El Grupo BID concluyó de manera anticipada el préstamo para Hidroituango ante la incertidumbre relacionada con la entrada en operación de la obra. El proceso de investigación sobre el incumplimiento de las políticas del BID en Hidroituango sigue independiente de terminación anticipada del préstamo. La construcción de la represa Hidroituango, un proyecto que ha generado una crisis humanitaria y ambiental sin precedentes en Colombia, fue financiado por el BID Invest, brazo privado del BID, el cual invirtió millones de dólares en la hidroeléctrica y facilitó la inversión de mil millones de dólares adicionales de otros bancos internacionales. La oficina de Transparency Hub del BID Invest informó al Movimiento Ríos Vivos (MRV) – el cual representa a las comunidades afectadas por Hidroituango – que el banco concluyó su involucramiento en el proyecto tras recibir el prepago de los fondos desembolsados por parte de las Empresas Públicas de Medellín (EPM). Además, señaló que el proceso de investigación sobre el cumplimiento de las políticas del BID Invest que cursa ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) continuará, independientemente de la salida del Grupo BID del proyecto. En relación con la comunicación enviada por el BID Invest al MRV, el movimiento y las organizaciones internacionales acompañantes, Center for International Environmental Law (CIEL) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), consideran lo siguiente: En primer lugar, las organizaciones firmantes consideramos que la continuación de la queja ante el MICI evidencia el respeto por la integridad e independencia del mecanismo de queja y compromiso por atender las preocupaciones de las comunidades afectadas por los proyectos financiados por el Grupo BID. Asimismo, resaltamos que el hecho de que el BID concluya su involucramiento en el proyecto, por razones de un prepago voluntario generado por la incertidumbre ante el cumplimiento de próximos hitos de la obra, no implica ni ausencia ni retiro de la inversión. Por el contrario, el prepago de EPM al Grupo BID evidencia que efectivamente el banco desembolsó fondos y financió el proyecto, y que Hidroituango es un proyecto marca BID. En consecuencia, creemos acertado que el MICI, como mecanismo de rendición de cuentas en este caso, continúe con sus funciones de investigación, y que el Directorio y la administración del Banco se mantengan comprometidos con el proceso y sus hallazgos. En segundo lugar, como lo ha formulado el MICI en informes finales que han reconocido el incumplimiento de salvaguardas ambientales y sociales por parte del banco, como es el caso de los proyectos hidroeléctricos Generadora San Mateo y San Andrés ubicados en la microrregión de Yich K’isis en Guatemala, “en caso de salida de los Proyectos, el BID Invest deberá adoptar las previsiones necesarias para asegurar una salida responsable de las Operaciones”. Consideramos que el pago de la deuda de la EPM al BID abre una posibilidad histórica para que el banco concluya su involucramiento de manera responsable y construya participativamente con las comunidades un Plan de Salida que le permita restaurar los medios de vida impactados y legitimarse como institución financiera internacional. Esta posibilidad llena de esperanza a las comunidades del MRV afectadas por el proyecto Hidroituango, quienes por años han reclamado el cese de su financiamiento por parte del BID y su salida responsable. En tercer lugar, las organizaciones firmantes esperamos que el BID cumpla con su compromiso por la transparencia en sus operaciones, garantizando el principio de máximo acceso a la información del proyecto, de forma sencilla y amplia, en los términos contemplados en la misma política de acceso a la información del banco. Es conforme a estos términos que solicitaremos reuniones con el Directorio del BID en fechas próximas. Hoy el BID tiene la oportunidad de hacer efectivo su compromiso de mantener altos estándares de integridad, transparencia y rendición de cuentas con respecto de sus operaciones, no solo en Colombia sino en toda América Latina. Por ello, insistimos en la necesidad de que i) la toma de decisiones sea más transparente sobre las inversiones o préstamos remanentes que existen para financiar este proyecto desde el Grupo BID, tanto su ala pública como privada y, tal como ya se había precisado en la petición del 6 de diciembre del 2021, ii) se construya con las comunidades un plan de salida responsable, eficaz y participativo. Contactos de prensa: Milena Florez, Movimiento Ríos Vivos (MRV), [email protected], +57 319 2131656 Carla García Zendejas, CIEL, [email protected], +1 202 374 2550 Yeny Rodríguez Junco, AIDA, [email protected], +57 310 7787 601
Leer más
Pedido para declarar em perigo seis áreas úmidas do Pantanal no Brasil, Bolívia e Paraguai
Versão em espanhol No Dia Mundial das Áreas Úmidas, organizações pediram uma ação urgente do Secretariado da Convenção de Ramsar para realizar uma visita de assessoramento às zonas úmidas gravemente afetadas por incêndios e para que os governos dos três países inscrevam esses locais na lista mundial de áreas úmidas em risco de desaparecer. Gland, Suíça - Organizações da sociedade civil enviaram à Secretaria da Convenção de Ramsar um alerta urgente sobre os danos causados pelos incêndios no Pantanal —a maior zona úmida tropical do mundo— no Brasil, Bolívia e Paraguai. Eles pedem o envio de uma missão consultiva a seis pantanais localizados nesses países que estão listados como áreas de importância internacional pela Convenção, e também solicitam que as áreas sejam inscritas no Registro de Montreux, lista mundial de zonas úmidas em grave risco. O alerta foi enviado pela Associação Interamericana para a Defesa do Ambiente (AIDA) e o Centro de Diversidade Biológica e Ecologia e Ação (ECOA) no âmbito do Dia Mundial das Áreas Úmidas. As organizações pedem aos três governos que implementem medidas para preservar o Pantanal como um ecossistema transfronteiriço. Os áreas Ramsar para os quais foram solicitadas inscrição no registro de Montreux e a visita de assessoria técnica são o Pantanal boliviano; a Reserva Particular do Patrimônio Natural SESC Pantanal, a Reserva Particular do Patrimônio Natural Fazenda Rio Negro, o Parque Nacional do Pantanal Matogrosense e a Estação Ecológica do Taiamã, no Brasil; assim como o Parque Nacional do Rio Negro, no Paraguai. “Uma denominação de risco feita pela Convenção de Ramsar é crucial para combater os grandes incêndios sem precedentes no Pantanal, que agora ameaçam Bolívia, Brasil e Paraguai”, disse Alejandro Olivera, cientista e representante no México do Centro de Diversidade Biológica. “As políticas públicas que promovem a expansão da agricultura e pecuária e permitem a queima dentro do Pantanal, combinadas com uma colaboração transfronteiriça limitada, criaram um barril de pólvora. Os incêndios que danificam os ecossistemas vão continuar se não houver compromissos firmes para proteger essas áreas úmidas”. Em 2020, ano atingido pela pandemia de Covid-19, os incêndios devastaram 4,3 milhões de hectares da região do Pantanal, o maior número registrado desde 1998. Nesse mesmo ano, os incêndios queimaram 100% do Parque Nacional do Pantanal Matogrossense. Em julho de 2021, somente em Mato Grosso, a área do Pantanal queimada foi cinco vezes maior que a de São Paulo, com mais de 740 mil hectares afetados pelas queimadas. Pelo menos 10 milhões de animais morreram em três meses. “Estamos pedindo aos Estados que cumpram as obrigações assumidas diante da Convenção, criando mecanismos coerentes e implementando políticas e normas para proteger o Pantanal”, explicou Claudia Velarde, advogada da AIDA. “Uma missão de assessoramento às seis áreas Ramsar poderia fornecer assistência especializada aos governos brasileiro, boliviano e paraguaio para superar as condições que geram risco para a conservação e uso racional desta importante zona úmida”. Da mesma forma, a inscrição das áreas no Registro de Montreux permite auxílio econômico, além de apoio e assessoria técnica para a recuperação do Pantanal nos três países. “Enviamos um alerta urgente para Bolívia, Brasil e Paraguai para focar no Pantanal como a maior área úmida transfronteiriça de água doce do mundo”, disse André Siqueira, Diretor Presidente da ECOA. “A Convenção de Ramsar não pode atingir seus objetivos se os ecossistemas que protege forem significativamente danificados pelo uso contínuo do fogo, agronegócio e pela falta de recursos adequados para combater incêndios.” A biodiversidade e a riqueza ecológica do Pantanal são incalculáveis. No bioma —conjunto de ecossistemas próximos que compartilham clima, flora e fauna— há pelo menos 3.500 espécies de plantas, cerca de 600 espécies de aves, 150 de mamíferos, 175 de répteis, 40 de anfíbios e 300 tipos de peixes de água doce. Alguns deles estão ameaçados de extinção em outras regiões, como o tuiuiú e a onça-pintada, o cervo-do-pantanal, a ariranha e a arara, espécies emblemáticas do bioma. O Pantanal também abriga a maior concentração de algumas espécies de animais, como a onça-pintada e o jacaré. Contatos Alejandro Olivera (México), Centro de Diversidade Biológica, +52 (612) 104-0604, [email protected] Victor Quintanilla (México), AIDA, +521 5570522107, [email protected] André Luiz Siqueira (Brasil), ECOA, +55 67 33243230, [email protected]
Leer más