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Hacia el fin de los subsidios a la sobrepesca

La sobrepesca es uno de los principales problemas para la salud de nuestro océano. Y la entrega de subsidios negativos al sector pesquero es una de las causas fundamentales de esa sobreexplotación.

Los subsidios a la pesca son contribuciones financieras, directas o indirectas, que entidades públicas otorgan a la industria pesquera.

Según sus impactos, pueden ser beneficiosos cuando fomentan el crecimiento de las poblaciones de peces mediante herramientas de conservación y gestión de los recursos pesqueros. Y son considerados negativos o perjudiciales cuando promueven la sobrepesca con apoyos para, por ejemplo, incrementar la capacidad de captura de una flota pesquera.

Se estima, cada año, los gobiernos gastan aproximadamente 22 mil millones de dólares en subsidios negativos para compensar costos por combustible, artes de pesca y mejoras a embarcaciones, entre otros. 

Datos recientes evidencian que, como resultado de ese apoyo, el 63% de las poblaciones de peces en todo el mundo deben ser reconstituidas y el 34% son pescadas a niveles “biológicamente insostenibles”.

Aunque las negociaciones internacionales para poner fin a los subsidios negativos a la pesca, en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), comenzaron oficialmente en 2001, no fue hasta la Conferencia Ministerial de la OMC de 2017 cuando los países se comprometieron a tomar acciones y a lograr un acuerdo.

Ello sucedió finalmente en junio de 2022, durante la duodécima Conferencia Ministerial de la OMC, cuando los países miembros alcanzaron, tras más de dos décadas, un acuerdo vinculante para frenar algunas subvenciones pesqueras perjudiciales, un avance crucial para la sostenibilidad de los recursos pesqueros a corto, mediano y largo plazo, así como para garantizar la seguridad alimentaria y los modos de vida de comunidades costeras.

El acuerdo establece la creación de un marco global que reduzca los subsidios a la pesca ilegal, no declarada y no regulada; los subsidios a la pesca de poblaciones sobreexplotadas; y los subsidios a los buques que pescan en alta mar, una zona no regulada. Contempla también medidas orientadas a una mayor transparencia y responsabilidad en cuanto a la forma en la que los gobiernos apoyan a su sector pesquero.

Los países acordaron seguir negociando normas para frenar otros subsidios nocivos como aquellos que promueven la pesca en aguas de otros países, la sobrepesca y la capacidad excesiva de una flota para capturar más peces de lo que es sostenible.

Si queremos tener recursos pesqueros abundantes y saludables, es momento de cambiar la forma en que hemos concebido la pesca hasta ahora. Debemos enfocar nuestros esfuerzos en la creación de modelos de aprovechamiento de las pesquerías que permitan su conservación en el largo plazo.

 

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Arrecifes de coral

Celebramos que Costa Rica proteja legalmente sus corales

En ocasión del Día Mundial de los Océanos, hoy en Costa Rica fue promulgado un decreto que protegerá su vasto ecosistema de corales. Felicitamos al gobierno por haber dado este paso y por haber sentado un precedente legal para la protección ambiental marina en la región. San José, Costa Rica. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Conservación Internacional (CI) celebramos la puesta en vigencia del decreto que busca proteger y conservar los corales del país, ecosistemas frágiles y vitales. El decreto sienta un precedente en la región y es un instrumento legal que protegerá los ecosistemas de coral de todo el territorio nacional de actividades humanas dañinas.  “Estamos muy satisfechos con este avance importante, promovido desde el Viceministerio de Aguas y Mares, para garantizar la sobrevivencia de los arrecifes de coral y de algunas especies que contribuyen a su conservación al alimentarse de las algas que pueden quitarles oxígeno”, dijo Gladys Martínez, abogada sénior del Programa de Biodiversidad Marina y Protección Costera de AIDA.  El decreto prevé una serie de medidas que el gobierno debe adoptar para preservar los ecosistemas arrecifales y a sus especies asociadas, amenazadas por el uso no sostenible, el cambio climático, la gestión inadecuada y las especies invasoras. Entre ellas destacan la creación e implementación de políticas y estrategias para afrontar los efectos del cambio climático con base en información científica y la restauración de arrecifes degradados. Por otro lado, la norma prohíbe actividades nocivas para los corales como su extracción y comercialización, así como el vertido de residuos y el anclaje en ellos. “Esperamos que el precedente legal establecido por este decreto sea replicado en otros países del continente que, al igual que Costa Rica, están obligados por tratados internacionales a salvaguardar sus corales. Seguiremos de cerca la implementación del decreto”, expresó Magie Rodríguez, abogada de AIDA. En 2012, AIDA y Conservación Internacional trabajaron junto con expertos nacionales y elaboraron un informe que detalla los beneficios económicos y ambientales de los corales, exhortando a su protección legal en Costa Rica. AIDA además apoyó al Viceministerio en la elaboración del decreto desde su experiencia en derecho internacional y en la normativa de países de la región. “Costa Rica es un país privilegiado por las dimensiones de sus espacios marinos y su biodiversidad. Los sistemas coralinos son increíblemente productivos, pero también amenazados por actividades humanas y por el cambio climático”, señaló Marco A. Quesada Alpízar, director de Conservación Internacional-Costa Rica. “Al tomar acción sobre este tema, Costa Rica asume su responsabilidad sobre la conservación y gestión de los ecosistemas marinos, y sienta un ejemplo que puede ser replicado en otros países”. El decreto responde así a un llamado de años para que Costa Rica cumpla sus obligaciones internacionales y proteja sus ecosistemas marinos amenazados. Estudios científicos han evidenciado que gran parte de los arrecifes de coral del país está en grave riesgo por actividades humanas como la contaminación originada en tierra y prácticas de pesca destructivas. Ello implica que su conservación debe ser una prioridad. “Con este decreto, se llena un importante vacío para regular el uso de los arrecifes de coral en Costa Rica y se reconoce una vez más a los recursos y espacios marinos como una fuente de servicios y bienestar para las personas y que por lo tanto requieren de protección y de un manejo adecuado”, destacó Quesada. “Costa Rica es reconocida globalmente por su ecoturismo y su riqueza natural; con este decreto, el país está dando un ejemplo sobre la importancia de la protección y manejo de los ecosistemas marinos esenciales como medio para asegurar la salud de los océanos y salvaguardar el bienestar de las comunidades costeras que dependen de los servicios que éstos brindan, subrayó Ana Gloria Guzmán, del Centro de los Océanos de Conservación Internacional. Contactos de prensa: Victor Quintanilla, AIDA, +521 5570522107, [email protected] Kipp Lanham, Conservation International, (202) 412-5533, [email protected] Marco Quesada, Conservación Internacional, +506 2253-0500 ext. 139, [email protected]  

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Respirar aire limpio debería ser un derecho humano: Relator Especial de la ONU

Incluso en un día despejado, la contaminación del aire en Bogotá puede ser tan intensa que el cielo se ve envuelto en una pálida neblina que se cierne sobre la ciudad. En la capital de Colombia, como en muchas urbes del continente, el aire contaminado se ha convertido en parte de la vida diaria. Pero no debería ser así.  En un reciente informe, David Boyd, Relator Especial de la ONU sobre el medio ambiente y los derechos humanos, dijo que respirar aire limpio debería ser considerado un derecho humano. Aunque la mayoría de los países ha reconocido el derecho a un ambiente sano, el derecho al aire limpio todavía no goza de un reconocimiento mundial.  La contaminación atmosférica es un asesino doble: no sólo es uno de los riesgos más grandes para la salud pública mundial, también agrava la crisis climática.  Por tanto, los Estados y las instituciones e instancias de derechos humanos debe incluir en la legislación las recomendaciones del Relator. Porque combatir la contaminación del aire es lo mejor que podemos hacer para mejorar la salud pública y, al mismo tiempo, salvar al planeta. Contaminación del aire: un asesino doble Más de 6.000 millones de personas alrededor del mundo, incluidos 2.000 millones de niños y niñas, respiran un aire nocivo para su salud, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). La contaminación del aire, interior y exterior, contribuye cada año a cerca de 7 millones de muertes prematuras a nivel mundial. Más de 300 mil de ellas ocurren sólo en el continente americano.  En todo el mundo, cientos de millones de personas sufren afecciones causadas por la contaminación del aire, considerada uno de los cinco factores principales detrás de enfermedades no transmisibles como los derrames cerebrales, cardiopatías, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y el cáncer. Las partículas finas —como las del hollín, el carbono negro, los sulfatos, los nitratos y metales pesados— aumentan significativamente el riesgo de estos padecimientos.  Además, el aire contaminado afecta de forma particular a las poblaciones más vulnerables: niños, niñas y personas adultas mayores, quienes sufren daños diferenciados que incluyen enfermedades y problemas respiratorios crónicos. Los riesgos para la salud de las comunidades pobres y de bajos ingresos, que suelen estar ubicadas cerca de fuentes de contaminación —fábricas, centrales eléctricas y carreteras altamente transitadas, entre otras— son también excesivos. Pero la contaminación del aire es más que sólo una preocupación de salud pública porque también acelera la crisis climática.  La investigación da cuenta que el carbono negro —contaminante climático de vida corta generado por la quema de combustibles fósiles, biocombustibles y biomasa—puede acelerar el derretimiento de los glaciares, contribuyendo a la inseguridad hídrica y a desastres naturales. Y el metano, otro contaminante de ese tipo, puede retener hasta 30 veces más calor que el CO2, acelerando el calentamiento global.  Ambos lados del mismo problema implican un gran costo. El Banco Mundial estima que el costo global de la contaminación atmosférica pronto superará los 5 billones de dólares por año y señala que si los países no frenan el problema, la mortalidad que éste causa a nivel mundial podría aumentar entre 50 y 100 por ciento para 2050. Los beneficios económicos de frenar el cambio climático superan por mucho los costos astronómicos causados por inundaciones, tormentas y sequías más extremas, que podrían causar pérdidas por cientos de miles de millones de dólares para fines de siglo, según un informe de la Cuarta Evaluación Nacional del Clima de Estados Unidos.  Respetando los derechos humanos Si bien reducir la contaminación del aire es una medida económica sensata, también es una cuestión de respeto de los derechos humanos. Además de violar el derecho a un ambiente sano y limpio, la mala calidad del aire puede afectar nuestros derechos a la vida, a la salud, al agua, a la alimentación, a la vivienda y a un nivel de vida adecuado, así como los derechos de la niñez. Así lo afirma el Relator Especial de la ONU en su informe.  Según el documento, los Estados deben elaborar de inmediato planes de acción para:   Monitorear la calidad del aire y sus impactos en la salud humana; Evaluar fuentes de contaminación atmosférica;  Hacer pública la información relacionada y emitir avisos de salud pública; Desarrollar normas, regulaciones, estándares y políticas sobre calidad del aire; Implementar los planes de acción mencionados y hacer cumplir los estándares; y Fortalecer el plan y evaluar su progreso, garantizado que los estándares se cumplan. Con estas recomendaciones, el Relator exhorta a los Estados a monitorear la calidad del aire, generar conciencia entre las personas sobre la contaminación atmosférica y hacer accesible la información al respecto. Les insta además a establecer estándares sólidos y exigibles para hacer responsables a quienes causan la contaminación. Sin estos estándares, lograr una mejor calidad del aire sería imposible.  Asimismo, los Estados deben aplicar el principio de precaución y márgenes de seguridad adecuados para proteger a los segmentos más vulnerables de la sociedad.  Algunas ciudades de América Latina ya están comenzando a tomar en serio el problema de la contaminación del aire. En Curitiba, Brasil, se desarrolló un sistema amplio de buses rápidos y se lanzó en 2013 un plan ambicioso para construir 300 kilómetros de nuevas ciclovías. Ahora la esperanza de vida en esa ciudad es dos años más larga que el promedio nacional y, según la OMS, Curitiba tiene una mortalidad infantil relativamente baja.  En 2014, el gobierno chileno implementó un impuesto progresivo a la contaminación atmosférica, cobrando tasas tributarias más altas a las industrias en zonas densamente pobladas para que los responsables de la contaminación rindan cuentas por los excesivos daños causados en poblaciones urbanas.  Aunque estos ejemplos muestran que es posible generar un cambio, la contaminación del aire no será resuelta de un día al otro. Y los Estados deben comenzar a establecer regulaciones ambiciosas para frenar la contaminación atmosférica. De no hacerlo, el mundo caminará tosiendo durante el siglo 21 y los impactos de la crisis climática no harán más que empeorar.

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Ruta urgente para mejorar la calidad del aire en Ciudad de México

La reciente contingencia ambiental extraordinaria por la mala calidad del aire que se presentó en Ciudad de México y en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), afectó la salud y los derechos humanos de la población, así como la economía y las actividades en la zona, evidenciando la urgencia de responder a las necesidades de la población para garantizar una buena salud y calidad de vida. Por ello, las organizaciones integrantes del Observatorio Ciudadano de Calidad de Aire (OCCA) y otras aliadas, exigimos a los gobiernos de las entidades federativas que participan en la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y a las autoridades federales, la implementación de las medidas descritas en este comunicado. De acuerdo con anuncios oficiales recientes, la mala calidad del aire que respiran actualmentelas y los habitantes de la ZMVM se debe a incendios en la región, altas temperaturas, falta de viento y lluvias. Ante dichas declaraciones, el OCCA y organizaciones aliadas destacan que el grave problema de los incendios no es un hecho excepcional, sino un fenómeno que irá al alza ante escenarios cada vez más frecuentes y extremos de variabilidad meteorológica derivados del cambio climático. Igualmente, cabe destacar que el problema de calidad del aire y el cambio climático están estrechamente vinculados a formas urbanas desconectadas y dispersas, que en México se relacionan con las políticas de vivienda promovidas desde la federación por una gestión inadecuada de los usos de suelo e inversiones en infraestructura vial orientadas a servir principalmente al automóvil particular. Abordar el problema de calidad del aire de manera aislada no dará soluciones eficaces o de fondo. Por ello, el OCCA y organizaciones aliadas exhortan a las autoridades federales y locales a tomar medidas congruentes con financiamiento suficiente, bajo una perspectiva de derechos humanos, transparente y participativa, que contribuyan a reducir la contaminación en el mediano y largo plazo. Las estrategias que el Observatorio y organizaciones aliadas proponen seguir son las siguientes: Actualizar las estrategias de gestión de la demanda del tránsito vehicular; Incorporar una perspectiva de accesibilidad urbana en políticas y proyectos, impulsando la articulación de la planeación del transporte y de los usos del suelo; Triplicar la inversión en movilidad sustentable; Proporcionar información con perspectiva de salud ambiental a través de mecanismos participativos y transparentes; Controlar las emisiones de fuentes naturales; y Reforzar el marco jurídico e institucional. Reiteramos nuestra disposición para participar en un diálogo abierto y transparente con la CAMe y las autoridades federales y locales, con el fin de avanzar en la implementación de lasacciones propuestas. Lee el comunicado completo aquí

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