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ShutterstockHacia el fin de los subsidios a la sobrepesca
La sobrepesca es uno de los principales problemas para la salud de nuestro océano. Y la entrega de subsidios negativos al sector pesquero es una de las causas fundamentales de esa sobreexplotación.
Los subsidios a la pesca son contribuciones financieras, directas o indirectas, que entidades públicas otorgan a la industria pesquera.
Según sus impactos, pueden ser beneficiosos cuando fomentan el crecimiento de las poblaciones de peces mediante herramientas de conservación y gestión de los recursos pesqueros. Y son considerados negativos o perjudiciales cuando promueven la sobrepesca con apoyos para, por ejemplo, incrementar la capacidad de captura de una flota pesquera.
Se estima, cada año, los gobiernos gastan aproximadamente 22 mil millones de dólares en subsidios negativos para compensar costos por combustible, artes de pesca y mejoras a embarcaciones, entre otros.
Datos recientes evidencian que, como resultado de ese apoyo, el 63% de las poblaciones de peces en todo el mundo deben ser reconstituidas y el 34% son pescadas a niveles “biológicamente insostenibles”.
Aunque las negociaciones internacionales para poner fin a los subsidios negativos a la pesca, en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), comenzaron oficialmente en 2001, no fue hasta la Conferencia Ministerial de la OMC de 2017 cuando los países se comprometieron a tomar acciones y a lograr un acuerdo.
Ello sucedió finalmente en junio de 2022, durante la duodécima Conferencia Ministerial de la OMC, cuando los países miembros alcanzaron, tras más de dos décadas, un acuerdo vinculante para frenar algunas subvenciones pesqueras perjudiciales, un avance crucial para la sostenibilidad de los recursos pesqueros a corto, mediano y largo plazo, así como para garantizar la seguridad alimentaria y los modos de vida de comunidades costeras.
El acuerdo establece la creación de un marco global que reduzca los subsidios a la pesca ilegal, no declarada y no regulada; los subsidios a la pesca de poblaciones sobreexplotadas; y los subsidios a los buques que pescan en alta mar, una zona no regulada. Contempla también medidas orientadas a una mayor transparencia y responsabilidad en cuanto a la forma en la que los gobiernos apoyan a su sector pesquero.
Los países acordaron seguir negociando normas para frenar otros subsidios nocivos como aquellos que promueven la pesca en aguas de otros países, la sobrepesca y la capacidad excesiva de una flota para capturar más peces de lo que es sostenible.
Si queremos tener recursos pesqueros abundantes y saludables, es momento de cambiar la forma en que hemos concebido la pesca hasta ahora. Debemos enfocar nuestros esfuerzos en la creación de modelos de aprovechamiento de las pesquerías que permitan su conservación en el largo plazo.
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Comisión Interamericana pide atender con urgencia daños a pueblos indígenas a causa de la represa Belo Monte
Entre las conclusiones preliminares de su visita a Brasil, la Comisión llamó la atención de autoridades y de la sociedad para solucionar urgentemente las reiteradas violaciones de derechos que sufren pueblos indígenas. Resaltó el caso de la comunidad indígena Muratú de Paquiçamba (Pará) afectada por la implementación de la represa Belo Monte. Río de Janeiro, Brasil. Al finalizar su visita al país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a las autoridades y sociedad en general visibilizar, atender y resolver con urgencia la violación reiterada de los derechos humanos de pueblos indígenas. Resaltó el caso de la comunidad indígena Muratú, afectada por los daños ambientales causados por la implementación de la represa Belo Monte. En Brasil, los pueblos indígenas “sufren episodios frecuentes de violencia y falta de atención por parte de los servicios públicos, además de enfrentar dificultades y obstáculos crecientes para la demarcación de sus tierras…”, dijo la Comisionada Antonia Urrejola Noguera, Relatora para Brasil, al presentar las conclusiones preliminares. "Brasil ha sido uno de los mayores violadores de derechos humanos de los pueblos indígenas. En la reunión con la Comisión, la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) presentó estos casos y expresó su preocupación en el escenario político actual, en el cual el discurso de odio y de racismo ha sido casa vez mayor, incluso por la vía institucional", afirmó Luiz Eloy Terena, asesor jurídico de la APIB. El pasado 7 de noviembre, una delegación de la CIDH visitó la Aldea Muratú, en la Tierra Indígena Paquiçamba, estado de Pará, una de las comunidades indígenas afectadas por la represa Belo Monte. Es la primera vez que la Comisión visita el área. Allí escucharon testimonios de indígenas y ribereños, que luchan por mantener su modo de vida tradicional pese a la muerte de miles de peces, la contaminación del rio Xingú, el despojo forzado de sus tierras sin una reubicación adecuada y el desarrollo de proyectos productivos inadecuados culturalmente. Líderes de la aldea denunciaron que estos daños afectan en mayor medida a mujeres y niños y niñas. La Comisión también escuchó a representantes de la ciudad de Altamira, la más próxima a la hidroeléctrica. “Resaltamos la importancia de la visita histórica de la Comisión a la Aldea Muratú, y el reconocimiento de los impactos negativos que la represa Belo Monte ha causado en los derechos humanos de los habitantes del Xingú”, expresó Astrid Puentes Riaño, Codirectora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Corresponde ahora al gobierno de Brasil adoptar las decisiones y recomendaciones de la Comisión, cumpliendo con las normas de derecho y la protección de las personas en su país”. En esa visita, las personas afectadas se mostraron especialmente preocupadas por la implementación, el próximo año, de un plan de manejo del caudal del río Xingú, denominado hidrograma de consenso, que dejaría sin agua suficiente para subsistir a las comunidades indígenas y ribereñas de la zona, así como a especies de plantas y animales. “Los comisionados tuvieron la oportunidad de confirmar la gravedad de los impactos y la urgencia de revisar los criterios para definir el caudal residual que el río Xingu debe mantener en la región de la Vuelta Grande para garantizar la subsistencia física y la cultura de los ribereños e indígenas”, comentó Biviany Rojas, del Instituto Socioambiental (ISA). En 2011, las comunidades indígenas y ribereñas del Xingú —representadas por AIDA, la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos (SDDH) y Justiça Global— presentaron una denuncia contra Brasil por el caso ante la CIDH. Ese mismo año, la Comisión otorgó medidas de protección urgente para los pueblos indígenas afectados. El caso inició formalmente en diciembre de 2015 y, en mayo de este año, las organizaciones presentamos nuestros argumentos finales. Con base en ellos y los argumentos del Estado brasileño, la Comisión publicará un informe en el que concluya si hubo o no violaciones a los derechos humanos, pudiendo emitir recomendaciones para que Brasil las repare. Demostrar avances y respeto a los derechos de los pueblos indígenas —en casos como Xucuru, el de los pueblos del Xingú y Guyraroka— representan una oportunidad importante para Brasil hacia el fortalecimiento del estado de derecho y del progreso del país. Contactos de prensa: Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107 Isabel Harari (Brasil), ISA, [email protected], +5561998261213
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Comissão Interamericana de Direitos Humanos pede reparação aos impactados por Belo Monte
A Comissão destacou o caso do povo Juruna, da Terra Indígena Paquiçamba (PA), que vive próximo a barragem e sofre graves causadas pela implantação do empreendimento. Rio de Janeiro, Brasil. No encerramento de sua visita ao país, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) chamou a atenção das autoridades e da sociedade em geral para visibilizar, atender e solucionar urgentemente a situação de repetida violação dos direitos humanos dos povos indígenas. A CIDH também destacou o caso do povo Juruna, afetado pelos danos socioambientais causados pela implementação da usina hidrelétrica (UHE) Belo Monte, no Pará. No Brasil, os povos indígenas "sofrem episódios de frequentes episódios de violência e falta de atenção por parte dos serviços públicos, além de enfrentar dificuldades e obstáculos crescentes na demarcação de suas terras",disse Antônia Urrejola Noguera, relatora da CIDH para o Brasil, ao apresenataras conclusões preliminares. "O Brasil tem sido um dos maiores violadores dos direitos humanos dos povos indígenas. Nessa audiência com a CIDH, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) levou esses casos e a preocupação com o cenário político atual, onde o discurso de ódio e racismo tem sido cada vez maior, inclusive pela via institucional" relatou Luiz Eloy Terena, assessor jurídico da Apib. No último dia 7 de novembro, a delegação da CIDH visitou a aldeia Mïratu, na Terra Indígena Paquiçamba, do povo Juruna, uma das comunidades indígenas afetadas pela barragem de Belo Monte. É a primeira vez que a Comissão visita o local. Ali, a CIDH ouviu os depoimentos de indígenas e ribeirinhos que lutam para manter seu modo de vida tradicional apesar da morte de milhares de peixes, da contaminação do Xingu, do despejo forçado de suas terras sem um remanejamento para perto do rio e o desenvolvimento de projetos produtivos inadequados. As lideranças relataram que esses impactos afetam de maneira diferenciada à mulheres e crianças. A Comissão também ouviu representantes da cidade de Altamira. "Nós ressaltamos a importância da visita histórica da Comissão à TI Paquiçamba, , que reconheceu os impactos negativos que Belo Monte causou nos direitos humanos dos habitantes do Xingu", disse Astrid Puentes, codiretora da Associação Interamericana para a Defesa do meio ambiente (AIDA). "Corresponde agora ao governo do Brasil adotar decisões e recomendações da CIDH, cumprindo com normas de direito e à proteção das pessoas de seu país". Durante a visita as pessoas se mostraram particularmente preocupadas com a implementação, no próximo ano, do plano de manejo para o fluxo do rio Xingu, chamado de Hidrograma de Consenso. O hidrograma não prevê um fluxo de água suficiente que garanta a sobrevivência das comunidades indígenas e ribeirinhas da região, e pode levar à extinção diversas espécies de plantas e animais. "Os comissionários tiveram a oportunidade de confirmar a gravidade dos impactos e a urgência de revisar os critérios para definir a vazão residual que o rio Xingu deve manter na região da Volta Grande para garantir a subsitência física e cultura dos ribeirinhos e indígenas", comenta Biviany Rojas, Instituto Socioambiental (ISA). Em 2011, as comunidades do indígenas e ribeirinhas do Xingu, representadas pela AIDA, Sociedade Paraense para a Defesa dos Direitos Humanos (SDDH), Movimento Xingu Vivo para Sempre, Prelazia do Xingu, CIMI e Justiça Global, apresentaram uma denúncia contra o Brasil pelo caso. No mesmo ano, a Comissão concedeu medidas urgentes de protecção aos povos indígenas afetados. O caso foi iniciado formalmente em dezembro de 2015 e, em maio deste ano, as organizações apresentaram os argumentos finais. Com base nesse documento e nos argumentos do estado brasileiro, a Comissão publicará um relatório no qual concluirá se houve ou não violações aos direitos humanos, podendo emitir recomendações de reparação que deverão ser cumpridas pelo Brasil. Contatos de Imprensa: Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], + 521 5570522107 Isabel Harari (Brasil), ISA, [email protected], + 5561998261213
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Por trás das represas: investimentos do BNDES em Belo Monte e Hidroituango
Para mudar é essencial conhecer. Para conhecer, dialogar. E, para dialogar, apresentamos este relatório. Analisamos a aplicação dos padrões internacionais de direitos humanos e ambiente existentes para hidroelétricas a partir de dois dos investimentos mais importantes do BNDES: Hidroituango e Belo Monte. A análise crítica realizada oferece conclusões e recomendações que almejam disponibilizar ao Banco, às organizações e às comunidades envolvidas elementos concretos que contribuam para a melhoria do desempenho futuro da instituição financeira. Esperamos que essas contribuições fortaleçam o diálogo com o BNDES, facilitando a identificação de opções para um maior cumprimento dos valores que o Banco adotou, particularmente em relação à transparência e à responsabilidade social e ambiental. Leia o relatório completo Baixar Sumário Executivo Leia o relatório em espanhol Baixar Sumário Executivo em espanhol Leia Sumário Executivo em inglês
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