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Hacia el fin de los subsidios a la sobrepesca

La sobrepesca es uno de los principales problemas para la salud de nuestro océano. Y la entrega de subsidios negativos al sector pesquero es una de las causas fundamentales de esa sobreexplotación.

Los subsidios a la pesca son contribuciones financieras, directas o indirectas, que entidades públicas otorgan a la industria pesquera.

Según sus impactos, pueden ser beneficiosos cuando fomentan el crecimiento de las poblaciones de peces mediante herramientas de conservación y gestión de los recursos pesqueros. Y son considerados negativos o perjudiciales cuando promueven la sobrepesca con apoyos para, por ejemplo, incrementar la capacidad de captura de una flota pesquera.

Se estima, cada año, los gobiernos gastan aproximadamente 22 mil millones de dólares en subsidios negativos para compensar costos por combustible, artes de pesca y mejoras a embarcaciones, entre otros. 

Datos recientes evidencian que, como resultado de ese apoyo, el 63% de las poblaciones de peces en todo el mundo deben ser reconstituidas y el 34% son pescadas a niveles “biológicamente insostenibles”.

Aunque las negociaciones internacionales para poner fin a los subsidios negativos a la pesca, en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), comenzaron oficialmente en 2001, no fue hasta la Conferencia Ministerial de la OMC de 2017 cuando los países se comprometieron a tomar acciones y a lograr un acuerdo.

Ello sucedió finalmente en junio de 2022, durante la duodécima Conferencia Ministerial de la OMC, cuando los países miembros alcanzaron, tras más de dos décadas, un acuerdo vinculante para frenar algunas subvenciones pesqueras perjudiciales, un avance crucial para la sostenibilidad de los recursos pesqueros a corto, mediano y largo plazo, así como para garantizar la seguridad alimentaria y los modos de vida de comunidades costeras.

El acuerdo establece la creación de un marco global que reduzca los subsidios a la pesca ilegal, no declarada y no regulada; los subsidios a la pesca de poblaciones sobreexplotadas; y los subsidios a los buques que pescan en alta mar, una zona no regulada. Contempla también medidas orientadas a una mayor transparencia y responsabilidad en cuanto a la forma en la que los gobiernos apoyan a su sector pesquero.

Los países acordaron seguir negociando normas para frenar otros subsidios nocivos como aquellos que promueven la pesca en aguas de otros países, la sobrepesca y la capacidad excesiva de una flota para capturar más peces de lo que es sostenible.

Si queremos tener recursos pesqueros abundantes y saludables, es momento de cambiar la forma en que hemos concebido la pesca hasta ahora. Debemos enfocar nuestros esfuerzos en la creación de modelos de aprovechamiento de las pesquerías que permitan su conservación en el largo plazo.

 

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Organizaciones regionales respaldan informe de expertos sobre Ayotzinapa

Ciudad de México Las organizaciones firmantes hemos seguido con atención la colaboración del gobierno Mexicano con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el caso Ayotzinapa (en adelante GIEI o Grupo de Expertos). En este marco, expresamos nuestro apoyo absoluto al informe presentado por el GIEI el pasado 6 de septiembre del año en curso. Consideramos que el informe contiene aportes sustanciales para la debida investigación y esclarecimiento de los hechos, y por ello, solicitamos al Gobierno Mexicano que refrende su voluntad de hacer justicia en este caso y garantice el cumplimiento cabal de las recomendaciones formuladas por el GIEI. Asimismo, es de nuestro conocimiento que, el Presidente de la República ha aceptado recibir y escuchar personalmente a las víctimas y sus familiares. Quedaremos atentos al cumplimiento de este compromiso, ya que consideramos que se trata de un gesto fundamental en aras de la reivindicación de las víctimas y sus familiares. En dicho encuentro esperamos que éstos puedan recibir una explicación clara sobre los pasos a seguir para que, a partir de las aportaciones del GIEI, sus demandas de verdad y justicia se hagan realidad. Cabe destacar que el GIEI reconoce que la problemática de la desaparición trasciende el caso de los 43 estudiantes normalistas y afecta a miles de familias en México. En este sentido, el Grupo de Expertos formuló recomendaciones estructurales para la búsqueda e investigación de las personas desaparecidas y garantizar el derecho a la verdad de sus familiares. Al respecto, consideramos esencial que el gobierno Mexicano cumpla también con estas recomendaciones, como un primer paso para poner fin a la espiral de impunidad que tanto ha lastimado a la sociedad mexicana durante décadas. Finalmente, las organizaciones firmantes respaldamos la solicitud de las víctimas y sus familiares de extender el mandato del GIEI hasta que los hechos sean totalmente esclarecidos.  ATENTAMENTE, Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos – México Abuelas de Plaza de Mayo – Argentina Acción Solidaria en VIH/Sida - Venezuela Acción Visual (Argentina) ASAMBLEA PERMANENTE DE LA SOCIEDAD CIVIL POR LA PAZ (de Colombia) Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL)- México Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) – regional Asociación Para Una Vida Mejor de Personas Infectadas/Afectadas por el VIH-Sida en Honduras (APUVIMEH) Asociación pro Derechos Humanos- APRODEH – Perú Casa de la Mujer (Colombia) Casa Renacer Honduras (Casa Hogar de Personas con VIH) Católicas por el Derecho a Decidir - México CCAJAR – Colombia CEDAL- Centro de Derechos y Desarrollo. Perú CEFEM Centro de Justicia Feminista de los Derechos Humanos de las Mujeres Leticia Galarza Campos - México CEJIL Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela) Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas AC, - México Centro de Derechos Humanos y Justicia de Género, Corporación Humanas (Chile) Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM-Ecuador) Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) - Colombia Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) - Argentina Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos, CIDDH – Perú Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos – Perú CIVILIS Derechos Humanos - Venezuela Cofavic (Costa Rica) Colectiva Lesbica/Bisexual ANAT – Honduras Colectivo Nacidos en la Tempestad – México Coletivo Peso / Periferia Soberana (Brasil) Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en EE.UU. (GHRC/USA) Comisión de Justicia y Paz (Colombia) Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) – Ecuador Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU – Ecuador Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres - CLADEM Argentina Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres - CLADEM Colombia Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres - CLADEM El Salvador Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres - CLADEM Uruguay Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres - CLADEM Guatemala Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH) Conectas Direitos Humanos - Brasil Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay - CODEHUPY (Paraguay) Corporación Sisma Mujer de Colombia Defensa de Niñas y Niños Internacional- DNI Costa Rica Derechos Humanos Integrales en Acción, A.C. / México Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social A.C. (México) El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala -ICCPG- FEDERACION COMUNAL DE BOGOTA Y MOVIMIENTO NACIONAL COMUNAL - Colombia Fundacion Myrna Mack – Guatemala Fundación para el Debido Proceso (DPLF) – Regional Fundar, Centro de Análisis e Investigación GAPP - Grupo de Apoio ao Protesto Popular (Brasil). Grupo de Mujeres San Cristobal de las Casas IELSUR (Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay) Instituto de Defensa Legal (IDL) – Perú Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala -ICCPG Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos JASS (Asociadas por lo Justo) Laboratorio de Paz (Venezuela) Latin America Working Group (LAWG) Movimiento Autónomo de Mujeres, Nicaragua Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) Oficina jurídica para la mujer de Cochabamba Bolivia (Bolivia) Paz y Esperanza (Perú) Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD-Ecuador) Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea - Venezuela) Robert F. Kennedy Human Rights Terra Mater (Ecuador) Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social - UNITAS (Bolivia) Vicaría de DD.HH de Caracas – Venezuela 

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Fracking

Infografía: Mapa del fracking en América Latina

Promovida fuertemente por Estados Unidos, la explotación de Hidrocarburos No Convencionales (HNC) a través del fracking ha buscado expandirse en distintos países del continente. De acuerdo a su realidad, varios gobiernos han posibilitado esta política obstruyendo la transición a una matriz energética menos contaminante. Donde no hay disparidad es en la falta de participación social en las decisiones públicas para autorizar o no el fracking en los países de la región.    

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Arrecifes de coral

Guía de Buenas Prácticas de Regulación para la Protección de Arrecifes de Coral

Esta Guía de Buenas Prácticas brinda ejemplos de herramientas efectivas de regulación para proteger arrecifes de coral. Estas herramientas pueden ser adaptadas a las circunstancias de jurisdicciones diversas en las que los arrecifes están en riesgo. No es una lista completa de buenas prácticas, sino más bien una compilación de abordajes que países alrededor del mundo han implementado para regular las actividades humanas que dañan a los arrecifes de coral.  Esta Guía presenta herramientas y prácticas legales y de regulación básicas. Éstas pueden ser modificadas, mejoradas, fortalecidas y aplicadas de acuerdo con circunstancias únicas y con los objetivos de cada país que busca implementar protecciones más fuertes para sus recursos de arrecifes de coral.     Descarga la guía Descarga el resumen ejecutivo  

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